Vivienda okupada

La sociedad que gestiona los activos de las entidades rescatadas, y que está en proceso de traspasar su cartera a la nueva promotora pública de vivienda, tiene abiertos actualmente cerca de 3.300 procedimientos judiciales en marcha para desalojar inmuebles que están okupados de forma ilegal. Sareb tiene una vivienda ocupada por cada tres con un contrato de alquiler social vigente, y lleva años inmersa en una batalla legal para recuperar propiedades y evitar la devaluación de parte de su cartera.

Un caso extremo de okupación en Cataluña ha puesto de nuevo bajo el foco el debate sobre la eficacia de la ley y la justicia. Se trata de un joven de 22 años, vecino de Sant Boi de Llobregat, que acumula 225 denuncias y 31 detenciones por ocupar viviendas, aunque nunca ha llegado a pasar más de un día en prisión. Su “negocio” es ya conocido: exige pagos de hasta 17.000 euros para abandonar los inmuebles, y si los propietarios se oponen a abonar dicha cantidad, el okupa vende las viviendas a familias vulnerables por unos 3.000 euros.

El Senado ha dado luz verde a la tramitación de la Proposición de Ley presentada por el PP para modificar el tratamiento penal del corte de suministros básicos, como agua, luz o gas, en viviendas okupadas. La iniciativa tiene como objetivo que los dueños de inmuebles puedan interrumpir estos servicios sin enfrentarse a un posible delito de coacciones. La medida llega después de que la ley ‘antiokupas’ impulsada por los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta quedara bloqueada en el Congreso de los Diputados.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, cuyo ponente ha sido el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, ha dictado una sentencia unánime que pone en evidencia la importancia de aplicar correctamente la normativa en casos de desahucio. El tribunal ha estimado el recurso de amparo presentado por la nueva propietaria de una vivienda, cuya suspensión del lanzamiento había sido denegada por un juzgado, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en la ley aprobada a raíz de la pandemia del covid-19 y que regula la suspensión de los desahucios por impago de la renta de hogares vulnerables.

El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este miércoles una proposición de ley que modifica el Código Penal para evitar que se considere delito de coacciones la interrupción de suministros en una "finca ocupada ilegalmente".Eso sí, la proposición de ley se aprobará en el Senad

El Senado abordará este miércoles una Proposición de Ley impulsada por el Partido Popular para modificar el tratamiento penal del corte de suministros básicos, como agua, luz o gas, en viviendas okupadas. La iniciativa tiene como objetivo que los dueños de inmuebles puedan interrumpir estos servicios sin enfrentarse a un posible delito de coacciones. La medida llega después de que la ley ‘antiokupas’ impulsada por los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta quedara bloqueada en el Congreso de los Diputados.

Uno de los errores más frecuentes, advierte José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), es alquilar tu casa a un amigo o familiar. Porque cuando conoces al inquilino bajas la guardia: no le pides la misma documentación ni haces las mismas comprobaciones. Por eso, los expertos recomiendan mantener la mayor independencia posible entre arrendador y arrendatario. Y anunciar un piso en redes sociales puede parecer la forma más rápida de alquilarlo, pero hacerlo sin precauciones se ha convertido en una práctica de riesgo.

La alcaldesa del municipio madrileño de Torrelodones, Almudena Negro, ha anunciado la creación de una nueva línea de ayudas económicas destinada a los vecinos afectados por la ocupación ilegal de sus viviendas, las cuales otorgarán 300 euros anuales durante un plazo máximo de tres años, lo que supone un total de 900 euros por propietario afectado. Los destinatarios serán personas físicas que sean propietarias de una vivienda localizada en Torrelodones y que sufran situaciones de impago. Además, los solicitantes deberán acreditar que han iniciado los trámites judiciales.

La Justicia de Palma ha condenado a una mujer por dos delitos: ocupar ilegalmente una vivienda e instalar una piscina de 6.000 litros en la terraza del apartamento, lo que ha provocado daños estructurales en el edificio que han puesto en riesgo al resto de vecinos. Por ello, el juez de la isla ha condenado a la okupa a pagar 8.000 euros, aunque el propietario estima que los daños “ascienden a decenas de miles de euros”.

