La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de poner en marcha una medida legislativa para frenar el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas y acortar los plazos de los desalojos.
Según la empresa especializada en la gestión de arrendamientos, la solución pasa por modificar la ley y crear un registro público de alquileres, donde tendrían que inscribirse todos los contratos.
En concreto, aboga por modificar el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que actualmente permite que los contratos de arrendamiento de vivienda puedan celebrarse de forma verbal, con el objetivo de que todos los contratos de arrendamiento tengan que formalizarse obligatoriamente por escrito e inscribirse en un Registro Público de Arrendamientos.
"De este modo, cualquier contrato no inscrito sería presumido como simulado, lo que impediría que los okupas se ampararan en falsos contratos, tikets u otras simulaciones para justificar su presencia en las viviendas, defiende la agencia liderada por el abogado José Ramón Zurdo.
En su opinión, esta medida proporcionaría a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado un mecanismo ágil para actuar sin demora, ya que, "al solicitar los títulos de posesión a los okupas, y al no estar inscritos en el registro, se les podría desalojar sin necesidad de largos procesos judiciales. Con esta modificación estaríamos dotando a las autoridades de una herramienta esencial para combatir de manera más eficaz esta lacra social".
Lentitud legislativa... y judicial
La Agencia Negociadora del Alquiler pone el foco en la lentitud legislativa y judicial como aceleradores del problema de la okupación de viviendas.
De hecho, achaca "parte de la responsabilidad en el agravamiento de este problema a los políticos, que han implementado procedimientos excesivamente lentos para el desalojo de okupas". Y pone como ejemplo a la Ley de Vivienda, en vigor desde mayo de 2023, que "exige a los arrendadores, al presentar una demanda, tener que probar que la vivienda ocupada es la residencia habitual de los okupas y que los propietarios no son grandes tenedores de inmuebles", algo que Zurdo califica como "aburdo". Y añade que "estos requisitos se complican para los grandes tenedores, quienes deben además demostrar la vulnerabilidad de los ocupantes y haber intentado previamente un proceso de conciliación antes de iniciar cualquier acción judicial".
Todo ello, denuncia el CEO de la ANA, "dilata los procesos de desocupación de manera significativa, lo que parece evidenciar una falta de voluntad política para abordar de manera eficiente este problema que afecta a miles de propietarios en España, a los que el Estado les traspasa un problema que no les corresponde".
Actualemente, los procedimientos judiciales para desalojar a un okupa duran de media en España casi dos años. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el periodo medio de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de lo Civil se situó en 12 meses en 2023. A esos tiempos medios hay que añadir lo que tardan las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales en procedimientos civiles, en caso de apelación, cuyo promedio ya se encuentra en 11,2 meses. Es decir, el plazo ya está al borde de los dos años, nuevo máximo histórico.
Las alarmas, efectivas contra las okupaciones
Según la Agencia Negociadora del Alquiler, la instalación de alarmas conectadas a centrales receptoras se ha consolidado actualmente como el método más eficaz para prevenir las ocupaciones ilegales. "Estas alarmas permiten a la policía ser notificada de inmediato en caso de entrada no autorizada, lo que posibilita una intervención rápida dentro del plazo crítico de 24 horas, porque para evitar la intervención judicial, la policía necesita coger a los delincuentes 'in fraganti'". Pasado ese tiempo, añade la gestora de arrendamientos, "la policía ya necesita una orden judicial para intervenir, lo que complica considerablemente el desalojo, dado que los procesos judiciales en materia de posesión pueden extenderse durante años, a menudo superando los dos".
No obstante, esta medida supone un coste económico para los propietarios, que en muchos casos no pueden asumir, de ahí que apueste por la modificación de la LAU para acelerar los desalojos en los casos de okupación ilegal de viviendas.
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