Archivo - La directora ejecutiva de Spain DC, Begoña Villacís, interviene durante el encuentro informativo Spain DC bajo el título 'Centros de datos: el cerebro de la era digital', en el Espacio Bertelsmann, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). El e

La patronal de los centros de datos teme fugas de 9.000 millones mientras el Gobierno defiende escoger "los mejores"

El real decreto que el Gobierno prepara para regular los centros de datos en España ha puesto en pie de guerra al sector. SpainDC, la patronal de estas empresas, ha alertado de que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones para centros de datos en España, tras el aviso de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos para estas infraestructuras los frenarán si sale adelante la iniciativa propuesta por el Ejecutivo. El Ministerio de Transición Ecológica defiende, a su vez, hacer una criba para "escoger las mejores" instalaciones de este tipo.
Instalaciones fotovoltaicas

El Gobierno lanza una consulta pública para actualizar el marco regulatorio para el autoconsumo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado una consulta pública con el fin de recabar la opinión del sector para actualizar las bases regulatorias del autoconsumo y mejorar sus procedimientos al contexto actual. Las condiciones para el autoconsumo están reguladas por un Real Decreto de abril de 2019, pero el gabinete dirigido por Teresa Ribera considera que el contexto actual del autoconsumo es distinto al existente entonces. El impulso del autoconsumo colectivo ha permitido la instalación de más de siete GW de potencia acumulada a finales de 2023, según el sector, y esta consulta pública pretende identificar mejoras de procedimiento y administrativas que faciliten su mayor despliegue.
Costa da Morte

El Gobierno podrá expropiar pisos, hoteles o chiringuitos en primera línea de playa

El Ministerio para la Transición Ecológica está inmerso en la nueva modificación del Reglamento General de Costas, una regulación que busca paliar el impacto del avance del mar, debido al calentamiento global. Esta normativa está de nuevo en revisión después de que el Tribunal Supremo tumbara parte del texto el pasado enero por un defecto durante su tramitación. Entre sus principales medidas está que el Estado podrá expropiar apartamentos, hoteles o chiringuitos en primera línea de playa, a cambio de ceder a los propietarios (personas o empresas) su uso durante 30 años y, en determinados casos, más otros 30 años prorrogables.