El Gobierno aprueba el decreto de centros de datos con las exigencias que el sector ve "inviables"

El texto mantiene la obligación de cubrir el 80% del consumo con energía renovable en correlación horaria y la desconexión de la red cuando esté tensionada
Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen
La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen Europa Press
Miguel Ángel Alfonso , Europa Press

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha aprobado el real decreto por el que se regulan los centros de datos en España, una norma polémica y elaborada sin consenso que ha puesto en pie de guerra al sector tras recibir más de 600 alegaciones. 

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Su redacción final mantiene las dos exigencias que los 'data centers' consideran "inviables": cubrir el 80% del consumo con energía renovable en correlación horaria y permitir la desconexión de las instalaciones cuando la red esté en tensión. 

Las empresas afectadas no descartan intentar revertir la medida por la vía jurídica mientras esperan el resultado del 29N. Consideran "inasumibles" algunos de los puntos del decreto y critican el modo en el que Moncloa lo ha sacado adelante: desoyendo sus recomendaciones y a escasos nueve días de las elecciones generales. 

Temen, además, que se produzca una fuga de inversores a países vecinos como Francia o Portugal, países con condiciones similares a las que existían en España antes del decreto, y que cifran en 67.000 millones de euros.

Sobrecoste en la factura eléctrcia

La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, justifica esta medida alegando que, sin esta regulación, el despliegue de estas infraestructuras habría provocado un sobrecoste de 5.000 millones de euros en la factura eléctrica y un alza del 25% en el recibo industrial. Algo que desde el sector de los 'data center' o asociaciones como SpainDC niegan categóricamente.

En concreto, la norma exige que los 'data centers' acrediten que el 80% de su consumo anual procede de autoconsumo o contratos a plazo con instalaciones renovables puestas en marcha no más de 18 meses antes que el centro, introduciendo una senda flexible hasta 2032 para cumplir con la correlación horaria (que el consumo coincida con la hora de generación verde).

Régimen transitorio y picos de tensión

La norma, según alega el Gobierno, pivota sobre dos bloques -sostenibilidad y soberanía digital- y mantiene el 80% de adicionalidad renovable, aunque con mayor flexibilidad para tecnologías como la fotovoltaica, así como la obligación de que el consumo coincida con la hora de generación verde con el objetivo de "que el sistema no se tensione, es decir, que el precio sobre los consumidores no quede tensionado a la vista del gran consumo".

Para los proyectos más inmediatos se habilita un régimen transitorio opcional que contempla la desconexión del centro si hay tensión en la red.

Quienes se acojan deberán cumplir una correlación horaria progresiva en horas punta: arrancarán en el 60%, subirán al 70% en 2029 y, "a partir del 1 de enero del año 2032, absolutamente todos y cada uno de los centros de datos tendrá que cumplir con el 80% de adicionalidad y con la correlación horaria siempre", ha remarcado.

Etiqueta 'A' en agua y eficiencia por región climáticaIÓN CLIMÁTICA

En materia hídrica, todos los nuevos centros deberán alcanzar la etiqueta europea 'A', lo que supone "un consumo casi nulo" de 0,1 litros por kilovatio. También se exigirá la máxima eficiencia energética ('A'), pero adaptada a las condiciones de refrigeración de cada región climática.

Por su parte, el bloque de soberanía digital establece mecanismos de supervisión para garantizar que los datos permanezcan en España y el Espacio Económico Europeo, limitando su acceso a terceros países. "Los centros de datos tienen en su mano una oportunidad de oro para demostrar que pueden llegar a los distintos países ofreciendo algo de valor", ha señalado.

15 GW ya concedidos

Aagesen ha subrayado que el sector ha desbordado las previsiones de la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024, que estimaba menos de 4 gigavatios (GW) para 2030.

Actualmente hay 15 GW con permisos de acceso concedidos (seis en transporte y nueve en distribución) -equivalentes a "prácticamente el 40% del consumo pico" nacional-, más otros 20 GW en cola.

Para justificar la urgencia del decreto, la ministra ha señalado las "tensiones de distinto calado" aplicadas en mercados saturados por estas instalaciones, como Irlanda --donde acaparan el 23% del consumo eléctrico y "dijeron ni un centro de datos más"--, Países Bajos (5%) y 15 estados de Estados Unidos.

El decreto se cuela en la campaña

Lo que pase el 29N decidirá el futuro de esta industria en España. El Partido Popular ya se ha comprometido a derogar este decreto si llega a la Moncloa y varias autonomías, entre ellas Madrid o Aragón, han anunciado que la recurrirán. 

Sin embargo, ambas vías, en caso de fructificar, no revertirán la situación en, al menos, un año. La consigna entre las empresas de 'data centers', por tanto, es cerrar filas e intentar aguantar a los inversores ese tiempo para evitar que Portugal o Francia se beneficien. "Si se construye un centro de datos en Portugal, el consumo eléctrico en la península ibérica será el mismo, el impacto ambiental también, pero los impuestos y los puestos de trabajo los conseguirá el país vecino", apostillan.

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