Desahucios

La Cámara Baja ha convocado un pleno extraordinario el próximo 27 de enero, en el que previsiblemente se votará el Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno el 23 de diciembre y que contempla la prórroga de la suspensión de desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables y de los descuentos del bono social, la subida de las pensiones o la renovación de los incentivos fiscales para comprar vehículos eléctricos y por obras de eficiencia energética en viviendas y edificios.

El año que dejamos ha sido prolífico en sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo que han afectado al mercado de la vivienda. Una de las más sonadas ha sido una sentencia que sienta un precedente importante para futuros casos relacionados con desahucios y ocupaciones ilegales: el Constitucional anula la suspensión del desahucio de un okupa. Otra que también resonó en los medios de comunicación fue la del Supremo avalando un desahucio por impago del IBI y la tasa de basuras por parte del inquilino.

El último Consejo de Ministros del año ha aprobado dos reales decretos, uno de ellos relacionado con ayudas al transporte y el nuevo abono único de 60 euros para trenes y autobuses, y otro que incluye la revalorización de las pensiones y la prórroga de la suspensión de los desahucios por impago del alquiler a familias vulnerables, la prohibición de cortarles los suministros básicos del hogar y las ayudas para la mejora energética de viviendas y edificios. Lo que no ha aprobado el Gobierno es el nuevo Plan de Vivienda, a pesar de que esperaba hacerlo este mes, ni la actualización de las cuotas de los autónomos, que se mantendrán congeladas.

¿Puede un propietario recuperar su vivienda ocupada sin que previamente se haya ofrecido un alquiler social? La Audiencia Provincial de Barcelona vuelve a responder a esta cuestión con una resolución que refuerza una idea ya conocida en los juzgados catalanes. La sentencia, dictada en julio de 2025, confirma un desahucio por precario y aclara hasta dónde llegan las obligaciones de los propietarios en materia de alquiler social. Un fallo que ayuda a entender cómo se está aplicando el derecho a la vivienda en la práctica judicial.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha recordado que la prórroga de la suspensión de los desahucios, una medida que se instauró desde la pandemia y está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, necesita la aprobación del Congreso, al igual que sacar adelante "medidas más en profundidad" en esta materia. Vivienda responde así a la petición de Sumar y Podemos para prorrogar la suspensión de los desahucios, que caducan el próximo 31 de diciembre.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, han presionado al PSOE para prorrogar la suspensión de los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables, que caduca el próximo 31 de diciembre. Belarra ha señalado que le parece "gravísimo" que el Gobierno siga sin anunciar dicha prórroga, mientras que Martínez ha propuesto extender el ámbito subjetivo de las personas que puedan verse beneficiadas por ella. De llevarse a cabo, la moratoria antidesahucios cumpliría en 2026 su sexto año consecutivo de aplicación.

Una cláusula habitual en muchos contratos de alquiler puede terminar, a veces, en los juzgados. ¿Debe pagar el inquilino el IBI o la tasa de basuras si el contrato no dice cuánto cuestan al año? La duda no es menor: de su respuesta puede depender incluso la resolución del contrato y un eventual desahucio. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre esta cuestión aclarando hasta dónde llega el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y zanjando un debate que llevaba años generando criterios contradictorios en los juzgados. Avala el desahucio por impago del IBI y la tasa de basuras.

La suspensión de desahucios por vulnerabilidad no sale gratis para la Administración. Al menos, cuando no adopta medidas alternativas para las personas afectadas. Así lo confirma una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que obliga al Gobierno foral a indemnizar a dos sociedades inmobiliarias por la paralización de varios lanzamientos por motivos de vulnerabilidad social y económica de los inquilinos. Cuando la normativa obliga al propietario a mantener al arrendatario en la vivienda, la ley también protege el equilibrio económico del arrendador, especialmente si la Administración no actúa para ofrecer una alternativa habitacional.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un hombre de 95 años a recuperar la posesión de su vivienda familiar tras estimar el recurso de casación que confirmaba el desahucio por precario de su hijo. La decisión sienta doctrina en materia de bienes gananciales y curatela representativa, reforzando el criterio de que un cónyuge puede actuar por sí solo en defensa de los bienes comunes incluso si el otro está bajo curatela.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado en el Congreso de los Diputados que antes de que acabe el año el Gobierno llevará al hemiciclo un paquete normativo para prorrogar buena parte de las medidas que incluye el escudo social que se aprobó en la pandemia y que caducan el próximo 31 de diciembre, entre las que se encuentran la prohibición de desahuciar a las familias vulnerables por impago del alquiler o de cortarles los suministros básicos del hogar. Los propietarios ya se están preparando para la posibilidad de que la moratoria se prolongue por sexto año consecutivo.

