Real decreto

Junts advierte al Gobierno de que no apoyará el real decreto de vivienda si no incluye sus propuestas de bonificaciones fiscales a los caseros y medidas antiokupación. El Consejo de Ministros aprobará el 28 de julio una prórroga de los alquileres hasta 2028, pero su convalidación en el Congreso, un mes después, no está asegurada porque divide a los socios del Ejecutivo de coalición. Podemos rechaza a su vez el texto porque denuncia que "esconde una reforma de la ley del suelo" mientras que el PNV pide acotar la moratoria a inquilinos que estén al corriente de pago durante al menos doce meses.

PSOE y Sumar incluirán una prórroga de los alquileres hasta 2028 y medidas antidesahucios en el decreto de vivienda que esperan aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, el último antes del verano. Por ahora, ambos partidos no han avanzado las bonificaciones fiscales a los caseros que prometieron añadir a la iniciativa para atraer el voto de Junts, que votó en contra de la medida en el Congreso. El texto también incluye otras medidas ya anunciadas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones.

El ministro de Consumo indicó que el acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno pasa por aprobar antes de que finalice este mes un decreto ley que incluirá algunas de las medidas que el Ejecutivo considera "fundamentales" para responder a la situación de la vivienda. Entre ellas, citó la regulación de los contratos de alquiler temporal y de habitaciones utilizados de forma fraudulenta, así como una fiscalidad "disuasoria" para las viviendas de uso turístico -elevar el IVA al 21%-, al considerar que están reduciendo la oferta disponible en el mercado del alquiler.

El Gobierno sigue trabajando en las medidas que incluirá el decreto de vivienda que planea aprobar en julio, en un intento por buscar el respaldo de una mayoría parlamentaria, y estaría estudiando incluir una deducción en el IRPF por la compra de vivienda habitual, un incentivo que estuvo vigente hasta finales de 2012 y que plantea Junts como condición para votar a favor de la nueva prórroga de los alquileres que defiende Sumar. El partido catalán también propone deducciones al alquiler para arrendadores y arrendatarios, nuevos incentivos a la construcción y rehabilitación y exenciones fiscales para los mayores de 65 años que vendan el piso para pagar los gastos de una residencia.

Las reacciones al anuncio que ha hecho el Gobierno de que prepara un nuevo decreto en vivienda de cara a julio no se han hecho esperar. Aunque el texto todavía no está del todo definido, el Ejecutivo ha anunciado que incluirá la regulación del alquiler temporal y de habitaciones, la prórroga de los contratos de arrendamiento y la subida del IVA de los pisos turísticos al 21%. Promotores, administradores de fincas y abogados recuerdan que la regulación no es la solución al problema de acceso a la vivienda, e insisten en que la clave está en dar más incentivos y más seguridad jurídica a los propietarios e impulsar la oferta residencial.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, espera el apoyo de los grupos en el Congreso para la convalidación de Real Decreto-Ley para la prórroga extraordinaria de hasta un máximo de dos años de los alquileres que vencen este 2026 y 2027, ya que hay encuest

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el decreto con medidas para hacer frente al conflicto en Oriente Medio, y todavía no está claro si el texto incluirá o no medidas relacionadas con la vivienda. Mientras las ministras de Hacienda y Vivienda han dejado entrever que no están sobre la mesa ni la prórroga de los contratos de alquiler ni una nueva moratoria antidesahucios, que no tienen apoyos parlamentarios, la ministra de Sanidad da por hecho que habrá medidas en vivienda, como solicitan Sumar y algunos de los socios habituales del Ejecutivo como ERC o Bildu. La única medida que se estaría planteando el PSOE es limitar al 2% la actualización del precio de los alquileres.

El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros de 9 de diciembre un real decreto con una partida que ayudará a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables. La medida la ha adelantado el presidente del Gobierno como unos de los compromisos para cumplir lo pactado con Junts. En materia de vivienda, Pedro Sánchez también ha destacado que se avanza en la tramitación parlamentaria para acelerar los procesos para desalojar inmuebles okupados, en otra de las peticiones del partido de Carles Puigdemont. Además, se ha aprobado otro real decreto para facilitar y flexibilizar las inversiones de los entes locales y ayuntamientos.

La nueva suspensión de los desahucios por impago del alquiler y la puesta en marcha de unos avales públicos para propietarios e inquilinos que ha incluido el Gobierno en el Real Decreto-ley 1/2025 no han sido bien recibidas por los expertos ni por los propietarios. Aseguran que estas medidas "son una sentencia de muerte" para quienes necesitan encontrar una vivienda de alquiler, que seguirán fomentando la inquiokupación y que agravan la inseguridad jurídica, lo que "amenaza la sostenibilidad del mercado de alquiler". También critican que "la política de vivienda se supedita a intereses políticos y electorales, y no al interés general".

La medida que elimina el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados fue anunciada el pasado seis de abril por la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Se publicará en el BOE el 20 de abril y contemplará una serie de excepciones y recomendaciones importantes.

El Gobierno catalán ha aprobado el decreto ley para limitar los precios del alquiler y que no superen en un 10% el índice de referencia en barrios y ciudades con una falta acreditada de vivienda asequible. No obstante, hay excepciones que se escaparán de la regla general y, en algunos casos, podría dispararse el precio del mercado del alquiler en la capital catalana en perjuicio del inquilino.

Las entidades bancarias tendrán que informar cada año y "de forma sistemática" a la administración tributaria de los movimientos de efectivo o pagos con tarjetas superiores a 3.000 euros que realicen empresarios o profesionales para luchar contra el fraude fiscal El consejo de ministros ha aprobado