Los partidos presentan enmiendas a la proposición de ley de control del alquiler de temporada

Se van conociendo las enmiendas presentadas por los partidos en el Congreso de los Diputados para la proposición de ley que quiere regular los alquileres de temporada, y que finalmente sigue su curso tras acabar el periodo de presentación de estas enmiendas, con el voto a favor de Sumar y del PP en la Mesa de Congreso.

Sumar quiere prohibir empresa como Desokupa

Sumar propone una reforma legal en el Congreso para prohibir la constitución, promoción, funcionamiento y contratación de empresas o personas que ofrezcan servicios orientados a la desocupación de viviendas, para lo que plantean multas de entre 30.000 y 600.000 euros en todas las actividades descritas.

Mediante una enmienda a la proposición de ley para regular los alquileres de temporada, el grupo plurinacional ha propuesto una disposición adicional a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que tiene por objeto la prohibición de estas empresas.

A juicio del grupo parlamentario, este tipo de entidades operan al margen del marco legal vigente, suplantando las funciones propias del poder judicial y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y vulnerando "gravemente" derechos fundamentales como el de la inviolabilidad del domicilio o el derecho a la integridad física y moral.

En este sentido, la coalición de partidos considera necesario dejar fuera del tráfico jurídico cualquier forma de actividad organizada cuyo fin sea desalojar personas mediante mecanismos de presión extrajudicial.

Y es que, aunque Sumar dice que el Código Penal ya sanciona muchas de las conductas utilizadas por estas empresas (coacciones, amenazas, allanamiento), la experiencia práctica demuestra que dichas figuras delictivas "no son suficientes para impedir que estas estructuras mercantiles sigan actuando con aparente legalidad".

Por este motivo, el grupo busca su "prohibición total" de forma análoga a como el ordenamiento prohíbe otras actividades estructuralmente ilícitas. Sumar añade a su argumento que estas empresas actúan bajo un discurso que deslegitima a quienes habitan una vivienda sin título legal sin atender a sus causas ni a su dignidad y promueven un modelo de "seguridad privada al margen de la ley" que socava los principios básicos del Estado de Derecho y la garantía judicial efectiva.

Además de multas, Sumar plantea que la realización de cualquier actividad relacionada con estos grupos suponga la inhabilitación de la empresa o de las personas involucradas en dichas acciones para constituir, administrar, representar o colaborar de forma directa o indirecta en ninguna entidad que preste servicios relacionados con el sector inmobiliario, la seguridad o la vigilancia, durante un período de entre siete y diez años.

También se plantea la prohibición de contratar con el sector público durante el mismo periodo y, en caso de que se produzcan acciones constitutivas de delito como coacciones, amenazas o allanamiento de morada, se actúe según lo tipificado en el Código Penal.

El PSOE propone multas de 600.000 euros a plataformas por no publicar el número de registro de pisos turisticos

El PSOE también ha presentado una batería de enmiendas a la Ley de los alquileres temporales con las que entre sus principales propuestas plantea multas de hasta 600.000 euros para las plataformas como 'Airbnb' si no ofrecen datos de actividad y los números de registro de los alojamientos que publicitan.

En primera instancia, el PSOE propone que los contratos de temporada, por habitaciones y turísticos sean considerados de corta duración según establece el Reglamento europeo que versa sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de este tipo de alojamientos.

La idea con esta propuesta es, por un lado, que puedan ser registrados en la Ventanilla Única Digital que desarrolló el Ministerio de Vivienda en enero de este año y, por otro, que estén sometidos a un régimen sancionador que establece multas muy graves, graves o leves.

Según la reforma que ha presentado el PSOE, las multas muy graves llegan hasta los 600.000 euros y prescriben a los tres años y se podrán imponer a las plataformas en línea que incumplan la normativa europea a la hora de publicitar alojamientos. 

Los socialistas también proponen multas de entre 30.000 y 3.000 euros para estas plataformas y para aquellas personas que infrinjan la ley mediante contratos de corta duración.

La cuantía de las sanciones podría incrementarse hasta en un 30% en función de la gravedad y la trascendencia del hecho, la reincidencia de la infracción, el beneficio económico obtenido por la misma, la capacidad económica de la persona infractora o que la persona arrendadora tenga la condición de gran tenedor.

