Desahucios

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha validado la decisión del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), dependiente del Ministerio de Defensa, de desahuciar a un hombre que llevaba décadas viviendo en una casa militar. La resolución, del 14 de mayo de 2025, aclara los límites del derecho de uso en este tipo de inmuebles, a la vez que pone el foco en un asunto sensible: ¿qué ocurre cuando los vínculos afectivos con una vivienda chocan con la letra fría de la ley?

Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña refuerza los derechos de los inquilinos frente a un cambio de propiedad por ejecución hipotecaria. El fallo desestima la demanda de desahucio presentada por la Sareb y valida un contrato de alquiler firmado en 2020, al amparo del Real Decreto-ley 7/2019, que garantiza hasta siete años de protección cuando el arrendador es una persona jurídica. La resolución lanza un mensaje claro: los contratos de arrendamiento válidos y firmados de buena fe deben ser respetados, incluso cuando el inmueble cambia de manos.

Desde comienzos de este año se está notando un notable incremento de los procedimientos judiciales de desahucio por expiración del plazo contractual. Este fenómeno afecta principalmente a los arrendamientos de vivienda que han alcanzado su duración máxima legal: cinco u ocho años cuando el arrendador es persona física, y siete o diez años si se trata de una persona jurídica, según si se encuentran en prórroga obligatoria o tácita. José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), recuerda que una parte significativa de estos incumplimientos contractuales no responde a situaciones de impago previas, sino a la imposibilidad de los inquilinos de encontrar alternativas habitacionales con rentas similares a las que venían abonando.

No siempre que una persona mayor vive en una vivienda pública tiene garantizado que podrá quedarse en ella si deja de pagar. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) en una sentencia donde establece que la edad avanzada no justifica, por sí sola, la paralización de un desahucio por impago. Para invocar esa protección reforzada, es necesario aportar pruebas que acrediten dependencia física o psíquica grave, discapacidad reconocida o fragilidad social (por ejemplo, aislamiento o falta de apoyo familiar). En este caso, no se presentó ningún informe médico ni certificado de dependencia que justificara una afectación de tal magnitud.

Recibir una orden de desahucio nunca es una buena noticia, pero si el contrato de alquiler ha finalizado y el inquilino no abandona la vivienda, el procedimiento judicial es inevitable. ¿Qué ocurre entonces si esa persona quiere recurrir la decisión y aún no ha abonado las rentas que debe? El Tribunal Supremo ha respondido a esta pregunta en un auto reciente, donde deja constancia de que no se puede recurrir sin antes haber pagado o consignado las cantidades pendientes, incluso cuando el arrendatario tenga reconocida la justicia gratuita.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado el desahucio de una familia en situación de vulnerabilidad, con dos menores a cargo, que ocupaba de forma ilegal una vivienda pública de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. La sentencia, fechada el pasado 28 de marzo, sostiene que la existencia de menores no impide automáticamente el desalojo cuando la Administración ha actuado de forma proporcionada y ha ofrecido medidas para mitigar las consecuencias del lanzamiento.

Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso proponiendo que las viviendas amenazadas con desahucio pasen a formar parte del parque público de viviendas para ofrecerlas en régimen de alquiler, así como "explorar la posibilidad" de expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión. Son dos propuestas que el grupo plurinacional ha incorporado a su proposición no de ley relativa al parque público de vivienda y que se debatirá en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana de la Cámara Baja. Otra de las cuestiones que plantea es derogar las socimis y prohibir la compra de viviendas a empresas y fondos.

Alquilar una vivienda tiene un riesgo que sobresale por encima del resto: que el arrendatario deje de pagar la cuota del arrendamiento.

Hoy entra en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que modifica la legislación procesal, pero también otra, de interés, en el ámbito inmobiliario. Se cambian, de una manera radical, las reglas del juego para quien quiera o necesite litigar por la vía civil. Carmen Giménez, abogada titular de G&G Abogados, señala cómo afecta, por ejemplo, a los desalojos de okupas, ya que cambiar el procedimiento judicial.

