La Comunidad de Madrid y Cantabria han vuelvo a manifestar su descontento con el proyecto de Real Decreto para regular los centros de datos que plantea el Gobierno central, al considerar que es una iniciativa legislativa que "frenará la inversión" y "restará competitividad a España", y que está planteada bajo unas condiciones "muy restrictitvas". Ambas CCAA gobernadas por el PP han confirmado que participarán en el proceso de audiencia pública del texto, que expira este 4 de septiembre, al igual que ha hecho Andalucía.
El Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso ha comunicado que envió el jueves una serie de alegaciones al proyecto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez en las que sostiene que la saturación de la red eléctrica no debe en ningún caso abordarse desde la limitación de la demanda y las inversiones, sino reforzando las estructuras eléctricas.
La Comunidad de Madrid considera así que el proyecto acumula requisitos y obligaciones en materia energética, hídrica, contractual y de soberanía digital y los vincula al acceso y conexión a la red eléctrica. Su incumplimiento podría conllevar recargos económicos e incluso la pérdida de los permisos de acceso.
Todo esto deriva en una "inseguridad jurídica" en el sector que afectaría tanto a proyectos ya en tramitación o a aquellos que cuentan con permisos de acceso y conexión ya concedidos, según han señalado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid.
Según el Ejecutivo autonómico, estas iniciativas fueron planificadas bajo unas condiciones normativas diferentes y podrían verse ahora sometidas a requisitos adicionales.
Más de 50 proyectos en Madrid
En la Comunidad de Madrid existen actualmente 56 proyectos de centros de datos, 15 de ellos en construcción y los otros 41 ya diseñados, que representarían una inversión aproximada de 15.000 millones de euros y permitirían generar entre 17.000 y 24.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Según estos datos del Gobierno regional, la inversión comprometida podría llegar a alcanzar los 26.250 millones de euros en impacto directo sobre el Producto Interior Bruto (PIB) madrileño, todo ello sin contabilizar el efecto de "arrastre" sobre el resto de la industria del conocimiento que depende de estas infraestructuras.
Así las cosas, el Ejecutivo autonómico defiende que los centros de datos constituyen una infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial, la computación en la nube y los servicios digitales, por lo que considera que su regulación debe combinar eficiencia energética y sostenibilidad con seguridad jurídica y capacidad para atraer inversiones.
En este sentido, para el Gobierno madrileño el nuevo régimen planteado por el Ejecutivo central puede convertirse en una barrera para la implantación de estas infraestructuras y reclama que España aproveche su disponibilidad energética y el crecimiento de las renovables para consolidarse como uno de los principales polos europeos de digitalización.
Tramitación parlamentaria
La Comunidad cuestiona asimismo que el Gobierno de Sánchez haya optado por tramitar estas exigencias mediante un real decreto. A su juicio, por su alcance "cuasi prohibitivo", sancionador y retroactivo, la iniciativa debería aprobarse mediante una norma con rango de ley y someterse a la tramitación parlamentaria.
Por todo ello, la Comunidad de Madrid reclama retirar y reformular sustancialmente el proyecto para establecer un marco regulatorio que, manteniendo los objetivos de eficiencia, sostenibilidad, descarbonización y soberanía digital, permita impulsar la inversión, el desarrollo de las redes eléctricas y la disponibilidad energética.
El Gobierno central mantiene negociaciones con el sector tecnológico para concretar las condiciones del futuro real decreto sobre centros de datos, sin que considere que los nuevos requisitos ambientales, energéticos y de soberanía digital vayan a perjudicar la llegada de inversiones a España, según han explicado fuentes del Ejecutivo.
Cantabria habla de condiciones "muy restrictivas"
El Gobierno de Cantabria (PP) ha anunciado que presentará alegaciones al proyecto de Real Decreto que regulará los centros de datos porque impone "condiciones muy restrictivas", que espera que se suavicen.
Aunque el Ejecutivo regional comparte la necesidad de regular este tipo de instalaciones, considera que el texto propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en fase de información pública, "complica la cuestión" y "se puede hacer de una manera más sencilla".
Así lo ha considerado el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, que, en una rueda de prensa, ha anunciado que el Gobierno regional está preparando las alegaciones a la par que el promotor del Campus Tecnológico Altamira, XDC Properties, "ya está trabajando para alinear el proyecto con las condiciones requeridas".
El titular de Industria ha criticado, especialmente, los requisitos que se han incluido sobre la procedencia de la energía eléctrica que consuman los centros de datos. "No se puede pedir a un promotor que el 80% de la potencia que demanda tenga que ser de rigen renovable y además instalada en los 18 meses anteriores al inicio de la actividad. Más restrictivo aún es exigir que en cada hora al menos el 80% de la energía eléctrica consumida proceda de generación renovable producida en esa misma hora", ha opinado.
El Gobierno considera que, "más alla del tipo de energía que consuman", "deberían tener preferencia de acceso a al red eléctrica" los que tengan mayor eficiencia energética y consuman menor catidad de agua; la mejor conectividad; el menor impacto ambiental; que garanticen la soberanía de los datos, y que contribuyan a la estabilidad del sistema eléctrico español, cuestiones todas ellas que, según Arasti, cumple el proyecto Altamira.
También cree que se deben priorizar aquellos que supongan un menor coste y, en este sentido, ha considerado una "ventaja competitiva" del centro de datos Altamira que no cueste al ciudadano "ni un solo euro" porque la inversión prevista (3.600 millones de euros) es "100 por 100 privada". "Como los recursos son limitados, creemos que se deben elegir los mejores centros de datos", ha defendido.
En cuanto a las condiciones energéticas que plantea el proyecto de Real Decreto del MITECO, Arasti ha criticado, y considera "una paradoja", que se exija consumir energía renovable "mientras, por ejemplo, el parque eólico de El Escudo se paraliza por causas imputables al propio Gobierno de España" y en un momento en el que "alrededor de un 7%" de la proveniente de estas fuentes "se malgasta" al no poder integrarse en la red por problemas de capacidad derivados de una falta de inversión.
"Llama la atención que durante estos ocho años el Gobierno no haya preparado la red eléctrica para suministrar la energía que Espana necesita", ha señalado.
Las alegaciones del Ejecutivo buscan, según Arasti, que tanto Cantabria como España puedan aprovechar una revolución tecnológica que, como las del siglo XVIII, va a determinar qué países prosperarán y qué países no lo harán".
Y es que Arasti ha resaltado que los centros de datos son "infraestructuras básicas para la competitividad de cualquier país y también de España" y resutan "fundamentales para el desarrollo científico y técnico".
En concreto, ha advertido que para que haya inteligencia artificial se precisan centros de datos. "No podemos depender de otros países en materia de inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si esos países priorizan a sus propios usuarios?: nos quedaríamos descolgados", ha apuntado el consejero, y ha concluido que la investigación científica "necesita a la inteligencia artificial. No puede haber inteligencia artificial sin centros de datos".
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