Generalitat Catalunya

El contador del Plan 50.000 habitatges se acerca a la cifra que da nombre al programa, pero su ejecución queda bastante más lejos. Al cierre de junio de 2026, el estudio de la Generalitat contabiliza 46.378 viviendas. De ellas, 24.415 (el 52,6%) siguen en estudio. Otras 7.234 están en proceso y 14.729 figuran como obtenidas. Son datos provisionales publicados por la propia Administración. El Plan 50.000 habitatges es el programa de la Generalitat de Catalunya que prevé obtener 50.000 viviendas asequibles hasta 2030, mayoritariamente de alquiler y protegidas. Su objetivo es ampliar la oferta para facilitar el acceso a la vivienda, con especial atención a jóvenes, familias con rentas bajas y personas en situación de vulnerabilidad.

Cataluña reforzará la rehabilitación como vía para mejorar las viviendas existentes y recuperar inmuebles que actualmente no se utilizan. El programa Regenera prevé movilizar 255 millones de euros anuales durante tres años, lo que supone 765 millones en ese periodo, para actuar sobre el parque residencial y aumentar la vivienda pública disponible. La iniciativa nace del acuerdo presupuestario entre el Govern y ERC. La financiación combinará 190 millones anuales de recursos propios de la Generalitat y 65 millones del Institut Català de Finances (ICF).

La construcción de vivienda de protección oficial (VPO) avanza de forma desigual en Catalunya. Entre 2015 y 2025, 830 municipios, el 88% del total, no iniciaron ninguna vivienda protegida. La actividad se concentró en 117 localidades y, en 27 de ellas, no alcanzó los diez pisos entre los construidos y los que se encuentran en obras. La falta de promociones también afecta a las capitales de comarca: 22 de las 43 no registraron inicios de VPO durante este periodo. Entre ellas figuran Amposta, Cervera, Olot, Puigcerdà, Ripoll, Solsona, Tàrrega, El Vendrell y Vielha e Mijaran, según los datos oficiales del Govern catalán.

La proposición de ley catalana destinada a limitar determinadas compras de vivienda en las zonas de mercado tensionado ha recibido un duro revés jurídico. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) considera que varios puntos de la iniciativa impulsada por Comuns y respaldada por el Govern son contrarios a la Constitución y al Estatut de Cataluña. El dictamen, aprobado por unanimidad, no es vinculante y, por tanto, no supone la anulación ni la retirada automática de la propuesta. Sin embargo, obligará a los grupos que apoyan la medida a revisar su contenido si quieren reducir el riesgo de que una futura ley termine recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Cataluña deberá incorporar alrededor de 275.000 viviendas de alquiler social durante las próximas dos décadas para alcanzar los objetivos establecidos en los municipios con mayor presión residencial. La cifra supone multiplicar por casi siete el parque social actual, formado por unas 40.600 viviendas a finales de 2024. Así lo recoge el Informe anual de la economía catalana de 2025, elaborado por el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat. El documento sitúa el reducido tamaño del parque asequible como uno de los principales obstáculos para resolver la crisis de acceso a la vivienda.

La Generalitat ha dado marcha atrás en una de las obligaciones que más rechazo había despertado entre abogados, agentes inmobiliarios y propietarios. La Ley 11/2026, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, elimina la obligación de incluir en los anuncios de venta y alquiler los datos de la cédula de habitabilidad, una exigencia incorporada meses atrás y que el sector consideraba innecesaria y potencialmente peligrosa.

La Generalitat de Catalunya ya ha adjudicado el primer gran concurso de suelo público para impulsar vivienda protegida de alquiler. La promotora Corp y la alianza formada por Visoren y Copisa serán las encargadas de desarrollar las primeras 1.940 viviendas del plan con el que el Govern pretende incorporar 50.000 pisos asequibles al parque residencial catalán hasta 2030. La actuación se desarrollará sobre 37 solares distribuidos en 23 municipios y supone el primer gran paso para materializar uno de los principales compromisos del Ejecutivo de Salvador Illa en materia de vivienda.

La proposición de ley catalana para limitar la compra especulativa de viviendas ha dado este miércoles un nuevo paso en el Parlament, aunque todavía está lejos de convertirse en una realidad. La Cámara catalana ha aprobado su tramitación por el procedimiento de lectura única, una vía que permite acelerar el proceso legislativo, con el apoyo de PSC, ERC, Comuns y CUP. Sin embargo, la aprobación definitiva de la norma no llegará antes del verano después de que PP y Junts hayan anunciado y formalizado la petición de un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), un trámite que suspende el procedimiento parlamentario hasta que este órgano emita su informe.

