Desahucios

Los propietarios se preparan para una nueva prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler de familias vulnerables, una medida que ya lleva cinco años en vigor. Según ha asegurado Laura Fernández, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), durante el Congreso Nacional de Vivienda celebrado en Madrid, actualmente "no hay visos" de que el Gobierno vaya a levantar la suspensión. De hecho, el partido Podemos ha anunciado esta semana que va a presentar una proposición no de ley a la Comisión de Vivienda para pedir al Gobierno que apueste por una prórroga permanente.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha acordado dejar en suspenso el desahucio y lanzamiento de un inquilino en situación de vulnerabilidad, en aplicación del Real Decreto-ley 1/2025, que extiende hasta el próximo 31 de diciembre las medidas excepcionales de protección frente a la pérdida de vivienda habitual. El tribunal entiende que, dada la condición de gran tenedora de la propietaria y la vulnerabilidad acreditada por el arrendatario, debe aplicarse la protección excepcional prevista para hogares sin alternativa habitacional. El fallo no impone costas y permite a la arrendadora solicitar una compensación.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado este martes que su formación exigirá al Gobierno prorrogar la prohibición de los desahucios y hacerla permanente, una medida que se instauró desde la pandemia y está vigente hasta el 31 de diciembre de este año.En una rueda de prensa en el

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento de Málaga en su intento de recuperar una vivienda pública ocupada sin título desde hace casi una década. La sentencia autoriza la entrada en el inmueble para ejecutar el desahucio, tras concluir que la ocupación no estaba amparada por ninguna causa de vulnerabilidad social.

La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado el desahucio por precario de una familia que residía en una vivienda municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sin contrato ni autorización. Los ocupantes alegaron vulnerabilidad económica y social para intentar frenar el lanzamiento, pero el tribunal concluyó que no demostraron esa situación ni aportaron la documentación requerida por los servicios sociales.

Sumar defenderá esta semana una proposición no de ley en el Congreso con la que pide al Gobierno incorporar al parque público de vivienda en régimen de alquiler aquellos hogares amenazados con desahucio. Para ello, propone reservar una partida presupuestaria específica y que la medida pueda articularse a través de la empresa estatal de vivienda. El socio minoritario del Ejecutivo también plantea en la iniciativa "explorar la posibilidad" de expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión.

El Tribunal Supremo ha frenado un desahucio que se inició por la devolución de un recibo de alquiler inflado con un consumo de agua veinte veces superior al habitual. El fallo introduce un matiz clave en los procesos de desahucio por impago de alquiler: cuando el arrendador actúa contra la buena fe contractual, el impago no puede utilizarse como causa automática de resolución del contrato.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha validado la decisión del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), dependiente del Ministerio de Defensa, de desahuciar a un hombre que llevaba décadas viviendo en una casa militar. La resolución, del 14 de mayo de 2025, aclara los límites del derecho de uso en este tipo de inmuebles, a la vez que pone el foco en un asunto sensible: ¿qué ocurre cuando los vínculos afectivos con una vivienda chocan con la letra fría de la ley?

Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña refuerza los derechos de los inquilinos frente a un cambio de propiedad por ejecución hipotecaria. El fallo desestima la demanda de desahucio presentada por la Sareb y valida un contrato de alquiler firmado en 2020, al amparo del Real Decreto-ley 7/2019, que garantiza hasta siete años de protección cuando el arrendador es una persona jurídica. La resolución lanza un mensaje claro: los contratos de arrendamiento válidos y firmados de buena fe deben ser respetados, incluso cuando el inmueble cambia de manos.

Desde comienzos de este año se está notando un notable incremento de los procedimientos judiciales de desahucio por expiración del plazo contractual. Este fenómeno afecta principalmente a los arrendamientos de vivienda que han alcanzado su duración máxima legal: cinco u ocho años cuando el arrendador es persona física, y siete o diez años si se trata de una persona jurídica, según si se encuentran en prórroga obligatoria o tácita. José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), recuerda que una parte significativa de estos incumplimientos contractuales no responde a situaciones de impago previas, sino a la imposibilidad de los inquilinos de encontrar alternativas habitacionales con rentas similares a las que venían abonando.

No siempre que una persona mayor vive en una vivienda pública tiene garantizado que podrá quedarse en ella si deja de pagar. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) en una sentencia donde establece que la edad avanzada no justifica, por sí sola, la paralización de un desahucio por impago. Para invocar esa protección reforzada, es necesario aportar pruebas que acrediten dependencia física o psíquica grave, discapacidad reconocida o fragilidad social (por ejemplo, aislamiento o falta de apoyo familiar). En este caso, no se presentó ningún informe médico ni certificado de dependencia que justificara una afectación de tal magnitud.

Recibir una orden de desahucio nunca es una buena noticia, pero si el contrato de alquiler ha finalizado y el inquilino no abandona la vivienda, el procedimiento judicial es inevitable. ¿Qué ocurre entonces si esa persona quiere recurrir la decisión y aún no ha abonado las rentas que debe? El Tribunal Supremo ha respondido a esta pregunta en un auto reciente, donde deja constancia de que no se puede recurrir sin antes haber pagado o consignado las cantidades pendientes, incluso cuando el arrendatario tenga reconocida la justicia gratuita.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado el desahucio de una familia en situación de vulnerabilidad, con dos menores a cargo, que ocupaba de forma ilegal una vivienda pública de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. La sentencia, fechada el pasado 28 de marzo, sostiene que la existencia de menores no impide automáticamente el desalojo cuando la Administración ha actuado de forma proporcionada y ha ofrecido medidas para mitigar las consecuencias del lanzamiento.

Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso proponiendo que las viviendas amenazadas con desahucio pasen a formar parte del parque público de viviendas para ofrecerlas en régimen de alquiler, así como "explorar la posibilidad" de expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión. Son dos propuestas que el grupo plurinacional ha incorporado a su proposición no de ley relativa al parque público de vivienda y que se debatirá en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana de la Cámara Baja. Otra de las cuestiones que plantea es derogar las socimis y prohibir la compra de viviendas a empresas y fondos.

Alquilar una vivienda tiene un riesgo que sobresale por encima del resto: que el arrendatario deje de pagar la cuota del arrendamiento.

Hoy entra en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que modifica la legislación procesal, pero también otra, de interés, en el ámbito inmobiliario. Se cambian, de una manera radical, las reglas del juego para quien quiera o necesite litigar por la vía civil. Carmen Giménez, abogada titular de G&G Abogados, señala cómo afecta, por ejemplo, a los desalojos de okupas, ya que cambiar el procedimiento judicial.

El pasado mes de enero entró en vigor la nueva Ley de medidas en materia de eficiencia al Servicio Público de Justicia que agiliza el proceso judicial en situaciones de okupación ilegal de inmuebles, ya que permite los juicios exprés. Pese a estas nuevas medidas, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid) denuncian que, “aunque este mecanismo legal significa un paso más, la solución aportada de la celebración de juicios exprés no va a resolver el problema de las ocupaciones ilegales de inmuebles”. Desde la institución reclaman más modificaciones legales, para que los trámites se transfieran de forma urgente, mediante la adopción de una medida cautelar de expulsión y antes de que transcurra el plazo de 72 horas desde la denuncia por parte del propietario.

El Congreso de los Diputados ha votado por una amplia mayoría de 315 votos a favor del decreto que aprueba la revalorización de las pensiones, la prórroga de los descuentos al transporte o la suspensión de los desahucios de alquiler de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional en el segundo intento del Gobierno de Pedro Sánchez de sacarlo adelante. PP y Junts, que votaron en contra hace menos de un mes, lo hacen ahora a favor con esta versión reducida del decreto, que ha excluido medidas fiscales y añade la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos.

El Constitucional ha decidido estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra varios artículos y una disposición transitoria de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, que modifica varias normativas para abordar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Ha anulado el punto referente al valor de una expropiación forzosa en caso de incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda. Recordamos que esta ley ya ha estado sobre la mesa de este tribunal, que meses después de su entrada en vigor declaró inconstitucional obligar a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a sus okupas antes de interponer un proceso judicial.

La nueva suspensión de los desahucios por impago del alquiler y la puesta en marcha de unos avales públicos para propietarios e inquilinos que ha incluido el Gobierno en el Real Decreto-ley 1/2025 no han sido bien recibidas por los expertos ni por los propietarios. Aseguran que estas medidas "son una sentencia de muerte" para quienes necesitan encontrar una vivienda de alquiler, que seguirán fomentando la inquiokupación y que agravan la inseguridad jurídica, lo que "amenaza la sostenibilidad del mercado de alquiler". También critican que "la política de vivienda se supedita a intereses políticos y electorales, y no al interés general".

El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó la semana pasada la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de las rentas a hogares vulnerables que había aprobado el último Consejo de Ministros de 2024. Sin embargo, diferentes expertos inmobiliarios y jurídicos creen que el Gobierno volverá a plantear la iniciativa para intentar paralizar de nuevo los procedimientos. En su opinión, el exceso de actividad legislativa genera incertidumbre entre arrendadores e inversores del mercado del alquiler, lo que acaba reduciendo la oferta de viviendas e impulsando los precios.

El Gobierno ha sufrido su primera gran derrota parlamentaria de 2025 en el primer día de actividad en la Cámara Baja. El Pleno del Congreso de los Diputados ha tumbado el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, más conocido como el decreto 'ómnibus', con los votos en contra de PP, Junts y Vox. El texto incluía la prórroga de los desahucios y lanzamientos por impago de las rentas para colectivos vulnerables durante todo 2025, la prohibición de cortar suministros básicos a familias con pocos recursos, la revalorización de las pensiones y del ingreso mínimo vital (IMV) y las ayudas al transporte público. La derogación tiene efectos inmediatos desde este 23 de enero.

El Gobierno ha vuelto a prorrogar un año más la suspensión de los desahucios y lanzamientos de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional, que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre de 2025, así como la posibilidad de que el propietario pida una compensación económica, cuyo plazo expira el 31 de enero de 2026. También se ha ampliado hasta finales del año que viene la prohibición de cortar los suministros de luz, agua y gas a los hogares vulnerables. Estas nuevas ampliaciones ya se han hecho efectivas, tras haber sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los destrozos o siniestros que ocurran en una vivienda en alquiler pueden determinar la devolución de la fianza por parte del arrendador al inquilino. Esta cantidad (de un mes en los contratos de arrendamiento de vivienda) está diseñada para poder hacer frente al coste de reparar los desperfectos que haya en la casa una vez ha finalizado el contrato, aunque muchas veces no es suficiente para cubrirlos. El propietario puede resolver el contrato por daños causados dolosamente o por obras no consentidas, tal y como establece la LAU.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley del Parlamento de Cataluña de marzo de 2022, que modifica tres normativas aprobadas entre 2007 y 2016, con el objetivo de afrontar la emergencia en el mercado de la vivienda. En concreto, ha declarado inconstitucionales y nulos varios artículos y la disposición transitoria. El más destacado es el que obliga a ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer demandas judiciales derivadas "de la reclamación de una deuda hipotecaria y a determinadas demandas de desahucio". La sentencia "sólo tendrá efectos pro-futuro", según el tribunal.