Sentencia Tribunal Supremo

Los arquitectos son los únicos técnicos habilitados para redactar un proyecto de cambio de uso de local a vivienda en edificios cuyo uso es comercial o industrial. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en la sentencia nº 700/2026, de 4 de junio con base en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). El fallo no cierra el debate que existe en el sector, ya que los arquitectos técnicos lo consideran una restricción injustificada y defienden que no es análoga a otros casos. Es decir, que no establece una prohibición general para los aparejadores.

El registro único de arrendamientos de corta duración que tumbó el Tribunal Supremo a finales de mayo tuvo un coste de 496 millones de euros para los propietarios de los inmuebles que tuvieron que hacer frente a un trámite que, en muchos casos, no consiguieron superar. La presidenta de Fevitur anuncia reclamaciones patrimoniales por los "daños" causados por esta medida y cifra en 33.000 euros de media las pérdidas por propietario afectado, no solo por las tasas que tuvieron que pagar a los registradores, también por el lucro cesante y otras incidencias.

Los juristas consultados recuerdan que esta sentencia del Supremo afecta a los casos de okupación ilegal y no a la inquiokupación. Recomiendan seguir una serie de protocolos para estar cubiertos legalmente antes de dar de baja los servicios de luz, agua o gas, como comunicar la fecha en la que se va a cortar los suministros. Además, advierten del riesgo de que las empresas suministradoras metan al propietarios en una lista de morosos si dejan de pagar las cuotas mensuales.

¿Puede un propietario dejar de pagar los suministros o darlos de baja cuando otra persona ocupa su inmueble? Es una de las dudas más habituales y, hasta ahora, la respuesta no era del todo uniforme. Y es que las Audiencias Provinciales habían mantenido criterios dispares, pero el Tribunal Supremo ha fijado un criterio que servirá de referencia en los próximos años: cuando quien ocupa una vivienda carece de un título que legitime su permanencia, la baja o la interrupción de los suministros no constituirá, por regla general, un delito de coacciones.

Comprar una vivienda a un hijo puede parecer una ayuda familiar más. Sin embargo, cuando llega el momento de repartir la herencia, esa decisión puede convertirse en un conflicto entre hermanos. ¿Debe tenerse en cuenta al hacer la partición? Y, sobre todo, ¿qué fue realmente lo donado: el dinero para adquirir el bien o el propio inmueble? El Tribunal Supremo ha respondido a estas preguntas en una sentencia que fija un criterio con consecuencias para muchas familias. En este caso, la donación recayó sobre el dinero empleado para adquirir la propiedad y no sobre los propios inmuebles, ya que nunca llegaron a formar parte del patrimonio de los padres.

Una herencia puede complicarse cuando uno de los llamados a suceder fallece sin haberla aceptado ni repudiado. Ese escenario, frecuente cuando se encadenan varias defunciones en una misma familia, es el que ha llevado al Tribunal Supremo a revisar uno de los criterios más debatidos del derecho de sucesiones en los últimos años. La Sala Primera ha dado un giro en su sentencia abandonando la doctrina fijada en 2013 sobre la llamada teoría de la adquisición directa y volviendo a la interpretación tradicional, conocida como teoría de la doble transmisión.

Instalar una casa prefabricada es una opción cada vez más habitual. Sin embargo, cuando se llevan a cabo actuaciones incompatibles con la normativa urbanística, las consecuencias pueden ir más allá del ámbito administrativo y alcanzar la vía penal. Así lo recuerda el Tribunal Supremo en una sentencia donde confirma un delito contra la ordenación del territorio tras la venta de varios terrenos en suelo no urbanizable que terminaron utilizándose para viviendas prefabricadas.

Las reclamaciones por cláusulas abusivas siguen acumulando varapalos judiciales para la banca. Esta vez llega desde el Tribunal Supremo, que ha condenado a devolver los gastos hipotecarios y la comisión de apertura de un préstamo firmado hace más de 25 años. La sentencia analiza una hipoteca suscrita en 1999 con Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, que años después pasó a integrarse en Bankia y posteriormente en CaixaBank.

Tras estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Generalitat Valenciana, el Alto Tribunal ahora hace lo propio con otro escrito similar del Gobierno de la Región de Murcia y vuelve a declara la nulidad de los preceptos del Real Decreto de 23 de diciembre de 2024, mediante el cual el Ejecutivo creaba la Ventanilla Única Digital de arrendamiento de alojamientos de corta duración.

