La Generalitat de Cataluña ha adquirido 743 viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias con una inversión de 72 millones de euros. Los inmuebles, repartidos en diferentes municipios de la comunidad, pasarán a formar parte del parque público de vivienda y se destinarán al alquiler social con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a colectivos en situación de vulnerabilidad.
La operación se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno catalán para aumentar el parque de vivienda asequible mediante la aplicación del derecho de tanteo y retracto. Este mecanismo permite a la administración autonómica adquirir inmuebles procedentes de ejecuciones hipotecarias o transmisiones entre grandes tenedores, evitando su venta a fondos de inversión y garantizando su función social.
Desde 2015, la Generalitat ha adquirido más de 5.300 viviendas a través de este procedimiento, consolidándolo como una herramienta clave en su política de vivienda. La Agencia de la Vivienda de Cataluña ha sido la encargada de gestionar la operación y prevé continuar con esta estrategia para incrementar la oferta de vivienda pública en un contexto de fuerte demanda y escasez de oferta asequible.
El Departamento de Territorio y la Agencia de la Vivienda han subrayado que esta medida busca atender a personas en riesgo de exclusión residencial y reforzar las políticas de acceso a la vivienda. Paralelamente, la Generalitat sigue impulsando otras iniciativas, como la promoción de nueva vivienda pública y la colaboración con el sector privado para ampliar el parque de alquiler social en la comunidad.