Cataluña pisa el acelerador en su estrategia para ampliar el parque público de vivienda. El Govern prevé cerrar esta misma semana la adquisición de 743 pisos al fondo estadounidense Cerberus, a través de su sociedad inmobiliaria Divarian, para destinarlos al alquiler social. Con una inversión de 71 millones de euros, se trata de la mayor operación realizada hasta ahora por la Generalitat mediante el derecho de tanteo y retracto.
La compra, anunciada el pasado mes de febrero por la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Paneque, forma parte del plan de choque del Govern para combatir la emergencia habitacional y aumentar el número de viviendas públicas disponibles en todo el territorio. “Estamos hablando de una operación histórica por su volumen y por el impacto que tendrá en términos de estabilidad para centenares de familias”, destacó Paneque.
Los inmuebles fueron adquiridos en su día por Divarian, una sociedad controlada por Cerberus que se quedó con parte de los activos inmobiliarios problemáticos del BBVA tras la crisis financiera. Proceden todos de ejecuciones hipotecarias, pero actualmente están ocupados por sus antiguos propietarios, que han podido mantenerse en sus hogares gracias al programa Reallotgem. Esta iniciativa permite que la Agència de l’Habitatge de Catalunya pague directamente la renta al propietario y el inquilino abone un alquiler personalizado en función de sus ingresos. “Los inquilinos tendrán la tranquilidad de seguir viviendo en sus pisos con el mismo contrato que hasta ahora”, subrayó la consellera.
Las 743 viviendas están repartidas por un centenar de municipios catalanes, aunque el grueso se concentra en el área metropolitana de Barcelona, con 487 unidades. El resto se distribuyen en Lleida (59 pisos), Camp de Tarragona (55), Girona (54) y Catalunya Central (43). Con esta operación, el Govern refuerza su presencia en zonas donde la presión residencial es especialmente elevada.
La adquisición se enmarca en el ambicioso plan de la Generalitat para incorporar 50.000 viviendas al parque público antes del año 2030. Esta estrategia contempla tanto la compra de inmuebles ya existentes como la promoción de nueva construcción. En paralelo, la Generalitat ya cerró este año la compra de 452 pisos a InmoCaixa, la filial inmobiliaria de CriteriaCaixa, por 30 millones de euros. Además, se está preparando la primera gran convocatoria para reservar suelo destinado a promociones de alquiler asequible.
Con estas iniciativas, el Ejecutivo catalán busca dar respuesta a la creciente demanda de vivienda a precios accesibles, especialmente entre los colectivos vulnerables y los jóvenes, así como frenar la pérdida de población en determinados municipios.
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