Sumar

El anuncio del Gobierno de aprobar un nuevo decreto en vivienda incluyendo otra vez la prórroga de alquileres que ya fue tumbada por mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril no ha pasado desapercibido para los expertos juristas. Aunque aún se desconocen los detalles de este nuevo decreto, en caso de incluir de nuevo la prórroga de los alquileres pondría en evidencia la tan cacareada vigencia que defendieron sus partidarios, desde Gabriel Rufián a los lobbies inmobiliarios de extrema izquierda o la ministra de vivienda Isabel Rodríguez, que afirmaron taxativamente que, aunque el decreto del 22 de marzo de 2026 fuera derogado, la prórroga de los alquileres solicitada por los inquilinos tendría plena vigencia jurídica. De incluirse otra vez esta prórroga en el futuro decreto se confirmaría que tales afirmaciones no eran ciertas y los líderes políticos liaron a la ciudadanía.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado volver a aprobar la prórroga de los contratos de alquiler y seguir la estela del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que ha sacado adelante la congelación de alquileres a casi un millón de viviendas.Sigue a ide

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado este martes que la empresa pública de vivienda Casa 47 adquiera la casa para evitar el desahucio el próximo 24 de junio de la vecina madrileña de 87 años Maricarmen Martín que lleva 70 años viviendo en su piso del barrio de Retiro.

Sumar ha registrado este viernes una proposición de ley en el Congreso para crear un nuevo impuesto a las herencias y donaciones que superen el millón de euros, con la idea de que actúe de forma complementaria al tributo que ya existe sobre sucesiones y donaciones para "combatir el 'dumping' fiscal entre comunidades autónomas". La iniciativa plantea que este gravamen se aplique a herencias, donaciones o seguros de vida que superen un millón de euros, dejando fuera las herencias ordinarias.

El Pleno del Congreso ha tumbado este miércoles cinco propuestas del Gobierno de PSOE y Sumar en materia de vivienda, como han sido la proposición no de ley del PSOE relativa a la VPO o la proposición no de ley de Sumar para derogar las socimis. Al mismo tiempo, El Pleno ha dado el visto bueno a otras tres del PP, como la propuesta para agilizar la construcción de viviendas aplicando el silencio administrativo positivo o agilizar los trámites para el acceso a la conexión del sistema eléctrico para nuevas promociones.

El PSOE ha rebajado el plan de Sumar para prohibir la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, empresas y fondos "buitre", de modo que en lugar de esa prohibición ha instado a impulsar un impuesto a la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes, a gravar los pisos vacíos y a subir el IVA de los pisos turísticos al 21%. El grupo plurinacional ha defendido esa prohibición en el Congreso mediante una proposición no de ley en la que, además, pedía derogar las socimis.

El Pleno del Congreso debatirá y votará esta semana una proposición no de ley de Sumar con la que plantea aplicar las modificaciones legales necesarias para prohibir la compra de viviendas por parte de "personas jurídicas, empresas y fondos buitre". Sumar también incluye un punto en su proposición no de ley para pedir al Gobierno derogar "de forma urgente" la ley por la que se regulan las socimis

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha puesto como "prioridad" volver a presentar en el Congreso la prórroga de los alquileres para "antes del verano”. "Trabajamos con total determinación y estamos convencidos de que existen las condiciones para que haya un acuerdo político suficiente para que salga adelante", ha señalado el ministro. Se trata de una estrategia por parte del partido liderado por Yolanda Díaz que ha despertado gran sorpresa en el mundo judicial y que tira por tierra su propia “tesis oficial” de que el decreto anterior consolidó los derechos de los inquilinos a la prórroga de dos años y la subida de las rentas al 2% sólo por la solicitud de la misma.

La derogación del Real Decreto ley 8/2026, que contemplaba la prórroga extraordinaria de dos años en los contratos de alquiler de vivienda habitual y el tope del 2% en la actualización de las rentas, mantiene la confrontación entre propietarios e inquilinos para continuar con los contratos como consecuencia de la interpretación del alcance de sus efectos. Un informe de la Asesoría Jurídica del Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid explica las diferentes situaciones que se han creado y deja claro que aquellos contratos que vencían tras la derogación no tienen derecho a prórroga, salvo que el propietario la haya aceptado.

