Tribunal Supremo

El permiso laboral de cinco días para cuidar a un familiar vuelve a situarse en el centro del debate. Una sentencia del Tribunal Supremo precisa una cuestión que venía generando conflictos entre empresas y trabajadores: no es obligatorio comenzar este permiso el mismo día en que se produce la hospitalización o enfermedad. La Sala de lo Social aclara su alcance y señala que el inicio no puede vincularse de forma rígida al hecho causante cuando esto impida atender eficazmente al familiar que necesita cuidados. La resolución afecta a uno de los derechos más utilizados desde la reforma introducida por el Real Decreto-ley 5/2023 y aporta seguridad jurídica sobre cómo debe aplicarse.

Cuando una vivienda se convierte en un foco de bloqueo porque unos quieren vender y otros no, o porque parte del inmueble integra una herencia sin repartir, la pregunta es inevitable: ¿se puede forzar la venta aunque la herencia siga pendiente? El Tribunal Supremo da una respuesta clara en una sentencia de enero: sí es posible instar la división de cosa común y promover la venta aunque parte del inmueble esté integrada en una herencia yacente (pendiente de partición), siempre que quien ejercite la acción ostente una cuota indivisa propia, concreta y acreditada por un título distinto del sucesorio.

¿Se puede vender una Vivienda de Protección Oficial por encima del precio máximo legal? Y, si se hace, ¿queda el contrato automáticamente anulado? El Tribunal Supremo ha zanjado el debate en una sentencia donde señala que pactar un sobreprecio en la compraventa de una VPO no determina la nulidad civil del contrato, aunque puede generar responsabilidades en el ámbito administrativo.

Recibir una herencia no solo implica gestionar bienes y trámites notariales, sino también afrontar el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, una carga que no siempre puede asumirse de inmediato. El Tribunal Supremo ha puesto orden sobre este punto, estableciendo un criterio claro sobre los plazos para solicitar el aplazamiento o fraccionamiento del impuesto, una cuestión que llevaba años generando conflictos.

El Tribunal Supremo ha dado un espaldarazo a la normativa del Ayuntamiento de Barcelona que obliga a reservar el 30% de promociones de obra nueva o de grandes rehabilitaciones para vivienda protegida. El alto tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la empresa Josel SLU, perteneciente al grupo Núñez i Navarro, contra esta norma que fue impulsada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau en 2018. En concreto, la sentencia señala que se puede obligar a los promotores que reserven un 30% de pisos sociales en la ciudad ya construida y también sostiene que no hay derecho a indemnizarles.

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre una cuestión que en los últimos años ha generado inseguridad jurídica: si las ayudas públicas para la rehabilitación de edificios o viviendas pueden computarse como ingresos y provocar la pérdida del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La Sala de lo Social del Alto Tribunal aclara que estas subvenciones no deben tenerse en cuenta como renta a efectos de esta prestación.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una promotora a ser indemnizada tras abonar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, en una operación en la que quedó acreditada la inexistencia de un incremento real del valor del suelo, al entender que concurrían los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. El fallo no abre la puerta a devoluciones automáticas, pero sí aclara cuándo procede la responsabilidad patrimonial por la aplicación de una norma declarada inconstitucional. En el caso resuelto, la sentencia reconoce el derecho de la promotora a percibir 22.939,71 euros, más intereses legales.

Cuando Hacienda revisa el valor de una vivienda o de cualquier otro inmueble, no todo vale. El Tribunal Supremo acaba de recordarlo al consolidar y precisar los límites a la comprobación de valores, uno de los procedimientos más habituales y conflictivos en materia tributaria. En una sentencia, establece un criterio clave: la Administración tributaria debe justificar de forma expresa y antes de actuar por qué decide comprobar la cifra declarada por el contribuyente. Y no basta con hacerlo a posteriori ni con apoyarse en un informe técnico.

Cuando se adquiere una vivienda en subasta judicial es frecuente que surja una duda clave: ¿desde cuándo debe el nuevo propietario hacerse cargo de las deudas con la comunidad de propietarios? El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre el momento en el que el adjudicatario de un inmueble en subasta pasa a ser deudor frente a la comunidad. Según el alto tribunal, no comienza con la firma de la escritura pública ni con la inscripción en el Registro de la Propiedad, sino con la adjudicación judicial del inmueble.

