Moncloa envía al Consejo de Estado el decreto de centros de datos que solivianta a todo el sector

El Gobierno da un paso más en su intención de aprobar el real decreto que fijará las condiciones para instalar centros de datos en España antes de las generales del 29N y ha remitido al Consejo de Estado una versión modificada respecto al texto original. Esta, sin embargo, sigue sin convencer a las principales asociaciones del sector, que presentaron más de 600 alegaciones al texto. Aunque abre un moratoria de cinco años para la obligación a respaldar el 80% del consumo con energías renovables para aquellas instalaciones que se adhieran al sistema de reducción automática de potencia, fuentes del sector lo califican de "inaceptable". "La situación es crítica, es el peor de los escenarios", insisten. No descartan la vía judicial.

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Aunque mantiene la obligación de que el 80% de la demanda de estas instalaciones esté respaldada por generación renovable, recula y abre una moratoria de cinco años para aquellas instalaciones que se adhieran al sistema de reducción automática de potencia (SRA), una garantía extra para aportar estabilidad a red. A cambio, se rebaja la exigencia a un 60% durante las horas punta hasta finales de 2028, y a un 70% durante las horas punta y llano hasta el final de este periodo transitorio.

Precisamente, SpainDC, la asociación más importante del sector de los 'data centers' en España, había cargado duramente con este requisito, al que achacaba una "huida" por parte de la inversión extranjera. En una entrevista publicada en idealista/news, su directora ejecutiva, Begoña Villacís, lo consideraba "imposible" de cumplir. "Lo que no podemos volver es la Edad Media, levantarte todos los días mirando al cielo para ver si vas a poder cumplir o no. Y las baterías, las más modernas a día de hoy, dan una autonomía de cuatro horas. Por no hablar de que se han cambiado las reglas a mitad del juego", apostillaba.

Ahora el sector se prepara para presentar alegaciones ante el Consejo de Estado y mantiene una "cierta esperanza" en ser oídos, aunque ya auguran que este anuncio "ahuyentará mucha inversión extranjera". La argumentación será la "falta de proporcionalidad y la vulneración de otros principios jurídicos, además de defectos técnicos", además intentarán impugnar la vía de urgencia por la que le Gobierno quiere llevar la tramitación del decreto.

La presentación ante el Consejo de Estado es el paso previo a llevarlo ante el Consejo de Ministros, que puede aprobarlo sin la necesidad de que se convalide posteriormente por parte de la Diputación Permanente. Fuentes del sector critican el mecanismo usado por el Gobierno para aprobar este decreto, que creen que "no está justificado". "Todavía no sabemos cuáles son las medidas definitivas, pero no descartamos nada", añaden.

"La nueva redacicón no se suaviza, se nos hace elegir la soga con la que queremos colgarnos. No ha habido nadie del sector. Es inaceptable, no nos sentimos escuchados. No son maneras. Hemos acudido a todas las conversaciones con buena fe y con honestidad. Este texto es inaceptable", insisten estas mismas fuentes.

36 meses para instalar energías renovables

El nuevo texto también eleva de uno a diez megavatios (MW) el listón a partir del cual los centros de datos deberán cumplir con la mayoría de requisitos del RD y duplica hasta los 36 meses el margen para instalar energías renovables a los nuevos centros de datos, que en la redacción original se encontraba fijada en 18. 

Por ahora, ha puesto en pie de guerra al sector. Entre otros motivos el proyecto contempla incluso la desconexión de las instalaciones, sin derecho a indemnización para sus titulares ni para terceros. "No hay una proporcionalidad en su actuación, también invade competencias de las CCAA y la CNMC. Esto nos habilitaría, de no ser oídos, un canal para reclamar judicialmente e incluso solicitar medidas cautelares", explican fuentes del sector.

"El día 24 de agosto, antes de que se anunciara el decreto de centros de datos, España estaba en la 'pole position', ya no. Somos el peor sitio para invertir de Europa, porque la normativa que se quiere aprobar es sencillamente la peor", declaraba Villacís a idealista/news.