Agencia Tributaria

Son muchos los contribuyentes que no están de acuerdo con el valor de referencia que Catastro ha asignado a un inmueble de su propiedad, y que no están dispuestos a “pasar por el aro”, y pagar los impuestos por la adquisición del inmueble (ITP o ISyD) partiendo de un valor que consideran inflado. En esta situación, surge la duda sobre qué prueba técnica es más eficaz frente al valor de referencia. El abogado fiscalista José María Salcedo recuerda que no todos los informes periciales que pueden aportar los contribuyentes son iguales, ni tendrán por tanto el mismo valor en Tribunales. De hecho, Hacienda rechazará todos. Sin embargo, los Tribunales exigen informes que hablen el lenguaje de Catastro y que centre en probar los errores cometidos en el proceso de determinación de dicho valor.

No, no vas a tener que pagar a Hacienda por vivir gratis en casa de tus padres, tal y como se ha publicado en algunos medios de comunicación. Se trata de una cesión gratuita del inmueble que no tributa, ni se debería considerar una donación. Y para evitar líos con la Agencia Tributaria lo recomendable es firmar un contrato de comodato o un documento de precario donde quede claro que el hijo está viviendo allí por mera tolerancia de sus padres, sin pagar renta alguna.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha manifestado su desacuerdo con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómico presentado este viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que introduce "de forma preocupante la cesión de compete

El Ministerio de Hacienda afirma en un comunicado que el control de los pagos a través de Bizum que entrará en vigor en febrero no afectará a los particulares: los bancos solo deberán informar a la Agencia Tributaria de las operaciones de empresarios y profesionales. Con la modificación, las entidades financieras deberán informar mensualmente al fisco de la facturación acumulada en cada mes y realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales, aunque no deberán remitir operación por operación.

A partir del próximo 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria intensificará la supervisión de los pagos electrónicos en España obligando a los bancos a informar sobre los movimientos con tarjeta que superen los 25.000 euros anuales. La medida forma parte de un paquete de cambios normativos cuyo objetivo es reforzar el control fiscal en un entorno de pagos cada vez más digitalizado. El cambio se enmarca en el Real Decreto 253/2025. Hasta ahora, las entidades financieras estaban obligadas a facilitar información sobre operaciones superiores a ciertos umbrales (más de 3.000 euros), pero ese control se amplía de forma más estructurada.

El Tribunal Supremo ha consolidado un criterio jurisprudencial de gran impacto en la fiscalidad de los préstamos entre particulares, especialmente en el ámbito familiar. En una sentencia refuerza la posición de la Agencia Tributaria en la práctica inspectora y aclara que un contrato privado de préstamo no basta, por sí solo, para justificar el origen de fondos ingresados en una cuenta bancaria si no se acredita de forma completa la trazabilidad del dinero. Este pronunciamiento resulta especialmente relevante para contribuyentes que han recurrido a préstamos familiares como mecanismo de financiación, algo muy habitual en padres que quieren ayudar a sus hijos en la compra de su primera vivienda.

Hacer un bizum a un familiar es una operación ya cotidiana y rápida, pero a partir del 1 de enero de 2026 los bancos y entidades de pago dejarán de tener un umbral mínimo (hasta ahora de 3.000 euros) para que los ingresos con tarjeta bancaria tengan que comunicarse de forma obligatoria. Es decir, La Agencia Tributaria dejará de poner el acento en las grandes cantidades y pasará a vigilar la repetición de movimientos, un giro que afectará a miles de operaciones pequeñas tanto de autónomos, como particulares. El abogado José María Salcedo explica cómo actuar a partir de ahora en caso de bizum para ayudar a un hijo a pagar el alquiler o la hipoteca.

Muchos son los problemas que ha venido planteando la reducción del IRPF por arrendamiento de vivienda prevista en el artículo 23.2 de la ley de este impuesto. Y especialmente en supuestos que se salían un poco de la norma por la duración de los contratos (alquiler a estudiantes). O por ser el inquilino una entidad (por ejemplo, una ONG), habitando la vivienda un tercero que no firmó el contrato y al que a veces ni se identifica en el mismo. Ahora el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid permite aplicar al propietario la reducción del IRPF por el alquiler de vivienda a ONG.

A partir del 1 de enero de 2026 entrará en vigor un cambio clave en el control que hace Hacienda de los pagos electrónicos, incluidos Bizum, transferencias y operaciones con tarjeta.