Los propietarios se preparan para una nueva prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler de familias vulnerables, una medida que ya lleva cinco años en vigor. Según ha asegurado Laura Fernández, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), durante el Congreso Nacional de Vivienda celebrado en Madrid, actualmente "no hay visos" de que el Gobierno vaya a levantar la suspensión. De hecho, el partido Podemos ha anunciado esta semana que va a presentar una proposición no de ley a la Comisión de Vivienda para pedir al Gobierno que apueste por una prórroga permanente.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha acordado dejar en suspenso el desahucio y lanzamiento de un inquilino en situación de vulnerabilidad, en aplicación del Real Decreto-ley 1/2025, que extiende hasta el próximo 31 de diciembre las medidas excepcionales de protección frente a la pérdida de vivienda habitual. El tribunal entiende que, dada la condición de gran tenedora de la propietaria y la vulnerabilidad acreditada por el arrendatario, debe aplicarse la protección excepcional prevista para hogares sin alternativa habitacional. El fallo no impone costas y permite a la arrendadora solicitar una compensación.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado este martes que su formación exigirá al Gobierno prorrogar la prohibición de los desahucios y hacerla permanente, una medida que se instauró desde la pandemia y está vigente hasta el 31 de diciembre de este año.En una rueda de prensa en el

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento de Málaga en su intento de recuperar una vivienda pública ocupada sin título desde hace casi una década. La sentencia autoriza la entrada en el inmueble para ejecutar el desahucio, tras concluir que la ocupación no estaba amparada por ninguna causa de vulnerabilidad social.

La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado el desahucio por precario de una familia que residía en una vivienda municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sin contrato ni autorización. Los ocupantes alegaron vulnerabilidad económica y social para intentar frenar el lanzamiento, pero el tribunal concluyó que no demostraron esa situación ni aportaron la documentación requerida por los servicios sociales.

Sumar defenderá esta semana una proposición no de ley en el Congreso con la que pide al Gobierno incorporar al parque público de vivienda en régimen de alquiler aquellos hogares amenazados con desahucio. Para ello, propone reservar una partida presupuestaria específica y que la medida pueda articularse a través de la empresa estatal de vivienda. El socio minoritario del Ejecutivo también plantea en la iniciativa "explorar la posibilidad" de expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión.

El Tribunal Supremo ha frenado un desahucio que se inició por la devolución de un recibo de alquiler inflado con un consumo de agua veinte veces superior al habitual. El fallo introduce un matiz clave en los procesos de desahucio por impago de alquiler: cuando el arrendador actúa contra la buena fe contractual, el impago no puede utilizarse como causa automática de resolución del contrato.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha validado la decisión del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), dependiente del Ministerio de Defensa, de desahuciar a un hombre que llevaba décadas viviendo en una casa militar. La resolución, del 14 de mayo de 2025, aclara los límites del derecho de uso en este tipo de inmuebles, a la vez que pone el foco en un asunto sensible: ¿qué ocurre cuando los vínculos afectivos con una vivienda chocan con la letra fría de la ley?

Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña refuerza los derechos de los inquilinos frente a un cambio de propiedad por ejecución hipotecaria. El fallo desestima la demanda de desahucio presentada por la Sareb y valida un contrato de alquiler firmado en 2020, al amparo del Real Decreto-ley 7/2019, que garantiza hasta siete años de protección cuando el arrendador es una persona jurídica. La resolución lanza un mensaje claro: los contratos de arrendamiento válidos y firmados de buena fe deben ser respetados, incluso cuando el inmueble cambia de manos.

Desde comienzos de este año se está notando un notable incremento de los procedimientos judiciales de desahucio por expiración del plazo contractual. Este fenómeno afecta principalmente a los arrendamientos de vivienda que han alcanzado su duración máxima legal: cinco u ocho años cuando el arrendador es persona física, y siete o diez años si se trata de una persona jurídica, según si se encuentran en prórroga obligatoria o tácita. José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), recuerda que una parte significativa de estos incumplimientos contractuales no responde a situaciones de impago previas, sino a la imposibilidad de los inquilinos de encontrar alternativas habitacionales con rentas similares a las que venían abonando.

No siempre que una persona mayor vive en una vivienda pública tiene garantizado que podrá quedarse en ella si deja de pagar. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) en una sentencia donde establece que la edad avanzada no justifica, por sí sola, la paralización de un desahucio por impago. Para invocar esa protección reforzada, es necesario aportar pruebas que acrediten dependencia física o psíquica grave, discapacidad reconocida o fragilidad social (por ejemplo, aislamiento o falta de apoyo familiar). En este caso, no se presentó ningún informe médico ni certificado de dependencia que justificara una afectación de tal magnitud.

Recibir una orden de desahucio nunca es una buena noticia, pero si el contrato de alquiler ha finalizado y el inquilino no abandona la vivienda, el procedimiento judicial es inevitable. ¿Qué ocurre entonces si esa persona quiere recurrir la decisión y aún no ha abonado las rentas que debe? El Tribunal Supremo ha respondido a esta pregunta en un auto reciente, donde deja constancia de que no se puede recurrir sin antes haber pagado o consignado las cantidades pendientes, incluso cuando el arrendatario tenga reconocida la justicia gratuita.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado el desahucio de una familia en situación de vulnerabilidad, con dos menores a cargo, que ocupaba de forma ilegal una vivienda pública de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. La sentencia, fechada el pasado 28 de marzo, sostiene que la existencia de menores no impide automáticamente el desalojo cuando la Administración ha actuado de forma proporcionada y ha ofrecido medidas para mitigar las consecuencias del lanzamiento.

Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso proponiendo que las viviendas amenazadas con desahucio pasen a formar parte del parque público de viviendas para ofrecerlas en régimen de alquiler, así como "explorar la posibilidad" de expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión. Son dos propuestas que el grupo plurinacional ha incorporado a su proposición no de ley relativa al parque público de vivienda y que se debatirá en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana de la Cámara Baja. Otra de las cuestiones que plantea es derogar las socimis y prohibir la compra de viviendas a empresas y fondos.

Alquilar una vivienda tiene un riesgo que sobresale por encima del resto: que el arrendatario deje de pagar la cuota del arrendamiento.