La mayoría de los diputados en el Congreso tumban los dos decretos de vivienda de PSOE y Sumar

Tal y como ocurriera el pasado 28 de abril, el Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado convalidar el Real Decreto-ley 26/2026 y el Real Decreto-ley 27/2026 en materia de vivienda que acababan de ser publicados en el BOE el 30 de septiembre y 1 de octubre, respectivamente. El Ejecutivo solicitó que la convalidación de los decretos se tramitara de forma urgente. Ambos se han debatido y votado por separado.

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El primer decreto ha sido defendido por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Los 178 votos en contra del PP, Vox, Junts y UPN se han impuesto a los 172 votos a favor del resto de la cámara – PSOE, Sumar, PNV, ERC, Bildu y el Grupo Mixto (Podemos, BNG, Compromís) han permitido que el primer decreto, que ha generado mayor crítica y crispación en la Cámara Baja, quede derogado.

En una mañana de negociaciones 'in extremis' y 'pasilleo', la ministra socialista intentó atraer a Junts hasta el último minuto y llegó a pedir a los grupos convalidar el decreto e, “inmediatamente”, ponerse a trabajar “para tramitar como proyecto de ley el mismo y con celeridad volver a traer de nuevo con esas puntualizaciones o correcciones técnicas que algunos grupos reclaman”. Sin embargo, ningún partido de la oposición ha recogido el guante.

Después de que PNV y Coalición Canaria confirmaran su sí a esta iniciativa, toda la presión quedaba en tejado de Junts, que había negociado el decreto con el Gobierno hasta el lunes, cuando se rompieron las conversaciones. 

Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras (Junts), acusó al Gobierno de alentar “mentiras” y de “seguir alimentando una esperanza que todos ustedes saben que estos reales decretos no recogen”. “La gente no se merece cualquier decreto”, ha dicho para reivindicar a continuación la propuesta que Junts ha hecho al Gobierno como un nuevo “punto de partida”. 

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ausentaron del hemiciclo mientras la diputada catalana intervenía, lo que daba la medida de la tensión que se vivía en la Cámara y, al mismo tiempo, alentaban la teoría de que el jefe el Ejecutivo sopesa ya un adelanto electoral. 

Horas antes, la formación que preside Carles Puigdemont había ofrecido al PSOE retirar los dos reales decretos y negociar uno nuevo con medidas antiokupación y la reducción de impuestos para la compra de primeras viviendas, entre otras propuestas. Sin embargo, tanto los socialistas como Sumar lo rechazaron de plano. 

Tanto PP como Vox, que ya habían anunciado su rechazo de antemano, emplearon su turno en cargar duramente contra la iniciativa de Moncloa. "En 8 años en el Gobierno se han cargado la vivienda de España. Han decidido arreglar en 4 días lo que llevan destruyendo en 8 años", ha afirmado el representante de los populares, Juan Bravo. 

“Este decreto no habría evitado el desahucio de Maricarmen. Este decreto tampoco le da ninguna vivienda a un joven más. Votamos no a seguir practicando las políticas que ustedes nos traen si nos han llevado a este momento; votamos no a obviar que el problema es un problema de déficit de oferta, que hace falta más vivienda, y votamos que no a que utilicen el drama de una mujer de 87 años para tapar su fracaso de gestión”, expresó el también vicesecretario del PP entre aplausos de su bancada.

Carlos Hernández Quero, portavoz de Vivienda de Vox, por su parte, ha asegurado que, de aprobarse, los decretos afectarían a las personas vulnerables. "El gobierno ganaría tiempo, pero millones de españoles perderían el tren de la vivienda. Si prohíbes desahuciar a vulnerables, nadie les alquila", zanjó. 

Mientras que el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, les replicó que "ayer cientos de familias pudieron dormir tranquilas en sus casas", en referencia a la entrada en vigor de los decretos, aunque fuera por un periodo de apenas horas. 

Segundo decreto, los contratos indefinidos de alquiler

La ponencia del segundo la ha encabezado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Aquí la derrota del Gobierno ha sido más clara con 184 votos en contra de PP, Vox, PNV, Junts, CC y UPN, frente a los 166 votos a favor del resto de la cámara. El Gobierno se ha visto claramente en minoría y sin capacidad de negociar acuerdos de mínimos con el resto de partidos. 

La norma obligaba a los propietarios a indemnizar a sus inquilinos si deciden no renovar el contrato por otros cinco años si el arrendador es una persona física -o siete años si es jurídica- sin causa justificada, como su necesidad o de algún familiar de habitar el inmueble. En ausencia de esta justificación, deberá pagar al arrendatario lo equivalente a 12 mensualidades como compensación. Además, para no renovar, el propietario debe avisar con al menos seis meses de antelación, mientras que al inquilino le bastan dos.