Sumar vuelve a tomar la iniciativa al margen del PSOE para intentar sacar adelante la prórroga de alquiler y enviará 'motu proprio' a los grupos en el Congreso una propuesta de decreto de vivienda de "consenso", es decir, con la opción de contemplar medidas para atraer el apoyo de Junts y PNV. Así lo ha trasladado en rueda de prensa el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, para enfatizar que aspiran a retomar la prórroga de alquileres cuanto antes, elaborando un borrador de texto esta misma semana, y que su preferencia es que sea de nuevo mediante un decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

Sumar quiere volver a llevar al Congreso de los Diputados el decreto de vivienda con la prórroga de los alquileres con cesiones a Junts, como las bonificaciones fiscales a los caseros para que estos apoyen el texto y pueda convalidarse. El PP, Vox y Junts tumbaron el pasado martes 29 de abril en el Pleno del Congreso el decreto ley impulsado por Sumar para prorrogar los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 y limitar al 2% la subida de los precios del alquiler. Tras el varapalo, varios miembros de Sumar han salido a reprochar el voto en contra de estos partidos al decreto y han avanzado que su intención es llevar al Consejo de Ministros lo antes posible un nuevo decreto para intentar aprobarlo.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha aseverado que quien ejerce realmente como ministro de Vivienda es el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, y no la socialista Isabel Rodríguez, a la que ha reprochado su falta de empuje en el decreto para prorroga

El PSOE y el PP han tumbado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley de Sumar que, entre otros objetivos, planteaba buscar una alternativa al euríbor y al IRPH como principales índices hipotecarios. Los plurinacionales habían llevado esta propuesta a la Comisión de Economía de la Cámara Baja y con ella buscaban promover el estudio de alternativas al Euríbor y el IRPH como índices de referencia hipotecaria, con el fin de reducir la exposición de los hogares a índices sometidos a limitaciones estructurales, volumen de transacciones inexistente en algunos tramos, mayor volatilidad a la deseable para contratos de larga duración y riesgo de manipulación.

Sumar se ha mostrado partidario de ofrecer concesiones a Junts como bonificaciones a caseros y aplicar el IVA franquiciado y ha emplazado al PSOE a implicarse en esta negociación para forjar un acuerdo que permita salvar la prórroga de alquileres, incluida en el decreto de medidas de vivienda que se votará este martes en el Congreso. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha recalcado que estas dos medidas son demandas públicas de los postconvergentes y que pueden hacerles cambiar de opinión, pese a que han expresado su rechazo a este decreto al igual que PP y Vox.

Sumar defenderá esta semana en el Congreso una proposición no de ley con la que plantea adoptar las medidas normativas necesarias para restringir la comercialización de hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual "exclusivamente a los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantea adoptar las medidas normativas necesarias para restringir la concesión de hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual con el objetivo de proteger a los hogares del riesgo de las subidas las cuotas. El partido propone que estos préstamos se comercialicen "exclusivamente a los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia financiera y una capacidad suficiente para absorber incrementos significativos de cuota" y plantea otras medidas como promover el estudio de alternativas al euríbor y el IRPH o legislar sobre la abusividad de cláusulas no transparentes, con el objetivo de ofrecer seguridad jurídica a los litigios sobre los derechos de los consumidores.

La limitación extraordinaria del 2% en la actualización del alquiler permitirá a los hogares ahorrar entre 182 y 658 euros entre 2026 y 2027, pudiendo alcanzar cifras aún mayores en territorios tensionados, como la Comunidad de Madrid (867 euros) o Cataluña (790 euros), según cálculos de Sumar realizados a partir de los distintos escenarios de inflación planteados por el Banco de España en sus últimas proyecciones. El partido estima que hacer un nuevo contrato a precio de mercado costaría 1.730 euros más cada año

La formación catalana ha insistido en su rechazo al decreto aprobado por el Gobierno que incluye la prórroga de dos años de los alquileres y la limitación del 2% a la actualización anual de las rentas, lo que anticipa la caída del Real Decreto-ley 8/2026 en el Congreso de los Diputados en la votación del próximo 28 de abril. De hecho, Junts ha presentado en la Cámara Baja una proposición no de ley con rebajas fiscales como una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual y bonificaciones para la rehabilitación, ya que insiste en que las reducciones impositivas son una vía mucho más eficaz que los controles de precios.

