Agencia Negociadora del Alquiler

El CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, asegura que el hecho de que los arrendadores sean los titulares de los suministros mientras las viviendas están alquiladas puede representar un “riesgo con consecuencias inciertas”, ya que se abren múltiples vías para que inquilinos incumplidores u okupas se aprovechen de esta situación y vivan "gratis" en las viviendas. Por ello, desde la agencia recomiendan que los suministros de las viviendas alquiladas estén contratados a nombre de los inquilinos.

El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó la semana pasada la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de las rentas a hogares vulnerables que había aprobado el último Consejo de Ministros de 2024. Sin embargo, diferentes expertos inmobiliarios y jurídicos creen que el Gobierno volverá a plantear la iniciativa para intentar paralizar de nuevo los procedimientos. En su opinión, el exceso de actividad legislativa genera incertidumbre entre arrendadores e inversores del mercado del alquiler, lo que acaba reduciendo la oferta de viviendas e impulsando los precios.

Los expertos en arrendamientos y fiscalidad han empezado a hacer números sobre qué impacto tendrá la propuesta del Gobierno de poner en marcha una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que rebajen el precio del alquiler y apliquen una renta según el Índice de Precios de Referencia estatal, aunque las viviendas no se encuentren en una zona tensionada. A la espera de conocer los detalles de la medida, el mercado está dividido. La Agencia Negociadora del Alquiler cree que no resulta rentable para los propietarios, mientras que los Técnicos de Hacienda (Gestha) estiman un ahorro solo en algunos casos y el Consejo General de Economistas calcula un beneficio de al menos 300 euros para la mayoría de los caseros.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) critica que las propuestas de PSOE y PP para solucionar el problema de la vivienda no incluyen medidas destinadas a reforzar la seguridad jurídica de los arrendadores de vivienda en caso de impagos de los inquilinos. Según la compañía, la solución no pasa por intervenir más el mercado, sino por incentivar a los grandes creadores de oferta, que son los arrendadores particulares, con normas estables en el tiempo y no cambiantes. Mientras esto no se consiga, "la oferta irá en descenso y los precios de los alquileres se seguirán manteniendo altos", afirma.

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), ha enfatizado durante el I Congreso de Derecho Inmobiliario organizado en Madrid la falta de un índice para actualizar las rentas de la vivienda en 2025. Este índice debe entrar en vigor en 2025, pero aún no se ha creado, lo que está provocando no sólo incertidumbre, sino también inseguridad entre propietarios e inquilinos. El consenso de los expertos que han participado en este evento coincide en reiterar que la Ley de Vivienda ha perjudicado al mercado y, sobre todo, al inquilino al provocar una retirada de inmuebles en el mercado.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 14 de noviembre la agilización de los juicios para casos de ocupación ilegal de viviendas mediante la Ley de eficiencia judicial. La normativa contempla que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, permitiendo que estos se celebren en un plazo estimado de 15 días. Esta aprobación supone un cambio significativo, impulsado por una enmienda del PNV y respaldada por formaciones como PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, aunque con el voto accidental de Bildu. Ahora debe aprobarse en el Senado donde el PP tiene mayoría.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) pone sobre la mesa la necesidad de poner en marcha una medida legislativa para frenar el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas y acortar los plazos de los desalojos. En concreto, propone modificar el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para obligar a que todos los contratos tengan que formalizarse por escrito e inscribirse en un registro público. "De este modo, cualquier contrato no inscrito sería presumido como simulado y se podría desalojar a los okupas sin necesidad de largos procesos judiciales", afirma la compañia.

José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), explica en esta entrevista las consecuencias que está teniendo la Ley de Vivienda en el mercado y que no ve necesario regular los alquileres temporales como pretende el Gobierno, puesto que los tribunales ya han aclarado las condiciones que deben darse para que sean considerados como tales. También cree que el uso de garantías públicas animaría a los propietarios a sacar viviendas a precios asequibles, defiende las ventajas de la gestión profesional y descarta una bajada de las rentas ante la inseguridad jurídica.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) asegura que la ausencia del nuevo índice de referencia para actualizar las rentas de los arrendamientos a partir de 2025 está generando incertidumbre entre propietarios e inquilinos. La Ley de Vivienda daba mandato al INE para tener elaborado un nuevo índice antes de finalizar este 2024, con una nueva tasa que no sufriera los vaivenes de la inflación (IPC). La compañía recuerda que "en todos los arrendamientos de viviendas que se han firmado en lo que va de año, ni arrendadores ni arrendatarios han podido conocer con anticipación si sus actualizaciones anuales de rentas iban a tener limitaciones o con qué índice se iban actualizar", y pide al Gobierno "más anticipación, trabajo y capacidad normativa".

