La profesionalización del mercado del alquiler: una necesidad urgente

En un momento de creciente incertidumbre y tensión entre arrendadores y arrendatarios, el mercado del alquiler en España atraviesa una etapa especialmente compleja. La coexistencia de hasta ocho legislaciones distintas en vigor -en función de la fecha de firma de cada contrato- ha generado un escenario confuso que exige, más que nunca, la profesionalización del sector.

La necesidad de gestores cualificados

La gestión de un alquiler, desde la búsqueda del inquilino hasta el seguimiento posterior, debería recaer en profesionales con formación acreditada y experiencia contrastada. En este sentido, los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) se perfilan como el colectivo más idóneo para asumir esta tarea, dado que su colegiación ya exige una alta capacitación formativa, técnica y ética.

Sin embargo, la realidad actual dista mucho de ese ideal. Con demasiada frecuencia, los contratos de arrendamiento presentan errores legales o hacen referencia a normas no vigentes en el momento de su firma, lo que genera conflictos y alarga los procedimientos judiciales hasta límites insospechados. Cada vez se hace más complejo, por el alto grado de especialización que exige el arrendamiento de viviendas, que los particulares puedan gestionarlos como hacían antes.

La importancia de una selección rigurosa

A esta inseguridad jurídica se suma un problema recurrente: la falta de rigor en la selección de los inquilinos. Es habitual que los propietarios confíen en la buena fe o en la apariencia de solvencia de los arrendatarios, sin aplicar ningún procedimiento de evaluación profesional a la hora de elegirlos.

El resultado, en muchos casos, es el mismo: impagos, litigios y lanzamientos que pueden prolongarse más de dos años, con el consiguiente perjuicio económico y el deterioro de las viviendas.

Del mismo modo que una entidad financiera no concede un préstamo sin un exhaustivo estudio de solvencia, la elección de un inquilino debería regirse por criterios objetivos y profesionales. Esta labor requiere conocimientos, experiencia y, sobre todo, responsabilidad.

Una profesión regulada y supervisada

No parece lógico que para administrar una comunidad de propietarios sea necesario, en la mayor parte de los casos, contratar a un administrador de fincas colegiado, mientras que para gestionar un alquiler -una tarea igual o más compleja- no se exija ninguna titulación ni control profesional.

Por ello, urge avanzar hacia un modelo en el que los gestores de alquileres actúen bajo el amparo de un colegio profesional que garantice su formación continua y supervise su actuación deontológica. Solo así se podrá ofrecer al mercado la transparencia, la seguridad y la confianza que hoy brillan por su ausencia.

Responsabilidad compartida

Ahora bien, si la intervención de estos profesionales se impone por ley, también debe implicar una asunción de responsabilidades. Los gestores deberían responder ante los arrendadores por la selección de los inquilinos que eligiesen y por la administración posterior de los contratos que gestionasen.

Esa corresponsabilidad generaría en los propietarios una confianza plena, al saber que sus viviendas estarían en manos de profesionales comprometidos, conscientes de que su reputación y su responsabilidad estarían en juego, pero, también, porque se verían obligados a realizar bien su trabajo, por la cuenta que les trae

En definitiva, la profesionalización del mercado del alquiler no es una opción, sino una necesidad urgente. Solo mediante una gestión cualificada, ética y regulada se podrá garantizar la estabilidad de un sector que hoy se debate entre la inseguridad jurídica y la desconfianza generalizada.