La venta de viviendas sin posesión se consolida en el mercado inmobiliario español, y ya suponen el 3% de todas las viviendas que hay en venta en España, según el estudio de idealista en base a los inmuebles anunciados en su base de datos en el tercer trimestre de 2025. En este periodo hubo 23.010 viviendas anunciadas en la plataforma que reconocían sufrir un proceso de ocupación, aunque la estadística todavía no permite la evolución del dato y el estudio de diferentes métricas al respecto. Girona (8,9%) es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, mientras en los grandes mercados supone un 3,7% en Barcelona o un 2,4% en Madrid.

Los propietarios de una vivienda, cuya casa haya sido okupada, tendrán la obligación de negociar e intentar llegar a un acuerdo antes de interponer una demanda contra los usurpadores. Así lo han confirmado los magistrados de Primera Instancia y de los Juzgados hipotecarios de Madrid, que han reatificado el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor el 3 de abril.

El municipio toledano de Seseña ha sido escenario de un grave episodio de violencia que ha conmocionado a los vecinos y propietarios afectados. Una familia de okupas ha usurpado varias viviendas en un bloque de pisos, desatando el pánico entre los dueños y los trabajadores de una empresa de desokupación, que intentan mediar en la delicada situación.

La problemática de la inquiokupación está en aumento en España y tiene nuevos rostros. Uno de ellos es el de María y Fulgencio, un matrimonio jubilado de Murcia que lleva un año viviendo en condiciones indignas en el garaje de su propia casa, después de que un hombre al que alquilaron una habitación de manera temporal acabara adueñándose de su propia vivienda

La historia de Jacqueline Guillén escenifica el lado más humano y a la vez desgarrador del auge de la inquiokupación en España, un fenómeno del que cada vez hay más víctimas. Todo comenzó con un acto de amistad hace cuatro años, cuando la propietaria se marchó a Londres a estudiar un máster y decidió alquilar su piso en Madrid a una buena amiga de toda la vida que estaba embarazada y no tenía casa. Aquella decisión, tomada desde la empatía y la confianza, se convirtió en una pesadilla que aún hoy sigue sin final.

En un nuevo episodio del creciente problema de la ocupación ilegal de viviendas en España, una mujer ha sido detenida en Gandía (Valencia) tras fingir una estafa para no ser desalojada del piso que okupaba. La detenida presentó una denuncia falsa en la que alegaba haber sido víctima de un timo inmobiliario: afirmó ante los agentes de la Policía Nacional que había pagado 7.000 euros por el alquiler del inmueble y que contaba con un contrato en regla.

El fenómeno de la okupación en Madrid sigue generando crispación social. El último episodio que indigna a los vecinos tiene como escenario el parque de La Viña, en el barrio de Entrevías (Madrid), donde un grupo de okupas vive con luz y gas gratuitos mientras que los verdaderos propietarios se ven obligados a afrontar las facturas que ellos mismos reconocen no pagar.

Se habla mucho de la okupación desde una óptica ideológica, pero muy poco o nada del propietario atrapado entre la deuda hipotecaria y la impotencia legal. Una injusticia ignorada por el discurso político dominante que en este momento solo favorece a todo aquel que “se busca la vida” para demostrar su vulnerabilidad, tal y como señala Patricia Aragón, experta en gestión de impagos hipotecarios. Pero señala que el hipotecado que sufre una okupación puede negociar con el banco la cancelación de la hipoteca que se encuentra en situación de impago. Porque, tal y como reconoce Aragón, los bancos son los primeros interesados en evitar la morosidad.

Lo que comienza como un sueño puede acabar en una auténtica pesadilla. Esto fue lo que le ocurrió a un vecino en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que se compró un chalet con más de 250 m2 con piscina privada. Sin embargo, una vez finalizado el proceso de compra, cuando se disponía a comenzar con la mudanza y disfrutar de su nueva casa se encontró con una sorpresa, y no agradable: el chalet había sido okupado.

