Sumar y ERC proponen impulsar la vivienda cooperativa con ayudas fiscales y económicas

Sumar y Esquerra Republicana (ERC) han registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantean impulsar el modelo de vivienda de las cooperativas en cesión de uso, para lo cual piden ayudas fiscales y económicas como rebajar el IBI o desarrollar líneas de financiación pública.

La diputada de Más Madrid integrada en Sumar, Tesh Sidi, y la portavoz de Vivienda de ERC en el Congreso, Etna Estrems, han anunciado en los pasillos de la Cámara Baja el registro de esta propuesta para su debate en el Pleno.

Sidi ha señalado que la propuesta incluye una batería de medidas con la idea de que el PSOE se plantee impulsar este modelo para "garantizar el derecho a la vivienda", sobre todo teniendo en cuenta que el PP no está aplicando la Ley de Vivienda en las comunidades autónomas donde gobierna.

En este contexto, la propuesta plantea modificar la Ley de Cooperativas para desarrollar la regulación del modelo y blindar su interés general de forma permanente, en elementos clave como evitar la adjudicación del dominio pleno o el derecho de superficie, u otro derecho real a las personas socias, permitir la transmisión de los inmuebles sólo a cooperativas de la misma subclase y regular las aportaciones sociales de manera acorde a los principios de coste y no especulación.

Traspaso de fondos necesarios a las CCCAA para impulsar este modelo

Asimismo, la iniciativa insta al Gobierno a realizar los traspasos de fondos necesarios a las administraciones públicas competentes en materia de vivienda para impulsar la vivienda cooperativa en cesión de uso y planificar políticas públicas acorde a este modelo.

Otra de las propuestas pasa por una reforma del Régimen Fiscal de las Cooperativas para considerar las cooperativas en cesión de uso especialmente protegidas, siempre que mantengan la propiedad de las viviendas o alojamientos de manera indefinida, sin enajenar la propiedad o adjudicarla a sus socios y socias.

En este punto, Sumar y ERC proponen impulsar bonificaciones fiscales en la tributación local (IBI e ICIO), en colaboración con los entes locales correspondientes, para el desarrollo de otras políticas públicas en el ámbito local que dé apoyo al modelo.

Cesión de los derechos de superficie de suelo público para cooperativas

Los grupos firmantes también instan a fomentar la cesión de los derechos de superficie de suelo público por parte de las diferentes administraciones públicas, para que cada una dentro de sus competencias, aporten para incentivar este tipo de viviendas definidas según los estándares normativos.

De su lado, proponen impulsar y promover la implementación de instrumentos de captación y gestión de suelo y patrimonio con una dimensión público-comunitaria que permitan, a las administraciones públicas competentes en materia de vivienda, aumentar la vivienda cooperativa en cesión de uso y el parque de vivienda social y asequible.

La iniciativa incluye un punto para pedir que se garantice a las administraciones públicas competentes en materia de economía social y/o vivienda, la financiación necesaria para reducir las aportaciones iniciales de todos los proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso, facilitando su asequibilidad e inclusión social, y para fomentar y desarrollar el modelo.

Vivienda cooperativa para personas mayores y otros colectivos con necesidades específicas

También se pide que las administraciones públicas tengan la financiación suficiente para el desarrollo de proyectos piloto de vivienda cooperativa en cesión de uso que no hayan recibido otro tipo de ayudas a la promoción con fondos del estado.

A renglón seguido, se plantea reafianzar a las sociedades de garantía recíproca autonómicas por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), para promover la prestación de avales que faciliten la financiación a los proyectos de este modelo.

Por último, Sumar y ERC piden reconocer y promover la vivienda cooperativa en cesión de uso para personas mayores con servicios y espacios compartidos en el marco de la estrategia de desinstitucionalización a nivel estatal, así como también aquellos proyectos dirigidos a otros colectivos con necesidades específicas cómo personas con discapacidad.