En una proposición no de ley presentada en el Congreso, también pide cambiar la razón social de la entidad para que se convierta en una inmobiliaria pública
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El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de noviembre de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso celebra esta semana las votaciones para elegir al nuevo presidente del Consejo de
Alberto Ibáñez, diputado de Compromís Diego Radamés - Europa Press
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Sumar reclama al Gobierno la suspensión inmediata del proceso de venta de la promotora de ligada a Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), Árqura Homes, y demanda que su parque de viviendas (16.000 unidades) pasen a titularidad pública.

También solicita que se impulse un cambio normativo de la entidad, que se creó en 2012 para gestionar los activos deteriorados (préstamos e inmuebles) de entidades financieras por la crisis económica, para que se convierta en una promotora pública de vivienda a precio asequible, especialmente para el régimen de alquiler.

Por ejemplo, demanda que se destinen las 24.617 parcelas en manos de la Sareb a la construcción de 15.000 nuevas viviendas públicas, priorizando las comunidades que registran mayor incremento del precio de alquiler y del suelo urbanizable. Concretamente, insta a que al menos se levanten 10.000 de esos pisos en las zonas más afectadas por altos precios.

También pide que, de forma urgente, la Sareb ponga viviendas a disposición de la Generalitat valenciana y ayuntamientos para alojar a personas afectadas por la última DANA y que han sufrido daños en su vivienda, consiguiendo así una alternativa habitacional segura a las familias damnificadas por el temporal.

Así lo plantea mediante una proposición no de ley (PNL) registrada en el Congreso y suscrita por los diputados del grupo plurinacional Alberto Ibáñez, Águeda Micó, Carlos Martín, Tesh Sidi y Gala Pin.

Precisamente Ibáñez, portavoz de vivienda de Sumar en el Congreso, ha criticado que el ala socialista del Ejecutivo pretenda vender por 800 millones las 16.000 viviendas de la inmobiliaria de la Sareb, cuando deberían ir al parque público de vivienda y, con ello, reducir los precios del mercado.

"Cambiar su razón social y construir 15.000 nuevas viviendas públicas debe ser una prioridad en estos momentos", ha ahondado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Las consecuencias serían "irreversibles"

En la exposición de motivos, los parlamentarios de Sumar explican que existe una crisis habitacional por la escalada de precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, que han agravado las condiciones de vida de muchas personas.

Precisamente por este contexto señalan que la Sareb puede jugar un papel clave, al manejar un volumen importante de inmuebles, para aportar soluciones, sobre todo por su naturaleza semipública donde el Estado dispone la participación mayoritaria.

Concretamente, detallan que el inventario de la Sareb está compuesto por 38.000 viviendas, más de 24.000 parcelas y 28.700 obras en curso, recursos que conforman un potencial evidente para elevar el parque público de vivienda.

Pese a reconocer actuaciones para contribuir al aumento de la vivienda social, Sumar apunta que la prioridad de la sociedad pública sigue siendo la desinversión. Desde la propia compañía reconocen que la venta de inmuebles es uno de sus grandes objetivos estratégicos, sobre todo teniendo en cuenta que su disolución está prevista de momento para 2027.

Y prueba de ello es el proceso de venta de su filial Árqura Homes, cuyas consecuencias serían "irreversibles" si termina siendo adquirida por fondos de inversión, que precisamente han contribuido a tensionar el mercado inmbobiliario español.

"Esta operación pone en riesgo la oportunidad histórica de gestionar un parque de vivienda eficaz para ampliar la oferta del alquiler social y accesible. Sumar manifiesta su rechazo frontal a la venta de Árqura Homes y llama a detener una operación que implique una mayor privatización de los activos de la Sareb", exige el socio minoritario del Ejecutivo.

El Proyecto Viena, en marcha

Sareb lanzó a mediados de octubre la licitación del ‘Proyecto Viena’, que comprende la cesión de suelos finalistas ubicados en diferentes partes de España y donde se pueden levantar unas 10.600 viviendas de alquiler asequible. La primera fase del plan, que incluye 51 terrenos y más 3.700 unidades residenciales, está despertando mucho interés en el mercado. 

Según explican fuentes inmobiliarias a idealista/news, promotoras, ‘servicers’ e inversores con estrategias a corto y largo plazo están analizando los pliegos para valorar la presentación de ofertas. La sociedad pública admite que está recibiendo numerosas consultas al respecto, y recuerda que los interesados tienen hasta el 20 de enero para pujar por los lotes disponibles.  

Detrás del interés de buena parte del sector por este proyecto se esconden varios factores. Por ejemplo, que Sareb cederá los suelos durante 80 años a los inversores, que los terrenos se encuentran en zonas con demanda de alquiler, que está contemplada la posibilidad de traspasar la concesión a un tercero o que la rentabilidad de los proyectos puede superar el 7%. A cambio, las viviendas que se construyan deben destinarse al alquiler asequible, con rentas por debajo del valor de mercado. También es necesario acreditar experiencia en la construcción y/o gestión de arrendamientos.  

En esta primera tanda, salen al mercado medio centenar de parcelas distribuidas en 39 municipios, con una población superior a los 10.000 habitantes, situados en 23 provincias de 12 comunidades autónomas diferentes.

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