Tribunal Supremo

La Sentencia del Tribunal Supremo 1524/2025, de 30 de octubre, ha marcado un punto de inflexión en la regulación de la multipropiedad en semanas flotantes. En concreto, el alto tribunal introduce un cambio decisivo: los contratos basados en semanas flotantes son válidos cuando proceden de un régimen preexistente adaptado e inscrito en el Registro de la Propiedad conforme a la mencionada Ley, siempre que en dicha escritura se hubiera optado expresamente por mantener o transformar el régimen original.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que confirma que los permisos retribuidos deben disfrutarse siempre en días laborables y no naturales. El fallo avala una sentencia anterior dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que determinaba que los cinco días de permiso por diversos supuestos de enfermedad, accidente u hospitalización de familiares, aprobado en el Real Decreto-ley 5/2023, deben considerarse como días hábiles, no naturales.

El Tribunal Supremo ha despejado una de las dudas más habituales entre propietarios y profesionales: ¿cuánto tiempo tiene realmente el Catastro para investigar reformas no declaradas? La respuesta, tras su sentencia del 31 de octubre de 2025, cambia por completo el escenario. El alto tribunal confirma que la inspección catastral no se guía por el clásico límite administrativo de seis meses, sino por los 18 meses previstos en la Ley General Tributaria (LGT), y lo hace dejando claro que estamos ante actuaciones de naturaleza tributaria.

Una cláusula habitual en muchos contratos de alquiler puede terminar, a veces, en los juzgados. ¿Debe pagar el inquilino el IBI o la tasa de basuras si el contrato no dice cuánto cuestan al año? La duda no es menor: de su respuesta puede depender incluso la resolución del contrato y un eventual desahucio. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre esta cuestión aclarando hasta dónde llega el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y zanjando un debate que llevaba años generando criterios contradictorios en los juzgados. Avala el desahucio por impago del IBI y la tasa de basuras.

Los defectos o vicios constructivos que puedan aparecer en un edificio se rigen, salvo excepciones, por lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), que distingue entre el plazo de garantía y el plazo de prescripción. Así, para que pueda exigirse responsabilidad a los agentes de la edificación, los defectos deben manifestarse dentro del correspondiente periodo de garantía: 10 años para los daños estructurales, tres años para los que afecten a la habitabilidad y un año para los vicios de acabado. Sin embargo, el Supremo se ha pronunciado nuevamente sobre la prescripción de la acción de responsabilidad en el ámbito de la construcción.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un hombre de 95 años a recuperar la posesión de su vivienda familiar tras estimar el recurso de casación que confirmaba el desahucio por precario de su hijo. La decisión sienta doctrina en materia de bienes gananciales y curatela representativa, reforzando el criterio de que un cónyuge puede actuar por sí solo en defensa de los bienes comunes incluso si el otro está bajo curatela.

El silencio administrativo es una ficción prevista en la ley que permite a un contribuyente entender desestimada su solicitud o recurso cuando la Administración no lo ha resuelto en plazo. Esto es algo muy habitual, ya que lo raro e inusual es que la Administración cumpla el plazo que tiene para resolver. El problema viene cuando este retraso en resolver es tan prolongado que supera los cuatro años, y llega a afectar a los plazos de prescripción. ¿Qué sucede entonces? Esta cuestión se ha planteado recientemente ante el Tribunal Supremo que ha acordado admitir a trámite el recurso planteado.

El Tribunal Supremo ha resuelto una duda que llevaba años generando controversia entre herederos, notarios y asesores fiscales: cómo debe tributar una herencia cuando el heredero renuncia. En una sentencia, fija una doctrina jurisprudencial clara y vinculante sobre la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISyD) en estos casos, un detalle que puede suponer una diferencia económica muy significativa para los herederos. El alto tribunal declara que, a efectos de aplicar la reducción de parentesco prevista en el ISyD, cuando el heredero renuncia y entra en juego una sustitución vulgar establecida en el testamento por voluntad del fallecido, el parentesco que debe tenerse en cuenta es el del sustituto respecto del causante.