La Agencia Tributaria también se ha sumado al auge de la Inteligencia Artificial (IA), reduciendo considerablemente las revisiones manuales para apoyarse en algoritmos y ‘big data’. Así lo ha afirmado Emilio Baena, extrabajador de Hacienda durante 10 años, quien ha publicado en su canal de LinkedIn los principales movimientos que pueden provocar una inspección automática. Baena ha adelantado que cada contribuyente tiene un “perfil de riesgo” que se actualiza a tiempo real, gracias a un algoritmo que trabaja 24/7, sin necesidad de que un inspector te investigue.

Hasta ahora, los contribuyentes que recibían una nómina o prestación inferior al salario mínimo, o que ya había sido previamente embargada por el pagador, no podían tenerlas todas consigo ni asegurar que no iban a recibir un embargo de Hacienda. Y es que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), máximo intérprete de Hacienda, venía considerando que es posible embargar dichos ingresos, una vez se hubieran convertido en “ahorro” del contribuyente. Sin embargo, este mismo organismo reconoce su error y considera que la parte inembargable del sueldo es necesaria para atender necesidades básicas personas y familiares del deudor.

El silencio administrativo es una ficción prevista en la ley que permite a un contribuyente entender desestimada su solicitud o recurso cuando la Administración no lo ha resuelto en plazo. Esto es algo muy habitual, ya que lo raro e inusual es que la Administración cumpla el plazo que tiene para resolver. El problema viene cuando este retraso en resolver es tan prolongado que supera los cuatro años, y llega a afectar a los plazos de prescripción. ¿Qué sucede entonces? Esta cuestión se ha planteado recientemente ante el Tribunal Supremo que ha acordado admitir a trámite el recurso planteado.

Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director general de la Agencia Tributaria y expresidente de la SEPI, ha defendido durante el Congreso Nacional de Vivienda la necesidad de cambiar el modelo tributario en España y apostar por las rebajas impositivas para abaratar las viviendas y ha propuesto eliminar la tributación de los ingresos que consiguen los propietarios particulares por alquilar viviendas como fórmula para aumentar la oferta. Economistas y juristas han coincidido en que hay que "desfiscalizar la vivienda", que está sometida a tributos de las tres Administraciones (Estado, CCAA y ayuntamientos), y han puesto ejemplos de otros tributos como el IVA, el ITP, Patrimonio o Sucesiones.

Cada vez que la Administración pierde un recurso en los Tribunales y se ve obligada a anular la liquidación dictada, y a devolver lo indebidamente pagado junto con los intereses de demora, el contribuyente vencedor deberá tributar por esos intereses cobrados del Fisco. Sin embargo, el abogado José María Salcedo señala que hay argumentos de sobra tanto para oponerse a cualquier liquidación dictada por la AEAT que exija la tributación de dichos intereses, como para pedir la devolución de ingresos indebidos si se tributó por dichos intereses a pesar de no existir obligación de hacerlo conforme a la doctrina judicial entonces vigente.

La Dirección General de Tributos (DGT) despeja una de las dudas más comunes entre los profesionales que invierten en mejorar su visibilidad digital. En la respuesta a una consulta vinculante, ha aclarado que los autónomos pueden deducir en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) los gastos derivados del uso profesional de las redes sociales, siempre que puedan demostrar su relación con la actividad económica y cumplan con los requisitos de justificación y registro contable que exige Hacienda.

Cuando un contribuyente inicia una reclamación frente a Hacienda (por ejemplo, para pedir una devolución), o cuando es la Administración la que inicia la comprobación, dicho contribuyente siempre tiene la posibilidad de indicar en qué domicilio quiere recibir las posteriores notificaciones del procedimiento. Y en estos casos surge la pregunta de qué ocurre si Hacienda ignora dicho domicilio y envía la notificación en otro distinto. El Supremo lo considera defectuoso, con lo que el contribuyente puede recurrir en cualquier momento.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que se establece doctrina a propósito del conocido en la comunidad jurídica como 'doble tiro' y ha establecido que la administración tributaria no puede dictar una tercera o sucesivas liquidaciones tras haberse anulado dos anteriores. La sentencia resuelve un recurso de casación promovido por tres hermanos gallegos en relación con el Impuesto sobre Sucesiones, y anula una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

¿Cuándo empieza a contar el plazo para reclamar a Hacienda la devolución de ingresos indebidos? El Tribunal Supremo acaba de dar una respuesta que cambia las reglas del juego en un asunto clave para empresas y contribuyentes. Esta sentencia resuelve una disputa que arrancó hace más de 15 años y que enfrenta a una compañía con la Agencia Tributaria por una devolución del IVA que consideraba prescrita. El alto tribunal determina que la prescripción empieza con la sentencia que reconoce el ingreso indebido.

