Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha aclarado que todos los propietarios de una comunidad deben contribuir a los gastos comunes, incluso si han ganado un juicio que les obliga a devolver dinero. El caso surgió tras la anulación de una derrama extraordinaria que obligaba a algunos vecinos a pagar, lo que llevó a una nueva controversia cuando los acreedores se negaron a participar en la derrama para ejecutar la sentencia. El Supremo reafirmó que, según el Código Civil, la obligación de contribuir se mantiene para todos, promoviendo la equidad y la unidad en la gestión de comunidades. El fallo establece que esta corresponsabilidad económica es esencial para el funcionamiento adecuado de la propiedad horizontal.

Toda notificación postal (administrativa o tributaria) que no logra llegar a su destinatario, deja constancia del intento realizado, indicando el día, hora, y las circunstancias en que se intentó la notificación. Sin embargo, es muy poca la información que aparece en el aviso de recibo. Por ello, el destinatario de la notificación acaba yendo a recogerla prácticamente a ciegas, sin saber muy bien qué le deparará el destino, y qué tipo de notificación recibirá. Ahora el Tribunal Supremo acaba de decidir qué información debe constar en el acuse de recibo.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre una cuestión clave en el mercado del alquiler: ¿es válida una cláusula de prórroga indefinida a voluntad del inquilino tras la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994? En una novedosa sentencia avala este tipo de cláusulas, aunque con límites temporales, reforzando así la importancia del principio de autonomía de la voluntad frente a la rigidez de la duración contractual.

El Tribunal Supremo ha marcado un antes y un después para miles de propietarios al aclarar que cualquier ciudadano puede pedir al Catastro la corrección del valor o los datos de su inmueble, sin tener que pasar por el ayuntamiento. Una nueva sentencia aclara cómo debe aplicarse la Ley del Catastro Inmobiliario y refuerza el derecho de los contribuyentes a corregir errores que afectan a impuestos tan cotidianos como el IBI.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha determinado que las autopistas no podrán cobrar peajes íntegros a los usuarios si el servicio se encuentra afectado por obras en la infraestructura.

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a la reclamación de una comunidad de vecinos que exigía la devolución de una cantidad embargada por error de su cuenta bancaria. La Sala de lo Social concluye que el perjuicio alegado no deriva de una resolución dictada por un juez o magistrado, sino de una actuación de la Letrada de la Administración de Justicia durante la fase de ejecución del procedimiento. Al no provenir de una decisión judicial propiamente dicha, el caso no puede considerarse un error judicial en sentido estricto.

El Tribunal Supremo ha cerrado filas en torno a la protección de los agentes comerciales, consolidando su posición frente a las empresas que intentan restringir las indemnizaciones por clientela. La sentencia núm. 1209/2025, de 3 de septiembre, obliga a Vodafone España a pagar más de 366.000 euros a una de sus empresas agentes, y deja un mensaje inequívoco: ningún contrato puede limitar una indemnización reconocida por ley.

El Tribunal Supremo ha reafirmado que el plazo de prescripción de las reclamaciones de los gastos hipotecarios comienza cuando existe una sentencia firme, y no cuando se pagan estos conceptos, según un auto dictado a principios de octubre. Así, da la razón a dos clientes que habían presentado en 2018 una demanda contra BBVA por este concepto. Los juzgados de primera y segunda instancia habían considerado abusivas, y por tanto nulas, las cláusulas hipotecarias, pero limitaban la acción de restitución de las cantidades indebidamente cobradas por el banco.

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que vuelve a situar en el centro del debate a las cláusulas suelo, confirmando la nulidad del límite mínimo de intereses incorporado en un préstamo de 2007 y declarando abusiva la renuncia de acciones que el cliente había firmado años después con su banco. El fallo obliga a la entidad a devolver las cantidades indebidamente cobradas hasta el 28 de julio de 2015, fecha en la que se firmó la novación que eliminó la cláusula suelo, reforzando así la protección de los consumidores en contratos hipotecarios con condiciones poco transparentes.

