El real decreto de vivienda que prepara el Gobierno encara su fase final de negociación con más incógnitas que certezas. PSOE y Sumar mantienen conversaciones contra reloj para aunar un texto que pueda conjugar las exigencias divergentes de sus socios de investidura, desde Junts a Podemos, para que la iniciativa no vuelva a estrellarse en su convalidación en el Congreso. El borrador del paquete de medidas que esperan llevar al Consejo de Ministros de este martes incluye, entre otras, la prórroga de los alquileres, prohibir a los fondos de inversión la compra de vivienda o bonificaciones fiscales para los caseros que bajen el precio del alquiler.

Entre urgencias, con la incógnita del contenido final y con una acampada en el centro de Madrid como telón de fondo, PSOE y Sumar se preparan para llevar al próximo Consejo de Ministros el nuevo decreto de vivienda. Un asunto que se ha convertido en el mayor foco de discrepancias dentro de la coalición. Ambos partidos han votado divididos en numerosas ocasiones desde el inicio de la legislatura cada vez que una iniciativa de esta materia ha llegado al Congreso. El Ejecutivo se ha roto por la ley de alquileres de temporada, la moción del PP sobre okupas, la prohibición a empresas y fondos de inversión de comprar inmuebles o el decreto del pasado marzo, que llevó a Sumar a plantarse ante Pedro Sánchez tras haber planteado el otoño anterior la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez.

El Ayuntamiento de Bilbao aplicará un recargo del 75% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos vacíos y un gravamen máximo de 6,5 euros a apartamentos y viviendas de usos turístico, según las ordenanzas fiscales aprobadas de forma provisional en el último pleno municipal. La capital vizcaína incrementará, además, hasta el 99% la bonificación de esta tasa a las viviendas que se incorporen a programas públicos de alquiler como 'Bizigune' u otros de tipología similar. Estas medidas han salido adelante con el voto a favor del equipo de Gobierno de PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP.

Luz verde para desbloquear La Azulejera, el proyecto que se postula como la gran expansión de Granada durante los próximos años. La Junta de Andalucía ha confirmado que ya ultima el proyecto básico de la primera parcela de este sector que, en su conjunto, alcanzará las 1.600 viviendas. Esta parcela, con capacidad para 92 casas, cuenta ya con la supervisión favorable de AVRA, así como con el estudio de detalle definitivo. El Gobierno andaluz también redobla su compromiso con el impulso a más de 624 nuevas viviendas entre Los Mondragones y Parque de Automovilismo, 431 de ellas asequibles. Ambos desarrollos también en la capital nazarí.

Samir Amichi, responsable de Real Estate en Europa del gigante de inversión Blackstone, es una de las voces más autorizadas del continente en materia de centros de datos, living, oficinas... El directivo aprovechó su paso por la segunda jornada de The District señalar las "ventajas" que acumula España como destino de inversión -energía renovable, conectividad submarina, costes competitivos y liderazgo turístico- y que la sitúan en un "extraordinario lugar para la revolución digital". Eso sí, el directivo advirtió de las dudas que el decreto que prepara el Gobierno sobre centros de datos genera entre los inversores internacionales.

La negociación para aprobar el nuevo decreto de vivienda vuelve a centrar la conversación política mientras Sumar presiona al PSOE para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros un paquete de medidas que incluya la congelación de los alquileres y una moratoria antidesahucios. Junts, cuyos votos son necesarios para la convalidación en el Congreso, ha enviado sus propias propuestas al Gobierno que incluyen bonificaciones fiscales a inquilinos y pequeños tenedores. El partido de Yolanda Díaz se abre a aceptar estas medidas si sirve, explican, para que la iniciativa prospere "de forma urgente", pero esto podría alejar a otros socios como Podemos o ERC, que ya han mostrado su rechazo.

El impacto que la crisis de la vivienda está teniendo en la movilidad de los estudiantes universitarios para cursar sus estudios en otras ciudades se está viendo mitigado, en parte, por las residencias universitarias, una solución habitacional cada vez más demandada. Resa, uno de los operadores líderes en este sector, calcula que las más de 6.200 plazas con las que cuentan sus centros en Madrid, Barcelona y Valencia están contribuyendo a liberar cerca de 2.500 viviendas en estas ciudades con alta presión.

El Ayuntamiento de Madrid licitará la tercera fase del plan Suma Vivienda antes de final de año. Se trata del siguiente paso de la iniciativa puesta en marcha por el Consistorio en septiembre de 2024 y que tiene como objetivo desarrollar vivienda de alquiler asequible mediante la colaboración público-privada y sobre suelo municipal. El programa cuenta actualmente con dos primeras fases que contemplan 2.200 viviendas de alquiler asequible en los desarrollos de Los Ahijones y Los Berrocales. Esta tercera tercera licitación permitirá dar continuidad a este modelo, según anunció el delegado de Vivienda del Consistorio madrileño, Álvaro González, durante su paso por The District.

El nuevo plan de acción del Banco Europeo de Inversiones en materia de vivienda aspira a alcanzar los 6.000 millones de euros anuales en inversión, con el objetivo de apoyar la construcción un millón de casas en todo el continente antes de 2030. Así lo ha anunciado la responsable de la división de Desarrollo Urbano de la entidad, Elena Campelo, durante su intervención en la primera jornada de The District. Por su parte, Eduardo González, representante de la Comisión Europea en España, señaló la importancia de simplificar el marco jurídico de la UE para facilitar la creación de nuevos hogares en la UE.

El real decreto de gestión de los riesgos de inundación que anunció el Gobierno este verano y actualmente se encuentra en fase de información pública ha puesto en pie de guerra a las promotoras. De aprobarse el proyecto, prohibirá nuevos usos residenciales, vetará los garajes y los sótanos en áreas expuestas a inundaciones y obligará a los ayuntamientos a adaptar su planeamiento. Asprima alerta de que el proyecto genera un "marco jurídico impreciso" y con efectos "graves" sobre el suelo urbano ya que afecta tanto al parque edificado actual y a los proyectos en marcha.