Desahucios

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido las medidas impulsadas por el Ejecutivo en materia de vivienda que buscan compaginar "una cierta protección de los inquilinos sin afectar a la oferta", ante las advertencias del sector sobre la retirada de viviendas del mercado del alquiler. No obstante, ha insistido en que hay que analizar qué está ocurriendo con los anuncios retirados, aunque cree que el paso de viviendas de alquiler a la venta no tiene por qué ser negativo, ya que una mayor oferta puede facilitar el acceso a la propiedad a quien actualmente solo puede alquilar, lo que contribuirá a que se liberen pisos para el arrendamiento.

El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España propone establecer una compensación automática a los pequeños propietarios cuando se suspenda un desahucio por vulnerabilidad social, que se mantendría hasta que se proporcione una alternativa habitacional a los afectados, para evitar que la protección social recaiga sobre los particulares, según el Informe sobre la Vivienda que ha presentado este martes. En materia de construcción, el informe propone un Programa Nacional de Producción Residencial que priorice Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga, provincias que concentran, según el documento, el 52,5% del déficit de vivienda.

Cuando un inquilino deja la vivienda, ¿puede el arrendador seguir reclamándole rentas o incluso demandarle para recuperar el inmueble? La respuesta depende, entre otros factores, de si realmente se ha producido la devolución de la posesión. La Audiencia Provincial de Barcelona aborda esta cuestión en una sentencia en la que rechaza el desahucio y la reclamación de rentas frente a unos arrendatarios que ya habían abandonado la vivienda, a pesar de que los propietarios sostenían que las llaves que entregaron no permitían acceder al inmueble. Los inquilinos comunicaron su voluntad de dejar la vivienda mediante un burofax.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado con la mayoría en contra que suman PP, Vox, Junts y UPN los dos reales decretos-Ley impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda, que pretendían aplicar una prórroga indefinida de los contratos de alquiler, un tope a las subidas de las rentas por debajo de la inflación, la suspensión de los desahucios, endurecer la regulación del alquiler de temporada y habitaciones o una mayor fiscalidad para las segundas residencias. Esta nueva derrota acerca al Ejecutivo a la convocatoria de elecciones generales al constatar, una vez más, su debilidad parlamentaria.

Conversamos con Ignacio Lázaro. Su familia fue la propietaria del edificio de Sainz de Baranda desde que se levantó en los años 50 hasta venderlo en 2018, y que se ha hecho famoso por ser donde se encuentra el piso en el que residía la anciana María del Carmen Abascal. Ignacio cuestiona que el caso de Maricarmen se haya convertido en el símbolo de la crisis de vivienda y sostiene que existen otros dramas habitacionales con menos visibilidad, como el de familias que perdieron su casa tras no poder afrontar la hipoteca. Lázaro recuerda que a la mujer se le ofreció una residencia costeada por el propietario y atención continuada. “La imagen de una anciana expulsada de su casa en una zona acomodada de Madrid enfrenta al capitalismo contra el populismo”.

El primero de los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros el martes restringe hasta el 31 de diciembre de 2028 la capacidad de cualquier fondo de inversión para comprar viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación. La prohibición abarca tanto inmuebles en uso como edificios de calificación residencial que dispongan de certificado de fin de obra. Además limita a la definición de "fondo buitre" a cualquier entidad con o sin personalidad jurídica que tenga en su objeto social la adquisición de inmuebles.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern creará un fondo de emergencia habitacional para comprar pisos de personas o familias que se enfrenten a un desahucio, dotado con 25 millones de euros inicialmente. Lo ha dicho en el Debate de Política General en el Parlament, donde ha anunciado distintas medidas ante la crisis de la vivienda en Cataluña, problema que ha calificado de "misión de país", y que se ha comprometido a abordar con los grupos, ayuntamientos, entidades financieras y constructoras. El anuncio se acompaña de otro programa de 100 millones para comprar vivienda conjuntamente con particulares mayores de 40 años que tengan dificultades para acceder a una hipoteca.

El Gobierno de Pedro Sánchez afirmó que lleva negociando durante semanas las propuestas que ha lanzando en los dos decretos para revertir la situación crítica que vive la vivienda en España. Sin embargo, a la hora de darse a conocer su contenido, PSOE y Sumar se han quedado solos en el apoyo a las medidas presentadas. El Ejecutivo necesita a los socios de investidura para que sean convalidados en la Cámara Baja este viernes, pero Podemos ya lo ha tachado de "trampa" por dividirlo en dos decretos y Junts ya se ha mostrado en contra de la renovación automática de los alquileres por tiempo indefinido y crítica las medidas frente a los desahucios o la prohibición de la compra de pisos a los llamados fondos 'buitre'.

