Vivienda okupada

La okupación ilegal en España ha cambiado de cara. Ya no se trata solo de pisos abandonados en barrios periféricos, sino de chalets con piscina, villas turísticas y áticos de lujo que permanecen vacíos parte del año. Y detrás de estas ocupaciones ya no hay familias en situación de vulnerabilidad, sino redes organizadas que conocen al detalle los vacíos legales del sistema y saben cómo explotarlos. Chalets en Sitges, villas en la sierra madrileña y áticos en la costa valenciana: las redes organizadas han cambiado de estrategia y apuntan ahora a propiedades de alto valor.

Uno de los errores más frecuentes, advierte José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), es alquilar tu casa a un amigo o familiar. Porque cuando conoces al inquilino bajas la guardia: no le pides la misma documentación ni haces las mismas comprobaciones. Por eso, los expertos recomiendan mantener la mayor independencia posible entre arrendador y arrendatario. Y anunciar un piso en redes sociales puede parecer la forma más rápida de alquilarlo, pero hacerlo sin precauciones se ha convertido en una práctica de riesgo.

La alcaldesa del municipio madrileño de Torrelodones, Almudena Negro, ha anunciado la creación de una nueva línea de ayudas económicas destinada a los vecinos afectados por la ocupación ilegal de sus viviendas, las cuales otorgarán 300 euros anuales durante un plazo máximo de tres años, lo que supone un total de 900 euros por propietario afectado. Los destinatarios serán personas físicas que sean propietarias de una vivienda localizada en Torrelodones y que sufran situaciones de impago. Además, los solicitantes deberán acreditar que han iniciado los trámites judiciales.

La Justicia de Palma ha condenado a una mujer por dos delitos: ocupar ilegalmente una vivienda e instalar una piscina de 6.000 litros en la terraza del apartamento, lo que ha provocado daños estructurales en el edificio que han puesto en riesgo al resto de vecinos. Por ello, el juez de la isla ha condenado a la okupa a pagar 8.000 euros, aunque el propietario estima que los daños “ascienden a decenas de miles de euros”.

La venta de viviendas sin posesión se consolida en el mercado inmobiliario español, y ya suponen el 3% de todas las viviendas que hay en venta en España, según el estudio de idealista en base a los inmuebles anunciados en su base de datos en el tercer trimestre de 2025. En este periodo hubo 23.010 viviendas anunciadas en la plataforma que reconocían sufrir un proceso de ocupación, aunque la estadística todavía no permite la evolución del dato y el estudio de diferentes métricas al respecto. Girona (8,9%) es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, mientras en los grandes mercados supone un 3,7% en Barcelona o un 2,4% en Madrid.

Los propietarios de una vivienda, cuya casa haya sido okupada, tendrán la obligación de negociar e intentar llegar a un acuerdo antes de interponer una demanda contra los usurpadores. Así lo han confirmado los magistrados de Primera Instancia y de los Juzgados hipotecarios de Madrid, que han reatificado el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor el 3 de abril.

El municipio toledano de Seseña ha sido escenario de un grave episodio de violencia que ha conmocionado a los vecinos y propietarios afectados. Una familia de okupas ha usurpado varias viviendas en un bloque de pisos, desatando el pánico entre los dueños y los trabajadores de una empresa de desokupación, que intentan mediar en la delicada situación.

La problemática de la inquiokupación está en aumento en España y tiene nuevos rostros. Uno de ellos es el de María y Fulgencio, un matrimonio jubilado de Murcia que lleva un año viviendo en condiciones indignas en el garaje de su propia casa, después de que un hombre al que alquilaron una habitación de manera temporal acabara adueñándose de su propia vivienda

La historia de Jacqueline Guillén escenifica el lado más humano y a la vez desgarrador del auge de la inquiokupación en España, un fenómeno del que cada vez hay más víctimas. Todo comenzó con un acto de amistad hace cuatro años, cuando la propietaria se marchó a Londres a estudiar un máster y decidió alquilar su piso en Madrid a una buena amiga de toda la vida que estaba embarazada y no tenía casa. Aquella decisión, tomada desde la empatía y la confianza, se convirtió en una pesadilla que aún hoy sigue sin final.

