El real decreto que el Gobierno prepara para regular los centros de datos en España ha puesto en pie de guerra al sector. SpainDC, la patronal de estas empresas, ha alertado de que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones para centros de datos en España, tras el aviso de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos para estas infraestructuras los frenarán si sale adelante la iniciativa propuesta por el Ejecutivo. El Ministerio de Transición Ecológica defiende, a su vez, hacer una criba para "escoger las mejores" instalaciones de este tipo.
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Moncloa exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético, según el proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los 'data centers'.
En este contexto, SpainDV presentó sus alegaciones a este proyecto de real decreto, desarrollado por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública.
El presidente de esta asociación, Emilio Díaz, ha instado al Gobierno a sentarse a dialogar sobre esta cuestión, puesto que el sector desconocía los planes del Ejecutivo y el real decreto incluía "cosas que eran muy graves" para la industria. "Desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones", ha lamentado, al tiempo que ha avanzado que todavía no hay un encuentro agendado.
Díaz ha añadido que los proyectos de los tres inversores que han amenazado con marcharse si se aprueba el decreto representan el 15% de los 66.900 millones de euros en inversiones previstos para España hasta 2030.
Por su parte, la directora ejecutiva de la asociación, Begoña Villacís, ha afirmado: "Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa".
Asimismo, Villacís ha lamentado que España sea el mercado "menos atractivo" de Europa desde que se dio a conocer la nueva normativa en la que trabaja el Gobierno, apuntando que los afectos han sido "devastadores". "La sensación de inseguridad jurídica que estamos provocando es inadmisible", ha indicado.
La directora general de SpainDC ha explicado que las alegaciones presentadas "se nutren" de todo el sector, formado por más de 300 socios. "Este real decreto ha conseguido la completa unanimidad en contra de su aplicación", ha criticado Villacís.
Desarrollo "ordenado y eficiente"
Por su parte, el departamento que dirige Sara Aagesen ha defendido que el proyecto de real decreto sobre los requisitos energéticos aplicables a los centros de procesamiento de datos persigue asegurar un desarrollo "ordenado y eficiente" de estas infraestructuras, con el objetivo de evitar los problemas ambientales, sociales y de costes eléctricos registrados en otros países.
Fuentes del ministerio han subrayado que España constituye un mercado atractivo para la instalación de centros de datos por su ubicación, el clima y el liderazgo en energías renovables, pero han advertido de la elevada presión sobre las redes eléctricas y de la concentración territorial de las solicitudes.
La Estrategia de Inteligencia Artificial, actualizada en 2024, contempla una potencia de computación acumulada de 2,5 gigavatios (GW) en 2030, equivalente a una demanda eléctrica aproximada de 4 GW. Sin embargo, ya se han concedido derechos de acceso y conexión a la red por más de 12 GW de potencia eléctrica para este tipo de instalaciones, el triple del objetivo previsto, según indican las fuentes.
En Aragón se han otorgado 3,6 GW de acceso a CPD, una cifra que, de materializarse, triplicaría la demanda eléctrica actual de la Comunidad Autónoma. En la Comunidad de Madrid, los derechos concedidos ascienden a 4,1 GW, un volumen equivalente a duplicar el consumo eléctrico regional.
Ante esta situación, el Ejecutivo considera que España puede seleccionar los proyectos que aporten mayores beneficios y tengan menor impacto ambiental, sin trasladar un encarecimiento de las facturas de electricidad al resto de consumidores.
El borrador normativo, cuya fase de audiencia pública ha concluido con la recepción de más de 600 alegaciones, establecerá requisitos para los centros de datos de más de 1 MW de potencia eléctrica en materia de resiliencia y soberanía digital, así como de sostenibilidad energética e hídrica.
En el ámbito de la soberanía digital, los CPD deberán ser operados por una entidad establecida en la Unión Europea, mantener en territorio comunitario los datos relacionados con la operación de los centros y aplicar medidas frente a accesos de autoridades de terceros países que no estén amparados por el Derecho europeo.
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