Real decreto

La escasa oferta de alquiler, los elevados precios y la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los propietarios son los tres principales factores que han generado un mercado del arrendamiento inasumible para la mayoría los españoles. Este ha sido el principal asunto a tratar en el ‘Rental Housing Forum’, en el que grandes protagonistas del sector como José María Alfaro, presidente de FAI (Federación de Asociaciones Inmobiliarias), ha advertido que la inseguridad jurídica está retirando oferta: “A raíz de los últimos decretos de vivienda, se han paralizado contratos que estaban en comercialización o en formalización, e incluso otros a punto de firma, que han pasado a la venta”.

El Gobierno da un paso más en su intención de aprobar el real decreto que fijará las condiciones para instalar centros de datos en España antes de las generales del 29N y ha remitido al Consejo de Estado una versión modificada respecto al texto original. Esta, sin embargo, sigue sin convencer a las principales asociaciones del sector, que presentaron más de 600 alegaciones al texto. Aunque abre una moratoria de cinco años para la obligación de respaldar el 80% del consumo con energías renovables para aquellas instalaciones que se adhieran al sistema de reducción automática de potencia, fuentes del sector lo califican de "inaceptable" y no descartan la vía judicial.

La disolución de las Cortes y la convocatoria de un adelanto electoral el 29 de noviembre no ha paralizado la intención del Gobierno de sacar adelante su proyecto de real decreto para regular los centros de datos antes de que termine la legislatura en la Diputación Permanente del Congreso. Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid y ahora directora ejecutiva de SpainDC, la asociación que agrupa a este sector, considera que, de hacerlo, "arrasará el sector" al poner en peligro 66.900 millones de euros en inversiones. La directiva también alerta del peligro de que España quede rezagada en una carrera en la que compite directamente con Italia, Francia o Portugal para convertirse en el principal 'hub' del sur de Europa.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada asegura que los dos decretos de vivienda que ha aprobado el Gobierno favorecen a los inquilinos con contratos vigentes a costa de los propietarios y de quienes buscan alquilar, lo que puede reducir más la oferta y encarecer los nuevos alquileres. En un estudio, señala que las prórrogas obligatorias, las indemnizaciones por no renovar y los límites a las subidas de renta pueden generar efectos negativos en el mercado y que no abordan el origen del problema: la falta de construcción y de suelo en las zonas más demandadas. El ‘think tank’ también critica que los textos se voten tras la disolución de las Cortes y propone sustituirlos en la próxima legislatura por una ley ordinaria que evalúe su impacto económico.

Los últimos decretos de vivienda que ha aprobado el Gobierno han puesto el foco en defender los derechos de los inquilinos, aunque ello haya supuesto menoscabar los de los arrendadores. El economista Miguel Córdoba asegura que en España se está produciendo retroceso en el concepto de democracia que habíamos acuñado a finales del siglo pasado y considera que no es democrático que se penalice a los propietarios ni que "un Gobierno débil y en situación de agonía ceda a las presiones de la izquierda radical y legisle sin un análisis previo, sin consenso y sin debate parlamentario sobre un tema de la máxima importancia" como es la vivienda.

La entrada en vigor el pasado 7 de octubre del Real Decreto-ley 29/2026 limita la compra de vivienda a fondos de inversión y grandes tenedores por un precio inferior al 70% del valor de tasación de mercado. A falta de que esta iniciativa se convalide en la Diputación Permanente ya está paralizando las compraventas de vivienda, según confirman los notarios. A las dudas por la letra pequeña del texto y al temor por el alcance de las medidas que contiene, se suma ahora un nuevo embudo para la adquisición de viviendas: la necesidad de contar con una tasación para cumplir con requisitos más restrictivos. "Había ventas programadas para formalizarse y se han paralizado", señala a idealista/news el notario Juan José de Palacio.

Hasta ahora, las conocidas como ‘viviendas suntuarias’ -aquellas cuya superficie supera los 300 m2 o el precio del alquiler excede en 5,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI)- estaban exentas de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y se regían prioritariamente por la voluntad de las partes, dado que las personas que acuden a estos activos son de un alto poder adquisitivo y no necesitan el amparo de las instituciones. Sin embargo, los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno han eliminado esta excepción, por lo que este tipo de casas también tendrán que cumplir con la limitación de la actualización de la renta o la moratoria antidesahucios, entre otras medidas. Los abogados expertos José Ramón Zurdo y Thomás de Carranza nos dan las claves de cómo cambia la legislación de estas viviendas suntuarias con esta nueva normativa.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido las medidas impulsadas por el Ejecutivo en materia de vivienda que buscan compaginar "una cierta protección de los inquilinos sin afectar a la oferta", ante las advertencias del sector sobre la retirada de viviendas del mercado del alquiler. No obstante, ha insistido en que hay que analizar qué está ocurriendo con los anuncios retirados, aunque cree que el paso de viviendas de alquiler a la venta no tiene por qué ser negativo, ya que una mayor oferta puede facilitar el acceso a la propiedad a quien actualmente solo puede alquilar, lo que contribuirá a que se liberen pisos para el arrendamiento.

