Tribunal Supremo

Una sentencia del Tribunal Supremo confirma que utilizar de forma fraudulenta una tarjeta de crédito o débito puede acarrear una condena de prisión aunque el importe defraudado no alcance los 400 euros. La resolución analiza el caso de un hombre que pagó tres consumiciones por un total de 31,50 euros. Los hechos se remontan a la madrugada del 14 de diciembre de 2024, en Girona. Una mujer se encontraba en un establecimiento cuando le sustrajeron su bolso, que contenía una tarjeta bancaria. La resolución no atribuye al acusado la sustracción del bolso, sino el uso posterior del medio de pago, que poco después utilizó en otro local para abonar tres consumiciones de 10,50 euros cada una.

La Comunidad de Madrid interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros que contempla destinar 180 millones de euros a determinadas comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, dejando a la región sin dotación económica, al considerar que se trata de un reparto "discriminatorio y que perjudica intereses de los madrileños". Según ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, el Ejecutivo regional cree que esta iniciativa "condiciona el acceso a los fondos públicos".

Una sentencia del Tribunal Supremo ha avalado que pueda limitarse el acceso a la identidad de determinadas empresas cuando su divulgación incremente el riesgo de okupación de alguna de sus viviendas. El fallo analiza el delicado equilibrio entre transparencia y seguridad a raíz de la petición formulada por una periodista. Los datos solicitados incluían datos como el número de inmuebles arrendados, los municipios donde se ubicaban o si pertenecían a personas físicas o jurídicas. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) permitió el acceso a dichos datos, si bien determinó que la identidad de las personas físicas debía aparecer anonimizada.

El Alto Tribunal ha dictaminado en una sentencia reciente que el retraso en la entrega de una vivienda puede considerarse por sí mismo un daño indemnizable y que puede cuantificarse con el alquiler de una vivienda similar durante el tiempo de retraso. El caso afecta a una promoción de 159 viviendas en el Ensanche de Vallecas (Madrid), que debía entregarse en agosto de 2007, pero que se escrituró en verano de 2008. La Audiencia Provincial de Madrid había concedido la indemnización a los compradores y la promotora acudió al Supremo vía recurso de casación, aunque finalmente ha sido condenada a pagar la indemnización, así como las costas.

Una transferencia bancaria puede acabar en la cuenta equivocada por un simple descuido al teclear el IBAN. Pero ¿qué ocurre cuando el banco es informado después de que ese dinero no iba destinado al titular de esa cuenta? El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre esta situación y confirma la responsabilidad de una entidad por no actuar tras tener conocimiento de una transferencia realizada por error. La sentencia, que aborda la operación errónea por importe de 28.500 euros que realizó una empresa a otra mercantil, determina que el banco debió adoptar medidas a su alcance para facilitar la devolución de los fondos al cliente o, al menos, para reducir el perjuicio sufrido.

Un juez de Roquetas de Mar (Almería) ha puesto el foco en una peligrosa confusión: equiparar a cualquier persona que permanece en un inmueble contra la voluntad de su propietario con un okupa. La advertencia llega tras abrir diligencias por un posible delito de coacciones contra el dueño de una vivienda que ordenó cortar la luz y el agua a la antigua propietaria, de 88 años. El juez advierte, precisamente, de los problemas que puede acarrear una interpretación que lleve a confundir ocupantes ilegales con personas en situaciones jurídicas diferentes.

Una cosa es que una empresa pueda organizar el trabajo y otra que pueda asignar cualquier tarea a sus empleados. La movilidad funcional tiene límites y así lo confirma una sentencia del Tribunal Supremo que analiza si los trabajadores de supermercados pueden realizar tareas de limpieza de baños y otras zonas comunes durante su jornada. El alto tribunal fija límites a la movilidad funcional y restringe la limpieza de baños y otras zonas cuando no encaja en las funciones del puesto.

Hacienda puede notificar defectuosamente una liquidación tributaria y, tras anularse en los tribunales la providencia de apremio dictada para cobrarla, volver a notificar esa misma liquidación años después como si el tiempo no hubiera transcurrido. El Tribunal Supremo es claro: ni la liquidación mal notificada ni el posterior apremio interrumpen la prescripción. Si han transcurrido más de cuatro años desde el inicio del plazo, la deuda puede estar prescrita y los contribuyentes tienen argumentos sólidos para oponerse e impugnarla.

