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Cómo vender un piso con okupas
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La tramitación de la ley que busca desokupar viviendas okupadas ilegalmente en 24 horas se encuentra paralizada en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja aceptó la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal el 20 de febrero, después de ser aprobada por el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría. Sin embargo, la progresión de esta ley se ha visto obstaculizada por repetidas extensiones del plazo para presentar enmiendas.

El proceso de enmiendas comenzó el 23 de febrero y debía concluir el 12 de marzo, pero desde entonces se ha prorrogado 11 veces, la última hasta el 25 de mayo. Esta situación refleja un problema común en la legislatura: las leyes a veces se estancan debido a continuas prórrogas en el plazo de enmiendas, lo que puede llevar a que no se aprueben antes de que finalice la legislatura.

La propuesta de ley establece que, una vez que una autoridad pública ordene el desalojo de una propiedad ocupada ilegalmente, el ocupante tiene 24 horas para abandonar la vivienda o demostrar que tiene autorización para estar allí. Si no pueden hacerlo, los agentes procederán al desalojo. Además, la normativa busca endurecer las penas de prisión para los okupas, aumentando las condenas hasta tres años en casos de usurpación con violencia e intimidación, y de seis a 18 meses para ocupaciones sin violencia, en lugar de las multas de tres a seis meses que se aplican actualmente.

También se pretende proteger a las comunidades de vecinos afectadas por la ocupación ilegal, permitiéndoles denunciar comportamientos perjudiciales para el edificio y obligar al propietario del inmueble a tomar medidas preventivas, como tapiar puertas y ventanas. Si los okupas realizan actividades ilícitas, podrán ser desalojados de inmediato.

Por último, la ley propone que la Administración devuelva al propietario el IBI y el Impuesto de Patrimonio pagados por el inmueble ocupado, aliviando así la carga fiscal sobre los dueños de propiedades afectadas por la ocupación ilegal.

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