En una sentencia que marca un hito para los contribuyentes mayores de 65 años, el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha determinado que una vivienda no pierde su carácter de habitual si el propietario es trasladado a una residencia de ancianos por razones de salud. Esta resolución se convierte en un precedente por varios motivos: primero, porque avala la exención en el IRPF por la venta de la vivienda de quien vive en una residencia de mayores y segundo porque este Tribunal de Hacienda va contra el criterio de la propia Agencia Tributaria. ¿Por qué? porque el Ministerio que dirige María Jesús Montero ya ha recurrido en casación una sentencia que dio la razón al contribuyente con este mismo argumento, recurso que está pendiente de ser admitido a trámite. 

El cerco del Gobierno sobre los grandes patrimonios no está dando el resultado esperado en términos de recaudación. Según el plan de control tributario de 2024 que ha presentado la Agencia Tributaria, las investigaciones sobre las personas físicas consideradas como grandes fortunas, sus entornos familiares y sus estructuras societarias se han disparado más de un 40% en el último año respecto al promedio de los seis ejercicios anteriores, con más de 1.200 expedientes en 2024. En cambio, la recaudación lograda a través de estas actuaciones apenas se ha incrementado un 5,6%, tras alcanzar 524 millones de euros. Respecto al promedio 2018-2023, ha habido 363 actuaciones más y solo se han captado 28 millones adicionales.

Los esfuerzos de Hacienda por aflorar alquileres sumergidos sigue dando frutos. Desde hace una década, la Agencia Tributaria envía avisos a los contribuyentes para que declaren en su renta de forma voluntaria los ingresos que perciben por el alquiler de inmuebles y evitar una posterior regularización. Un 'modus operandi' que ya ha conseguido incorporar 1,41 millones de declaraciones con rendimientos de capital inmobiliario y una recaudación asociada de 1.093 millones de euros. El fisco recuerda que el objetivo de los mensajes es "recordar al contribuyente la necesidad de declarar inmuebles" y que, si no los declara libremente, se expone a una regularización posterior.

Durante el pasado mes de julio, el Tribunal Supremo ha echado un jarro de agua fría a Hacienda, al emitir dos sentencias beneficiosas para las empresas familiares dedicadas al alquiler de inmuebles en propiedad. Una de las sentencias establece que es suficiente con la existencia de un empleado a jornada completa para entender que se trata de una actividad económica familiar y, así, disfrutar de los beneficios fiscales en el Impuesto del Patrimonio y en el Impuesto de Sucesiones. Y la otra sentencia simplifica la sucesión en la empresa familiar.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha fijado un criterio que marca un antes y un después en la forma en que Hacienda y los contribuyentes afrontan los conflictos relacionados con el cambio de domicilio fiscal. En una resolución reciente, aclara que las actuaciones de comprobación o inspección no son nulas de pleno derecho cuando se inician al amparo de un acuerdo administrativo que, aunque posteriormente resulte anulado, estaba vigente en el momento de comenzar el procedimiento. Según su criterio, estas actuaciones deben calificarse como anulables, lo que supone que el procedimiento mantiene sus efectos hasta que se revisa y corrige el error.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha despejado una de las dudas que más inquietaba a los trabajadores extranjeros trasladados a España. En una resolución reciente, el órgano ha confirmado que los beneficiarios del régimen de impatriados deben declarar y tributar por la renta imputada de los inmuebles urbanos que posean en España, incluso si se trata de su vivienda habitual. La decisión supone un giro importante en la forma de entender las obligaciones fiscales de este colectivo, ya que hasta ahora existía un debate jurídico sobre si debía aplicarse la exención de la vivienda habitual prevista en el régimen general del IRPF.

El Govern catalán ha aprobado un decreto ley para modificar el régimen jurídico de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para adaptarlo a los nuevos requerimientos derivados del despliegue de la hacienda catalana, dotándola de plena autonomía en materia de personal para poder empezar a recaudar "