Tribunal Supremo

¿Puede uno de los cónyuges reclamar dinero si su expareja ha vivido durante años en la vivienda familiar tras la separación? El Tribunal Supremo ha respondido con contundencia: no, salvo que exista un pacto previo o una previsión judicial expresa. En una reciente sentencia, la Sala de lo Civil recuerda que el uso atribuido judicialmente tiene una función asistencial y no genera, por sí solo, un derecho de crédito frente al otro progenitor.

Una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2022 estableció con claridad que una comunidad de propietarios puede ser responsable solidaria de las deudas salariales generadas por una empresa subcontratada para prestar servicios esenciales, como los de conserjería. Tres años después, la Sala de lo Social ha vuelto a pronunciarse en la misma línea en su resolución del 9 de julio de 2025, lo que ha devuelto a la actualidad este criterio y reavivado el debate entre administradores de fincas, comunidades de vecinos y profesionales jurídicos sobre la correcta gestión y contratación de servicios en el ámbito comunitario.

El Tribunal Supremo ha revocado una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que condenaba a tres entidades bancarias a devolver a un comprador las cantidades anticipadas para la adquisición de dos viviendas en construcción. Concretamente, el comprador adelantó 114.662 euros para adquirir dos “suites” en el complejo turístico-hotelero “Las Caballerizas” en Mijas, promocionado por una promotora que posteriormente se declaró en concurso. Las dos viviendas eran productos turísticos. Y el alto tribunal recuerda que la finalidad era turística, no residencial.

En una sentencia dictada en junio de 2025, el alto tribunal ha sentado doctrina sobre un asunto especialmente sensible: el alcance económico de las legítimas y los límites de responsabilidad del heredero cuando hay conflicto entre familiares. La conclusión es inequívoca: la legítima debe satisfacerse con cargo al caudal relicto. En Cataluña, el heredero responde personalmente de su pago, conforme al artículo 451-15 del Código Civil de Cataluña, salvo que haya aceptado la herencia a beneficio de inventario, en cuyo caso su responsabilidad queda limitada al valor de los bienes hereditarios.

El Alto Tribunal ha dictado una sentencia que marca un precedente en el equilibrio entre el derecho al honor y a la intimidad de una persona frente al derecho a la información en las comunidades de propietarios. En la resolución STS 4708/2024, la Sala de lo Civil ha estimado el recurso de casación interpuesto por una administradora de fincas que había sido condenada por colocar carteles informativos en espacios comunes de una urbanización de Alicante alertando de un inquilino que había sido desahuciado por impago.

Muchas viviendas han sustituido las mirillas tradicionales por dispositivos electrónicos capaces de detectar movimiento, grabar imágenes o activar alertas móviles. Pero, ¿es legal instalar una cámara de este tipo en la entrada de casa cuando se vive en una comunidad de vecinos? El Tribunal Supremo acaba de aclarar que vulnera la intimidad de los vecinos. De hecho, recuerda que el derecho a la intimidad protege frente a cualquier forma de vigilancia no consentida en espacios próximos o vinculados al domicilio.

Los funcionarios públicos que trabajan en turnos nocturnos o festivos están un paso más cerca de ver reconocido un derecho que hasta ahora muchos consideraban difuso. El Tribunal Supremo ha establecido que cuando la prestación de servicios en turnos nocturnos o festivos forma parte estructural y habitual de la jornada ordinaria del funcionario, la retribución asociada a dichos turnos debe percibirse también durante los períodos de vacaciones, permisos retribuidos o incapacidad temporal, aun cuando no haya una prestación efectiva durante esos periodos.

El distanciamiento entre padres e hijos no siempre nace del rencor. A veces, simplemente ocurre. Pero ¿puede esa falta de contacto justificar que un progenitor excluya a sus descendientes del reparto de su herencia? El Tribunal Supremo se ha pronunciado con claridad, y una vez más, la ley no permite desheredar sin una causa bien justificada. En una sentencia de junio ha confirmado que, aunque el vínculo esté prácticamente roto y la relación sea casi inexistente, eso no basta para apartarlos de su legítima hereditaria. La clave está en el motivo y la prueba.

