Viviendas de alquiler: ¿la opción de compra puede frenar un desahucio por falta de pago?

El Tribunal Supremo aclara que ejercer una opción de compra tras recibir una demanda no impide que el procedimiento siga adelante
¿Ejercer la opción de compra puede anular un proceso de desahucio en marcha?
¿Ejercer la opción de compra puede anular un proceso de desahucio en marcha? idealista

Un contrato de alquiler con opción de compra puede plantear serias dudas en determinados escenarios. Si el arrendatario deja de pagar la renta y, tras recibir una demanda de desahucio, decide ejercer su derecho, ¿frena esto la recuperación del inmueble?

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Estepona concluyó que no, acordando el desahucio. La Audiencia Provincial de Málaga, en cambio, entendió que la opción de compra planteaba una cuestión compleja que no podía resolverse dentro de ese procedimiento, por lo que revocó aquella primera resolución. El asunto llegó finalmente al Tribunal Supremo, a través de un recurso de casación.

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La opción de compra no impide el desahucio por falta de pago

En su Sentencia núm. 1039/2026, de 29 de junio, la Sala de lo Civil recuerda que el inquilino llevaba sin pagar desde diciembre de 2014 y que la demanda se presentó en diciembre de 2021. Cuando se inició el procedimiento, el contrato seguía vigente, existía un impago y el arrendatario aún no había ejercitado la opción de compra.

El alto tribunal considera que el posterior ejercicio de esta opción no puede impedir que continúe el desahucio. Además, el inquilino no discutió en ningún momento que hubiera dejado de pagar las rentas.

Esta última cuestión es determinante si tenemos en cuenta que el artículo 444.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil limita la oposición en este tipo de desahucios al pago de las cantidades reclamadas y a las circunstancias relativas a la enervación.

El desahucio no resuelve la validez de la opción de compra

En cualquier caso, la sentencia no declara que la opción de compra haya quedado extinguida ni resuelve si el arrendatario tiene o no derecho a adquirir la vivienda. La validez, el ejercicio de esta opción y sus efectos pueden discutirse en el procedimiento declarativo que inició el inquilino, en el que pueden analizarse con mayor amplitud las cuestiones contractuales.

Es decir, el Supremo no impide que reclame su derecho a comprar la vivienda; lo que establece es que esa controversia no puede impedir que el juicio de desahucio se tramite y termine, en su caso, con una sentencia estimatoria para el arrendador.

El Tribunal Supremo delimita el alcance del juicio de desahucio

Por todo lo expuesto, la Sala considera que cuando se presentó la demanda la empresa arrendadora ya estaba facultada para ejercitar la acción de desahucio por falta de pago y que la posterior opción de compra no puede obstaculizar la tramitación de ese procedimiento.

También rechaza la tesis de la Audiencia de Málaga, advirtiendo que admitir cualquier alegación de complejidad en este tipo de juicios neutralizaría de forma indebida la facultad de recuperar la posesión del inmueble de forma ágil.

Además, el alto tribunal recalca que permitir al inquilino frenar el desahucio mediante el ejercicio de la opción de compra tras haber sido demandado dejaría el cumplimiento del contrato bajo su exclusivo arbitrio, vulnerando el artículo 1256 del Código Civil.

No obstante, que el desahucio pueda continuar no significa que la controversia sobre la opción de compra pierda relevancia. El propio Supremo advierte que una eventual resolución favorable al arrendatario en el procedimiento sobre la compraventa podría tener consecuencias sobre la situación jurídica creada tras el desahucio.

De esta forma, el alto tribunal revoca la decisión de la Audiencia Provincial y confirma el desahucio, no resolviendo si el inquilino tenía o no derecho a comprar la vivienda, sino delimitando qué puede discutirse dentro de un juicio de desahucio y qué cuestiones deben plantearse fuera de él.

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