Agencia Negociadora del Alquiler amplía su negocio más allá de los arrendamientos, con el foco puesto en el mercado de la compraventa. La compañía está ofreciendo a aquellos arrendadores que ya no quieren destinar sus viviendas al alquiler la posibilidad de gestionar su venta, ya sea a un inversor o un comprador tradicional. Según explica a idealista/news José Ramón Zurdo, director general de la ANA, detrás de este movimiento está la incertidumbre jurídica derivada de la Ley de Vivienda y la pérdida de interés del alquiler de propiedades.

La Ley de Vivienda ya ha cumplido un año desde que entró en vigor y expertos como José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) lamentan sus consecuencias negativas: subidas del precio de los alquileres, aumento de alquileres turísticos o de habitaciones no consentidos, oproliferación de las 'inquiokupaciones'. En su opinión, una vía rápida para aumentar la oferta de pisos en alquiler pasa por recuperar la deducción en el IRPF por la compra de una primera vivienda y también de una segunda residencia si ésta se destina al alquiler.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ya delimita la regulación de los arrendamientos de temporada y los diferencia de los alquileres de vivienda habitual. Aún así, se denota el trasvase de pisos de un tipo de arrendamiento a otro para saltarse los límites establecidos por la Ley de Vivienda a las subidas de los precios. Desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) piden mejorar la regulación, y presentan varias propuestas como un registro público, justificar el uso temporal del inmueble o penalizar sin beneficios fiscales a los caseros que hagan un mal uso.

La falta de oferta de alquiler está aumentando el número de subarriendos de habitaciones por parte de los inquilinos y sin el consentimiento del propietario, tal y como denuncia la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). Pero el verdadero problema viene cuando quienes lo hacen buscan en el subarriendo un negocio, que, además, no lo declaran. Desde la ANA apuestan por reforzar la solvencia de los inquilinos que van a ocupar las viviendas y penalizar estas prácticas en los contratos.

Tras poner como a los alquiles tradicionales a través de la Ley de Vivienda, el Gobierno prepara ahora la regulación de otras fórmulas como el arrendamiento de temporada, al que muchos propietarios están destinando sus inmuebles. Según José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), estas nuevas intervenciones pueden "crear más tensión y que propietarios e inversores dejen de confiar en el mercado del arrendamiento", haciendo que el alquiler sea todavía "más inaccesible y elitista". Y alerta de que seguirán reduciendo el stock de pisos y presionando al alza las rentas.

Tanto el arbitraje como la jurisdicción ordinaria son vías admitidas en derecho para resolver los conflictos y reclamaciones relacionados con los arrendamientos, como por ejemplo tramitar un proceso de desahucio. Sin embargo, desde la Agencia Negociadora del Alquiler aseguran que el arbitraje es la fórmula más efectiva y rápida ante el colapso de los juzgados, aunque recomienda elegir bien la asociaciones privadas o corporaciones de derecho público que presten estos servicios de mediación.

En los últimos tiempos están proliferando prácticas irregulares en el mercado del alquiler. Los expertos están detectando que hay arrendadores que están vulnerando las prórrogas obligatorias a las que tienen derecho los arrendatarios. Para ello, alegan una causa de necesidad para recuperar la vivienda, residen en ella un tiempo y posteriormente la venden o alquilan a un precio superior. También está aumentando el número de inquilinos que falsifican sus nóminas o su vida laboral, con el objetivo de mejorar su perfil económico y conseguir la vivienda.

Consumo ha notificado a diferentes mercantiles inmobiliarias dedicadas a la gestión de alquiler de viviendas que no pueden cobrar comisión por sus servicios a los inquilinos y que estas actuaciones podrían sancionarse con hasta 100.000 euros. Sin embargo, la Agencia Negociadora del Alquiler recuerda que hay servicios ajenos a la mera intermediación y formalización de los contratos por los que es legal cobrar comisión y, por tanto, que están exentos de multas. Por ejemplo, la contratación de seguros o la gestión integral del inmueble.

