Proposición de ley

El grupo parlamentario de EH Bildu ha registrado una proposición de ley en el Congreso que pretende prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de registro o licencia. En su propuesta afirma que los ayuntamientos y CCAA cuentan con recursos limitados para regular los apartamentos ilegales, por lo que quiere establecer sobre las empresas y plataformas la responsabilidad legal de evitar la proliferación de alojamientos ilegales para su alquiler. En el articulado también se establece un régimen sancionador con multas que pueden ascender hasta el millón de euros.

Se van conociendo las enmiendas de los partidos en el Congreso para la proposición de ley que quiere regular los alquileres de temporada. Sumar propone añadir la prohibición de las empresas que ofrezcan servicios orientados a la desocupación de viviendas, con multas de hasta 600.000 euros, mientras que Junts ha presentado propuestas para eliminar toda referencia al alquiler de habitaciones, por ser una competencia exclusiva de las CCAA. El PSOE, por su parte, quiere añadir a los pisos turísticos en los arrendamientos de corta estancia e imponer grandes multas si las plataformas no publican el código de referencia, además de equiparar los de temporada para aplicarles la Ley de Vivienda.

El Congreso de los Diputados ha aceptado tramitar una proposición de ley presentada por Junts para agilizar los desahucios y desalojar 'okupas' en un plazo de 48 horas. La normativa plantea cambios legislativos en el ámbito civil y penal para acelerar estos desalojo y ha contado con al apoyo conjunto de PP y PSOE, aunque con matices. Los socialistas ya han anunciado que añadirán enmiendas al texto de los independentistas, mientras la Ley Antiokupas presentada por el Senado sigue en un cajón de la Mesa del Congreso.

El Congreso de los Diputados debatirá y votará el próximo 11 de marzo una proposición de ley del Parlamento de Cataluña para que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) destine el 80% de sus inmuebles a alquiler social, con el objeto de crear un fondo social de vivienda. El objetivo es crear un parque de vivienda social que permita dar respuesta a la grave situación de emergencia residencial de los últimos años. También se plantea que la sociedad ceda el 50% de sus terrenos urbanizables, reformar la ley de estabilidad presupuestaria para que los ayuntamientos puedan invertir en vivienda

El PNV llevará al Pleno del Congreso de la semana que viene una proposición de ley para reformar la Ley del Suelo, una iniciativa que pactó con el PSOE, tras el fracaso del Ministerio de Vivienda de llevarla en solitario, y que tiene como objetivo dar mayor seguridad jurídica a los planes urbanísticos y blindar los proyectos de urbanización con la limitación de los efectos que puedan tener las denuncias recibidas por errores subsanables.

El Pleno del Senado ha aprobado por unanimidad tramitar una proposición de ley que viene a reformar la Ley de Propiedad Horizontal para recoger expresamente la posibilidad de realizar juntas de vecinos en modo telemático, como ya se hizo durante la pandemia del coronavirus. El texto es una propuesta del PP, con mayoría en la Cámara Alta, que pasa ahora al Congreso de los Diputados para continuar con su tramitación, aunque sin fecha concreta. también quiere aprovechar esta reforma para que los libros de actas se puedan llevar en formato y soporte electrónico.

Esquerra Republicana ha vuelto a registrar en el Congreso la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para limitar el alquiler de temporada y habitaciones que hace un mes presentó Sumar junto a otros socios parlamentarios y tumbaron PP, Vox, UPN y Junts. La nueva proposición de ley con algunas modificaciones respecto al texto anterior, como elevar de seis a nueve meses el periodo máximo de los contratos de este tipo de arrendamientos o permitir que las CCAA hayan desarrollado legislación propia puedan aplicar su normativa para respetar la división competencial. Mientras, el Gobierno prepara un registro de los alquileres de corta duración.

Sumar insta al PSOE a apoyar en el Pleno del Congreso la admisión a trámite de una proposición de ley para que las entidades financieras ofrezcan a sus clientes vías para reclamar cláusulas abusivas vinculadas a la amortización del pago de la hipoteca e intereses. Se trata de las cláusulas conocidas como 'Redito ad Libitum' (Redal), y Sumar afirma que se han introducido en muchos contratos hipotecarios mediante métodos matemáticos "engañosos" o sistemas de subamortización "encubierta", de modo que en contratos de cuota creciente se aplaza la devolución del capital durante muchos años y después de décadas se encarece fuertemente la cuota, algo que no se explica a la hora de firmar.

Sumar, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, Podemos y BNG han registrado en el Congreso una proposición de ley para regular los alquileres de temporada y de habitaciones y limitarlos a un tope de seis meses. El documento pide una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual para evitar sortear la Ley de Vivienda o subir los precios de manera continuada. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reunirá la semana que viene al grupo de trabajo creado para presentar las conclusiones sobre cómo regular estos arrendamientos.

Podemos ha registrado en el Congreso una proposición de ley para que la duración mínima de los contratos de alquiler sea de 10 años (12 años si el propietario es una persona jurídica) con el objetivo de garantizar el derecho a a vivienda. El portavoz de la formación morada en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha explicado que la propuesta tiene como principal objetivo la prevención de la especulación y garantías de la vivienda como un bien social. Otras medidas que figuran en el texto piden la congelación de alquileres durante toda la legislatura y prohibir la compra de vivienda si no es para residir en ella.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso una proposición de ley para evitar la anulación total de los planes generales urbanísticos, que ya afecta a 15 millones de personas que viven en localidades con su PGOU anulado. La iniciativa, presentada el 5 de octubre, plantea aplicar anulaciones parciales de los planeamientos, lo que evitaría una invalidación completa del Plan y reforzaría la seguridad jurídica en materia urbanística.

El problema de la ocupación ilegal de viviendas y el dilema que viven las familias más vulnerables ha vuelto al Congreso de los Diputados.

El congreso de los diputados ha rechazado tramitar una proposición de ley de ciu para que los propietarios de los inmuebles pudieran tener acceso al padrón y comprobar cuántas personas figuran como habitantes de la vivienda.