Okupar vivienda

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido prohibir “toda compra de vivienda en España que no sea para residir” porque considera que una casa es para que una familia trabajadora pueda vivir en ella, y si no es así, entonces es “para especular”. Y ha defendido que “si no tienes donde meter a tus hijos, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco”. Así lo ha dicho durante una intervención en Málaga donde ha urgido a regular aún más el mercado de la vivienda.

La venta de viviendas sin posesión irrumpe en el mercado inmobiliario español. Las casas ‘okupadas’ han pasado de ser completamente inexistentes hace unos años a suponer el 2,6% de todas las casas a la venta en España, según idealista en base a los inmuebles anunciados en el portal inmobiliario en el cuarto trimestre de 2024. En este periodo, 20.464 viviendas anunciadas reconocían sufrir un proceso de ocupación. El análisis destaca que el 8,8% de las casas en venta en Girona están okupadas, seguida por Murcia (5,5%) y Sevilla (4,7%), mientras que Barcelona (723) y Madrid (644) son las ciudades con un mayor número de viviendas sin posesión en el mercado de compraventa.

El PSOE ha rechazado en el Congreso una iniciativa de Sumar para que las entidades locales puedan declarar como tensionada una zona de mercado residencial cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda, aunque la comunidad autónoma no actúe. Lo que sí se ha aprobado en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja son varias iniciativas del PP relativas a la lucha contra la okupación y para derogar la suspensión de desahucios, con el único apoyo de Vox, y ante la ausencia de Junts, Bildu y PNV, para superar a PSOE, Sumar, ERC y Podemos, lo que sigue demostrando la fragilidad de los pactos que necesita el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Mikel Echavarren, CEO de Colliers en España y Portugal, habla para idealista/news del sector inmobiliario actual y, en especial del residencial. En su opinión, la Ley de Vivienda va a reducir la oferta de alquiler allí donde se aplique, ya que conseguirá el efecto contrario: que los propietarios retiren sus casas del mercado con el consiguiente efecto de más subidas de las rentas. Además, estima que en Cataluña la inversión inmobiliaria va a desaparecer con la aplicación del índice de referencia del alquiler.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifran en 17.264 el número de casos relacionados con la okupación ilegal de viviendas que han ingresado en los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia en toda España en el último lustro, lo que arroja un promedio de 9 demandas al día. El dato más reciente es el del tercer trimestre de año, cuando se han contabilizado 373 procedimientos, un 38,6% menos interanual y la cifra más baja de la serie histórica. Desde verano de 2018, Cataluña es la región con más causas de este tipo, con más de 4.100 asuntos, mientras que Navarra y La Rioja cierran el ranking con menos de un centenar de demandas.

La ocupación ilegal de una vivienda en España ha registrado 10.345 casos contabilizados a nivel nacional entre enero y agosto, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone una caída del 11% frente al mismo periodo del año pasado. Cataluña (4.218) concentra un 40% de las okupaciones, seguida por Andalucía (1.607), Comunitat Valenciana (1.134) y Madrid (1.025), llegando a acaparar casi el 80% de los casos. Sin embargo, todas ellas han registrado caídas interanuales, del 14%, 6%, 21% y 1%, respectivamente.

Las segundas residencias sufren más del doble de intrusiones que las viviendas habituales, entre robos, asaltos y ocupaciones, según señala un informe de Securitas Direct. En general, estas segundas residencias pasan la mayor parte del año vacías, y la principal preocupación de los propietarios es sufrir okupaciones. Galicia, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Aragón son las CCAA más seguras para tener una vivienda, según el estudio.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado la reforma de una serie de leyes procesales que permita el desalojo de okupas y ha garantizado que, si gobierna, acabará con el fenómeno de la 'okupación' ilegal. El candidato popular a la presidencia del Gobierno sostiene que la actual Ley de Vivienda facilita la ocupación ilegal y que si llega a Moncloa tras las elecciones del 23J, modificará esos puntos de la actual normativa.

El pleno del Parlamento catalán ha aprobado una proposición de ley impulsada por Junts per Catalunya que permite que los ayuntamientos puedan instar el desahucio de una vivienda ocupada de forma ilegal en casos en los que los dueños sean grandes propietarios (que tengan en propiedad 10 o más pisos) y que éstos no se hagan cargo de iniciar el desalojo por vía judicial. Esta nueva norma tiene el visto bueno de las inmobiliarias de Cataluña, aunque lamentan que el texto aprobado haya restado capacidad de maniobra a las comunidades de propietarios.

El Partido Popular ha presentado una enmienda a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se encuentra en tramitación parlamentaria, para que el Congreso apoye el desalojo de los okupas en el plazo máximo de un día. Una moción que se enfrenta a la petición del PSOE de desalojar en 48 horas, y que ha vuelto a suponer un encontronazo en el Gobierno de coalición. El texto se votará el próximo jueves 3 de noviembre.

El PSOE ha defendido sus enmiendas para agilizar los desalojos de okupas en 48 horas recalcando que la propuesta registrada en el Congreso no tiene que ver con los desahucios de personas vulnerables. Los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Podemos, vuelven a chocar en la forma de afrontar las políticas relacionadas con la vivienda. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha querido dejar claro que "no tiene nada que ver con los desahucios" y que solo afecta a los "allanamientos y la ocupación ilegal de inmuebles",

El Partido Socialista en el Congreso de los Diputados ha incluido una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia por el que los jueces podrían desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas. Otros partidos como PP y PdeCat ya había solicitado previamente cambios para agilizar y acelerar unos procesos que están colapsando los tribunales.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) critica en un informe "la laxitud y la poca claridad de la ley" en materia de 'okupación' y pide alcanzar un pacto de Estado entre agentes sociales, políticos y técnicos para encontrar una solución efectiva y a largo plazo para esta lacra, que vive actualmente su punto más álgido. Dicho acuerdo frenaría las consecuencias perjudiciales para el mercado inmobiliario, la economía, los inversores y consumidores.