El Tribunal Supremo ha reiterado una doctrina establecida que incide directamente en los derechos económicos de los trabajadores: el recargo por mora salarial. Cuando una empresa se retrasa en pagar la nómina, el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores no deja lugar a dudas: debe abonar un recargo del 10% sobre lo que se adeuda. Y esta vez, lo ha recordado en el caso de más de una treintena de médicos.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha marcado un antes y un después en la interpretación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal. El fallo, emitido el pasado mes abril, confirma que los contribuyentes pueden reclamar la devolución de este tributo, aun cuando el Ayuntamiento ya hubiera cerrado el expediente con una liquidación firme. La clave está en la inexistencia de ganancia real.

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por las entidades financieras condenadas por falta de transparencia en la comercialización de préstamos hipotecarios que incluían cláusulas suelo en una acción colectiva de la asociación Adicae. Un caso que lleva más de una década en los tribunales y que implica a decenas de bancos y más de 800 consumidores. Tras desestimar los recursos interpuestos, el sector financiero se enfrenta a la devolución de más de 190 millones de euros, según calcula la asociación, y abre la puerta a reclamaciones masivas, siguiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la UE.

Recibir una orden de desahucio nunca es una buena noticia, pero si el contrato de alquiler ha finalizado y el inquilino no abandona la vivienda, el procedimiento judicial es inevitable. ¿Qué ocurre entonces si esa persona quiere recurrir la decisión y aún no ha abonado las rentas que debe? El Tribunal Supremo ha respondido a esta pregunta en un auto reciente, donde deja constancia de que no se puede recurrir sin antes haber pagado o consignado las cantidades pendientes, incluso cuando el arrendatario tenga reconocida la justicia gratuita.

En un contexto en el que el trabajo a distancia se ha consolidado como una fórmula habitual en muchas empresas, una pregunta ha empezado a resonar con fuerza: ¿dónde debe acudir un teletrabajador si quiere impugnar su despido? El Tribunal Supremo ha despejado esta incógnita con una sentencia que puede marcar un antes y un después en la manera de plantear los litigios laborales. El fallo establece que el juzgado competente será el del lugar donde realmente se prestan los servicios, aunque ese lugar sea el domicilio particular del trabajador y el contrato diga algo distinto.

En una nueva sentencia clave sobre derecho de familia, el Tribunal Supremo ha vuelto a marcar el camino en materia de custodia compartida y atribución de la vivienda familiar tras el divorcio. En concreto, ha fijado un plazo de dos años como máximo para que uno de los progenitores mantenga el uso de la vivienda común. Con esta decisión, el Alto Tribunal insiste en que el uso del domicilio no puede prolongarse hasta la mayoría de edad de los hijos cuando existe custodia compartida, reforzando una doctrina que pone el foco en la proporcionalidad y en la titularidad de la vivienda.

Iberia tendrá que reforzar sus protocolos de prevención de riesgos laborales tras confirmarse que el cierre de los maleteros en sus Airbus 350 supone un esfuerzo físico que puede comprometer la salud de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP).El 3 de abril de 2025, el Tribunal Supremo desestimó

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valencia contra el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ya dio la razón a la denuncia de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la región (Aptur CV) ante el Plan Especial de Ciutat Vella que aprobó el anterior gobierno local de PSPV y Compromís. El actual Ayuntamiento, en una coalición PP y Vox, ha declarado que dicha normativa ya no se encuentra en vigor, y que actualmente existe una moratoria para las viviendas de uso turístico en el centro de la ciudad.

El Tribunal Supremo ha marcado un límite claro en el creciente universo del trabajo a distancia. En una reciente sentencia, ha tumbado varias cláusulas incluidas en un acuerdo individual de teletrabajo firmado en el sector energético, al considerar que vulneraban los derechos de los trabajadores. La resolución aclara qué puede y qué no puede incluirse en estos pactos, cada vez más frecuentes en el tejido empresarial español. El Supremo recuerda que el artículo 8.1 de la Ley de Trabajo a Distancia (LDT) exige que cualquier modificación del porcentaje de presencialidad en el acuerdo a distancia quede siempre objetivada por escrito y con el previo acuerdo de empresa y trabajador.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha sentado un criterio decisivo sobre cuándo los inquilinos pueden (o no) ejercer su derecho de adquisición preferente en caso de venta del inmueble en el que viven, aclarando la interpretación del artículo 25.7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El caso resuelto por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su sentencia 592/2025, de 21 de abril analiza la venta en bloque de varias promociones inmobiliarias por parte de una entidad pública. La clave, apunta el Alto Tribunal, no radica en si se vendió todo el edificio o si había más inmuebles en juego, sino en si el arrendador transmitió todas las unidades que poseía en ese inmueble. En este caso, así fue.

