El llamado ‘escudo social’ del Gobierno frente a los desahucios comienza a encontrar un freno en los tribunales. Varias resoluciones judiciales recientes han cuestionado la fórmula elegida por el Ejecutivo para prorrogar una medida que nació como excepcional durante la pandemia y que, seis años después, sigue vigente.
El último decreto, en vigor desde el 5 de febrero y pendiente de convalidación en el Congreso, vuelve a ampliar el plazo de la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables hasta finales de 2026. Tras el acuerdo con el PNV, la norma permite ejecutar el desahucio únicamente cuando el propietario tenga una o dos viviendas. Mientras el Gobierno negocia más apoyos parlamentarios para su validación, distintas audiencias provinciales ya han empezado a marcar límites.
En un auto dictado en diciembre de 2025 por la Audiencia Provincial de Palencia, el tribunal desestimó el recurso presentado por un inquilino contra su sentencia de desahucio, después de que el lanzamiento (inicialmente previsto para abril de 2024) siguiera suspendido durante dos años. “Tras un tiempo amplio de suspensión del lanzamiento sin que conste la búsqueda de una alternativa habitacional, no puede acordarse un nuevo aplazamiento, aunque sea por un periodo corto”, destaca la sentencia a la que ha tenido acceso el diario El Mundo.
La misma Audiencia ya había mostrado su rechazo a esta iniciativa en otro auto fechado el 29 de octubre de 2025, consolidando así una línea interpretativa que rechaza convertir una medida excepcional en un bloqueo indefinido de los procedimientos de desahucio. A ello se suma una resolución de mayo de 2024 de un juzgado de primera instancia de Badalona (Barcelona), que también cuestionó la aplicación automática de nuevas prórrogas.
El argumento central de los tribunales gira en torno al carácter extraordinario de la norma. La suspensión de los desahucios se adoptó en 2020 como respuesta a la crisis sanitaria y económica del covid-19. Desde entonces, se ha prorrogado sucesivamente por el momento. La Ley de Vivienda, en vigor desde mayo de 2023, ya contempla mecanismos de protección para personas vulnerables. Para los jueces, la extensión reiterada de una medida concebida como temporal no puede traducirse en una paralización indefinida de los lanzamientos.
Pese a estas sentencias judiciales, el Ejecutivo ha optado por mantener la prórroga al menos hasta diciembre de 2026. El nuevo decreto de febrero, separado del fallido paquete ómnibus de diciembre, debe ser todavía refrendado en el Congreso en un plazo máximo de 30 días desde su publicación en el BOE.
El Gobierno no cuenta con los apoyos garantizados, pese al voto favorable de Podemos, Junts se ha desmarcado y ahora mismo votaría en contra del decreto antidesahucios y otras medidas del escudo social.
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