La carrera por aumentar el parque de vivienda asequible en Cataluña busca ahora respaldo en Europa. El Institut Català de Finances (ICF), el brazo financiero de la Generalitat, negocia con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) la concesión de un préstamo de unos 330 millones de euros destinado a financiar la construcción y rehabilitación de cerca de 4.500 viviendas de alquiler asequible en el territorio catalán. La operación se enmarca en la estrategia del Govern de Salvador Illa para incrementar la oferta residencial y avanzar hacia el objetivo de construir 50.000 viviendas asequibles antes de 2030, uno de los compromisos estrella de la legislatura en materia de vivienda.

El Govern de la Generalitat ha ampliado el límite de edad de los Préstamos Emancipación, su programa estrella para facilitar el acceso a la primera vivienda en propiedad. Desde esta semana, podrán solicitarlos los mayores de 18 y hasta los 40 años, cinco más que hasta ahora, cuando el tope se situaba en los 35. El objetivo es llegar a más personas que, pese a tener un proyecto de vida consolidado, no han tenido tiempo de generar el ahorro necesario para afrontar la entrada de un piso.El programa, gestionado por el Institut Català de Finances (ICF) junto con la Agència de l'Habitatge de Catalunya, ofrece hasta 50.000 euros sin intereses para cubrir el 20% del valor del inmueble, la parte que habitualmente no financia el banco.

La Generalitat de Cataluña sigue acelerando la compra de vivienda para ampliar el parque público de alquiler asequible. El consejo de administración del Institut Català del Sòl (Incasòl) ha confirmado ahora la adquisición de 1.094 viviendas propiedad de InmoCaixa por un importe cercano a los 90 millones de euros, en una de las mayores operaciones residenciales cerradas por la administración catalana en los últimos años. La operación amplía el acuerdo anunciado a finales de 2025, cuando el Govern avanzó la compra de 1.064 pisos por 87,2 millones de euros. Finalmente, el paquete se ha incrementado en 30 viviendas más y también incorpora 1.014 plazas de aparcamiento y 239 trasteros repartidos en 14 municipios catalanes.

El mapa de la vivienda asequible en Cataluña se abre a nuevos actores. La Generalitat ha puesto en marcha un concurso piloto para movilizar 59 solares públicos repartidos en unos 40 municipios con capacidad para 783 viviendas protegidas. La clave no está tanto en el volumen como en el enfoque: se trata de parcelas de menor tamaño o con menor atractivo para los grandes operadores, donde el Govern busca implicar a promotores locales, cooperativas e incluso fórmulas de autopromoción para activar suelo que hoy no encuentra salida en el mercado.

El Parlament de Catalunya ha aprobado este 25 de febrero el proyecto de ley por el cual se adoptan medidas urgentes en materia del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, que se aplicará a partir del 1 de abril.El proyecto de ley, que tiene origen en el decreto del Govern que el ple

Barcelona vuelve a proclamarse “zona cero” de la crisis de vivienda… pero cuando toca poner suelo sobre la mesa, desaparece. El primer gran concurso de solares impulsado por la Generalitat para construir 1.940 viviendas públicas de alquiler asequible arranca con un dato incómodo: ni un solo solar dentro de la ciudad de Barcelona. Cero presencia en el listado, cero parcelas y, en la práctica, cero impacto directo en el epicentro del mercado más tensionado de Catalunya. Según expertos consultados por idealista/news, “la falta de suelo en Barcelona en este concurso indica que no hay política de vivienda capaz de atacar el núcleo del problema”.

La Generalitat de Cataluña ha dado un paso relevante en política de vivienda con la convocatoria de un concurso de 37 solares en desuso de municipios catalanes para levantar aproximadamente 1.940 viviendas de alquiler público asequible y ponerlas en el mercado con una cesión de uso de hasta 75 años. Los terrenos, cedidos por 23 ayuntamientos, forman parte de una primera “oleada” de suelo municipal movilizado para generar vivienda asequible a gran escala, según ha explicado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque.

Tras el anuncio del presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, de la construcción de 50.000 pisos de alquiler social en 2030, el ente ha ido comunicando varias medidas para frenar el problema del acceso a la vivienda en la comunidad. Ahora, compra 1.000 pisos propiedad de InmoCaixa, por un importe de 87,2 millones de euros. La finalidad: aumentar el parque público catalán de vivienda de alquiler para convertirse en vivienda protegida permanente. Estas viviendas están ubicadas en más de 15 municipios de la comunidad. Analizamos con varios expertos la operación, que concluyen que esta compra es un paso positivo para reforzar el parque público, pero no resuelve el fondo del problema.