En un nuevo episodio del creciente problema de la ocupación ilegal de viviendas en España, una mujer ha sido detenida en Gandía (Valencia) tras fingir una estafa para no ser desalojada del piso que okupaba. La detenida presentó una denuncia falsa en la que alegaba haber sido víctima de un timo inmobiliario: afirmó ante los agentes de la Policía Nacional que había pagado 7.000 euros por el alquiler del inmueble y que contaba con un contrato en regla.

El fenómeno de la okupación en Madrid sigue generando crispación social. El último episodio que indigna a los vecinos tiene como escenario el parque de La Viña, en el barrio de Entrevías (Madrid), donde un grupo de okupas vive con luz y gas gratuitos mientras que los verdaderos propietarios se ven obligados a afrontar las facturas que ellos mismos reconocen no pagar.

Se habla mucho de la okupación desde una óptica ideológica, pero muy poco o nada del propietario atrapado entre la deuda hipotecaria y la impotencia legal. Una injusticia ignorada por el discurso político dominante que en este momento solo favorece a todo aquel que “se busca la vida” para demostrar su vulnerabilidad, tal y como señala Patricia Aragón, experta en gestión de impagos hipotecarios. Pero señala que el hipotecado que sufre una okupación puede negociar con el banco la cancelación de la hipoteca que se encuentra en situación de impago. Porque, tal y como reconoce Aragón, los bancos son los primeros interesados en evitar la morosidad.

Lo que comienza como un sueño puede acabar en una auténtica pesadilla. Esto fue lo que le ocurrió a un vecino en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que se compró un chalet con más de 250 m2 con piscina privada. Sin embargo, una vez finalizado el proceso de compra, cuando se disponía a comenzar con la mudanza y disfrutar de su nueva casa se encontró con una sorpresa, y no agradable: el chalet había sido okupado.

El grave problema de la okupación atraviesa fronteras en Europa. El último caso que ha conmocionado a Francia y reavivado el debate de la usurpación de viviendas es el de un anciano de 95 años, que, tras ver su casa okupada durante meses, cuenta con una deuda de 17.000 euros en facturas que no puede pagar. Sin recursos para afrontar tal deuda y con una pensión mínima, el anciano se ha visto obligado a acudir de nuevo a los tribunales para no pagar una factura que no ha provocado.

La okupación da un nuevo giro en Torrejón de Ardoz: una anciana de 90 años y su familia han sido desalojados de su propio piso tras la denuncia del okupa que lo usurpó. El joven, tras meses sin pagar el alquiler y aprovechando la ausencia de los otros inquilinos, se hizo con el control de la vivienda y llamó a la Policía cuando los dueños intentaron recuperarla, logrando que fueran expulsados por “allanamiento”. Ahora, la familia afronta una maraña judicial y se pregunta hasta dónde llegará este surrealista caso.

En una calle tranquila del Eixample, a dos pasos de la Sagrada Familia, hay un piso reformado que brilla por fuera, pero que para su propietario se ha convertido en una pesadilla. La vivienda pertenece a un hombre con un 76% de discapacidad que, desde hace años, no puede acceder a su propio hogar porque está ocupado por una familia que dejó de pagar el alquiler tras la pandemia. Quien alza la voz es su primo Alberto Asín, que tras el fallecimiento de su tío asumió la tutela legal: “Desde entonces yo soy el tutor legal de mi primo y, en su nombre, pido soluciones”.

Marco Velázquez, propietario de una casa en Chicago (EEUU), encontró su vivienda okupada cuando iba a venderla. Ante la inacción policial y para evitar un largo proceso legal, el propietario y su esposa se mudaron a la casa y convivieron con los okupas, generando un presión que funcionó. Tras una tensa noche, la pareja aceptó dejar la casa a cambio de 4.300 dólares (3.600 euros), frente a los 8.000 dólares (casi 7.000 euros) que pedían en un principio. Así, Velázquez recuperó su casa en 24 horas, evitando una batalla judicial y generando debate sobre la okupación y la protección a propietarios.