El pasado mes de enero entró en vigor la nueva Ley de medidas en materia de eficiencia al Servicio Público de Justicia que agiliza el proceso judicial en situaciones de okupación ilegal de inmuebles, ya que permite los juicios exprés. Pese a estas nuevas medidas, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid) denuncian que, “aunque este mecanismo legal significa un paso más, la solución aportada de la celebración de juicios exprés no va a resolver el problema de las ocupaciones ilegales de inmuebles”. Desde la institución reclaman más modificaciones legales, para que los trámites se transfieran de forma urgente, mediante la adopción de una medida cautelar de expulsión y antes de que transcurra el plazo de 72 horas desde la denuncia por parte del propietario.

El Congreso de los Diputados ha votado por una amplia mayoría de 315 votos a favor del decreto que aprueba la revalorización de las pensiones, la prórroga de los descuentos al transporte o la suspensión de los desahucios de alquiler de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional en el segundo intento del Gobierno de Pedro Sánchez de sacarlo adelante. PP y Junts, que votaron en contra hace menos de un mes, lo hacen ahora a favor con esta versión reducida del decreto, que ha excluido medidas fiscales y añade la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos.

El Constitucional ha decidido estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra varios artículos y una disposición transitoria de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, que modifica varias normativas para abordar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Ha anulado el punto referente al valor de una expropiación forzosa en caso de incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda. Recordamos que esta ley ya ha estado sobre la mesa de este tribunal, que meses después de su entrada en vigor declaró inconstitucional obligar a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a sus okupas antes de interponer un proceso judicial.

La nueva suspensión de los desahucios por impago del alquiler y la puesta en marcha de unos avales públicos para propietarios e inquilinos que ha incluido el Gobierno en el Real Decreto-ley 1/2025 no han sido bien recibidas por los expertos ni por los propietarios. Aseguran que estas medidas "son una sentencia de muerte" para quienes necesitan encontrar una vivienda de alquiler, que seguirán fomentando la inquiokupación y que agravan la inseguridad jurídica, lo que "amenaza la sostenibilidad del mercado de alquiler". También critican que "la política de vivienda se supedita a intereses políticos y electorales, y no al interés general".

El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó la semana pasada la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de las rentas a hogares vulnerables que había aprobado el último Consejo de Ministros de 2024. Sin embargo, diferentes expertos inmobiliarios y jurídicos creen que el Gobierno volverá a plantear la iniciativa para intentar paralizar de nuevo los procedimientos. En su opinión, el exceso de actividad legislativa genera incertidumbre entre arrendadores e inversores del mercado del alquiler, lo que acaba reduciendo la oferta de viviendas e impulsando los precios.

El Gobierno ha sufrido su primera gran derrota parlamentaria de 2025 en el primer día de actividad en la Cámara Baja. El Pleno del Congreso de los Diputados ha tumbado el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, más conocido como el decreto 'ómnibus', con los votos en contra de PP, Junts y Vox. El texto incluía la prórroga de los desahucios y lanzamientos por impago de las rentas para colectivos vulnerables durante todo 2025, la prohibición de cortar suministros básicos a familias con pocos recursos, la revalorización de las pensiones y del ingreso mínimo vital (IMV) y las ayudas al transporte público. La derogación tiene efectos inmediatos desde este 23 de enero.

