Desalojo okupas

Los juristas consultados recuerdan que esta sentencia del Supremo afecta a los casos de okupación ilegal y no a la inquiokupación. Recomiendan seguir una serie de protocolos para estar cubiertos legalmente antes de dar de baja los servicios de luz, agua o gas, como comunicar la fecha en la que se va a cortar los suministros. Además, advierten del riesgo de que las empresas suministradoras metan al propietarios en una lista de morosos si dejan de pagar las cuotas mensuales.

En el primer trimestre del año ingresaron en los juzgados de toda España 460 nuevos procedimientos por okupación ilegal de viviendas, un 22,3% menos que entre enero y marzo del año pasado y el dato más bajo de un primer trimestre de la serie estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los expertos descartan que este fuerte descenso signifique que el fenómeno de la okupación esté desapareciendo y recuerdan que estas estadísticas solo contabilizan los casos por la vía civil, dejando fuera el ámbito penal. Además, explican que la necesidad de negociar con los okupas está retrasando la llegada a los juzgados de muchos casos y que están creciendo aquellos en los que los afectados deciden pagar al okupa para recuperar la posesión de los inmuebles.

En España, la ocupación ilegal es una preocupación latente entre los propietarios. Echarlos es complejo y, además, suelen destrozar las casas en las que entran.

La okupación es un mal del sector inmobiliario español. Daña al mercado y daña a quien la sufre. Aunque este tipo de delito ha aumentado en los últimos años, todavía quedan muchas dudas por resolver.

La vivienda es la principal preocupación de los españoles. La solución no es sencilla y no pasa solo por legislar en una dirección. Lo ideal sería escuchar y tener en cuenta a todos los actores implicados, desde inquilinos y propietarios a agentes inmobiliarios y abogados. De este modo se podría establecer un rumbo más acertado. En este artículo conversamos sobre el sector y los problemas que adolece con Sandra Aurrecoechea Ríos, abogada especialista en Derecho Civil, Hipotecario e Inmobiliario y socia de Marín & Mateo Abogados. En su opinión, las medidas que frenen lanzamientos provocan que haya menos oferta y más dificultad para acceder a una casa.

En 2025 entró en vigor la conocida como ley antiokupas, que prometía poder echar a los okupas en 15 días desde que se presentaba la demanda.

En los últimos años, y ante el aumento de viviendas ocupadas en España, ha surgido un fenómeno curioso: cada vez más personas se plantean comprar casas con okupa, atraídas por su precio inferior al de mercado. El volumen de viviendas sin posesión que están a la venta creció un 4,6% en un solo trimestre, según un estudio de idealista. Santiago Thomás de Carranza, socio director del despacho Thomás de Carranza Abogados, señala que comprar una vivienda ocupada implica, en muchos casos, adquirirla prácticamente a ciegas y sin hipoteca. A veces toca negociar con los okupas y ofrecer una compensación económica para que abandonen el inmueble, otras veces toca ir a juicio.

El problema de la okupación ha vuelto a salpicar a la Comunidad de Madrid, esta vez en el municipio de Collado Villalba, donde se ha llevado a cabo una actuación policial para desalojar un edificio propiedad de Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria). Los hechos han tenido lugar en los números 13 y 15 de la calle Real, afectando a un centenar de personas que componían las más de 40 familias que vivían de manera ilegal en un edificio de propiedad pública.

El PP presentará en el Pleno del Congreso una iniciativa con una batería de medidas sobre la crisis de vivienda en España, donde se incluye una propuesta para generar las condiciones favorables en el mercado que permitan construir un millón de viviendas en las zonas de mayor demanda en los próximos cuatro años para eliminar el déficit acumulado. Se trata de una moción consecuencia de una interpelación urgente a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la que también se incluye la petición de poner a disposición del mercado todo el suelo público que tenga la Administración General del Estado para dedicarlo al alquiler de vivienda asequible.

Quienes hayan sido condenados por delitos vinculados con la okupación, como el allanamiento de morada o la usurpación, no podrán acceder a una vivienda protegida en los cinco años siguientes a la sentencia de condena en la Comunidad de Madrid. Así lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de esta región, durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum.

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de la Generalitat valenciana ha adjudicado el servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas de su parque público para evitar la ocupación ilegal de estos inmuebles. La directora general de EVHA, Estefanía Martínez, ha reconocido que unos de los mayores problemas que afectan al parque público de la Generalitat es el asalto y ocupación de sus viviendas. El coste de la adjudicación asciende a 4,7 millones de euros para 150 viviendas en Alicante, y otras 150 unidades entre Valencia y Castellón.

El año que dejamos ha sido prolífico en sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo que han afectado al mercado de la vivienda. Una de las más sonadas ha sido una sentencia que sienta un precedente importante para futuros casos relacionados con desahucios y ocupaciones ilegales: el Constitucional anula la suspensión del desahucio de un okupa. Otra que también resonó en los medios de comunicación fue la del Supremo avalando un desahucio por impago del IBI y la tasa de basuras por parte del inquilino.

La ocupación ilegal, también llamada okupación, es uno de los mayores miedos para cualquier propietario. Por eso, es muy importante conocer el estado posesorio de cualquier inmueble antes de comprarlo.

El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros de 9 de diciembre un real decreto con una partida que ayudará a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables. La medida la ha adelantado el presidente del Gobierno como unos de los compromisos para cumplir lo pactado con Junts. En materia de vivienda, Pedro Sánchez también ha destacado que se avanza en la tramitación parlamentaria para acelerar los procesos para desalojar inmuebles okupados, en otra de las peticiones del partido de Carles Puigdemont. Además, se ha aprobado otro real decreto para facilitar y flexibilizar las inversiones de los entes locales y ayuntamientos.

