En una maniobra que pretende responder a la emergencia habitacional y frenar la presión sobre el mercado de alquiler y vivienda en Cataluña, la Generalitat de Catalunya ha aprobado la creación del Servicios de Protección y Estabilidad Residencial (SPER), una unidad destinada a la detección temprana del riesgo de pérdida de vivienda, tanto en alquiler como hipotecario, y al acompañamiento integral de las familias afectadas, antes de que lleguen los lanzamientos.
Esta nueva estructura funcionará como una ventanilla única en la que confluirán mediadores sociales, asesores jurídicos y técnicos de vivienda, operando de forma coordinada con ayuntamientos, entidades del tercer sector, propietarios y entidades financieras. Su objetivo es «intervenir antes, y no con los Mossos d’Esquadra», como resumió la portavoz de Els Comuns, Jéssica Albiach.
La dotación inicial de esta unidad será de 15 millones de euros para desplegarse progresivamente a lo largo de 2026, priorizando los municipios con mayor número de ejecuciones hipotecarias y lanzamientos judiciales.
Paralelamente, el Govern ha encargado informes jurídicos para evaluar la viabilidad de una prohibición o limitación de la compra de viviendas con fines especulativos, especialmente por fondos de inversión o personas jurídicas en zonas de mercado tensionado. La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha explicado que se explorarán medidas como plazos mínimos de tenencia antes de la reventa o la restricción de grandes compras en determinados ámbitos.
La consigna del Ejecutivo es clara: «El objetivo no es intervenir el mercado, sino proteger el derecho a una vivienda digna y evitar que la especulación expulse a los vecinos de sus barrios». La iniciativa se enmarca en el acuerdo suscrito con Els Comuns en mayo y en la necesidad de articular una política de vivienda más firme, tras años con indicadores de lanzamientos en alza.
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