Vivienda pública en alquiler

El Gobierno y Cataluña han formalizado el protocolo para que la Generalitat gestione 13.000 viviendas y más de 300 solares en distintas fases de desarrollo procedentes de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), y que hasta ahora pertenecían a Sareb. El Govern catalán recibirá los pisos y solares en régimen de usufructo por un período de cuatro años, prorrogables otros cuatro años más, y se destinarán a vivienda de protección oficial (VPO) de gestión pública de forma permanente. Su disponibilidad dependerá del estado en el que se encuentren los inmuebles, algunos ya arrendados, pero otro tendrán que se adecuados y rehabilitados.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado que llevará al Consejo de Ministros del martes 14 de octubre nuevas medidas en materia de vivienda relacionadas con el "anclaje jurídico de la vivienda patrimonio del Estado", aunque no ha precisado exactamente cuáles serán. La polémica ha saltado con una promoción de 800 viviendas de alquiler asequible propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social que se encuentra en un limbo jurídico tras la eliminación de la Sociedad pública del alquiler (SPA) en 2012. Ahora, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social las está subastando en vez de mantenerlas en el parque estatal.

La directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Leire Iglesias, ha anunciado que a partir de 2026 la nueva empresa estatal de Vivienda lanzará "grandes paquetes de vivienda todos los trimestres" y que para su acceso no habrá unos límites de renta muy exigentes. La mayoría de estas viviendas procederán de la Administración General del Estado, en las que se incluirán algunas de las 40.000 unidades traspasadas por Sareb a Sepes.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado nuevas medidas municipales para mejorar el estado de la ciudad. Una de ellas es la creación de su propia Agencia de Alquiler, que contará con dos objetivos: dar seguridad a los propietarios y activar las viviendas vacías para que estas salgan al mercado del arrendamiento. Las viviendas que gestionará esta agencia local saldrán al mercado con precios inferiores al del mercado, se alquilarán con un contrato de cinco años, y estarán centradas en ofrecer una vivienda a los más jóvenes.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que son necesarios unos nuevos Presupuestos. "Necesitamos más presupuesto para más vivienda pública, para más vivienda asequible, para fortalecer la empresa pública, para acompañar a los ayuntamientos. En definitiva, para atender el principal problema que tienen los españoles", ha afirmado durante una visita a los terrenos donde se levantarán más de 800 apartamentos para estudiantes en alquiler asequible en Alcorcón (Madrid).

El BOE ha publicado la orden por la que establece los criterios que deben cumplir las 40.000 viviendas que Sareb irá traspasando a la nueva empresa estatal de vivienda que el Gobierno está creando a partir de la entidad Sepes. Los pisos pasarán a formar parte permanentemente del parque público en alquiler asequible siempre y cuando sean aptos según criterios geográficos, como que se encuentren en poblaciones superiores a 5.000 habitantes; económicos, como que aquellas viviendas de más de 85 m2 no podrán tener un valor tasado superior al 40% de la media; y técnicos, como que no presenten problemas estructurales.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, defiende que las viviendas públicas protegidas deben destinarse al alquiler frente a la compra y se sujeten a un régimen de protección permanente para hacer frente al problema de acceso a la vivienda en España y al sobreesfuerzo en el pago de la renta del alquiler, así como mejorar la emancipación juvenil. Además de aumentar el parque público, ve conveniente pide tomar medidas a corto y medio plazo tanto a nivel estatal como autonómico, como por ejemplo mejoras los programas de ayuda para pagar el arrendamiento o dotar de más recursos al Bono Alquiler Joven.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado a todas las Administraciones Públicas, como las comunidades autónomas, que apliquen la Ley de Vivienda, "porque está funcionando, y lo que no funciona es cruzarse de brazos a la hora de afrontar el problema del acceso a la vivienda que tienen muchos ciudadanos en el país". Así se ha pronunciado Sánchez durante su intervención en la entrega de llaves de una promoción de 218 viviendas públicas de alquiler asequible en la Hacienda El Rosario (Sevilla), en un acto donde también han intervenido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP).

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha presentado una proposición no de ley en la Cámara Baja para pedir al Gobierno liberar los remanentes de los ayuntamientos y que los puedan destinar a la compra de vivienda para aumentar de manera destacada el parque público. Las corporaciones locales están obligadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 a mantener equilibrio o superávit financiero, y no pueden gastarlo. Según datos del Banco de España, esos remanentes ya alcanzan cerca de 39.000 millones de euros, dinero que el diputado de Compromis exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez movilizar para alquiler social y asequible.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha puesto en marcha un nuevo instrumento financiero a través del que invertirá 268 millones de euros en fondos de capital especializados para impulsar nuevas viviendas sociales y asequibles en régimen de alquiler. El ICO ha hecho la convocatoria pública para seleccionar a las gestoras y vehículos especializados, que podrán invertir 550 millones en proyectos de promoción y gestión de alquiler social y asequible. Se estima que se podrán construir unas 10.000 nuevas viviendas en arrendamiento.

El parque público de vivienda solo ha sumado 244 nuevos inmuebles entre julio de 2023 y septiembre de 2024, cifra muy alejada de las 100.000 unidades anuales que el Banco de España calcula que hacen falta durante los próximos 15 años para que España pase de un peso actual del parque estatal de un 2% y se acerque a la media europea del 9,3% de todo el volumen residencial. Este dato se ha conocido tras una respuesta parlamentaria al diputado y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez. Sin embargo, el Gobierno añade que tiene cerca de 60.000 viviendas públicas de alquiler social en distintas fases de desarrollo.

Más Madrid propondrá en el Pleno de Cibeles que se celebrará este martes una tasa turística de 3 euros para dejar en la ciudad 65 millones de euros anuales y destinarlos a la construcción de vivienda pública, a la promoción de alquileres asequibles y a la rehabilitación. Lo ha adelantado en rueda de prensa la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, acompañada por la portavoz en Hacienda, Sara Ladra. La jefa de la oposición ha remarcado que Más Madrid no forma parte de ese consenso que defiende que "cuanto más turismo mejor", modelo cuyas consecuencias se están viendo ahora "en Baleares o Canarias, donde la población está diciendo 'basta ya'".

La política de vivienda social de la capital austriaca sirve de inspiración a otras ciudades, en un momento en el que sufren un aumento de los precios de los arrendamientos ante una demanda que supera con creces a la oferta. El parque público de alquiler en Viena, el mayor de Europa, cumple 100 años registrando altos datos de asequibilidad y calidad, y con el objetivo futuro de mantener los precios y el acceso a las nuevas familias.