El grave problema de la okupación atraviesa fronteras en Europa. El último caso que ha conmocionado a Francia y reavivado el debate de la usurpación de viviendas es el de un anciano de 95 años, que, tras ver su casa okupada durante meses, cuenta con una deuda de 17.000 euros en facturas que no puede pagar. Sin recursos para afrontar tal deuda y con una pensión mínima, el anciano se ha visto obligado a acudir de nuevo a los tribunales para no pagar una factura que no ha provocado.

La okupación da un nuevo giro en Torrejón de Ardoz: una anciana de 90 años y su familia han sido desalojados de su propio piso tras la denuncia del okupa que lo usurpó. El joven, tras meses sin pagar el alquiler y aprovechando la ausencia de los otros inquilinos, se hizo con el control de la vivienda y llamó a la Policía cuando los dueños intentaron recuperarla, logrando que fueran expulsados por “allanamiento”. Ahora, la familia afronta una maraña judicial y se pregunta hasta dónde llegará este surrealista caso.

En una calle tranquila del Eixample, a dos pasos de la Sagrada Familia, hay un piso reformado que brilla por fuera, pero que para su propietario se ha convertido en una pesadilla. La vivienda pertenece a un hombre con un 76% de discapacidad que, desde hace años, no puede acceder a su propio hogar porque está ocupado por una familia que dejó de pagar el alquiler tras la pandemia. Quien alza la voz es su primo Alberto Asín, que tras el fallecimiento de su tío asumió la tutela legal: “Desde entonces yo soy el tutor legal de mi primo y, en su nombre, pido soluciones”.

Marco Velázquez, propietario de una casa en Chicago (EEUU), encontró su vivienda okupada cuando iba a venderla. Ante la inacción policial y para evitar un largo proceso legal, el propietario y su esposa se mudaron a la casa y convivieron con los okupas, generando un presión que funcionó. Tras una tensa noche, la pareja aceptó dejar la casa a cambio de 4.300 dólares (3.600 euros), frente a los 8.000 dólares (casi 7.000 euros) que pedían en un principio. Así, Velázquez recuperó su casa en 24 horas, evitando una batalla judicial y generando debate sobre la okupación y la protección a propietarios.

Tradicionalmente, los okupas se han centrado en casas vacías o apartamentos bien ubicados. Sin embargo, en los últimos meses parece que se ha detectado un cambio de tendencia, ya que han aumentado las ocupaciones ilegales de casas de campo, terrenos agrícolas, e incluso plazas de aparcamiento. La proliferación de estos casos se atribuye a dos factores principales: la existencia de vacíos jurídicos que complican la recuperación de espacios no destinados a vivienda habitual, y el incremento de seguridad por parte de los propietarios ante el miedo de ver su casa okupada.

Una pareja de Valladolid llegó a su propia vivienda tras un viaje de trabajo y se encontraron con la cerradura cambiada y gente en su interior. Gracias a que habían dejado documentos personales, cartas y fotos familiares en el piso, la policía pudo demostrar rápidamente que era su residencia habitual y desalojar a los okupas en tiempo récord. Este caso, resuelto en pocas horas, demuestra la importancia de dejar pruebas inequívocas de habitabilidad antes de ausentarse varios días y la cooperación vecinal para agilizar la respuesta policial ante los casos de ocupación ilegal.

En Nimes, Francia, una mujer entró ilegalmente en una vivienda creyendo que estaba deshabitada, sin saber que era propiedad de un juez. Tras forzar las persianas y descubrir la identidad del dueño, huyó por miedo a fuertes represalias. El magistrado denunció los hechos ante el Tribunal Judicial de Montpellier, que realizó un juicio rápido en el que emitió una condena de seis meses de prisión, castigo que no cumplirá, de momento, al ser madre de una hija menor de edad.