El Tribunal Supremo ha dejado claro que guardar silencio al ser emplazado en un procedimiento judicial no significa aceptar una herencia. Así lo establece en una sentencia que marca una diferencia fundamental entre no rechazar una herencia y asumirla de forma tácita. El Supremo aclara que la aceptación de una herencia no puede deducirse de un simple silencio o de una actitud pasiva. Recuerda que la sucesión se abre con la muerte del causante y que, hasta que los llamados aceptan, la masa hereditaria se encuentra en situación de herencia yacente, es decir, sin titular definitivo.

El pleno de la Sala de lo Civil del Supremo resolvió el pasado 30 de octubre dos motivos de recurso de casación sobre el régimen de explotación de un complejo turístico o multipropiedad, permitiendo un periodo indefinido que supera los 50 años de permanencia.Así lo refleja la sentencia, que modifica

El Tribunal Supremo ha establecido que una asociación de propietarios no puede imponer unilateralmente criterios de reparto de gastos distintos a los pactados en el reglamento original de la urbanización sin el consentimiento unánime de todos los copropietarios. El caso se originó en 2017 a raíz de la reclamación formulada por una asociación de propietarios de una urbanización afectada por fuertes lluvias, que exigía a varios copropietarios el pago de los gastos derivados de las obras de reparación de los accesos y viales.

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Vicente Magro, ha alertado durante el Congreso Nacional de Vivienda sobre la incomprensión internacional del fenómeno de la okupación en España y ha propuesto 10 medidas clave para erradicarla. Destaca la necesidad de una nueva Ley Orgánica de Vivienda, agilizar la expulsión judicial de okupas, tipificar la inquiokupación y la permanencia tras el alquiler vacacional como delitos, evitar que la vulnerabilidad detenga desahucios, reformar leyes actuales y crear registros de morosos, entre otras acciones.

El Tribunal Supremo ha zanjado un debate clave sobre la conciliación laboral y la igualdad retributiva en España. La Sala de lo Social ha confirmado que las personas que disfrutan de una reducción de jornada por guarda legal tienen derecho a percibir íntegro el complemento de asistencia, siempre que cumplan su horario, sin que la empresa pueda reducirlo de forma proporcional por trabajar menos horas. Se trata de una sentencia que refuerza el principio de igualdad retributiva y que marca un precedente en la interpretación de los convenios colectivos en materia de conciliación familiar.

El Tribunal Supremo ha aclarado que todos los propietarios de una comunidad deben contribuir a los gastos comunes, incluso si han ganado un juicio que les obliga a devolver dinero. El caso surgió tras la anulación de una derrama extraordinaria que obligaba a algunos vecinos a pagar, lo que llevó a una nueva controversia cuando los acreedores se negaron a participar en la derrama para ejecutar la sentencia. El Supremo reafirmó que, según el Código Civil, la obligación de contribuir se mantiene para todos, promoviendo la equidad y la unidad en la gestión de comunidades. El fallo establece que esta corresponsabilidad económica es esencial para el funcionamiento adecuado de la propiedad horizontal.

Toda notificación postal (administrativa o tributaria) que no logra llegar a su destinatario, deja constancia del intento realizado, indicando el día, hora, y las circunstancias en que se intentó la notificación. Sin embargo, es muy poca la información que aparece en el aviso de recibo. Por ello, el destinatario de la notificación acaba yendo a recogerla prácticamente a ciegas, sin saber muy bien qué le deparará el destino, y qué tipo de notificación recibirá. Ahora el Tribunal Supremo acaba de decidir qué información debe constar en el acuse de recibo.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre una cuestión clave en el mercado del alquiler: ¿es válida una cláusula de prórroga indefinida a voluntad del inquilino tras la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994? En una novedosa sentencia avala este tipo de cláusulas, aunque con límites temporales, reforzando así la importancia del principio de autonomía de la voluntad frente a la rigidez de la duración contractual.