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros dos reales decretos sobre vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de casas por 'fondos buitre' hasta el 2028 o la prórroga automática de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. También se vuelve a establecer un tope del 2% a la subida de las rentas de los arrendamientos, se aplica un IVA del 10% al negocio de los pisos turísticos o se dan ayudas para la compra de primera vivienda. Los decretos se llevarán al Congreso de los Diputados el próximo viernes 2 de octubre.

Representantes de Maricarmen y Urbagestión han alcanzado un acuerdo para que la octogenaria pueda regresar inmediatamente a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid en la que residió durante 70 años y de la que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre. La propia anciana ha aceptado las condiciones del nuevo contrato de alquiler pactado, que establece que la renta no superará el 30% de sus ingresos y que durará ocho años. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) del Ayuntamiento de la capital ha intermediado entre ambas partes.

La negociación para aprobar el nuevo decreto de vivienda vuelve a centrar la conversación política mientras Sumar presiona al PSOE para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros un paquete de medidas que incluya la congelación de los alquileres y una moratoria antidesahucios. Junts, cuyos votos son necesarios para la convalidación en el Congreso, ha enviado sus propias propuestas al Gobierno que incluyen bonificaciones fiscales a inquilinos y pequeños tenedores. El partido de Yolanda Díaz se abre a aceptar estas medidas si sirve, explican, para que la iniciativa prospere "de forma urgente", pero esto podría alejar a otros socios como Podemos o ERC, que ya han mostrado su rechazo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido este miércoles a los grupos parlamentarios que apoyen el real decreto ley que va a presentar el Gobierno para poder evitar desahucios como el de Mari Carmen, la vecina madrileña de 87 años que se enfrenta este miércoles al cuarto i

La Audiencia Provincial de Madrid vuelve a poner el foco en uno de los aspectos más controvertidos en el ámbito de las relaciones arrendaticias: el desahucio por falta de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La sentencia, dictada el 25 de mayo, lanza un mensaje a propietarios e inquilinos sobre cómo deben gestionarse estas reclamaciones. El contrato, firmado el 1 de diciembre de 1980, había permanecido vigente durante décadas. El conflicto surgió cuando el propietario acudió a los tribunales tras dejar el arrendatario sin abonar un recibo de 636,61 euros correspondiente al IBI de 2023.

¿Hasta qué punto puede un propietario poner fin al alquiler por el comportamiento de su inquilino? La respuesta no depende de una simple discusión con los vecinos ni de un incidente puntual. Cuando las conductas son reiteradas o ponen en riesgo la seguridad del edificio, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) abre la puerta a resolver el contrato. Ese es precisamente el criterio que ha aplicado la Audiencia Provincial de Barcelona al confirmar el desahucio de un arrendatario que generó graves problemas de convivencia: lanzamiento de muebles desde la casa, un incendio en la cocina y episodios de gritos, golpes y ruidos.

Solo en el primer trimestre del año, según el INE, este tipo de reclamaciones sobre viviendas habituales -es decir, las susceptibles de desahucio- se situó en 3.328, una cifra que, aunque es un 3,8% inferior a la de los tres meses anteriores, supuso un 38,1% superior a la del mismo periodo de 2025. Los expertos alertan de que los acuerdos extrajudiciales que, en otros momentos, ayudaban a evitar que estas situaciones llegaran a tal extremo, no se están resolviendo porque las personas afectadas, directamente, no encuentran alternativa habitacional.

La Audiencia Provincial de Barcelona vuelve a pronunciarse sobre una cuestión muy habitual: qué ocurre cuando un contrato de alquiler social finaliza y el inquilino permanece en la vivienda. En una sentencia de junio de 2025, el tribunal analiza un supuesto en el que la arrendataria seguía ocupando el inmueble alegando la existencia de un acuerdo verbal y su derecho a un nuevo alquiler de estas características. El envió de un burofax comunicando la negativa a renovar el contrato fue clave para no prorrogar el alquiler.

Pagar el alquiler durante años y continuar en la vivienda no significa necesariamente que el contrato siga protegido por las prórrogas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Así lo acaba de recordar la Audiencia Provincial de Girona en una sentencia que da la razón a una arrendadora que reclamaba recuperar su piso tras finalizar el contrato. La resolución concluye que el alquiler ya había agotado sus prórrogas legales y que la relación entre las partes se encontraba en situación de tácita reconducción. En consecuencia, bastaba con comunicar la voluntad de no renovar.