Bustinduy, encargado de defender esta segunda iniciativa del Congreso, atacó duramente a los partidos que ya habían mostrado su intención de votar en contra es “traicionar a su pueblo para servir a la única bandera del rentismo”, dijo. Pero desde el PNV, su portavoz, Maribel Vaquero, le afeó "no haber descolgado el teléfono" para negociar la medida. 

La representantes vasca explicó que su rechazo viene por su negativa a que "proteger a unos signifique necesariamente ponerse en contra de los otros, porque precisamente la responsabilidad de la política es intentar encontrar un equilibrio entre realidades distintas”.

El diputado del PP, Sergio Sayas ha rechazado el decreto al considerar "que ataca la propiedad privada y la seguridad jurídica y que dificultará todavía más el acceso al alquiler". A su juicio, la solución al problema de la vivienda pasa por aumentar la construcción, donde falta un millón de viviendas, y no por intervenir el mercado.

Tras la intervención del resto de grupos, el presidente del Gobierno pidió la palabra por sorpresa para intervenir como cierre del pleno extraordinario, una potestad que le otorga su cargo, pero que no suele ser habitual en este tipo de sesiones parlamentarias.

“Les pido que piensen en la gente, la gente de a pie que más necesita del amparo de lo público, que piensen en los millones de jóvenes que no pueden independizarse, en las familias que viven angustiadas porque no paran de subirles el precio del alquiler, en los jubilados y jubiladas que se enfrentan a la vejez con pavor porque no son propietarios de una vivienda o en los miles de niños y niñas que mañana podrían ver su ropa, su mochila o sus juguetes tirados en la acera porque sus padres han sido desahuciados”, ha apostillado antes del inicio de la votación, que se ha desarrollado por llamamiento a cada diputado, que ha expresado su voto en voz alta, una petición que Sumar y PSOE solicitaron por la mañana.

A Junts, el presidente les ha advertido que "la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan".

Están son las medidas que decaen tras el voto en contra de Junts, PP, y Vox

Real Decreto-ley 26/2026

Este Real Decreto-ley es el que contiene más medidas y el primero que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 30 de septiembre. En principio, es el que tiene más opciones de lograr el respaldo parlamentario necesario para convalidarse y, por tanto, mantener sus efectos legales. 

Prórroga extraordinaria de dos años del alquiler

Esta prórroga afecta a los contratos de alquiler en vigor que lleguen a su fecha de vencimiento antes del 31 de diciembre de 2028, así como a los contratos que estén en periodo de tácita reconducción. Exige que el inquilino esté al corriente de pago.

Suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional

Se vuelven a prohibir los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, después de que el pasado mes de febrero el Congreso tumbara la medida tras rechazar su convalidación. 

Prohibición de las compras especulativas de vivienda

Las operaciones de compraventa de viviendas de entidades que adquieran inmuebles o carteras hipotecarias quedan prohibidas hasta finales de 2028 si la compra se produce a un precio inferior al 70% de su valor de tasación. La prohibición afecta a viviendas individuales y edificios enteros, aunque no si la vivienda se destina a alquiler social. 

El decreto publicado en el BOE identifica a los llamados "fondos buitre" como entidades, con o sin personalidad jurídica, que tengan en su objeto social la adquisición de inmuebles a título oneroso. 

Subida de impuestos a las socimis

Se reordena la fiscalidad de las socimis para que reorienten su inversión hacia la vivienda asequible, no al uso de la inversión en el ámbito de la especulación. En concreto, el texto establece un gravamen especial del 25% sobre los beneficios no distribuidos, que se reduce en un 50% cuando más del 80% del parque de viviendas en arrendamiento sea asequible, o en un 100 % cuando, además, el beneficio no distribuido se reinvierta en tres años en viviendas destinadas al alquiler asequible.

Regulación del alquiler de temporada y de habitaciones

La normativa contempla la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para equiparar los alquileres de temporada y de habitaciones a los arrendamientos de la vivienda habitual, con sus propias particularidades. 

La ministra de Vivienda ha destacado que la regulación de ambos alquileres será la que se lleva trabajando en el Congreso de los Diputados y ha precisado que incorpora una cláusula competencial para las CCAA con normativa propia, como Cataluña, donde se aplicará su legislación en materia de derecho civil. 

Aplicación del IVA al alquiler turístico

Hasta ahora, los alquileres turísticos estaban exentos de pagar el IVA, pero el Real Decreto-ley fija un tributo del 10% para "evitar que las viviendas salgan de uso como viviendas habituales", según ha afirmado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. No obstante, el gravamen es inferior al que el Ejecutivo quería aplicar (21%). 