El Tribunal Supremo ha marcado un antes y un después para miles de propietarios al aclarar que cualquier ciudadano puede pedir al Catastro la corrección del valor o los datos de su inmueble, sin tener que pasar por el ayuntamiento. Una nueva sentencia aclara cómo debe aplicarse la Ley del Catastro Inmobiliario y refuerza el derecho de los contribuyentes a corregir errores que afectan a impuestos tan cotidianos como el IBI.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha determinado que las autopistas no podrán cobrar peajes íntegros a los usuarios si el servicio se encuentra afectado por obras en la infraestructura.

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a la reclamación de una comunidad de vecinos que exigía la devolución de una cantidad embargada por error de su cuenta bancaria. La Sala de lo Social concluye que el perjuicio alegado no deriva de una resolución dictada por un juez o magistrado, sino de una actuación de la Letrada de la Administración de Justicia durante la fase de ejecución del procedimiento. Al no provenir de una decisión judicial propiamente dicha, el caso no puede considerarse un error judicial en sentido estricto.

El Tribunal Supremo ha cerrado filas en torno a la protección de los agentes comerciales, consolidando su posición frente a las empresas que intentan restringir las indemnizaciones por clientela. La sentencia núm. 1209/2025, de 3 de septiembre, obliga a Vodafone España a pagar más de 366.000 euros a una de sus empresas agentes, y deja un mensaje inequívoco: ningún contrato puede limitar una indemnización reconocida por ley.

El Tribunal Supremo ha reafirmado que el plazo de prescripción de las reclamaciones de los gastos hipotecarios comienza cuando existe una sentencia firme, y no cuando se pagan estos conceptos, según un auto dictado a principios de octubre. Así, da la razón a dos clientes que habían presentado en 2018 una demanda contra BBVA por este concepto. Los juzgados de primera y segunda instancia habían considerado abusivas, y por tanto nulas, las cláusulas hipotecarias, pero limitaban la acción de restitución de las cantidades indebidamente cobradas por el banco.

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que vuelve a situar en el centro del debate a las cláusulas suelo, confirmando la nulidad del límite mínimo de intereses incorporado en un préstamo de 2007 y declarando abusiva la renuncia de acciones que el cliente había firmado años después con su banco. El fallo obliga a la entidad a devolver las cantidades indebidamente cobradas hasta el 28 de julio de 2015, fecha en la que se firmó la novación que eliminó la cláusula suelo, reforzando así la protección de los consumidores en contratos hipotecarios con condiciones poco transparentes.

El Tribunal Supremo ha frenado la reclamación de un propietario que exigía al Estado una indemnización de 425,52 euros por la limitación en la actualización de rentas de alquiler al 2% (durante 2022 y 2023), fijada en el Real Decreto-Ley 20/2022, y que el Gobierno subió al 3% durante 2024. La Sala de lo Contencioso-Administrativo no solo desestima el recurso, sino que impone el pago de costas procesales al demandante. El propietario alegaba que el perjuicio cumplía los requisitos legales para ser resarcido: un daño económico real, con carácter antijurídico, derivado de una norma que, en su opinión, restringía la propiedad privada y alteraba la seguridad jurídica prevista en la LAU.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que se establece doctrina a propósito del conocido en la comunidad jurídica como 'doble tiro' y ha establecido que la administración tributaria no puede dictar una tercera o sucesivas liquidaciones tras haberse anulado dos anteriores. La sentencia resuelve un recurso de casación promovido por tres hermanos gallegos en relación con el Impuesto sobre Sucesiones, y anula una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

El Tribunal Supremo confirma que los autónomos podrán deducir agua, luz o gas cuando trabajen desde casa, siempre de forma proporcional al espacio destinado a la actividad profesional. La sentencia, dictada el 15 de julio de 2025, consolida un criterio que afecta a miles de profesionales que compaginan vida personal y trabajo bajo un mismo techo. En el caso analizado, la planta baja de la vivienda se dedicaba íntegramente al despacho, lo que equivalía a la mitad de la superficie del inmueble. Con ese criterio, el Supremo fijó el porcentaje de deducción en el 50% del IVA soportado en los suministros.