Una sentencia del Tribunal Supremo dictada el 27 de marzo pone negro sobre blanco a una cuestión que genera fricciones en no pocas comunidades de vecinos: ¿hasta qué punto puede un propietario realizar obras en espacios comunes del edificio? La respuesta apunta a la necesidad de autorización expresa de la comunidad de propietarios, incluso cuando los elementos estén destinados al uso exclusivo de uno de ellos. En el caso resuelto, el alto tribunal considera ilegal la colocación de una valla de cañizo sobre un muro divisorio por limitar las vistas al mar de la vecina colindante y ejecutarse sin el consentimiento de los vecinos.

¿Es posible donar parte del patrimonio en vida a unos hijos y dejar fuera a otros sin consecuencias legales? El Tribunal Supremo responde con contundencia: no. Toda donación que se haga antes del fallecimiento debe entrar en el cómputo de la herencia si hay herederos forzosos implicados. Este fallo zanja una disputa familiar entre nietos y, a efectos prácticos, pone orden en una cuestión recurrente en los juzgados: cómo se computan las donaciones a la hora de repartir una herencia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado la legalidad de las cláusulas contractuales que incluyen el cobro de una comisión de apertura en las hipotecas, aunque con matices. Según la sentencia del TJUE, que analiza el caso de una consumidora que demandó a BBVA por considerar abusiva una comisión equivalente al 0,25% del importe de su préstamo, "en principio" no puede presumirse el carácter abusivo de una cláusula contractual específica, ya que esto puede depender de las circunstancias concretas de la celebración de cada contrato, y de la realidad de los servicios prestados. También destaca la transparencia como uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en la apreciación que corresponde al juez nacional.

¿Puede una empresa despedir a una persona trabajadora tras ser calificada como “no apta”? La Sentencia del Tribunal Supremo 94/2025 de 4 de febrero ha aclarado los límites y obligaciones que deben respetarse en el despido por ineptitud sobrevenida, especialmente cuando se trata de proteger a trabajadores en situaciones especialmente delicadas. El Alto Tribunal subraya que la ausencia de un reconocimiento administrativo de discapacidad no exime a la empresa de sus obligaciones.

El Tribunal Supremo podría pronunciarse próximamente sobre las consecuencias de que decenas de ayuntamientos en España estén cobrando el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) sin haber acordado en el Pleno el bautizado ‘acuerdo de imposición’ y haberlo publicado posteriormente, como establece la Ley de Haciendas Locales de 1988. Abogados y expertos fiscales recomiendan a promotoras, empresas de reformas y grandes patrimonios a recurrir antes de que el Alto Tribunal se pronuncie, para poder ejercer su derecho a reclamar las cantidades abonadas si el fallo les es favorable. Entre los consistorios afectados están los de Barcelona, Getafe, Majadahonda, Boadilla o Alcorcón.

El Tribunal Supremo en una sentencia reciente ha otorgado plena validez al método de comprobación de valores de “tasación hipotecaria” previsto en el artículo 57.1.g de la Ley General Tributaria (LGT). En opinión de José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, "estamos ante una sentencia polémica que supondrá que muchas comprobaciones de valores realizadas conforme a dicho método, que actualmente estaban pendientes de sentencia en los Tribunales, sean finalmente validadas, garantizándose así la Administración una ingente recaudación". Sin embargo, esta sentencia que, en principio parecía muy perjudicial para los contribuyentes, puede acabar teniendo efectos muy beneficiosos para éstos porque permite atacar el valor de referencia de Catastro cuando sea superior al valor de la tasación hipotecaria del inmueble. Salcedo explica las claves.

Batacazo judicial del Tribunal Supremo a los contribuyentes. Una nueva sentencia del alto tribunal da vía libre a la administración tributaria para que cuando compruebe el pago del ITP de un ciudadano que ha comprado una vivienda, pueda usar el valor de tasación hipotecaria (uno de los métodos regulados para tal fin) sin necesidad de justificar nada más. Es decir, la administración autonómica no estará obligada a hacer una comprobación del pago del ITP individualizada y singularizada, con lo que no tendrá en cuenta el mal o buen estado de la vivienda o si necesita una reforma integral. Será suficiente con fijarse en el valor de tasación hipotecaria a efectos de una futura subasta que figura en la escritura de préstamo hipotecario de la vivienda.