El Gobierno ha vuelto a prorrogar un año más la suspensión de los desahucios y lanzamientos de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional, que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre de 2025, así como la posibilidad de que el propietario pida una compensación económica, cuyo plazo expira el 31 de enero de 2026. También se ha ampliado hasta finales del año que viene la prohibición de cortar los suministros de luz, agua y gas a los hogares vulnerables. Estas nuevas ampliaciones ya se han hecho efectivas, tras haber sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los destrozos o siniestros que ocurran en una vivienda en alquiler pueden determinar la devolución de la fianza por parte del arrendador al inquilino. Esta cantidad (de un mes en los contratos de arrendamiento de vivienda) está diseñada para poder hacer frente al coste de reparar los desperfectos que haya en la casa una vez ha finalizado el contrato, aunque muchas veces no es suficiente para cubrirlos. El propietario puede resolver el contrato por daños causados dolosamente o por obras no consentidas, tal y como establece la LAU.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley del Parlamento de Cataluña de marzo de 2022, que modifica tres normativas aprobadas entre 2007 y 2016, con el objetivo de afrontar la emergencia en el mercado de la vivienda. En concreto, ha declarado inconstitucionales y nulos varios artículos y la disposición transitoria. El más destacado es el que obliga a ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer demandas judiciales derivadas "de la reclamación de una deuda hipotecaria y a determinadas demandas de desahucio". La sentencia "sólo tendrá efectos pro-futuro", según el tribunal.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado su informe trimestral de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2024. Entre abril y junio se realizaron 7.850 ejecuciones de desahucios, un 7,8% interanual. La mayoría de ellos (74,8%) se practicaron como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y crecieron un 10,7% anual. Mientras tanto, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 1,9%. Cataluña encabeza este tipo de actuaciones judiciales, sobre todo las procedentes de la LAU (1.577), ya que representan un 26,8% del total nacional.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado las medidas en materia de vivienda presentadas por el Partido Popular la semana pasada y ha acusado al partido de querer bajar el precio del alquiler poniéndoselo "más complicado" a los que "peor lo pasan", en referencia a una de las medidas en materia de vivienda presentada por los populares, que busca rebajar el requisito de vulnerabilidad económica a 1.050 euros, 1,5 veces el Iprem, frente a los 1.800 euros actuales para facilitar el desalojo.

Los impagos en un alquiler pueden aparecer por varios frentes, no solo en la renta que paga el arrendatario. Por ejemplo, al inquilino le puede corresponder pagar los suministros o la cuota de la comunidad. ¿Qué pasa si deja de pagarlos? Si está contemplado en el contrato de arrendamiento, el propietario está en su derecho de finalizar el contrato y desahuciarlo por incumplimiento. No obstante, deberá seguir pagando las cantidades adeudadas por el arrendatario y luego exigírselos.

El Tribunal Supremo ha publicado recientemente una sentencia en beneficio de los inquilinos. Considera que el impago puntual de un mes de alquiler no es un incumplimiento del contrato de arrendamiento y no da lugar a resolverlo ni al desahucio, siempre y cuando la situación del inquilino sea singular. En el caso resuelto, el impago de la renta se produjo por un malentendido entre dos cuentas bancarias de la inquilina. Con esta sentencia la Sala de lo Civil cambia de doctrina, ya que hasta ahora sostenía que el retraso en el pago de una sola mensualidad de renta ya era motivo de resolución del contrato.

La Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas ha pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acortar los plazos de los desahucios por impago de rentas, y piden soluciones tanto compensatorias como de agilización de trámites judiciales. Estos pequeños propietarios han trasladado a la ministra la necesidad de plantear incentivos fiscales y de financiación para orientar la inversión en viviendas de alquiler y el acceso de la vivienda a los jóvenes.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el acuerdo para prorrogar cuatro años más, hasta 2028, la suspensión de desahucios de la vivienda habitual, que se acordó tramitar como proyecto de ley, abriendo la puerta a introducir cambios. De esta manera, el BOE recoge el Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 1/2024, de 14 de mayo, para prorrogar las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables, un acuerdo alcanzado el pasado 13 de junio en el Congreso de los Diputados.

El Pleno del Congreso ha convalidado por unanimidad el decreto ley para prorrogar cuatro años más, hasta el 15 de mayo de 2028, la suspensión de desahucios de la vivienda habitual, y ha acordado que la norma se tramitará como proyecto de ley, abriendo la puerta a introducir cambios. La suspensión de los lanzamientos a colectivos vulnerables se estableció por un periodo inicial de dos años y ha ido prorrogándose en sucesivas ocasiones.