El Ayuntamiento de Martorell (Barcelona) ha prohibido rellenar botellas y garrafas de agua en fuentes públicas para combatir la okupación, imponiendo multas de hasta 750 euros. Según el alcalde de la localidad, Xavier Fonollosa, la medida busca evitar que ocupantes y personas de otros municipios usen indebidamente el agua. Sin embargo, asociaciones y partidos de la oposición critican la decisión por afectar a personas vulnerables y sin hogar, acusando al Gobierno local de suprimir un derecho fundamental.

Un caso extremo de okupación en Cataluña ha puesto de nuevo bajo el foco el debate sobre la eficacia de la ley y la justicia. Se trata de un joven de 22 años, vecino de Sant Boi de Llobregat, que acumula 225 denuncias y 31 detenciones por ocupar viviendas, aunque nunca ha llegado a pasar más de un día en prisión. Su “negocio” es ya conocido: exige pagos de hasta 17.000 euros para abandonar los inmuebles, y si los propietarios se oponen a abonar dicha cantidad, el okupa vende las viviendas a familias vulnerables por unos 3.000 euros.

La alcaldesa del municipio madrileño de Torrelodones, Almudena Negro, ha anunciado la creación de una nueva línea de ayudas económicas destinada a los vecinos afectados por la ocupación ilegal de sus viviendas, las cuales otorgarán 300 euros anuales durante un plazo máximo de tres años, lo que supone un total de 900 euros por propietario afectado. Los destinatarios serán personas físicas que sean propietarias de una vivienda localizada en Torrelodones y que sufran situaciones de impago. Además, los solicitantes deberán acreditar que han iniciado los trámites judiciales.

La historia de Jacqueline Guillén escenifica el lado más humano y a la vez desgarrador del auge de la inquiokupación en España, un fenómeno del que cada vez hay más víctimas. Todo comenzó con un acto de amistad hace cuatro años, cuando la propietaria se marchó a Londres a estudiar un máster y decidió alquilar su piso en Madrid a una buena amiga de toda la vida que estaba embarazada y no tenía casa. Aquella decisión, tomada desde la empatía y la confianza, se convirtió en una pesadilla que aún hoy sigue sin final.

Lo que comienza como un sueño puede acabar en una auténtica pesadilla. Esto fue lo que le ocurrió a un vecino en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que se compró un chalet con más de 250 m2 con piscina privada. Sin embargo, una vez finalizado el proceso de compra, cuando se disponía a comenzar con la mudanza y disfrutar de su nueva casa se encontró con una sorpresa, y no agradable: el chalet había sido okupado.

Una pareja de Valladolid llegó a su propia vivienda tras un viaje de trabajo y se encontraron con la cerradura cambiada y gente en su interior. Gracias a que habían dejado documentos personales, cartas y fotos familiares en el piso, la policía pudo demostrar rápidamente que era su residencia habitual y desalojar a los okupas en tiempo récord. Este caso, resuelto en pocas horas, demuestra la importancia de dejar pruebas inequívocas de habitabilidad antes de ausentarse varios días y la cooperación vecinal para agilizar la respuesta policial ante los casos de ocupación ilegal.

Un grupo de agricultores franceses ha logrado desalojar a un campamento de okupas en Hautes-Vosges, una región al noroeste del país, arrojando estiércol y residuos sobre sus propios terrenos. La medida fue tomada tras la inacción policial y la negativa de los okupas a abandonar la zona, que era propiedad de los agricultores y estaba destinada a actividades agrícolas que se llevarían a cabo en los próximos días. Aunque hubo momentos de tensión durante la incursión, los okupas, finalmente, abandonaron el lugar debido al fuerte y desagradable olor de la zona.

El Partido Popular en el Govern de Baleares y el grupo parlamentario de Vox han aprobado convalidar el decreto de vivienda de la comunidad como proyecto de ley. Esto permitirá incluir enmiendas como la de ampliar la posibilidad de recalificar las conocidas áreas de transición, actualmente suelo rústico, en urbanizable para poder construir. La normativa inicial limitaba el cambio de uso a los terrenos de la ciudad de Palma, pero se amplía a todos los municipios de más de 20.000 habitantes como Calvià, Llucmajor, Inca o Manacor, si lo convalidan los ayuntamientos.

La nueva ley antiokupas, incluida en la Ley Orgánica 1/2025, permite a los propietarios desalojar a los okupas en un plazo de 15 días mediante juicios rápidos para delitos como allanamiento de morada y usurpación. Sin embargo, expertos señalan que su efectividad es cuestionable debido a la posible dilatación de los procesos judiciales y casos de vulnerabilidad. La ley no aborda el problema de los "inquiokupas," inquilinos que permanecen sin pagar. La saturación judicial y la falta de recursos son los principales obstáculos para su implementación eficaz.

Hoy entra en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que modifica la legislación procesal, pero también otra, de interés, en el ámbito inmobiliario. Se cambian, de una manera radical, las reglas del juego para quien quiera o necesite litigar por la vía civil. Carmen Giménez, abogada titular de G&G Abogados, señala cómo afecta, por ejemplo, a los desalojos de okupas, ya que cambiar el procedimiento judicial.

El CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, asegura que el hecho de que los arrendadores sean los titulares de los suministros mientras las viviendas están alquiladas puede representar un “riesgo con consecuencias inciertas”, ya que se abren múltiples vías para que inquilinos incumplidores u okupas se aprovechen de esta situación y vivan "gratis" en las viviendas. Por ello, desde la agencia recomiendan que los suministros de las viviendas alquiladas estén contratados a nombre de los inquilinos.