El PP ha rechazado la invitación de Sumar a negociar un posible apoyo al decreto ley con medidas de vivienda, como la prohibición de desahucios a gente vulnerable y la prórroga automática de contratos de alquiler, alegando que el texto "no ofrece soluciones realistas" y censurando la "incompetencia" del Gobierno en materia de vivienda. El socio minoritario del Ejecutivo logró que se aprobara en Consejo de Ministros de un decreto ley con medidas en el ámbito de vivienda para intervenir este mercado y paliar la crisis habitacional que sufre el país.

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha puesto una propuesta sobre la mesa para que el Estado destine 2.000 millones de euros a la compra masiva de viviendas, incluidas las de particulares, ante los largos plazos que supone la construcción de nuevos inmuebles en el parque público. Según Ibáñez, "no tenemos tiempo en construir, hay que comprar lo que ya existe". Además de destinar dinero público a comprar inmuebles, el diputado también defiende la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, prohibir a los fondos adquirir viviendas y limitar los apartamentos turísticos.

El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha recriminado al PSOE que se haya puesto "de perfil" y dé por perdido el decreto con medidas de vivienda aprobado el pasado de viernes en un Consejo de Ministros extraordinario que provocó una crisis interna en el Gobierno de coalición. "Señores del PSOE, menos comprar las rebajas de IVA de la derecha, menos normalizar que vaya a la cárcel una persona por robar un móvil tres años y más apretar para continuar defendiendo el derecho a la vivienda", ha lanzado durante su comparecencia.

El Consejo de Ministros ha decidido dividir en dos decretos una batería de medidas hacer frente a las consecuencias económicas por el conflicto en Oriente Medio en una de las reuniones más tensas que se recuerdan por los desencuentros entre los socios de Gobierno en las cuestiones relacionadas con la vivienda. Finalmente, PSOE y Sumar han incluido en un decreto una bajada del IVA del 21% al 10% de los carburantes, la luz y el gas, eliminar el impuesto a la producción eléctrica o mejorar el bono social eléctrico. El segundo texto incluye el tope a la actualización de los alquileres, medida que ya estuvo en marcha durante la guerra en Ucrania, y la prórroga de los contratos de alquiler que venzan próximamente, aunque no tiene apoyos parlamentarios suficientes para salir adelante. Ambos deben votarse en el Congreso de los Diputados, pero solo el de medidas fiscales se vota el próximo jueves.

Los partidos que invistieron a Pedro Sánchez urgen al Gobierno para incluir medidas en materia de vivienda en el decreto económico para paliar los efectos de la crisis por el conflicto en Irán. Prohibir los desahucios, prorrogar los contratos de alquiler que vencerán próximamente o topar la subida anual de las rentas de los arrendamientos están entre las propuestas de Sumar, ERC, Bildu, Podemos o BNG. El PSOE recuerda que las medidas antidesahucios cayeron por dos veces en el Congreso al no contar con la mayoría necesaria, y plantea un límite máximo del 2% en la actualización de los alquileres firmados antes de mayo de 2023, cuando entró en vigor la Ley de Vivienda.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido extender a toda España la limitación de las compras de vivienda con fines especulativos que los Comuns han negociado con el Govern de la Generalitat para la aprobación de los Presupuestos de 2026. "Ojalá pueda salir adelante y ese carácter demostrativo se extienda al resto del Estado", ha afirmado. También ha abogado por prorrogar automáticamente los contratos de alquiler firmados durante la pandemia y que caducan en los próximos meses.

El portavoz de vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de anunciar viviendas "como churros", en referencia al anuncio para construir 15.000 casas al año con el fondo soberano 'España Crece', cuando estas no llegan a la gente. El jefe del Ejecutivo anunció que destinaría 23.000 millones de euros para la construcción de esas viviendas. En una rueda de prensa, Ibáñez ha pedido "rigor" a Sánchez en materia de vivienda y aprobar una moratoria que frene la gran revisión de contratos de alquiler que afecta a más de 600.000 contratos.