La causa de necesidad es la excepción que más utilizan los arrendadores para recuperar la posesión de las viviendas arrendadas antes de la finalización de los arrendamientos, según la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). Es una posibilidad excepcional que ofrece la LAU a los arrendadores de viviendas para evitar las prórrogas obligatorias y tácitas a las que tienen derecho los inquilinos en el alquiler tradicional de viviendas. Sin embargo, esta excepción para la ANA “no es una barra libre de la que pueden disfrutar libremente los arrendadores en cualquier momento, como muchos piensan”, sino que su aplicación debe cumplir unos requisitos mínimos. Explicamos cómo funciona.

En el mercado hay varias fórmulas para que los propietarios se garanticen el cobro de la renta mensual del alquiler y no tengan que hacer frente al problema de la morosidad. Según la Agencia Negociadora del Alquiler, las tres garantías más habituales son los avales bancarios, los seguros de impago y contratar a una empresa especializada en gestionar los arrendamientos. La principal ventaja de los avales es que su ejecución es muy rápida, mientras que los seguros destacan por la facilidad para contratarlos. En el caso de las empresas, la clave está en la gestión integral del arrendamiento.

Con la entrada en vigor del límite a la renovación anual de las rentas, algunos inquilinos se están encontrando con la desagradable sorpresa de que el propietario quiere subirles las rentas un 5%: el 2% correspondiente a 2023, porque no le llegó a aplicar esta subida y el 3% para este año. Tanto desde Círculo Legal Barcelona como la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) recuerdan que se trata de una subida perfectamente válida porque la jurisprudencia existente en esta materia establece que se pueden acumular las subidas si no se hubieran aplicado, aunque los índices de actualización de rentas no se pueden aplicar con carácter retroactivo. 

La Ley por el Derecho a la Vivienda que entró en vigor el pasado mayo ha generado mucha inseguridad entre los actores que intervienen en el sector inmobiliario y, según los expertos, a no tener claro cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Las principales dudas de las agencias pasan por los honorarios que pueden cobrar en los arrendamientos, los datos que pueden facilitar de las propiedades que venden y cómo les va a afectar la declaración de zonas tensionadas en el mercado de alquiler.

Hace unos días el Tribunal Supremo avalaba el veto a los pisos turísticos en las comunidades de vecinos que prohíben expresamente en sus estatutos la utilización de las viviendas para ejercer una actividad económica. El tribunal considera al respecto que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica. Sin embargo, prohibir en unos estatutos de una finca el alquiler de viviendas de temporada sería nulo porque sería un límite al derecho de propiedad privada, independientemente de que el arrendador sea una persona física o jurídica.

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) recuerda que actualmente la oferta de viviendas, sobre todo en alquiler, viene reduciéndose porque a los propietarios no les compensa el alquiler, debido a los riesgos e inseguridad jurídica que hay actualmente. Por ello, considera muy interesante potenciar otra vez la compra de viviendas, tanto para vivir en ellas, como para su posterior inversión vía arrendamiento. Así, la oferta de alquiler también aumentaría y los precios se relajarían.

A partir del 1 de enero de 2024, se amplía la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta en los contratos de alquiler de viviendas que se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y que se lleva aplicando desde finales de marzo de 2022. En estos 21 meses, se ha dejado de tomar como referencia al Índice de Precios al Consumo (IPC) para pasar a un límite máximo del 2%. Ahora, cuando toque la correspondiente renovación anual del alquiler, propietario e inquilino tendrán que pactar la nueva subida, pero en ausencia de acuerdo el incremento no podrá ser superior al 3%.

En los últimos meses, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, está aumentando la oferta de alquileres de temporada mientras se está reduciendo la de pisos destinados al arrendamiento a largo plazo. Esta alternativa tiene ventajas para el propietario, como fijar libremente las rentas de sus alquileres o no estar sometido a la prórroga de los contratos, aunque también esconde peligros. Desde la Agencia Negociadora del Alquiler recuerdan que la temporalidad de estos arrendamientos está basado en causas, no es la duración de los contratos, y que es ilegal usar esta fórmula si la casa es la residencia habitual de los inquilinos. De hecho, puede pasar a tener la consideración de alquiler tradicional con todo lo que ello conlleva.