¿Cuándo prescribe la acción de un Ayuntamiento para ejecutar un aval urbanístico? Una sentencia del Tribunal Supremo aborda esta cuestión al analizar una garantía constituida en un contrato administrativo para la ejecución de un Programa de Actuación Integrada (PAI) adjudicado por el Ayuntamiento de Sant Mateu. El alto tribunal considera que el Código Civil rige una garantía que aseguraba el cumplimiento de un contrato para ejecutar un Programa de Actuación Integrada y aplica el plazo de prescripción de cinco años.

Una herencia puede complicarse incluso antes de que llegue el momento de repartir los bienes. Basta con que aparezca alguien que reclame ser hijo del fallecido para que las operaciones particionales entren en un terreno delicado. Es lo que ocurrió en el caso que ha resuelto el Tribunal Supremo en una sentencia donde confirma la anulación de una partición que realizaron dos herederos mientras estaba pendiente un procedimiento judicial de filiación. La clave no está únicamente en que aquella mujer acabara siendo reconocida como hija del fallecido. El Supremo analiza, sobre todo, qué sabían los demás herederos cuando repartieron los bienes y cómo realizaron esa partición.

Aparecer en un fichero de morosos puede complicar el acceso a financiación, algo que preocupa especialmente a quienes están barajando pedir una hipoteca. Pero no toda deuda pendiente puede terminar legítimamente en uno de estos registros. En una sentencia reciente, el Tribunal Supremo ha determinado que la empresa Cofidis vulneró el derecho al honor de una prestataria al incluir sus datos en SNEF mientras la obligación dineraria estaba siendo cuestionada, ya que la deudora había impugnado la validez del contrato por su posible carácter usurario e incluso acudió a los tribunales antes de aparecer en el registro.

La hipoteca inversa es una vía a la que recurren muchas personas mayores para obtener liquidez sin tener que vender su vivienda, ya sea mediante una disposición inicial, una renta periódica o una combinación de ambas, pero la forma en que se calculan los intereses puede tener un gran impacto en la deuda que finalmente recaerá sobre la herencia. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre esta cuestión en una sentencia donde declara nulo el pacto que fijaba los intereses remuneratorios porque la cláusula no dejaba suficientemente claro cómo se calculaban esos intereses y sus consecuencias económicas.

Ya sabemos que construir en suelo rústico puede tener consecuencias penales, ¿pero qué pasa con la edificación una vez dictada la condena? ¿Se debe demoler o puede mantenerse cuando se utiliza como residencia habitual? ¿Y qué ocurre si existen otras construcciones similares en la zona? El alto tribunal rechaza que el uso como vivienda habitual, la existencia de otras construcciones o una futura reforma del planeamiento eviten el derribo. En concreto, el Supremo acaba de pronunciarse sobre estas cuestiones en una sentencia que refuerza la demolición como consecuencia jurídica en este tipo de situaciones y recuerda que su carácter facultativo no permite descartarla libremente cuando la obra no es legalizable.

Comprar una vivienda y entregar una cantidad importante de dinero antes de acudir a la notaría siempre exige comprobar quién puede venderla y bajo qué condiciones. Pero una cosa es no haber sido suficientemente precavido y otra muy diferente que alguien orqueste un engaño para ganarse la confianza del cliente y quedarse con el dinero. El Tribunal Supremo confirma cuatro años de prisión para dos condenados que obtuvieron más de 100.000 euros pese a que la propietaria desautorizó la venta de la casa.

Una empresa puede cobrar rentas y asumir la posición de arrendadora sin responder, solo por eso, de las cuotas de la comunidad. El Tribunal Supremo ha aclarado que la obligación que la Ley de Propiedad Horizontal atribuye al propietario no se traslada por el mero hecho de gestionar alquileres. El conflicto resuelto por el alto tribunal se inició con una reclamación de más de 10.000 euros por cuotas impagadas dirigida contra la empresa propietaria de dos viviendas y la cesionaria de los derechos arrendaticios

Una sentencia firme no significa que cualquier problema relacionado con un edificio quede cerrado definitivamente. La clave está en determinar qué daños fueron objeto del primer procedimiento y cuáles aparecieron más tarde. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre esta cuestión en una sentencia donde analiza si pueden reclamarse los costes de unas obras ejecutadas para reparar unos desperfectos que aparecieron después de que una primera sentencia ordenase la reparación de otros defectos constructivos.