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre los límites de la prórroga forzosa en los alquileres antiguos y sobre cuándo el propietario puede solicitar la resolución del contrato de arrendamiento. En una sentencia dictada el pasado diciembre, el alto tribunal analiza un contrato firmado en 1982 y concluye que el propietario puede recuperar la vivienda cuando logra acreditar que el inquilino no la utiliza de forma efectiva como residencia habitual y que la vivienda ha perdido la función de hogar que justifica la prórroga forzosa. El fallo interesa a propietarios e inquilinos con contratos anteriores al 9 de mayo de 1985.

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los conflictos más habituales en las comunidades de propietarios: las consecuencias sobre reformar una vivienda sin pedir permiso. En una sentencia dictada en enero, el Alto Tribunal concluye que no es legal unir físicamente dos inmuebles situados en portales distintos sin acuerdo comunitario, aunque no se modifiquen las cuotas ni se inscriba el cambio en el Registro de la Propiedad.

El fallecimiento del inquilino no implica automáticamente que sus familiares puedan seguir en la vivienda, ni siquiera cuando continúan pagando puntualmente el alquiler. Así lo ha recordado el Tribunal Supremo en una resolución que vuelve a poner el foco en un aspecto clave de los arrendamientos urbanos: la comunicación al propietario. En una sentencia dictada el pasado octubre, el alto tribunal marca una línea nítida sobre cuándo procede la extinción del contrato, un escenario más habitual de lo que parece, especialmente en los vinculados a la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos.

El reparto de gastos en comunidades con garajes y trasteros vuelve a situarse en el centro del debate jurídico. El Tribunal Supremo ha zanjado una controversia al confirmar que los propietarios de trasteros no están obligados a asumir los gastos propios del garaje si no tienen reconocido el derecho de uso sobre las zonas que generan dichos costes, según resulte del título constitutivo y de la reglamentación interna de la comunidad. Esta es la conclusión se recoge el alto tribunal en una sentencia de finales de noviembre, que desestima el recurso presentado por varios titulares de plazas de garaje contra su comunidad.

El plazo para reclamar las cuotas de una comunidad de propietarios es de cinco años, aun cuando dichas deudas se devengaron con anterioridad a la reforma del Código Civil introducida por la Ley 42/2015, siempre que no haya existido ninguna actuación válida de interrupción de la prescripción. Así lo recoge el Tribunal Supremo en su sentencia de finales de noviembre en el marco de una comunidad en régimen de aprovechamiento por turnos, que consolida la línea jurisprudencial. La decisión resulta especialmente relevante en un contexto en el que muchas comunidades acumulan impagos durante largos periodos antes de iniciar acciones legales, marcando con claridad hasta dónde puede llegar la reclamación.

El Tribunal Supremo tiene sobre la mesa decidir si las familias numerosas con el tercer hijo en gestación al comprar vivienda pueden aplicar el tipo reducido de ITP. Se trata de un asunto que ha recurrido la Comunidad de Madrid ya que se niega a aplicar el tipo reducido del 4% de ITP en aquellas familias con el tercer hijo en gestación y aún no nacido. Sin embargo, el Código Civil considera que el hijo concebido debe ser considerado como nacido para los efectos que le sean favorables, lo que permitiría la aplicación del tipo reducido. Si el alto tribunal resuelve a favor de los contribuyentes, se abre la puerta a devoluciones de ingresos indebidos y a aplicar tipos reducidos similares de otros impuestos y en otras CCAA.

Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha participado en una jornada organizada por la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) vivara by GCO Ventures para hablar sobre el problema de la okupación e inquiokupación de inmuebles en España y qué vías tienen los propietarios para recuperarlos. Magro ha asegurado que “uno de los problemas más importantes que existen ahora mismo en España son los retrasos en la devolución posesoria” y ha desgranado varios consejos para quienes se estén viendo afectados por este fenómeno. Por ejemplo, incluir en las denuncias o demandas los costes económicos y morales que sufren; o tener los inmuebles amueblados y con los suministros dados de alta para que sean considerados como morada y no como vivienda vacía.