Tradicionalmente, los okupas se han centrado en casas vacías o apartamentos bien ubicados. Sin embargo, en los últimos meses parece que se ha detectado un cambio de tendencia, ya que han aumentado las ocupaciones ilegales de casas de campo, terrenos agrícolas, e incluso plazas de aparcamiento. La proliferación de estos casos se atribuye a dos factores principales: la existencia de vacíos jurídicos que complican la recuperación de espacios no destinados a vivienda habitual, y el incremento de seguridad por parte de los propietarios ante el miedo de ver su casa okupada.

Una pareja de Valladolid llegó a su propia vivienda tras un viaje de trabajo y se encontraron con la cerradura cambiada y gente en su interior. Gracias a que habían dejado documentos personales, cartas y fotos familiares en el piso, la policía pudo demostrar rápidamente que era su residencia habitual y desalojar a los okupas en tiempo récord. Este caso, resuelto en pocas horas, demuestra la importancia de dejar pruebas inequívocas de habitabilidad antes de ausentarse varios días y la cooperación vecinal para agilizar la respuesta policial ante los casos de ocupación ilegal.

En Nimes, Francia, una mujer entró ilegalmente en una vivienda creyendo que estaba deshabitada, sin saber que era propiedad de un juez. Tras forzar las persianas y descubrir la identidad del dueño, huyó por miedo a fuertes represalias. El magistrado denunció los hechos ante el Tribunal Judicial de Montpellier, que realizó un juicio rápido en el que emitió una condena de seis meses de prisión, castigo que no cumplirá, de momento, al ser madre de una hija menor de edad.

Una familia de Gerona pensó que había puesto punto final al calvario de ver su vivienda ocupada. Después de meses de impotencia, decidieron entrar en la casa con sus propias llaves y recuperar lo que era suyo por derecho. Pero la alegría duró apenas unos días: un juzgado les ha obligado a devolver la vivienda a los okupas porque la recuperación se hizo sin autorización judicial. El caso ha vuelto a encender el debate sobre el sinsentido legal que rodea a la okupación en España.

La Policía Local del municipio de Almenara (Castellón) ha alertado por RRSS a la ciudadanía sobre un nuevo método de okupación ilegal detectado recientemente en la localidad. Los okupas están recurriendo a prácticas engañosas para acceder a viviendas deshabitadas sin ser detectados. El modus operandi consiste en colocar un candado adicional con cadena o incluso cambiar la cerradura de la propiedad deshabitada. Si pasdos varios días el acceso no está manipulado, asumen que la vivienda no es una morada habitual de alguien y proceden a ocuparla y, así, evitan incurrir en el delito de allanamiento de morada.

Cuando Estíbaliz Kortazar gira la llave de su casa en Basauri (Vizcaya), en lugar de sentir alivio o seguridad, la invade el pánico. “Tengo ganas de llorar cada vez que entro en mi propia casa. Es girar la llave y siento terror”, explica a idealista/news la afectada. El motivo: convive desde hace meses con un inquiokupa, un inquilino que entró legalmente en su vivienda alquilando una habitación, dejó de pagar y ahora se niega a marcharse. Y no puede echarlo.

Las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran un repunte superior al 5% de las demandas por okupación de viviendas presentadas en los juzgados en el arranque de año. En concreto, el organismo cifra en 592 el volumen de asuntos ingresados entre enero y marzo, lo que arroja un incremento del 5,2% interaual y se convierte en el número más elevado desde primavera del año pasado (639). Cataluña ha acumulado uno de cada cinco nuevos procedimientos, seguida de Andalucía (111), Comunidad Valenciana (72), con Barcelona como la provincia más afectada de todo el país.

Se van conociendo las enmiendas de los partidos en el Congreso para la proposición de ley que quiere regular los alquileres de temporada. Sumar propone añadir la prohibición de las empresas que ofrezcan servicios orientados a la desocupación de viviendas, con multas de hasta 600.000 euros, mientras que Junts ha presentado propuestas para eliminar toda referencia al alquiler de habitaciones, por ser una competencia exclusiva de las CCAA. El PSOE, por su parte, quiere añadir a los pisos turísticos en los arrendamientos de corta estancia e imponer grandes multas si las plataformas no publican el código de referencia, además de equiparar los de temporada para aplicarles la Ley de Vivienda.