El Tribunal Supremo ha frenado la reclamación de un propietario que exigía al Estado una indemnización de 425,52 euros por la limitación en la actualización de rentas de alquiler al 2% (durante 2022 y 2023), fijada en el Real Decreto-Ley 20/2022, y que el Gobierno subió al 3% durante 2024. La Sala de lo Contencioso-Administrativo no solo desestima el recurso, sino que impone el pago de costas procesales al demandante. El propietario alegaba que el perjuicio cumplía los requisitos legales para ser resarcido: un daño económico real, con carácter antijurídico, derivado de una norma que, en su opinión, restringía la propiedad privada y alteraba la seguridad jurídica prevista en la LAU.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que se establece doctrina a propósito del conocido en la comunidad jurídica como 'doble tiro' y ha establecido que la administración tributaria no puede dictar una tercera o sucesivas liquidaciones tras haberse anulado dos anteriores. La sentencia resuelve un recurso de casación promovido por tres hermanos gallegos en relación con el Impuesto sobre Sucesiones, y anula una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

El Tribunal Supremo confirma que los autónomos podrán deducir agua, luz o gas cuando trabajen desde casa, siempre de forma proporcional al espacio destinado a la actividad profesional. La sentencia, dictada el 15 de julio de 2025, consolida un criterio que afecta a miles de profesionales que compaginan vida personal y trabajo bajo un mismo techo. En el caso analizado, la planta baja de la vivienda se dedicaba íntegramente al despacho, lo que equivalía a la mitad de la superficie del inmueble. Con ese criterio, el Supremo fijó el porcentaje de deducción en el 50% del IVA soportado en los suministros.

¿Quién paga si aparece un dinero sin justificar en un matrimonio bajo gananciales? El Tribunal Supremo ha zanjado la cuestión en una sentencia del 15 de julio, estableciendo que, salvo prueba en contrario, estas cantidades se presumen gananciales y deben repartirse a partes iguales entre los cónyuges en el IRPF. El fallo del alto tribunal tiene su origen en un episodio ocurrido en una aduana francesa. Durante un control, la policía descubrió más de 93.000 euros en efectivo en poder de un ciudadano español.

El Tribunal Supremo ha vuelto a poner límite a las obras en comunidades de propietarios. La Sala de lo Civil ha dejado claro que un vecino no puede modificar su vivienda dentro de una urbanización si con ello rompe la estética del conjunto o perjudica a otros residentes. Y esto se aplica incluso cuando se hacen las reformas en espacios de uso privativo, como una terraza. El caso comenzó en Madrid, donde los propietarios de una vivienda adosada cerraron la terraza superior de su casa. Lo hicieron con licencia municipal, pero los vecinos no estuvieron de acuerdo, por lo que denunciaron que el cerramiento desfiguraba la fachada del conjunto y restaba vistas a los demás.

Con motivo del divorcio, corresponde repartir el patrimonio común y adjudicar a cada cónyuge lo suyo. Sin embargo, a veces se llega al acuerdo de que uno de los cónyuges reciba más bienes de los que le corresponden, sin tener además que compensar en metálico al otro. ¿Estamos ante una donación, ante un «regalo» del cónyuge que recibe menos bienes en favor del otro, o ante un acuerdo entre cónyuges? José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid promete reabrir el debate.

El Tribunal Supremo ha frenado un desahucio que se inició por la devolución de un recibo de alquiler inflado con un consumo de agua veinte veces superior al habitual. El fallo introduce un matiz clave en los procesos de desahucio por impago de alquiler: cuando el arrendador actúa contra la buena fe contractual, el impago no puede utilizarse como causa automática de resolución del contrato.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de julio de 2025, ha determinado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe requerir al promotor de una obra de construcción de viviendas para la designación de un técnico que cuente con la titulación habilitante legalmente exigida (arquitectura técnica o arquitectura) para desempeñar las funciones de coordinación de seguridad. Con ello asume la reclamación del Colegio de la Arquitectura Técnica de Soria.