El debate sobre la ocupación ilegal de viviendas en España se ha reactivado tras las declaraciones de Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, quien ha expuesto cifras, plazos y criterios jurídicos sobre esta problemática. Durante su intervención en el I Foro de Policía Local y Turismo, en Alicante, señaló que en España se producen alrededor de 16.000 okupaciones de viviendas al año, una cifra que, según explicó, pone de manifiesto el debate sobre la necesidad de una reacción legislativa. El magistrado subrayó que, a día de hoy, no existe una norma que garantice la devolución de la vivienda al propietario en un plazo máximo de 72 horas.

Vivir de alquiler no implica perder los derechos de adquisición preferente cuando se transmite la vivienda arrendada, siempre que se cumplan los requisitos legales y no concurra alguna de las excepciones previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El Tribunal Supremo acaba de recordarlo en una resolución que despeja algunas dudas bastante habituales en el mercado inmobiliario: el derecho de retracto del inquilino puede mantenerse incluso cuando la vivienda se transmite dentro de una venta en bloque o una cartera inmobiliaria.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha frenado la reclamación de una empresa al Estado español de una indemnización de 631.000 euros por daños y perjuicios causados por la limitación a la actualización de las rentas al 2% en 2022, 2023 y al 3% durante 2024. El alto tribunal avala esta limitación al considerar que buscaba atajar el proceso inflacionista y proteger a los inquilinos vulnerables y que no supuso una privación del derecho de propiedad ni vulneró su contenido esencial.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que tanto los fondos como los bancos son responsables por cláusulas abusivas de préstamos e hipotecas que hayan sido titulizados (es decir, vendidos a un tercero), según la reciente sentencia que ha dado a conocer el despacho Navas & Cusí.En su fallo del 22 de

Comprar una vivienda a medias y acabar pagando impuestos distintos no es aceptable. Así lo ha aclarado el Tribunal Supremo, corrigiendo una práctica administrativa que venía generando controversia: asignar valores fiscales diferentes en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) a compradores conjuntos de un mismo inmueble. La sentencia, dictada el pasado 9 de diciembre, sienta jurisprudencia y lanza un mensaje a la administración: cuando se trata de un mismo bien adquirido en un único acto de compraventa, no es admisible que se determinen valores fiscales distintos para cada comprador.

¿Se puede dividir un edificio en oficinas o locales a efectos catastrales aunque tenga un solo dueño y esté íntegramente alquilado? El Tribunal Supremo ha cerrado el debate: la respuesta es negativa mientras no exista una comunidad de propietarios efectiva y plenamente constituida. El Supremo recuerda que la propiedad horizontal no es una mera operación técnica o descriptiva. No basta que el edificio esté físicamente dividido.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre uno de los grandes focos de conflicto tras la crisis inmobiliaria: los anticipos entregados para viviendas que nunca llegaron a construirse. El tribunal confirma la condena a CaixaBank y le obliga a devolver cerca de 95.000 euros, más los intereses correspondientes, a varias familias que habían aportado dinero a una cooperativa de viviendas fallida. Aunque las viviendas se proyectaban sobre un derecho de superficie de 75 años, el Supremo ha sido claro: cuando el destino es residencial, la protección legal se mantiene intacta.

El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de la cláusula de fianza solidaria incorporada en un préstamo otorgado a una sociedad, al apreciar que la entidad impuso una garantía personal adicional carente de justificación en relación con el riesgo real de la operación. Pese a que la hipoteca constituida ofrecía por sí sola una cobertura suficiente para garantizar el préstamo, la entidad no acreditó razones económicas u objetivas vinculadas al riesgo real de la operación que justificaran la exigencia adicional de un aval personal.

Cuando se vende una vivienda que estuvo en su día arrendada, debe declararse en el IRPF la ganancia patrimonial resultante de comparar el valor de adquisición del inmueble con su valor de transmisión. Sin embargo, muchos contribuyentes ignoran que el valor de adquisición debe reducirse en el importe de la amortización practicada durante el tiempo que el inmueble estuvo alquilado, lo que supone un considerable incremento de la ganancia patrimonial por la que hay que tributar. Una reciente sentencia del Supremo ha aclarado cuál es el porcentaje máximo y mínimo de amortización, permitiendo al contribuyente aplicar una amortización inferior a la del 3% anual, que es el porcentaje que automáticamente utiliza Hacienda para reducir el valor de adquisición e incrementar la ganancia patrimonial.