Sentencia Tribunal Supremo

Una empresa puede cobrar rentas y asumir la posición de arrendadora sin responder, solo por eso, de las cuotas de la comunidad. El Tribunal Supremo ha aclarado que la obligación que la Ley de Propiedad Horizontal atribuye al propietario no se traslada por el mero hecho de gestionar alquileres. El conflicto resuelto por el alto tribunal se inició con una reclamación de más de 10.000 euros por cuotas impagadas dirigida contra la empresa propietaria de dos viviendas y la cesionaria de los derechos arrendaticios

Una sentencia firme no significa que cualquier problema relacionado con un edificio quede cerrado definitivamente. La clave está en determinar qué daños fueron objeto del primer procedimiento y cuáles aparecieron más tarde. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre esta cuestión en una sentencia donde analiza si pueden reclamarse los costes de unas obras ejecutadas para reparar unos desperfectos que aparecieron después de que una primera sentencia ordenase la reparación de otros defectos constructivos.

¿Puedes reclamar a tu expareja la parte de la hipoteca o del IBI que pagaste de más durante el matrimonio? En determinadas circunstancias, sí, pero hay una cuestión que a menudo resulta determinante: cuándo empieza a contar el plazo de prescripción. El Tribunal Supremo acaba de precisarlo en su Sentencia núm. 458/2025, de 24 de marzo, donde establece que el cómputo de los cinco años para reclamar el reembolso no tiene por qué comenzar con cada recibo.

Una empresa no puede reducir unilateralmente el porcentaje de teletrabajo pactado en un acuerdo individual. Si, por ejemplo, tiene reconocido el 100% de su jornada en remoto, la compañía no puede reducirlo al 75% sin antes pactarlo con el empleado. Así lo establece el Tribunal Supremo, que en una sentencia reciente determina que el consentimiento del trabajador se vuelve indispensable para modificar las condiciones. También defiende que el plazo para impugnar comienza una vez que la empresa comunica los cambios de forma escrita y clara.

Una vivienda prestada “mientras haga falta” no garantiza a quien la habita que pueda quedarse indefinidamente. Es la idea que refuerza una sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a la propietaria y avala el desahucio por precario de una ocupante que residía en su inmueble sin pagar ninguna renta y sin una duración determinada. La resolución se centra en las consecuencias de una cesión gratuita cuya duración no quedó fijada de forma concreta

Dos recientes sentencias del Tribunal Supremo han establecido criterios relevantes sobre las cláusulas de intereses de las hipotecas inversas, en las que la entidad financiera adelanta al propietario una cantidad de dinero utilizando su vivienda como garantía. Así, el propietario o sus herederos pueden recuperar el inmueble si pagan el capital prestado más intereses, pero es obligatorio explicar con claridad que esos intereses pueden generar, a su vez, nuevos intereses acumulados, para superar el control de transparencia. El Supremo ha declarado nula por abusiva la cláusula que fijaba el interés retributivo y establece que el contrato podía subsistir sin dicha cláusula.

¿Quién responde por un incendio en una vivienda alquilada que provoca daños en el resto del edificio? Aunque se suele dar por hecho que el seguro del hogar cubrirá cualquier reclamación, el Tribunal Supremo acaba de recordar que no siempre es así. En una sentencia reciente aclara una cuestión que suele generar conflictos entre propietarios, inquilinos y aseguradoras: la cobertura de responsabilidad civil (RC) no se extiende al arrendatario por el mero hecho de que el siniestro se produzca en la vivienda.

¿Qué ocurre con la vivienda familiar cuando los hijos dejan de ser menores? Es una de las preguntas más frecuentes tras un divorcio. El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre esta cuestión en una sentencia que consolida la interpretación del artículo 96 del Código Civil tras la reforma introducida por la Ley 8/2021. La resolución aclara que el derecho de uso para proteger a los hijos no puede mantenerse de forma indefinida cuando alcanzan la mayoría de edad por el mero hecho de seguir conviviendo con uno de sus progenitores. Recuerda que la mayoría de edad pone fin, por regla general, al uso de la vivienda familiar y rechaza que el uso dependa de la liquidación de la sociedad de gananciales.