La vivienda es la principal preocupación de los españoles. La solución no es sencilla y no pasa solo por legislar en una dirección. Lo ideal sería escuchar y tener en cuenta a todos los actores implicados, desde inquilinos y propietarios a agentes inmobiliarios y abogados. De este modo se podría establecer un rumbo más acertado. En este artículo conversamos sobre el sector y los problemas que adolece con Sandra Aurrecoechea Ríos, abogada especialista en Derecho Civil, Hipotecario e Inmobiliario y socia de Marín & Mateo Abogados. En su opinión, las medidas que frenen lanzamientos provocan que haya menos oferta y más dificultad para acceder a una casa.

¿Qué ocurre cuando un contrato de alquiler de vivienda toca a su fin y el propietario quiere recuperar el inmueble, pero el inquilino se niega a hacerlo? ¿De qué forma hay que actuar en estos casos para que el arrendatario abandone la vivienda y el propietario recupere su uso y disfrute? La demanda de desahucio por expiración del plazo contractual o demanda de desahucio por finalización del contrato es una herramienta legal que protege al propietario en caso de que el inquilino se niegue a abandonar la vivienda a pesar de que el contrato ya ha finalizado.

Utilizar un local comercial alquilado como residencia, cuando ese destino resulta incompatible con lo pactado, puede dar lugar a la resolución del contrato y al desahucio del arrendatario. Así lo confirma la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en una sentencia que refuerza una idea clave: más allá de lo firmado, lo determinante es el uso efectivo del inmueble. Todo comienza con un contrato firmado en abril de 2022 cuyo objetivo era explotar un negocio de peluquería y estética. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a materializarse. Con el paso de los meses, el local no abrió al público y empezó a destinarse a otros fines.

La Comisión Europea ha reiterado que no tiene competencias para intervenir en los casos de impago de alquiler ni tampoco en la ejecución de desahucios en España, al tratarse de una cuestión de Derecho nacional, aunque ha instado a "buscar un equilibrio" entre propietarios e inquilinos, en respuesta a varias peticiones examinadas en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Bruselas ha insistido en que tanto la legislación en materia de arrendamiento como las medidas relacionadas con desahucios o contratos corresponden a las autoridades de cada miembro de la UE. Por tanto, cada país debe garantizar la protección de los propietarios y, en su caso, adoptar medidas a través de sus sistemas judiciales.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha deslizado que el decreto para paliar las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán no incluirá medidas como la prohibición de los desahucios a personas vulnerables ni la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente, ya que ambos asuntos no cuentan con suficiente apoyo en la Cámara. "Nosotros incorporaremos las medidas que cuenten con consenso", ha dicho Montero en los pasillos del Congreso al ser preguntada sobre si el decreto incluirá medidas de vivienda que están reclamando Sumar y otros socios de izquierda.

El Tribunal Supremo ha aclarado una duda que estaba generando cierta inseguridad en los procedimientos de desahucio por falta de pago: ¿puede exigirse al fiador que consigne las rentas adeudadas para poder recurrir? La respuesta es no, al menos cuando ese fiador no impugne el desahucio ni la resolución contractual, sino únicamente su responsabilidad como garante. Así, la sentencia del alto tribunal fija un criterio relevante sobre la aplicación del artículo 449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los procedimientos de desahucio con acumulación de reclamación de rentas frente a arrendatarios y fiadores.

El Gobierno estudia poner en marcha un paquete de medidas urgentes por la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio. Según han afirmado varios ministros, el Ejecutivo lo activará en caso de ser necesario para minimizar los efectos negativos que pudiera tener la guerra sobre ciudadanos y empresas, incluidos los transportistas y las grandes industrias. En 2022, con la guerra en Ucrania, el Gobierno rebajó el IVA al 0% en alimentos de primera necesidad (pan, leche, huevos, frutas) y lo redujo al 5% para aceites y pastas; congeló el precio de la bombona de butano, limitó las subidas de los alquileres y del precio del gas, además de descuentos en el transporte público, y ayudas al combustible para transportistas profesionales.

Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y el BNG han registrado un paquete de enmiendas a la Ley de Dependencia, que se encuentra en plena tramitación parlamentaria, con el contenido del decreto del llamado 'escudo social', como la moratoria antidesahucios y la prohibición de cortes de agua y luz a gente vulnerable, después de que el Congreso de los Diputados haya tumbado el decreto con los votos de PP, Vox y Junts y haya perdido sus efectos jurídicos. El objetivo de estas tres formaciones políticas es garantizar "su carácter estructural y evitar que desaparezcan".