Cataluña ha registrado un total de 7.009 hechos de usurpación y allanamiento de morada en 2024, copando el 42,6% del total nacional. Es la comunidad con mayores casos de okupación en viviendas, según el Ministerio del Interior. En general, las okupaciones de viviendas han crecido en todo el país, de ahí que La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) alerta del auge de los procesos extrajudiciales que muchos propietarios ya han iniciado para la recuperación de sus viviendas.
El hecho de que la comunidad sea la más castigada en este sentido es por la regulación y la normativa, que es más permisiva, tal como pronuncia Arantxa Goenaga, socia del despacho AF Legis, “también por lo que se transmite por parte de los poderes públicos, en los que parece que se penaliza ser propietario y se fomenta dicha ocupación”.
Rebeca Pérez, CEO y fundadora de Inviertis, responde que la comunidad dispone de la mayor cantidad de viviendas vacías. Además, existe en todo el territorio una fuerte presencia de redes organizadas y, por supuesto, políticas más permisivas que dificultan los desalojos rápidos.
Si se desglosan los datos por provincias, Barcelona lidera de largo el ranking nacional, con el 30,9% del total de España, con 5.077 casos en 2024. Según Goenaga, Barcelona es donde más se ha trasladado esta política de favorecer movimientos de okupaciones. “El Ayuntamiento de Barcelona, durante mucho tiempo, ha tomado partido a favor de estos colectivos”.
Los expertos piden inmediatez en desalojos
Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de FADEI, subraya que “si los arrendadores inician procesos extrajudiciales es debido a la lentitud de la justicia y a la gran falta de seguridad jurídica que existe en estos momentos para los propietarios”.
En España, los procesos de desokupación de la vivienda son largos, tardan meses e incluso años, lo que genera mucha incertidumbre y pérdidas económicas muy notables para el arrendador.
Según FADEI, los propietarios se enfrentan a un marco legal que favorece más al okupa que al propietario, una realidad que lleva a los arrendadores a buscar fórmulas alternativas.
Para agilizar procesos en Cataluña, Arantxa Goenaga propone aprobar unas medidas cautelares que sean efectivas, que permitan a la policía desalojar sin más y que, posteriormente, se celebre el juicio. “Si existe inmediatez en el desalojo, habrá un efecto rebote y verán que es menos interesante ocupar”.
Rebeca Pérez también destaca la necesidad de agilizar procesos judiciales y administrativos para desalojos en pocos días, y mayor dotación de recursos policiales con equipos específicos, “hay que endurecer las penas para okupaciones organizadas y perseguir con más fuerza a mafias que se lucran con las okupaciones. Y finalmente, promover la creación de vivienda social para aquellas personas que sí que necesitan un techo donde vivir y no pueden pagarlo”.
Cinco medidas para solucionar el problema de las okupaciones
FADEI propone estas medidas clave que podrían contribuir a su solución:
Reforma legal para agilizar los desalojos
Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para reducir los plazos de desalojo de okupas. Un procedimiento exprés que permita recuperar la vivienda en un plazo máximo de 48-72 horas, sin necesidad de un proceso judicial prolongado.
Endurecimiento de las penas para la okupación
Endurecer las consecuencias penales para los okupas reincidentes y las mafias organizadas que se lucran con esta práctica ayudaría a erradicar estos delitos.
Apoyo a los propietarios afectados
Crear una oficina de apoyo a propietarios afectados por la okupación con asesoramiento legal gratuito y asistencia directa facilitaría la recuperación de las viviendas y reduciría el impacto económico y psicológico en los propietarios afectados.
Mayor coordinación entre fuerzas de seguridad y justicia
Un protocolo de actuación más ágil entre Policía, Guardia Civil y jueces permitiría intervenir de manera más rápida y evitar situaciones en las que los okupas se benefician de vacíos legales o retrasos administrativos.
Soluciones habitacionales para familias vulnerables
Refuerzo de las políticas públicas de vivienda social y alquiler asequible reduciría la presión sobre el mercado inmobiliario y ofrecería alternativas a quienes realmente necesitan un techo.
Endurecimiento legal y medidas de vivienda social para frenar la ocupación
Arantxa Goenaga espera que las okupaciones en Cataluña no vayan a más. “Entiendo que ya solo cabe hacerlo bien, favorecer los desalojos rápidos y que no haya que esperar un año a que se resuelva por un juzgado. Creo que es difícil favorecerlo más”.
Mientras que desde Inviertis creen que todo ello dependerá de si la respuesta legal sigue siendo lenta o las mafias continúan operando con impunidad. “Un endurecimiento legal y medidas de vivienda social podrían contenerlo. En definitiva, sin cambios en la ley y en el acceso a vivienda, es probable que las okupaciones sigan aumentando”.
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