Recuperar la fianza del alquiler sigue siendo uno de los principales focos de conflicto entre propietarios e inquilinos, especialmente en aquellos supuestos en los que el arrendador atribuye los daños a la convivencia con animales domésticos. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona vuelve a poner el acento en una cuestión clave: el arrendador no puede retener la fianza ni reclamar daños (ni siquiera cuando se invoca la presencia de mascotas) si no demuestra, con pruebas sólidas, que los desperfectos existen, que estaban presentes en el momento en que el inquilino devolvió la vivienda y que, además, son imputables al inquilino de forma directa.

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre los límites de la prórroga forzosa en los alquileres antiguos y sobre cuándo el propietario puede solicitar la resolución del contrato de arrendamiento. En una sentencia dictada el pasado diciembre, el alto tribunal analiza un contrato firmado en 1982 y concluye que el propietario puede recuperar la vivienda cuando logra acreditar que el inquilino no la utiliza de forma efectiva como residencia habitual y que la vivienda ha perdido la función de hogar que justifica la prórroga forzosa. El fallo interesa a propietarios e inquilinos con contratos anteriores al 9 de mayo de 1985.

¿Qué ocurre cuando un propietario reclama muebles tras finalizar un alquiler, pero el contrato no incluía elementos probatorios suficientes? La Audiencia Provincial de Barcelona lo ha aclarado: sin pruebas objetivas que acrediten la inclusión de los bienes en el arrendamiento, la reclamación carece de viabilidad. Así lo establece una resolución que vuelve a poner el foco en uno de los grandes olvidados de los contratos de alquiler: el inventario. La sentencia, dictada el pasado octubre, delimita con precisión cuándo puede exigirse responsabilidad por la desaparición de bienes en la vivienda.

El fallecimiento del inquilino no implica automáticamente que sus familiares puedan seguir en la vivienda, ni siquiera cuando continúan pagando puntualmente el alquiler. Así lo ha recordado el Tribunal Supremo en una resolución que vuelve a poner el foco en un aspecto clave de los arrendamientos urbanos: la comunicación al propietario. En una sentencia dictada el pasado octubre, el alto tribunal marca una línea nítida sobre cuándo procede la extinción del contrato, un escenario más habitual de lo que parece, especialmente en los vinculados a la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos.

El reparto de gastos en comunidades con garajes y trasteros vuelve a situarse en el centro del debate jurídico. El Tribunal Supremo ha zanjado una controversia al confirmar que los propietarios de trasteros no están obligados a asumir los gastos propios del garaje si no tienen reconocido el derecho de uso sobre las zonas que generan dichos costes, según resulte del título constitutivo y de la reglamentación interna de la comunidad. Esta es la conclusión se recoge el alto tribunal en una sentencia de finales de noviembre, que desestima el recurso presentado por varios titulares de plazas de garaje contra su comunidad.

Que una vivienda esté inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de un hijo no siempre significa que sea realmente suya. Así lo ha declarado la Audiencia Provincial de Murcia al apreciar la existencia de un negocio fiduciario, en virtud del cual únicamente el hijo figuraba como titular formal del inmueble, mientras que la titularidad real correspondía a los padres. Según la sentencia, cuando se acredita esta situación, la vivienda puede integrarse en el caudal hereditario, pese a figurar inscrita a nombre de un descendiente.

El plazo para reclamar las cuotas de una comunidad de propietarios es de cinco años, aun cuando dichas deudas se devengaron con anterioridad a la reforma del Código Civil introducida por la Ley 42/2015, siempre que no haya existido ninguna actuación válida de interrupción de la prescripción. Así lo recoge el Tribunal Supremo en su sentencia de finales de noviembre en el marco de una comunidad en régimen de aprovechamiento por turnos, que consolida la línea jurisprudencial. La decisión resulta especialmente relevante en un contexto en el que muchas comunidades acumulan impagos durante largos periodos antes de iniciar acciones legales, marcando con claridad hasta dónde puede llegar la reclamación.

¿Puede una comunidad de propietarios apropiarse de un espacio que durante décadas ha formado parte de un local comercial? La Audiencia Provincial de Cantabria acaba de pronunciarse sobre una cuestión tan habitual como controvertida en muchos edificios: la titularidad del hueco bajo la escalera cuando este se encuentra integrado en un local de la planta baja. Concluye que estos espacios no son automáticamente elementos comunes y que, cuando el título y la documentación contractual, junto con la configuración original del edificio, lo acreditan, pueden tener carácter privativo desde su origen, al no haberse integrado en el patrimonio comunitario.

Un corte de luz, una sobretensión y un daño inesperado pueden acabar en los tribunales, pero no siempre el responsable es el propietario del inmueble. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria pone el foco en una cuestión clave para el mercado inmobiliario profesional: hasta dónde llega la responsabilidad del arrendador cuando se producen daños eléctricos en una nave industrial. El fallo, que desestima el recurso de apelación, aclara un escenario muy habitual en naves y locales: el uso de instalaciones auxiliares por parte del inquilino y las consecuencias legales que pueden derivarse de ello.

Nueva llamada de atención de los tribunales a la Agencia Tributaria. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fijado un criterio de gran interés para miles de profesionales que trabajan desde casa: Hacienda no puede restringir la deducción de los gastos de la vivienda de los autónomos aplicando límites horarios ni negarlos por el hecho de que el alquiler esté exento de IVA. Esta sentencia refuerza la seguridad jurídica de quienes utilizan parte de su residencia como despacho, consulta u oficina, una situación cada vez más habitual, mientras contribuye a reducir la discrecionalidad del fisco.