Los arquitectos son los únicos técnicos habilitados para redactar un proyecto de cambio de uso de local a vivienda en edificios cuyo uso es comercial o industrial. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en la sentencia nº 700/2026, de 4 de junio con base en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). El fallo no cierra el debate que existe en el sector, ya que los arquitectos técnicos lo consideran una restricción injustificada y defienden que no es análoga a otros casos. Es decir, que no establece una prohibición general para los aparejadores.

El registro único de arrendamientos de corta duración que tumbó el Tribunal Supremo a finales de mayo tuvo un coste de 496 millones de euros para los propietarios de los inmuebles que tuvieron que hacer frente a un trámite que, en muchos casos, no consiguieron superar. La presidenta de Fevitur anuncia reclamaciones patrimoniales por los "daños" causados por esta medida y cifra en 33.000 euros de media las pérdidas por propietario afectado, no solo por las tasas que tuvieron que pagar a los registradores, también por el lucro cesante y otras incidencias.

Los juristas consultados recuerdan que esta sentencia del Supremo afecta a los casos de okupación ilegal y no a la inquiokupación. Recomiendan seguir una serie de protocolos para estar cubiertos legalmente antes de dar de baja los servicios de luz, agua o gas, como comunicar la fecha en la que se va a cortar los suministros. Además, advierten del riesgo de que las empresas suministradoras metan al propietarios en una lista de morosos si dejan de pagar las cuotas mensuales.

¿Puede un propietario dejar de pagar los suministros o darlos de baja cuando otra persona ocupa su inmueble? Es una de las dudas más habituales y, hasta ahora, la respuesta no era del todo uniforme. Y es que las Audiencias Provinciales habían mantenido criterios dispares, pero el Tribunal Supremo ha fijado un criterio que servirá de referencia en los próximos años: cuando quien ocupa una vivienda carece de un título que legitime su permanencia, la baja o la interrupción de los suministros no constituirá, por regla general, un delito de coacciones.

Comprar una vivienda a un hijo puede parecer una ayuda familiar más. Sin embargo, cuando llega el momento de repartir la herencia, esa decisión puede convertirse en un conflicto entre hermanos. ¿Debe tenerse en cuenta al hacer la partición? Y, sobre todo, ¿qué fue realmente lo donado: el dinero para adquirir el bien o el propio inmueble? El Tribunal Supremo ha respondido a estas preguntas en una sentencia que fija un criterio con consecuencias para muchas familias. En este caso, la donación recayó sobre el dinero empleado para adquirir la propiedad y no sobre los propios inmuebles, ya que nunca llegaron a formar parte del patrimonio de los padres.

Una herencia puede complicarse cuando uno de los llamados a suceder fallece sin haberla aceptado ni repudiado. Ese escenario, frecuente cuando se encadenan varias defunciones en una misma familia, es el que ha llevado al Tribunal Supremo a revisar uno de los criterios más debatidos del derecho de sucesiones en los últimos años. La Sala Primera ha dado un giro en su sentencia abandonando la doctrina fijada en 2013 sobre la llamada teoría de la adquisición directa y volviendo a la interpretación tradicional, conocida como teoría de la doble transmisión.

Instalar una casa prefabricada es una opción cada vez más habitual. Sin embargo, cuando se llevan a cabo actuaciones incompatibles con la normativa urbanística, las consecuencias pueden ir más allá del ámbito administrativo y alcanzar la vía penal. Así lo recuerda el Tribunal Supremo en una sentencia donde confirma un delito contra la ordenación del territorio tras la venta de varios terrenos en suelo no urbanizable que terminaron utilizándose para viviendas prefabricadas.

Las reclamaciones por cláusulas abusivas siguen acumulando varapalos judiciales para la banca. Esta vez llega desde el Tribunal Supremo, que ha condenado a devolver los gastos hipotecarios y la comisión de apertura de un préstamo firmado hace más de 25 años. La sentencia analiza una hipoteca suscrita en 1999 con Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, que años después pasó a integrarse en Bankia y posteriormente en CaixaBank.

Tras estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Generalitat Valenciana, el Alto Tribunal ahora hace lo propio con otro escrito similar del Gobierno de la Región de Murcia y vuelve a declara la nulidad de los preceptos del Real Decreto de 23 de diciembre de 2024, mediante el cual el Ejecutivo creaba la Ventanilla Única Digital de arrendamiento de alojamientos de corta duración.