Bonificaciones en el IRPF para inquilinos

El documento incluye bonificaciones fiscales destinadas a reducir el esfuerzo económico de las familias, sobre todo aquellas que viven de alquiler, y mejorar la asequibilidad de la vivienda. Se centran en rentas de hasta 33.000 euros/año y que serán también graduadas según la renta. Según el Gobierno, estas bonificaciones llegarán a 1,6 millones de hogares en España y permitirá ahorrar hasta una mensualidad de la renta de alquiler. 

Bonificaciones en el IRPF para propietarios que bajen el alquiler

Aquellos propietarios que bajen la renta de alquiler fuera de las zonas de mercado tensionado ya declaradas también se beneficiarán de incentivos fiscales por reducir la carga económica sobre los inquilinos. También hay reducciones por rehabilitación de pisos destinados al arrendamiento. 

Subidas de impuestos a propietarios: del IBI a la plusvalía 

La normativa permite a los ayuntamientos penalizar en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) el uso de la vivienda distinto al residencial o las viviendas vacías.

Para los titulares de pisos turísticos en zonas declaradas tensionadas, los entes locales podrán establecer un recargo de hasta el 150% sobre el IBI si cuenta con cuatro o más inmuebles turísticos. Se rebaja al 100% para titulare de 2 a 4 pisos turísticos, y llega al 50% de la cuota líquida en titular de un inmueble turístico. En el caso de viviendas vacías, permite a los consistorios establecer recargos sobre las viviendas residenciales desocupadas de forma permanente. En los municipios que no estén en zonas de mercado residencial tensionado, el recargo podrá alcanzar el 50% cuando el inmueble lleve más de dos años desocupado sin causa justificada y pertenezca a un titular con cuatro o más inmuebles residenciales, y podrá elevarse hasta el 100% cuando el periodo de desocupación supere los tres años.

También está contemplada una mayor tributación de los inmuebles no habituales en el IRPF a partir de 2027, así como la actualización de los coeficientes máximos aplicables al valor del terreno para calcular la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal), medida que formaba parte del decreto ómnibus que tumbó el Congreso a principios de año. 

Ayudas a la compra de la primera vivienda

Se crea el nuevo mecanismo ‘TU CASA’ para aquellas personas solventes, pero que no han podido ahorrar lo suficiente para poder hacer frente a los gastos iniciales en la compra de una vivienda. A través del ICO, habrá acceso a financiación a un tipo de interés al 0% con apoyo del Estado para cubrir hasta el 20% del valor de la vivienda -lo que la banca no suele financiar vía hipotecas-, con un máximo de 50.000 euros. 

Tope del 2% a la subida de las rentas  

Se vuelve a aplicar un tope máximo en la subida anual de los contratos de alquiler en vigor del 2%, como ya se hizo durante la crisis por la guerra en Ucrania en 2022 y en años posteriores. Esta tope también se introdujo en el decreto del mes de marzo, que decayó en la Cámara Baja en abril. En esta ocasión, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, siempre que la norma obtenga el respaldo de la Cámara Baja. 

Reforzar la oferta pública de vivienda

Otra de las cuestiones que recoge el primero de los dos decretos de vivienda es el refuerzo de la oferta pública residencial mediante la consolidación que el Ministerio de Vivienda denomina como 'Modelo Casa 47'. Este pasa por activar los mecanismos administrativos de la Administración General del Estado con el fin de seguir incorporando inmuebles al parque público estatal.

Rebaja del IVA a la vivienda pública

El decreto rebaja la fiscalidad de la vivienda de promoción pública y protegida al tipo superreducido del IVA del 4%. Esta medida utiliza el incentivo fiscal con el objetivo de estimular la construcción de inmuebles residenciales asequibles e incrementar progresivamente la oferta pública disponible.

Real Decreto-ley 27/2026 

El Real Decreto-ley 27/2026 se publicó un día más tarde en el BOE (1 de octubre) y se centra en una de las medidas más reclamadas por Sumar y otros partidos de izquierdas: los alquileres de duración (prácticamente) indefinida. Medida que, a priori, no contará con el respaldo de la Cámara Baja y perderá sus efectos jurídicos. 

En concreto, la norma obliga a los propietarios a indemnizar a sus inquilinos si deciden no renovar el contrato por otros cinco años si el arrendador es una persona física -o siete años si es jurídica- sin causa justificada, como su necesidad o de algún familiar de habitar el inmueble. En ausencia de esta justificación, deberá pagar al arrendatario lo equivalente a 12 mensualidades como compensación. Además, para no renovar, el propietario debe avisar con al menos seis meses de antelación, mientras que al inquilino le bastan dos.