Tribunal Supremo

¿Puede Hacienda comprobar un ejercicio que ya ha prescrito? La respuesta, que a muchos puede sorprender, es que sí. Así lo confirma el Tribunal Supremo en una sentencia referida a los saldos de IVA pendientes de compensar. Se trata de un pronunciamiento de especial interés porque la posibilidad de comprobar ejercicios prescritos no se limita al IVA y puede permitir a Hacienda utilizar la información obtenida para regularizar ejercicios posteriores que todavía no hayan prescrito.

¿Puedes reclamar a tu expareja la parte de la hipoteca o del IBI que pagaste de más durante el matrimonio? En determinadas circunstancias, sí, pero hay una cuestión que a menudo resulta determinante: cuándo empieza a contar el plazo de prescripción. El Tribunal Supremo acaba de precisarlo en su Sentencia núm. 458/2025, de 24 de marzo, donde establece que el cómputo de los cinco años para reclamar el reembolso no tiene por qué comenzar con cada recibo.

Una empresa no puede reducir unilateralmente el porcentaje de teletrabajo pactado en un acuerdo individual. Si, por ejemplo, tiene reconocido el 100% de su jornada en remoto, la compañía no puede reducirlo al 75% sin antes pactarlo con el empleado. Así lo establece el Tribunal Supremo, que en una sentencia reciente determina que el consentimiento del trabajador se vuelve indispensable para modificar las condiciones. También defiende que el plazo para impugnar comienza una vez que la empresa comunica los cambios de forma escrita y clara.

Una vivienda prestada “mientras haga falta” no garantiza a quien la habita que pueda quedarse indefinidamente. Es la idea que refuerza una sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a la propietaria y avala el desahucio por precario de una ocupante que residía en su inmueble sin pagar ninguna renta y sin una duración determinada. La resolución se centra en las consecuencias de una cesión gratuita cuya duración no quedó fijada de forma concreta

El Tribunal Supremo de EEUU ha votado por 5-4 a favor de rechazar la suspensión cautelar de las obras del salón de baile de la Casa Blanca proyectado por el presidente Donald Trump. Un tribunal de nivel inferior había paralizado la construcción de este complejo, alegando que el Congreso era el que tenía que autorizar las obras de la casa presidencial. El alto tribunal estadounidense ha rechazado la demanda de la Fundación Nacional para la Conservación Histórica al considerar que dicha institución no ha acreditado su condición de parte interesada.

¿Quién paga la tasa de basura en un piso de alquiler? La respuesta puede parecer sencilla, pero no siempre lo es. El recibo puede llegar al propietario y, sin embargo, terminar correspondiendo el coste al arrendatario si existe un pacto que así lo establezca. La cuestión ha llegado a la Audiencia Provincial de Málaga a raíz de una reclamación por las cuotas generadas durante un arrendamiento y el tribunal ha dado la razón al propietario, considerando válido este acuerdo porque los importes estaban individualizados para la vivienda y podían determinarse a partir de los recibos aportados.

¿Quién responde por un incendio en una vivienda alquilada que provoca daños en el resto del edificio? Aunque se suele dar por hecho que el seguro del hogar cubrirá cualquier reclamación, el Tribunal Supremo acaba de recordar que no siempre es así. En una sentencia reciente aclara una cuestión que suele generar conflictos entre propietarios, inquilinos y aseguradoras: la cobertura de responsabilidad civil (RC) no se extiende al arrendatario por el mero hecho de que el siniestro se produzca en la vivienda.

¿Qué ocurre con la vivienda familiar cuando los hijos dejan de ser menores? Es una de las preguntas más frecuentes tras un divorcio. El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre esta cuestión en una sentencia que consolida la interpretación del artículo 96 del Código Civil tras la reforma introducida por la Ley 8/2021. La resolución aclara que el derecho de uso para proteger a los hijos no puede mantenerse de forma indefinida cuando alcanzan la mayoría de edad por el mero hecho de seguir conviviendo con uno de sus progenitores. Recuerda que la mayoría de edad pone fin, por regla general, al uso de la vivienda familiar y rechaza que el uso dependa de la liquidación de la sociedad de gananciales.