Los dos nuevos reales decretos en materia de vivienda que ha vuelto a aprobar el Gobierno tras la negativa del Congreso han generado cierto “miedo” entre las inmobiliarias del país, que han constatado que algunos propietarios han decidido “detener” ciertas operaciones hasta que la situación “se calme”, según han asegurado varios expertos de estas compañías, entre ellos Jesús Duque (Alfa Inmobiliaria), que ha explicado que ya les han cancelado visitas, y Javier Íscar (OESA), que ve “impensable” que alguien quiera poner un piso en alquiler en los próximos dos meses.

El decreto principal de vivienda, el que tiene más visos de ser convalidado en la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, ha entrado en vigor este jueves, 8 de octubre, tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma paraliza hasta el 31 de diciembre de 2030 los lanzamientos contra personas vulnerables cuando las partes demandantes sean fondos o entidades dedicadas a la compra masiva de créditos impagados o inmuebles por debajo del valor de mercado.

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros dos nuevos reales decretos sobre vivienda similares a los que el Congreso tumbó el viernes pasado. Lo ha hecho con algunas modificaciones para sortear un posible "fraude de ley" y con la vista puesta en que, una vez que las Cortes se han disuelto por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, estos sean convalidados por la Diputación Permanente, donde Moncloa cuenta con una mayoría más favorable. Entre los cambios introducidos más destacados, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado un mecanismo bautizado como 'Tu Casa', que estará dotado con 10.000 millones de euros para otorgar préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para comprar primera vivienda.

El Gobierno prevé aprobar a lo largo de octubre el nuevo real decreto para regular los centros de datos en España, que va orientado a ordenar el despliegue de estas infraestructuras sin comprometer la capacidad de la red eléctrica para la electrificación del resto de la economía. Según el texto sometido a audiencia pública a finales de agosto, el Ejecutivo español exigirá que los centros de datos respalden al menos el 80% de su consumo con energía renovable. La patronal del sector, Spain DC, avisa de que están en juego 9.000 millones de euros en futuras inversiones y que las nuevas exigencias también ponen en peligro muchos proyectos que ya están sobre la mesa.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido a Junts que "se muevan a una abstención" en la votación del decreto ley con medidas en ámbito de vivienda que se votará este viernes en el Congreso para así permitir su convalidación. En concreto, la ministra ha insistido en la idea que ya ha trasladado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que las votaciones de este viernes suponen "la hora de la verdad para todos" y toca elegir si se está "con la gente o con los buitres".

La Ejecutiva de Junts per Catalunya ha decidido rechazar los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados y ha pedido su retirada, además de solicitar un nuevo texto que "comience a revertir la grave situación de la vivienda”. El Gobierno ha rechazado la propuesta de Junts y según fuentes del Ejecutivo "ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores".

Llega el 'Día D' para los dos decretos de vivienda que ha aprobado el Gobierno esta semana. Este viernes, 2 de octubre, ambos textos se votarán en un Pleno extraordinario en el Congreso pero tras confirmar Junts que votará en contra de ambos todo apunta a que serán derogados. Junts que ha exigido su retirada y elaborar de inmediato un nuevo texto que revierta la grave situación de la vivienda. Por su parte, PNV votará a favor del primer decreto que contiene numerosas medidas contra los pequeños propietarios que están pendientes del resultado de la votación parlamentaria. De ello depende la prórroga forzosa de dos años, el tope a las subidas de precio por debajo de la inflación, la suspensión de los desahucios, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, o el endurecimiento de la fiscalidad para la segunda residencias.

Horas antes de que arrecie la tormenta en el Congreso durante el debate por la convalidación de los dos reales decreto de vivienda que el Gobierno aprobó el martes, la VIII Jornada del Observatorio Español del Seguro de Alquiler (OESA) reunió a los portavoces parlamentarios de PSOE y PP en esta materia, Ignasi Conesa y Miguel Ángel Sastre, respectivamente; y al director de Asprima, Jorge Ginés, para confrontar sus diferentes modelos frente a la crisis habitacional. El representante socialista defendió los topes de precio frente a las críticas de su homólogo popular a estas medidas "intervencionistas". El representante de las promotoras, por su parte, fue el más tajante: "Los decretos van a expulsar a los más vulnerables".

