La presión fiscal del Gobierno sobre los grandes patrimonios está dando resultados agridulces al fisco: al menos desde el punto de vista de la recaudación. Aunque el volumen de expedientes iniciados está creciendo con fuerza en los últimos meses, las deudas 'afloradas' no lo están haciendo al mismo ritmo.
Según el Plan de Control Tributario de 2024 que ha publicado la Agencia Tributaria, durante el año pasado se llevaron a cabo un 40% más de actuaciones de control sobre personas físicas consideradas como grandes fortunas respecto al promedio de los seis años anteriores, aunque la deuda liquidada apenas creció un 5%. Muy por debajo de lo que ha aumentado la recaudación global gracias a la prevención y control sobre el fraude fiscal, que alcanzó un total de 18.928 millones de euros y subió un 13% respecto al ejercicio previo.
"Desde su creación en 2018, la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes (UCCCPR) de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), ha centrado sus esfuerzos en la elaboración de un 'censo' completo de obligados tributarios de alta capacidad económica, la delimitación de sus riesgos o fraudes fiscales específicos, el estudio y desarrollo de los mecanismos de investigación y selección adecuados para detectar dichos riesgos en contribuyentes concretos y el impulso de iniciativas en materia de obtención y/o gestión eficaz de información relevante", afirma la presentación del plan de control tributario.
Y añade que, durante el año pasado, "las actuaciones de comprobación de contingencias tributarias asociadas a obligados tributarios que figuran como titulares de un patrimonio relevante generaron como resultado deudas liquidadas por importe de 524 millones de euros en 1.264 expedientes".
Por tanto, el volumen de acuaciones por parte de las diferentes delegaciones de la Agencia Tributaria se disparó el pasado ejercicio un 40,3% respecto al promedio 2018-2023 (901 inspecciones a personas físicas), mientras que el importe de deudas liquidadas se ha incrementado un 5,6% (496 millones de media).
Refuerzo y actualización de los sistemas de control
Según explica el fisco, la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes siguió avanzando durante el año pasado en su estrategia para reforzar y actualizar los sistemas de control sobre este colectivo.
Por ejemplo, con la herramienta informática para la detección de falsos no residentes con patrimonios relevantes, que en 2024 facilitó "la liquidación de 51 millones de euros, un 84% más que el año anterior, sobre 127 contribuyentes que se encontraban artificialmente localizados en otros países, y para los que se ha determinado que realmente tenían residencia efectiva en España", afirma el Ministerio de Hacienda.
A ello se une la prolongación del análisis del entorno familiar y societario de grandes patrimonios, "al objeto de descubrir la posible existencia de estructuras societarias opacas, que son utilizadas para ocultar la titularidad de parte de rentas y patrimonios con el fin de eludir obligaciones fiscales", comenta el fisco. Durante el año pasado, gracias a estas investigaciones, se han remitido a las correspondientes delegaciones territoriales de la AEAT un total de 27 Fichas de Información con Trascendencia Tributaria (FITT), que identifican fraudes fiscales desarrollados por personas de alto nivel patrimonial, como la interposición societaria para ocultación de rentas y patrimonios, el encubrimiento de dividendos mediante préstamos, la obtención de ganancias no justificadas, el uso de tarjetas opacas, un acogimiento indebido al régimen de impatriados en el IRPF, o la generación de pérdidas fiscales ficticias para compensar plusvalías y autoventas de activos con diversas finalidades ilícitas.
Casi tres años del impuesto de solidaridad
A la presión del Ejecutivo sobre los grandes patrimonios con estas investigaciones y herramientas online también se une la aplicación del bautizado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), un tributo que va destinado a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros y que sigue vigente, a pesar de que nació con un carácter transitorio para aplicarse solo en los ejercicios 2022 y 2023.
Esta figura tributaria, que levantó una gran polémica tanto por la forma como por el momento en el que se aprobó -se incorporó dentro de una proposición de ley, no como proyecto de ley, que se aprobó a finales de diciembre de 2022-, se mantiene vigente actualmente sin fecha límite.
La recaudación de este tributo cayó con fuerza en 2023, por la eliminación de las bonificaciones fiscales que pusieron en marcha CCAA como Madrid, Andalucía y Galicia para evitar que la cuantía se la llevara el Estado y, en su lugar, recayera sobre las arcas regionales. Así, y mientras que las declaraciones del ejercicio fiscal 2022 promovieron 623 millones de euros de más de 12.000 contribuyentes, en 2023 la recaudación se situó por debajo de 30 millones de euros, último dato oficial disponible. La Agencia Tributaria confirmará en las próximas semanas el resultado de las declaraciones referentes al ejercicio 2024.
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