¿Puede Hacienda comprobar un ejercicio que ya ha prescrito? La respuesta, que a muchos puede sorprender, es que sí. Así lo confirma el Tribunal Supremo en una sentencia referida a los saldos de IVA pendientes de compensar. Se trata de un pronunciamiento de especial interés porque la posibilidad de comprobar ejercicios prescritos no se limita al IVA y puede permitir a Hacienda utilizar la información obtenida para regularizar ejercicios posteriores que todavía no hayan prescrito.

¿Puedes reclamar a tu expareja la parte de la hipoteca o del IBI que pagaste de más durante el matrimonio? En determinadas circunstancias, sí, pero hay una cuestión que a menudo resulta determinante: cuándo empieza a contar el plazo de prescripción. El Tribunal Supremo acaba de precisarlo en su Sentencia núm. 458/2025, de 24 de marzo, donde establece que el cómputo de los cinco años para reclamar el reembolso no tiene por qué comenzar con cada recibo.

Una empresa no puede reducir unilateralmente el porcentaje de teletrabajo pactado en un acuerdo individual. Si, por ejemplo, tiene reconocido el 100% de su jornada en remoto, la compañía no puede reducirlo al 75% sin antes pactarlo con el empleado. Así lo establece el Tribunal Supremo, que en una sentencia reciente determina que el consentimiento del trabajador se vuelve indispensable para modificar las condiciones. También defiende que el plazo para impugnar comienza una vez que la empresa comunica los cambios de forma escrita y clara.

Una vivienda prestada “mientras haga falta” no garantiza a quien la habita que pueda quedarse indefinidamente. Es la idea que refuerza una sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a la propietaria y avala el desahucio por precario de una ocupante que residía en su inmueble sin pagar ninguna renta y sin una duración determinada. La resolución se centra en las consecuencias de una cesión gratuita cuya duración no quedó fijada de forma concreta

El Tribunal Supremo de EEUU ha votado por 5-4 a favor de rechazar la suspensión cautelar de las obras del salón de baile de la Casa Blanca proyectado por el presidente Donald Trump. Un tribunal de nivel inferior había paralizado la construcción de este complejo, alegando que el Congreso era el que tenía que autorizar las obras de la casa presidencial. El alto tribunal estadounidense ha rechazado la demanda de la Fundación Nacional para la Conservación Histórica al considerar que dicha institución no ha acreditado su condición de parte interesada.

¿Quién paga la tasa de basura en un piso de alquiler? La respuesta puede parecer sencilla, pero no siempre lo es. El recibo puede llegar al propietario y, sin embargo, terminar correspondiendo el coste al arrendatario si existe un pacto que así lo establezca. La cuestión ha llegado a la Audiencia Provincial de Málaga a raíz de una reclamación por las cuotas generadas durante un arrendamiento y el tribunal ha dado la razón al propietario, considerando válido este acuerdo porque los importes estaban individualizados para la vivienda y podían determinarse a partir de los recibos aportados.

¿Quién responde por un incendio en una vivienda alquilada que provoca daños en el resto del edificio? Aunque se suele dar por hecho que el seguro del hogar cubrirá cualquier reclamación, el Tribunal Supremo acaba de recordar que no siempre es así. En una sentencia reciente aclara una cuestión que suele generar conflictos entre propietarios, inquilinos y aseguradoras: la cobertura de responsabilidad civil (RC) no se extiende al arrendatario por el mero hecho de que el siniestro se produzca en la vivienda.

¿Qué ocurre con la vivienda familiar cuando los hijos dejan de ser menores? Es una de las preguntas más frecuentes tras un divorcio. El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre esta cuestión en una sentencia que consolida la interpretación del artículo 96 del Código Civil tras la reforma introducida por la Ley 8/2021. La resolución aclara que el derecho de uso para proteger a los hijos no puede mantenerse de forma indefinida cuando alcanzan la mayoría de edad por el mero hecho de seguir conviviendo con uno de sus progenitores. Recuerda que la mayoría de edad pone fin, por regla general, al uso de la vivienda familiar y rechaza que el uso dependa de la liquidación de la sociedad de gananciales.

Las comunidades de propietarios pueden instalar cámaras de videovigilancia en las zonas comunes del edificio para proteger la seguridad de los vecinos siempre que la medida esté debidamente justificada, se apruebe con la mayoría exigida por la Ley de Propiedad Horizontal y respete la normativa de protección de datos. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo en una sentencia que desestima la demanda presentada por una propietaria en Madrid que solicitaba la retirada de las cámaras por considerar que vulneraban su derecho a la intimidad.