El Partido Popular promueve una ley para facilitar el desalojo de los okupas en un plazo máximo de 24 horas y poder imponerles penas de prisión de hasta cinco años. Para conseguir este último objetivo, la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo plantea recuperar el delito de usurpación de inmuebles.

El próximo 2 de agosto finaliza el plazo para pujar en la subasta del edifico residencial de cinco plantas, conocido como ‘La Dignidad’, por llevar ocupado durante años por unas 20 familias. La web especializada Escrapalia lo ofrece por un precio de salida de 2,5 millones de euros. El inmueble, que necesita una profunda reforma, procede de una empresa promotora en concurso de acreedores.

El 'think tank' Acción Liberal acaba de lanzar un nuevo informe llamado ‘Erradiquemos la okupación en España’ para poner fin a esta lacra social. Con la ayuda de primeros espadas como Mikel Echavarren, CEO de Colliers, o el catedrático de Derecho Tributario, César García, han elaborado una serie de medidas efectivas para erradicar este mal que afecta a 100.000 inmuebles en España. Entre las medidas se encuentran recuperar la posesión de la casa en 10 días, aumentar las penas de prisión o dar potestad a ayuntamientos para un desalojo exprés.

El Consejo de Gobierno de la región ha decidido modificar el decreto que regula el Plan de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, más conocido como Plan Vive, para excluir a okupas como beneficiarios de las adjudicaciones de una vivienda pública. Es decir, toda aquella persona condenada por un delito de okupación no podra optar a una VPO en Andalucía.

Entre enero y septiembre del año pasado se contabilizaron 13.389 (allanamientos o usurpaciones, puesto que en las denuncias policiales no se delimita y es el juzgado el que determina la calificación), según datos oficiales. Por este motivo, Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler) y el SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid) han elaborado el informe: 'El alquiler y su contexto normativo y de desarrollo'. Este documento afirma que el 80% de los propietarios con viviendas en alquiler temen que sus propiedades sean okupadas. 

Agencias Negociadora ha elaborado una lista para evitar okupaciones en las casas durante el verano. Entre ellas destaca la de instalar una alarma en la vivienda, ya que el simple hecho de tener un cartel de alarma puede disuadir a los 'okupas', pero además, en caso de que se produzca el delito, este no será considerado ocupación, si no allanamiento, y por lo tanto son dos figuras totalmente distintas, ya que esta última permite a la policía actuar de inmediato.

Las okupaciones en España están a la orden del día. De hecho, en 2020 este fenómeno subió un 2,7% interanual, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad. En total, 14.675 personas denunciaron que su vivienda había sido ocupada de manera ilegal. Con estos datos, hay propietarios que prefieren vender sus inmuebles por un precio inferior al de mercado. Para el comprador puede ser una buena operación al adquirir con descuento, pero luego debe tener cuidado a la hora de pagar el ITP. Hacienda reconoce que el valor de los inmuebles se reduce si están okupados, pero le tocará al contribuyente acreditar tal okupación ilegal.

Lucena, un pequeño pueblo Cordobés de poco más de 40.000 habitantes, ha pasado de ser noticia por ser una localidad con pleno empleo a serlo por contar un gran foco de okupación. En concreto, la mesa de trabajo del Ayuntamiento encargada de atajar este problema ha contabilizado más de 100 viviendas okupadas, aunque se cree que hay más unidades. Muchos de los pisos provienes del ‘boom’ inmobiliario y pertenecen a distintas entidades financieras. El problema ha generado robos, suciedad, amenazas de muerte y facturas de más de 10.000 euros para el consistorio.

La Policía Nacional ha editado una guía útil que contiene una serie de recomendaciones para prevenir la okupación de viviendas, así como las distintas actuaciones que tiene que seguir el propietario si se ha producido finalmente el delito, como no cortar los suministros de agua, luz y gas, ni impedir la entrada a quienes han okupado la vivienda.

Las dificultades para acceder a una vivienda provocan muchos casos de okupación. El ‘think thank’ Europa Ciudadana (EC) se basa en la legislación aplicada en Países Bajos en materia de alquiler para recomendar su aplicación en España y reducir este problema creciente en nuestro país. Normas como la Ley de Vacantes, que permite usar inmuebles vacíos, o Ley de Alquiler temporal para arrendamientos en periodos cortos en colaboración público-privada son solo algunos de los ejemplos.

El Gobierno francés anunció la semana pasada la puesta en marcha de un nuevo procedimiento para luchar contra el fenómeno de la okupación. El objetivo es acelerar el desalojo de los 'inquilinos' ilegales de todo tipo de viviendas, incluyendo las segundas residencias, y proteger a los propietarios. La medida se ha conocido en la misma semana que el Gobierno de Pedro Sánchez ha modificado el decreto antidesahucios para beneficiar a los okupas vulnerables.

Los cambios legales y regulatorios en los derechos de propiedad, incluyendo la vivienda, han traído una desprotección creciente, según el análisis de Fedea, que alerta además de una progresiva erosión de la seguridad jurídica en los últimos años. El estudio de la Fundación pone como ejemplos las sentencias y normas sobre los desahucios o los problemas de ocupación ilegal.