El Tribunal Supremo vuelve a marcar el terreno de juego en una cuestión clave para el mercado inmobiliario: quién puede reclamar al banco la devolución de las cantidades entregadas a cuenta cuando una promoción no llega a construirse. En una sentencia concluye que no basta con comprar una vivienda sobre plano para activar el régimen de protección de las cantidades anticipadas si la operación respondía a una finalidad inversora y no a un fin residencial. El caso gira en torno a una promoción fallida en Campos del Río (Murcia). Tras la insolvencia de la promotora, los compradores dirigieron sus reclamaciones a Caixabank, en su condición de avalista de la promoción.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre uno de los grandes focos de conflicto en las comunidades de propietarios: el uso turístico de las viviendas. En su sentencia respalda el cese de la actividad cuando los estatutos contienen una prohibición expresa de destinar los inmuebles a hospedería. No obstante, la sentencia no significa que cualquier comunidad pueda impedir de forma automática el alquiler turístico. El Tribunal Supremo recuerda que estas limitaciones deben constar de forma expresa en los estatutos. La mera descripción del edificio como residencial no basta, por sí sola, para prohibir esta actividad.

El Tribunal Supremo ha despejado la incógnita: el devengo del Impuesto sobre Sucesiones se sigue produciendo el día del fallecimiento del causante, aunque el testamento se protocolice meses (o incluso años) más tarde. Solo cuando exista un litigio o procedimiento que afecte al derecho a heredar podrían operar las reglas de suspensión. La decisión no es menor, ya que de ella depende el plazo para presentar la autoliquidación y, sobre todo, el cómputo de la prescripción.

Una convivencia estable durante más de 20 años, hijos en común y una vivienda compartida no garantiza el acceso a la pensión de viudedad. Es lo que dispone una Sentencia del Tribunal Supremo que vuelve a poner el foco en un requisito en el que muchas parejas no reparan. El alto tribunal ha dado la razón al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y a la Tesorería General (TGSS), denegando la prestación a una mujer que no llegó a formalizar su relación, reforzando una doctrina que, lejos de flexibilizarse, se consolida como una de las más estrictas en materia de protección social.

El valor de referencia de Catastro, tras haber sido declarado constitucional el pasado mes de febrero, ha venido para quedarse. Y nos guste o no, es la forma de determinar la base imponible de impuestos tan importantes en el ámbito inmobiliario como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el de Sucesiones y Donaciones (ISyD). José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que cuando el valor resulte excesivo y desproporcionado, el contribuyente podrá atacarlo con un informe pericial hecho por un arquitecto. Ahora el Supremo tiene sobre la mesa decidir qué prueba hay que aportar en dicho informe pericial para hacer frente al valor de referencia.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha pedido a las comunidades autónomas que sigan el ejemplo de los registradores de la propiedad y agilicen las comprobaciones sobre los alquileres de temporada después de la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el registro único de arrendamientos de

El Tribunal Supremo vuelve a poner límites a la desheredación por falta de relación familiar, una cuestión cada vez más frecuente en los conflictos hereditarios. En una sentencia, dictada el pasado 7 de abril, deja claro que el distanciamiento entre padres e hijos, por sí solo, no basta para privarles de su derecho a la legítima. Según el alto tribunal, es necesario analizar si ese alejamiento constituye un verdadero maltrato psicológico imputable al heredero o responde a una dinámica familiar más compleja. Por tanto, es preciso acreditar una conducta grave, continuada e injustificada, imputable exclusivamente al heredero, que además haya generado un perjuicio psicológico real en el causante.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha vuelto a poner el foco en una de las figuras más utilizadas y a la vez más discutidas del mercado inmobiliario: las arras en los contratos de reserva de vivienda sobre plano. Existen dos tipos de arras que se distinguen por el alcance de la responsabilidad: las penitenciales, con una penalización limitada a la señal; y las penales, donde se pueden reclamar daños adicionales. En este caso, la promotora desistió de acabar las viviendas, y los compradores exigían indemnizaciones superiores a la señal entregada, pese a que el acuerdo se firmó en régimen de las arras penitenciales, previsto en el artículo 1454 del Código Civil.

