La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de la Generalitat valenciana ha adjudicado el servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas de su parque público para evitar la ocupación ilegal de estos inmuebles. La directora general de EVHA, Estefanía Martínez, ha reconocido que unos de los mayores problemas que afectan al parque público de la Generalitat es el asalto y ocupación de sus viviendas. El coste de la adjudicación asciende a 4,7 millones de euros para 150 viviendas en Alicante, y otras 150 unidades entre Valencia y Castellón.
La directora general de EVHA, Estefanía Martínez, ha lamentado en un comunicado que estas ocupaciones "impidan la rehabilitación y adjudicación de viviendas a familias que sí respetan la legalidad".
Durante 2025, la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha intensificado las medidas para evitar la ocupación irregular de sus viviendas. Una de estas acciones ha sido la licitación de sistemas de seguridad e instalación de alarmas individuales sin conexión al suministro eléctrico.
Martínez ha reconocido que unos de los problemas "más importantes" que afectan al parque público de la Generalitat es el "asalto y ocupación ilegal de sus viviendas" y ha asegurado que "estas ocupaciones impiden la rehabilitación y posterior adjudicación de viviendas a familias con necesidades que sí respetan la legalidad".
Además, ha recordado que estas acciones ilícitas suelen crear problemas de convivencia vecinal y falta de seguridad para el resto de vecinos de los edificios públicos". A la mala convivencia, hay que sumar los enganches ilegales a los suministros que manipulan y ponen en riesgo la vida de todos los residentes, ha añadido la directora.
Los sistemas de alarma contratados cuentan con conexión a una central y con aviso inmediato a la Policía, "lo que supone un refuerzo sustancial en la prevención de estas ocupaciones", ha señalado. Además, una vez que la vivienda se repara y adjudica, este dispositivo se traslada a otro inmueble que esté en proceso de rehabilitación.
El importe de la adjudicación ha sido de 4.743.200 euros por un periodo de cuatro años y está distribuido en dos lotes: uno para la provincia de Alicante con 150 alarmas y, otro conjunto, para las provincias de Valencia y Castellón con otras 150. Un total de seis empresas presentaron ofertas a esta licitación.
Además de la instalación de los sistemas de seguridad, el contrato incluye el traslado de equipos, el mantenimiento de las instalaciones, la reposición de los equipos derivada de actos vandálicos, la custodia de llaves y el servicio de verificación personal durante el periodo de vigencia del contrato.
Las medidas implementadas por la Generalitat para evitar la ocupación ilegal de sus viviendas suponen un aumento de la inversión en mecanismos de prevención como son la instalación de los sistemas de alarmas, las puertas antivandálicas o la contratación de servicios de seguridad privada en determinados bloques de vivienda pública.
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