Alquileres de temporada de un año de duración y un mes para los pisos turísticos

Entre las propuestas que hace el PSOE al texto legislativa está la de elevar hasta los 12 meses el tiempo que puede durar un contrato de temporada frente a los nueve que han propuesto Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG. El contrato se podría prorrogar otros 12 meses si las causas de la temporalidad se mantienen.

Si la duración de un contrato excediera del año sin justificación vinculada a la duración de la causa temporal que lo motiva, o se encadenaran con la misma persona arrendataria más de dos contratos consecutivos sin justificación, el primero de ellos se entenderá celebrado como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, y le serán de aplicación todos los preceptos previstos para dichos contratos.

En el caso de los alquileres turísticos, estos no excederían de los 31 días. Todos estos pisos deberán obtener un número de registro con carácter previo a su publicación e plataformas en línea, el número de registro se obtendrá a través del procedimiento que se determine reglamentariamente.

Aplicar la Ley de Vivienda a los alquileres por temporada

Los socialistas también quieren que se pueda aplicar la Ley de Vivienda a los alquileres por temporada y que un nuevo contrato no pueda exceder de la última renta del contrato anterior en zonas de mercado tensionado. En el caso de arrendamientos de vivienda de temporada por habitaciones, la suma de las rentas de cada habitación no podrá superar los límites antes descritos para el conjunto de la vivienda.

Únicamente podrá incrementarse, más allá de lo que proceda de la aplicación de la cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior, en un máximo del 10% sobre la última renta cuando hubiera habido una obra de rehabilitación, por una mejora de accesibilidad o cuando el nuevo contrato se firme por diez o más años.

En los contratos de arrendamiento que el arrendador sea un gran tenedor de vivienda y la vivienda se ubique en una zona tensionada, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable al índice de precios de referencia definido en la Ley de Vivienda.

Por último, el PSOE quiere eliminar una disposición que se introdujo en la proposición de ley para contentar a Junts que reza sobre el respeto competencial autonómico en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. El Grupo Socialista dice que esto es "innecesario" porque la competencia en materia contractual y de arrendamientos corresponde al Estado.

Junts presenta enmiendas para eliminar el grueso de la ley

Por su parte, Junts ha presentado una batería de enmiendas para eliminar cinco de los ochos artículos que incluye la proposición de ley para regular los alquileres de temporada y de habitaciones que impulsaron Sumar, Esquerra Republicana, EH Bildu, Podemos y BNG en el Congreso.

Junts ya votó en contra de su toma en consideración en una primera votación, exigiendo que se incluyeran salvaguardas a las competencias autonómicas en materia de Vivienda y, tras conseguirlo en un segundo intento, votó a favor del inicio de su tramitación. Ahora han presentado enmiendas para eliminar el grueso de la propuesta.

Entre otras propuestas, la formación catalana propone eliminar la reforma del artículo 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos que versa sobre el arrendamientos de vivienda, pues consideran que esto supondría una "eliminación de facto" de la figura del contrato de alquiler de temporada. También proponen eliminar toda referencia en el texto al alquiler de habitaciones porque se trata de una regulación exclusiva de las Autonomías.

En lugar de eliminarlo y para evitar que se produzca un uso fraudulento de este tipo de alquiler, Junts plantea que en los arrendamientos suscritos por temporada, siempre que no sea en circunstancias de turismo o vacaciones, la parte arrendataria deberá hacer constar la causa de la temporalidad, la dirección exacta de la vivienda que tiene por residencia, y deberá entregar a la parte arrendadora la documentación acreditativa de la temporalidad alegada.

Si el propietario no ha hecho constar información, entonces el contrato se equipararía a uno de vivienda habitual y permanente. Asimismo, Junts ha planteado en contra del criterio de los socios de izquierdas que se siga excluyendo de esta fórmula a los arrendamientos de viviendas con una superficie superior a 300 metros cuadrados en los que la renta inicial en cómputo anual exceda de 5,5 veces el SMI en sus términos anuales y el arrendamiento corresponda a la totalidad de la vivienda.