El Tribunal Supremo vuelve a marcar el terreno de juego en una cuestión clave para el mercado inmobiliario: quién puede reclamar al banco la devolución de las cantidades entregadas a cuenta cuando una promoción no llega a construirse. En una sentencia concluye que no basta con comprar una vivienda sobre plano para activar el régimen de protección de las cantidades anticipadas si la operación respondía a una finalidad inversora y no a un fin residencial. El caso gira en torno a una promoción fallida en Campos del Río (Murcia). Tras la insolvencia de la promotora, los compradores dirigieron sus reclamaciones a Caixabank, en su condición de avalista de la promoción.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre uno de los grandes focos de conflicto en las comunidades de propietarios: el uso turístico de las viviendas. En su sentencia respalda el cese de la actividad cuando los estatutos contienen una prohibición expresa de destinar los inmuebles a hospedería. No obstante, la sentencia no significa que cualquier comunidad pueda impedir de forma automática el alquiler turístico. El Tribunal Supremo recuerda que estas limitaciones deben constar de forma expresa en los estatutos. La mera descripción del edificio como residencial no basta, por sí sola, para prohibir esta actividad.

El Tribunal Supremo ha despejado la incógnita: el devengo del Impuesto sobre Sucesiones se sigue produciendo el día del fallecimiento del causante, aunque el testamento se protocolice meses (o incluso años) más tarde. Solo cuando exista un litigio o procedimiento que afecte al derecho a heredar podrían operar las reglas de suspensión. La decisión no es menor, ya que de ella depende el plazo para presentar la autoliquidación y, sobre todo, el cómputo de la prescripción.

Una convivencia estable durante más de 20 años, hijos en común y una vivienda compartida no garantiza el acceso a la pensión de viudedad. Es lo que dispone una Sentencia del Tribunal Supremo que vuelve a poner el foco en un requisito en el que muchas parejas no reparan. El alto tribunal ha dado la razón al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y a la Tesorería General (TGSS), denegando la prestación a una mujer que no llegó a formalizar su relación, reforzando una doctrina que, lejos de flexibilizarse, se consolida como una de las más estrictas en materia de protección social.

El valor de referencia de Catastro, tras haber sido declarado constitucional el pasado mes de febrero, ha venido para quedarse. Y nos guste o no, es la forma de determinar la base imponible de impuestos tan importantes en el ámbito inmobiliario como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el de Sucesiones y Donaciones (ISyD). José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que cuando el valor resulte excesivo y desproporcionado, el contribuyente podrá atacarlo con un informe pericial hecho por un arquitecto. Ahora el Supremo tiene sobre la mesa decidir qué prueba hay que aportar en dicho informe pericial para hacer frente al valor de referencia.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha pedido a las comunidades autónomas que sigan el ejemplo de los registradores de la propiedad y agilicen las comprobaciones sobre los alquileres de temporada después de la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el registro único de arrendamientos de

El Tribunal Supremo vuelve a poner límites a la desheredación por falta de relación familiar, una cuestión cada vez más frecuente en los conflictos hereditarios. En una sentencia, dictada el pasado 7 de abril, deja claro que el distanciamiento entre padres e hijos, por sí solo, no basta para privarles de su derecho a la legítima. Según el alto tribunal, es necesario analizar si ese alejamiento constituye un verdadero maltrato psicológico imputable al heredero o responde a una dinámica familiar más compleja. Por tanto, es preciso acreditar una conducta grave, continuada e injustificada, imputable exclusivamente al heredero, que además haya generado un perjuicio psicológico real en el causante.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha vuelto a poner el foco en una de las figuras más utilizadas y a la vez más discutidas del mercado inmobiliario: las arras en los contratos de reserva de vivienda sobre plano. Existen dos tipos de arras que se distinguen por el alcance de la responsabilidad: las penitenciales, con una penalización limitada a la señal; y las penales, donde se pueden reclamar daños adicionales. En este caso, la promotora desistió de acabar las viviendas, y los compradores exigían indemnizaciones superiores a la señal entregada, pese a que el acuerdo se firmó en régimen de las arras penitenciales, previsto en el artículo 1454 del Código Civil.