La firma del contrato suele acaparar toda la atención cuando se alquila una vivienda. Sin embargo, muchos de los conflictos más importantes no surgen hasta el momento de devolver las llaves. Es entonces cuando aparecen muchas de las discrepancias que acaban en los tribunales. ¿Quién debe pagar los desperfectos? La Audiencia de Barcelona explica qué debe acreditar cada parte y por qué las fotografías o el inventario pueden ser decisivos.

Que un contrato de alquiler diga que el inquilino asumirá los gastos de comunidad no siempre significa que el propietario pueda reclamárselos. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) exige que este documento indique su importe anual en el momento de la firma. De no cumplirse este requisito, el pacto puede ser ineficaz y el arrendador no podrá repercutir esos gastos, tal y como recuerda la Audiencia Provincial de Baleares en una sentencia. El contrato debe concretar el importe anual y que la actualización no puede aplicarse con efectos retroactivos.

Enviar un burofax comunicando al inquilino que debe abandonar la vivienda porque el propietario o un familiar cercano la necesitan puede no ser suficiente para recuperarla. Así lo entiende la Audiencia Provincial de Navarra en una sentencia donde interpreta el alcance del nuevo requisito de procedibilidad introducido por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Concluye que una simple comunicación no es suficiente si el inquilino se opone y no se acredita un intento de negociación antes de demandar

¿Puede un casero subir el alquiler automáticamente si el contrato lo permite? Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid acaba de aclarar que, sin notificar previamente al inquilino, la actualización de la renta no puede ser exigida. Y es que no basta con que el contrato incluya una cláusula de revisión: el arrendador debe activar ese mecanismo cumpliendo con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La renta actualizada solo puede exigirse desde el mes siguiente a su comunicación, de modo que el arrendador no puede reclamar con efectos retroactivos las correspondientes a periodos en los que no notificó la subida conforme a la ley.

¿Qué ocurre con la vivienda familiar cuando los hijos dejan de ser menores? Es una de las preguntas más frecuentes tras un divorcio. El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre esta cuestión en una sentencia que consolida la interpretación del artículo 96 del Código Civil tras la reforma introducida por la Ley 8/2021. La resolución aclara que el derecho de uso para proteger a los hijos no puede mantenerse de forma indefinida cuando alcanzan la mayoría de edad por el mero hecho de seguir conviviendo con uno de sus progenitores. Recuerda que la mayoría de edad pone fin, por regla general, al uso de la vivienda familiar y rechaza que el uso dependa de la liquidación de la sociedad de gananciales.

¿Se pueden instalar cámaras en las zonas comunes de un piso alquilado por habitaciones si los inquilinos han firmado una cláusula aceptándolas? La Agencia Española de Protección de Datos responde a esta cuestión imponiendo una multa de 6.000 euros a un propietario, considerando que su inclusión en el contrato de arrendamiento no basta para legitimar el tratamiento de las imágenes. La reclamante sostuvo, además, que las personas que accedían a la grabación no eran las mismas que figuraban como arrendadoras.

Presentar un contrato falso en un juicio puede terminar con una condena penal. Así lo recuerda una sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que ha impuesto un año de prisión y seis meses de multa a un arrendatario por utilizar dos documentos con firmas falsificadas en un procedimiento judicial para mantener la posesión de varias fincas rústicas. Además, el condenado tendrá que indemnizar a los herederos con más de 17.000 euros.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado qué gastos puede deducir el propietario de una vivienda que permanece vacía entre dos contratos de alquiler. La entidad distingue entre los de reparación y conservación, siempre que se cumplan determinados requisitos, y otros gastos de carácter anual, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuya deducción solo procede en proporción al tiempo en que el inmueble ha estado efectivamente arrendado. Con carácter general, los ingresos obtenidos por arrendar una vivienda tributan en el IRPF como rendimientos del capital inmobiliario.

La Dirección General de Tributos aclara que los ayuntamientos no pueden ignorar el precio escriturado para calcular la plusvalía municipal y aplicar automáticamente el valor de referencia del Catastro. Aunque este dato puede utilizarse como instrumento de comprobación -al amparo del artículo 57 de la Ley General Tributaria-, no tiene eficacia directa sobre este impuesto. Para apartarse del importe declarado por el contribuyente, el consistorio deberá abrir un procedimiento de comprobación de valores, motivarlo y resolverlo conforme a la normativa tributaria.

Fumar dentro de una vivienda alquilada no obliga, por sí solo, al arrendatario a asumir el coste de la pintura, la limpieza o la sustitución del mobiliario cuando termina el contrato.