Durante años, miles de compradores de vivienda sobre plano se han hecho la misma pregunta: ¿qué pasa con el dinero adelantado si la promoción nunca llega a construirse? En una sentencia reciente, el Tribunal Supremo ha dado respuesta y refuerza una idea clave: el banco puede verse obligado a devolver las cantidades anticipadas cuando, por las circunstancias del ingreso, podía identificar razonablemente su carácter y aun así no actuó con la diligencia debida. Según el alto tribunal, la responsabilidad de la entidad no es automática, pero tampoco es un simple intermediario, sino que tiene un deber de control.

Una de las dudas más frecuentes cuando una pareja se divorcia es qué ocurre con una vivienda cuando uno de los cónyuges la compró antes de casarse, pero siguió pagándola durante el matrimonio. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse al respecto y su decisión es relevante para miles de parejas que adquirieron un inmueble en soltería y terminaron utilizándolo como domicilio familiar. El alto tribunal ha dictaminado que no todo lo que se paga durante el matrimonio se considera automáticamente dinero común. Para determinar qué parte es ganancial, es imprescindible analizar el origen y la titularidad real de los fondos utilizados.

¿Puede una comunidad decidir que algunos propietarios no paguen el ascensor y que el resto asuma el coste? El Tribunal Supremo acaba de despejar esta duda en una sentencia que refuerza una idea cada vez más consolidada: este tipo de instalaciones permiten cierta flexibilidad en el reparto de gastos si están directamente vinculados a la obra, aun cuando suponga que ciertos vecinos paguen más que otros. El caso parte de un edificio situado en Pamplona, donde la junta acordó exonerar del pago a tres propietarios cuyos trasteros debían ser ocupados para instalar el elevador, al ser la única alternativa técnica viable. Sin embargo, otros copropietarios impugnaron el acuerdo al considerar injusto tener que asumir el sobrecoste derivado de esas exenciones.

Cambiar de dueño no significa empezar de cero. En muchos sectores, los traspasos y relevos empresariales son habituales, y la ley impone ciertos límites cuando detrás hay trabajadores. Así lo ha recordado el Tribunal Supremo en una sentencia reciente, donde dictamina que cambiar de jefe no convierte al trabajador en principiante. Si la actividad continúa con normalidad, no puede imponerse un nuevo periodo de prueba. Por tanto, quien pasa a dirigir el negocio quedará subrogado en las relaciones laborales existentes y no podrá tratarlas como si comenzaran de cero.

El Tribunal Supremo vuelve a marcar los límites en materia de propiedad horizontal, confirmando que una propietaria deberá reconstruir un muro trasero (integrante de la fachada y del cerramiento del edificio) que demolió sin permiso para unir sus locales con una nave colindante. La sentencia aclara hasta dónde llega la flexibilidad permitida en las obras de este tipo de inmuebles y cuándo entra en juego la obligación de contar con el visto bueno de la comunidad, poniendo el foco en tres cuestiones clave: los elementos comunes, la configuración del edificio y la conexión entre fincas de distintas comunidades.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre uno de los conflictos más habituales en edificios residenciales: el uso de salidas de humos en locales de hostelería. En una sentencia de enero, el alto tribunal declara la nulidad del acuerdo de una comunidad de propietarios que pretendía obligar a un establecimiento a desmontar una chimenea instalada décadas atrás. La clave no se encuentra tanto en la instalación como en la conducta previa de los vecinos, que durante años toleraron su uso y conocían el proyecto de reforma del local para destinarlo a restaurante. Cuando finalmente decidieron prohibirlo, las obras ya habían concluido y la inversión estaba realizada.

El Tribunal Supremo ha aclarado una duda que estaba generando cierta inseguridad en los procedimientos de desahucio por falta de pago: ¿puede exigirse al fiador que consigne las rentas adeudadas para poder recurrir? La respuesta es no, al menos cuando ese fiador no impugne el desahucio ni la resolución contractual, sino únicamente su responsabilidad como garante. Así, la sentencia del alto tribunal fija un criterio relevante sobre la aplicación del artículo 449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los procedimientos de desahucio con acumulación de reclamación de rentas frente a arrendatarios y fiadores.

Tener licencia del Ayuntamiento no siempre es el salvoconducto definitivo para llenar de mesas y sillas un patio o un soportal. El Tribunal Supremo lo reafirma en una sentencia donde confirma que la autorización municipal no atribuye por sí sola un título que legitime la ocupación de elementos comunes. Que el Ayuntamiento autorice una actividad no significa que quede alterado el régimen de propiedad del espacio. Si la zona afectada es un elemento común, su utilización queda sujeta a lo previsto en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y a los acuerdos válidamente adoptados por la junta.