Las comunidades de propietarios pueden instalar cámaras de videovigilancia en las zonas comunes del edificio para proteger la seguridad de los vecinos siempre que la medida esté debidamente justificada, se apruebe con la mayoría exigida por la Ley de Propiedad Horizontal y respete la normativa de protección de datos. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo en una sentencia que desestima la demanda presentada por una propietaria en Madrid que solicitaba la retirada de las cámaras por considerar que vulneraban su derecho a la intimidad.

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de San Sebastián, Eva Cerón, prepara una nueva cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el índice hipotecario IRPH en la que plantea una decena de preguntas centradas en la transparencia y el posible carácter abusivo de las cláusulas que incorporan este índice, según ha informado la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). En concreto, cuestiona si los bancos cumplieron realmente con su deber de información cuando se limitaron a informar de la Tasa Anual Equivalente (TAE) sin advertir de que el propio Banco de España recomendaba aplicar un diferencial negativo al IRPH para que no fuera tan caro.

¿Puede un propietario dejar de pagar los suministros o darlos de baja cuando otra persona ocupa su inmueble? Es una de las dudas más habituales y, hasta ahora, la respuesta no era del todo uniforme. Y es que las Audiencias Provinciales habían mantenido criterios dispares, pero el Tribunal Supremo ha fijado un criterio que servirá de referencia en los próximos años: cuando quien ocupa una vivienda carece de un título que legitime su permanencia, la baja o la interrupción de los suministros no constituirá, por regla general, un delito de coacciones.

Comprar una vivienda a un hijo puede parecer una ayuda familiar más. Sin embargo, cuando llega el momento de repartir la herencia, esa decisión puede convertirse en un conflicto entre hermanos. ¿Debe tenerse en cuenta al hacer la partición? Y, sobre todo, ¿qué fue realmente lo donado: el dinero para adquirir el bien o el propio inmueble? El Tribunal Supremo ha respondido a estas preguntas en una sentencia que fija un criterio con consecuencias para muchas familias. En este caso, la donación recayó sobre el dinero empleado para adquirir la propiedad y no sobre los propios inmuebles, ya que nunca llegaron a formar parte del patrimonio de los padres.

Una herencia puede complicarse cuando uno de los llamados a suceder fallece sin haberla aceptado ni repudiado. Ese escenario, frecuente cuando se encadenan varias defunciones en una misma familia, es el que ha llevado al Tribunal Supremo a revisar uno de los criterios más debatidos del derecho de sucesiones en los últimos años. La Sala Primera ha dado un giro en su sentencia abandonando la doctrina fijada en 2013 sobre la llamada teoría de la adquisición directa y volviendo a la interpretación tradicional, conocida como teoría de la doble transmisión.

El Alto Tribunal considera que la cláusula suscrita por un cliente en 2017 no era transparente porque la escritura del préstamo hipotecario no contiene ninguna mención al contrato de seguro de vida. El producto asegurador sí aparece, en cambio, mencionado en la oferta vinculante y en la documentación anexa. El afectado contrató préstamo hipotecario con 40 años de vencimiento y un capital suscrito de 151.547,62 euros. Sin embargo, dentro de ese capital se incluía una prima única de 24.467,62 euros para satisfacer un seguro de vida que cubriera la devolución del crédito en caso de fallecimiento.

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre las comisiones de apertura y ha dado la razón a Banco Sabadell al validar el cobro de 2.790 euros en una hipoteca. En una sentencia reciente, el alto tibunal estima el recurso de casación presentado por la entidad y deja sin efecto las resoluciones anteriores, que consideraron abusiva la cláusula y ordenaron su devolución a los clientes. El fallo determina que la comisión aparecía recogida con claridad en el contrato y se encontraba separada del resto de condiciones financieras, por lo que cumplía el requisito de transparencia.

Instalar una casa prefabricada es una opción cada vez más habitual. Sin embargo, cuando se llevan a cabo actuaciones incompatibles con la normativa urbanística, las consecuencias pueden ir más allá del ámbito administrativo y alcanzar la vía penal. Así lo recuerda el Tribunal Supremo en una sentencia donde confirma un delito contra la ordenación del territorio tras la venta de varios terrenos en suelo no urbanizable que terminaron utilizándose para viviendas prefabricadas.

