El Congreso aprueba tramitar una ley de Junts para desalojar 'okupas' en 48 horas

El Congreso de los Diputados ha aceptado tramitar una proposición de ley presentada por Junts para agilizar los desahucios y desalojar 'okupas' en un plazo de 48 horas. La normativa plantea cambios legislativos en el ámbito civil y penal para acelerar estos desalojo y ha contado con al apoyo conjunto de PP y PSOE, aunque con matices. Los socialistas ya han anunciado que añadirán enmiendas al texto de los independentistas, mientras la Ley Antiokupas presentada por el Senado sigue en un cajón de la Mesa del Congreso.

En su iniciativa para combatir las ocupaciones, la formación sostiene que las fórmulas previstas en la vía penal para desocupar un inmueble no están la formación sostiene que las fórmulas previstas en la vía penal para desocupar un inmueble no están "siendo suficientemente eficaces ni suficientemente rápidas".

Por ello plantean reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para potenciar la adopción de medidas cautelares y establecer una medida cautelar urgente de desalojo, cuando se interponga la correspondiente denuncia. 

En concreto, defienden que la recuperación posesoria se produzca en un plazo máximo de 48 horas y que se impidan dilaciones "por la alegación de vulnerabilidad por parte de los ocupantes ilegales del inmueble".

También quieren modificar la LeCrim para permitir el enjuiciamiento del delito leve de usurpación de bien inmueble por los trámites del juicio inmediato por delito leve. De esta manera, “los tribunales podrán decidir si aplican la previsión que permita al juzgado de instrucción adoptar una medida cautelar urgente de desalojo, en el momento de celebrarse el juicio rápido”.

"La infracción penal se está produciendo mientras dura la posesión ilícita, por eso, la devolución rápida de la posesión a favor del titular, después de denunciar, resulta obligada para dar cumplimiento al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva", defiende Junts, que también busca modificar la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, para suprimir su competencia en el delito de allanamiento de morada.

En el ámbito civil, creen preciso diferenciar los supuestos de ocupaciones ilegales del resto de procedimientos para recuperar la posesión de la propiedad.

El texto presentado plantea diferenciar la equiparación del régimen jurídico aplicable a los procedimientos de recuperación de la posesión derivados de contratos arrendatarios con el de los procedimientos dirigidos a recuperar la posesión frente a ocupantes sin título legítimo.

Para ello, plantea eliminar los requisitos de procedibilidad, que actualmente imponen condiciones adicionales que retrasan y complican la interposición de demandas para la recuperación de inmuebles ocupados sin título.

También pide suprimir el "trámite incidental de vulnerabilidad económica" y la suspensión de la moratoria de desahucio y lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional que está vigente hasta final de año en los supuestos de ocupación.

El Senado, que cuenta con la mayoría absoluta del PP, también ha remitido su propia Ley Antiokupas al Congreso, aunque todavía no se han iniciado los trámites en el Parlamento.