El Parlament de Cataluña ha aprobado este jueves regular el alquiler de temporada y de habitaciones tras salir adelante el proyecto de ley de adopción de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha explicado el proyecto de ley, que ha llegado al debate final con enmiendas de Junts, PP, Vox, mientras que PSC-Units, ERC y Comuns habían presentado enmiendas conjuntas al dictamen emitido por el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que pidieron Junts y PP.

Cataluña vuelve a situarse como laboratorio de políticas de vivienda y esta semana pondrá en marcha uno de los debates más controvertidos de los últimos años: la posible prohibición de comprar pisos para invertir, lo que el Govern y los Comunes denominan “compra especulativa”. La iniciativa se formalizará con la creación de un grupo de trabajo conjunto entre el Ejecutivo catalán y el grupo parlamentario de los Comunes, apenas un mes después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ordenara a la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, estudiar esta vía. “Todo lo que se pueda hacer con cierto realismo para garantizar la vivienda como un derecho, lo haremos”, afirmó Illa entonces.

El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha afirmado que el Govern "estudiará a fondo" la posibilidad de prohibir las compras de vivienda con fines especulativos en Cataluña, pero ha avisado de que no es sencillo desde el punto de vista jurídico. Así lo ha manifestado durante la sesión de control al Govern en respuesta a la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, que ha hecho referencia al informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), que avalaría jurídicamente esta medida, y a la proposición de ley que su grupo ha presentado en este sentido. Albiach ya afirmado que será un tema central en una eventual negociación de Presupuestos.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha augurado que el proyecto de ley de medidas urgentes en vivienda y urbanismo que contempla la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones estará en vigor antes de 2026, a pesar de que el PP y Junts hayan llevado la medida ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE). El Consell Executiu ha afirmado que, aunque el CGE agotara al máximo el periodo para emitir el informe, se podría aprobar en alguno de los plenos del Parlament de este 2025, por lo que contempla empezar 2026 "con esta regulación aprobada".

El despacho de abogados AF Legis arremete contra la medida en vivienda que analiza la Generalitat de Cataluña: prohibir o limitar la compra de viviendas que no sean la residencia habitual del adquiriente. Según Arantxa Goenaga, una de las socias del bufete, adquirir un inmueble con intención de obtener un beneficio económico "es una práctica legítima y totalmente amparada por la ley" y su potencial restricción vulnera principios constitucionales como el derecho a la propiedad. En su opinión, la puesta en marcha de tal iniciativa "sería una fuente de inseguridad jurídica" y "podría bloquear por completo el mercado inmobiliario" de Cataluña.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado la compra de 170 viviendas a InmoCaixa por aproximadamente 15 millones de euros, en una operación que se formalizará el próximo 13 de noviembre. Esta adquisición representa un nuevo paso en la estrategia del Govern para ampliar el parque público de vivienda y garantizar que estos inmuebles mantengan su condición de protección oficial.

En una maniobra que pretende responder a la emergencia habitacional y frenar la presión sobre el mercado de alquiler y vivienda en Cataluña, la Generalitat de Catalunya ha aprobado la creación del Servicios de Protección y Estabilidad Residencial (SPER), una unidad destinada a la detección temprana del riesgo de pérdida de vivienda, tanto en alquiler como hipotecario, y al acompañamiento integral de las familias afectadas, antes de que lleguen los lanzamientos.

La Generalitat analizará la posibilidad de prohibir la adquisición de viviendas a quienes no las destinen a residencia principal, una medida que diversas administraciones locales catalanas consideran constitucional. El presidente Salvador Illa se mostró dispuesto a estudiar esta vía después de que el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), consorcio en el que participan Ayuntamiento, Diputación y Área Metropolitana de Barcelona, difundiera un informe que avala jurídicamente la restricción si se aplica con límites espaciales y temporales.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) para gestionar los próximos cuatro años unas 13.000 viviendas y 300 solares en régimen de cesión de superficie por 75 años cedidos por Sareb a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). El protocolo permitirá ceder en usufructo a la Generalitat la gestión de las viviendas destinadas al alquiler asequible e incorporar suelos de Sepes a la Reserva Pública de Solares catalana, con la intención de acelerar la promoción de nueva vivienda protegida que se incorpore al parque residencial de Estado.