La Comunidad de Madrid ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno central al considerar que vulnera las competencias en esta materia, limita la capacidad de gestión de la autonomía regional e invade ámbitos reservados por el ordenamiento jurídico a estas administraciones. Según el Gobierno regional, "incrementa de forma significativa las obligaciones financieras exigidas a las comunidades autónomas para desarrollar las medidas previstas en el programa estatal".

Las reclamaciones por cláusulas abusivas siguen acumulando varapalos judiciales para la banca. Esta vez llega desde el Tribunal Supremo, que ha condenado a devolver los gastos hipotecarios y la comisión de apertura de un préstamo firmado hace más de 25 años. La sentencia analiza una hipoteca suscrita en 1999 con Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, que años después pasó a integrarse en Bankia y posteriormente en CaixaBank.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre uno de los grandes focos de conflicto en las comunidades de propietarios: el uso turístico de las viviendas. En su sentencia respalda el cese de la actividad cuando los estatutos contienen una prohibición expresa de destinar los inmuebles a hospedería. No obstante, la sentencia no significa que cualquier comunidad pueda impedir de forma automática el alquiler turístico. El Tribunal Supremo recuerda que estas limitaciones deben constar de forma expresa en los estatutos. La mera descripción del edificio como residencial no basta, por sí sola, para prohibir esta actividad.

El Tribunal Supremo ha despejado la incógnita: el devengo del Impuesto sobre Sucesiones se sigue produciendo el día del fallecimiento del causante, aunque el testamento se protocolice meses (o incluso años) más tarde. Solo cuando exista un litigio o procedimiento que afecte al derecho a heredar podrían operar las reglas de suspensión. La decisión no es menor, ya que de ella depende el plazo para presentar la autoliquidación y, sobre todo, el cómputo de la prescripción.

Una convivencia estable durante más de 20 años, hijos en común y una vivienda compartida no garantiza el acceso a la pensión de viudedad. Es lo que dispone una Sentencia del Tribunal Supremo que vuelve a poner el foco en un requisito en el que muchas parejas no reparan. El alto tribunal ha dado la razón al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y a la Tesorería General (TGSS), denegando la prestación a una mujer que no llegó a formalizar su relación, reforzando una doctrina que, lejos de flexibilizarse, se consolida como una de las más estrictas en materia de protección social.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado parcialmente el Real Decreto 1312/2024, que creó el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital para los alquileres de corta duración. Alejandro Fuentes-Lojo, del despacho Fuentes-Lojo, esta Sentencia abre la puerta a que los damnificados puedan reclamar responsabilidad patrimonial contra la Administración por los perjuicios sufridos como consecuencia de la aplicación de una normativa administrativa ahora anulada.

El valor de referencia de Catastro, tras haber sido declarado constitucional el pasado mes de febrero, ha venido para quedarse. Y nos guste o no, es la forma de determinar la base imponible de impuestos tan importantes en el ámbito inmobiliario como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el de Sucesiones y Donaciones (ISyD). José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que cuando el valor resulte excesivo y desproporcionado, el contribuyente podrá atacarlo con un informe pericial hecho por un arquitecto. Ahora el Supremo tiene sobre la mesa decidir qué prueba hay que aportar en dicho informe pericial para hacer frente al valor de referencia.

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración (turístico o de temporada) regulado en el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, y que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2025. El alto tribunal considera que el Estado carece de título competencial para establecer un registro nacional que se superpone a los registros autonómicos existentes en materia de arrendamientos turísticos. Ahora propietarios y operadores del sector no deberán obtener el registro único ni tampoco deberán remitir la declaración anual de arrendamientos al Registro de la Propiedad.

La empresa que gestionó un bar durante una década en Córdoba tendrá que ser indemnizada tras la finalización de su contrato de alquiler. El Tribunal Supremo consolida su doctrina y confirma que el arrendatario puede reclamar la indemnización por clientela prevista en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) cuando el propietario del local decide no renovar el contrato. La sentencia obliga al arrendador a pagar más de 15.000 euros, fijando un criterio según el cual los negocios de hostelería también generan un flujo de clientes cuyo valor económico es protegido por la ley.