¿Cuándo empieza a contar el plazo para reclamar a Hacienda la devolución de ingresos indebidos? El Tribunal Supremo acaba de dar una respuesta que cambia las reglas del juego en un asunto clave para empresas y contribuyentes. Esta sentencia resuelve una disputa que arrancó hace más de 15 años y que enfrenta a una compañía con la Agencia Tributaria por una devolución del IVA que consideraba prescrita. El alto tribunal determina que la prescripción empieza con la sentencia que reconoce el ingreso indebido.

El Tribunal Supremo ha dado un paso inédito en España: ha obligado al Gobierno a facilitar el acceso al código fuente de BOSCO, el algoritmo que determina quién puede beneficiarse del bono social eléctrico. Nunca antes un tribunal había ordenado revelar los entresijos de un sistema informático utilizado para gestionar ayudas públicas. La resolución coloca en el centro del debate cómo deben funcionar los algoritmos en la Administración pública y hasta qué punto la ciudadanía puede fiscalizar su actuación.

El Tribunal Supremo zanja, una vez más, la controversia jurídica sobre el alcance de las facultades de las comunidades de propietarios frente a los alquileres de uso turístico. En su sentencia 1.025/2025, de 2 de septiembre, la Sala de lo Civil ha confirmado la validez de un acuerdo vecinal en Segovia que prohibía expresamente las viviendas de uso turístico en el edificio, desestimando el recurso de casación interpuesto por dos copropietarios.

El Tribunal Supremo ha marcado un cambio relevante en el debate sobre la plusvalía municipal. En una sentencia dictada el 13 de junio de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que los contribuyentes pueden reclamar la devolución del impuesto siempre que, a fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021 de 26 de octubre, que anuló el tributo, aún estuvieran en plazo para recurrir en vía judicial. La decisión refuerza la posición de quienes quedaron atrapados en un vacío legal entre la vía administrativa y la contenciosa, ampliando las posibilidades de resarcirse por un tributo declarado inconstitucional.

Durante el pasado mes de julio, el Tribunal Supremo ha echado un jarro de agua fría a Hacienda, al emitir dos sentencias beneficiosas para las empresas familiares dedicadas al alquiler de inmuebles en propiedad. Una de las sentencias establece que es suficiente con la existencia de un empleado a jornada completa para entender que se trata de una actividad económica familiar y, así, disfrutar de los beneficios fiscales en el Impuesto del Patrimonio y en el Impuesto de Sucesiones. Y la otra sentencia simplifica la sucesión en la empresa familiar.

El Tribunal Supremo ha despejado una de las dudas más repetidas en el ámbito laboral: ¿es posible que una empresa aplique una sanción más leve de la que marca el convenio colectivo? La respuesta es sí. Y no es una interpretación menor, pues la Sentencia 559/2025, dictada el 10 de junio, marca doctrina y redefine los límites del poder disciplinario empresarial.

El abogado José María Salcedo destaca la naturaleza cambiante del procedimiento tributario, donde la jurisprudencia y resoluciones administrativas pueden alterar las estrategias de defensa a lo largo del proceso. Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha validado el método de “tasación hipotecaria” para determinar el valor de inmuebles, afectando negativamente a los recursos interpuestos por contribuyentes. Sin embargo, existen casos recientes donde los tribunales han anulado comprobaciones de valores al considerar que la tasación hipotecaria no es prueba suficiente. Además, un Auto del Tribunal Supremo de junio de 2025 podría abrir nuevas oportunidades para los contribuyentes al cuestionar la validez de la tasación sin un informe técnico.

El Tribunal Supremo, en STS 2923/2025, ha dado la razón a dos vecinas de Madrid en una larga disputa con su comunidad de propietarios por la posesión de dos trasteros. Tras más de 30 años de uso exclusivo, el Alto Tribunal ha reconocido como legítimas propietarias de estos espacios a estas mujeres, frente a la pretensión de la comunidad de recuperar los trasteros como elementos comunes. Considera que las demandadas habían adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva, es decir, por haberlos disfrutado de manera pública, pacífica y continua durante más de tres décadas.