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros dos reales decretos sobre vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de casas por 'fondos buitre' hasta el 2028 o la prórroga automática de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. También se vuelve a establecer un tope del 2% a la subida de las rentas de los arrendamientos, se aplica un IVA del 10% al negocio de los pisos turísticos o se dan ayudas para la compra de primera vivienda. Los decretos se llevarán al Congreso de los Diputados el próximo viernes 2 de octubre.

Entre urgencias, con la incógnita del contenido final y con una acampada en el centro de Madrid como telón de fondo, PSOE y Sumar se preparan para llevar al próximo Consejo de Ministros el nuevo decreto de vivienda. Un asunto que se ha convertido en el mayor foco de discrepancias dentro de la coalición. Ambos partidos han votado divididos en numerosas ocasiones desde el inicio de la legislatura cada vez que una iniciativa de esta materia ha llegado al Congreso. El Ejecutivo se ha roto por la ley de alquileres de temporada, la moción del PP sobre okupas, la prohibición a empresas y fondos de inversión de comprar inmuebles o el decreto del pasado marzo, que llevó a Sumar a plantarse ante Pedro Sánchez tras haber planteado el otoño anterior la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez.

Pedro Sánchez ha entrado de lleno en la polémica por el real decreto que prepara Moncloa para regular los centros de datos y que ha puesto al sector en pie de guerra por la fuga de inversiones que puede provocar. El presidente del Gobierno defiende la necesidad de establecer una regulación "proactiva" para la expansión de estas infraestructuras y advierte de que el debate sobre su impacto ambiental, económico y social amenaza su desarrollo futuro "y con razón" tras el lanzamiento, por parte de su Ejecutivo en agosto, de una consulta pública sobre un nuevo marco regulatorio más restrictivo.

El real decreto que el Gobierno prepara para regular los centros de datos en España ha puesto en pie de guerra al sector. SpainDC, la patronal de estas empresas, ha alertado de que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones para centros de datos en España, tras el aviso de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos para estas infraestructuras los frenarán si sale adelante la iniciativa propuesta por el Ejecutivo. El Ministerio de Transición Ecológica defiende, a su vez, hacer una criba para "escoger las mejores" instalaciones de este tipo.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana concederá subvenciones directas por un importe máximo global de 40,41 millones de euros destinados a financiar actuaciones de realojo, promoción de viviendas de alquiler asequible o social y edificación de viviendas protegidas, entre otros proyectos.Sigue a

El real decreto que está preparando el Ejecutivo para regular el sector de los centros de datos en España ha desatado una oleada de críticas por parte de la patronal y algunas CCAA donde están proyectados algunos de los mayores desarrollos del país de cara a los próximos años, como Madrid, Aragón o Andalucía. La asociación sectorial SpainDC alerta de que el proyecto de real decreto genera inseguridad jurídica y podría poner en riesgo hasta el 90% de las inversiones que están previstas en los próximos años, que buscarían otros mercados europeos más laxos, como Portugal, Francia, Italia y Polonia; así como la creación de miles de puestos de trabajo. El plazo para presentar alegaciones al texto finaliza este viernes, 4 de septiembre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado durante una entrevista en la cadena SER que el Gobierno sigue trabajando con los grupos parlamentarios en el Real Decreto-ley de vivienda cuya aprobación en Consejo de Ministros estaba prevista para antes del verano y que se retrasó a septiembre ante la falta de apoyos parlamentarios. Sánchez ha remarcado que existen discrepancias con algunos elementos que está proponiendo el Gobierno, sobre todo con Junts y con los partidos a la izquierda del PSOE (como Sumar o Podemos). "Lo que pediría a los grupos parlamentarios es que hagamos un ejercicio de responsabilidad máxima", ha remarcado.

El Real Decreto que reforma el régimen jurídico de la jubilación flexible para facilitar a los jubilados seguir activos laboralmente sin perder completamente su pensión entra en vigor este viernes, 28 de agosto, según se estableció en el régimen de vigencia de la normativa cuando se publicó el pasad

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avanzado al relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada de la ONU, Koldo Casla, que el Gobierno trabaja para aprobar un real decreto en materia de vivienda que incluirá una prórroga de los contratos de alquile