
El PNV llevará al Pleno del Congreso de la semana que viene una proposición de ley para reformar la Ley del Suelo, una iniciativa que pactó con el PSOE tras el fracaso del Ministerio de Vivienda de llevarla en solitario y que tiene como objeto blindar los proyectos urbanísticos y limitar el efecto que pueden tener en estos las denuncias por errores subsanables.
En mayo del pasado año, el departamento de Isabel Rodríguez llevó al Pleno del Congreso un proyecto de ley para este mismo objetivo, pero a última hora tuvo que retirarlo porque Sumar se oponía, el PP no garantizaba su apoyo y Podemos, Junts y Esquerra Republicana habían presentado enmiendas de totalidad.
Para no tener que empezar todo el procedimiento de anteproyecto y órganos consultivos que exigiría impulsar otra vez la norma del Consejo de Ministros, el PSOE optó por llegar a un acuerdo con el PNV para presentar una proposición de ley, que es la que se va a debatir en la próxima sesión plenaria, según consta en el borrador del orden del día.
Un texto que el sector aprueba y ve determinante para aumentar la construcción de vivienda
El texto es prácticamente idéntico al proyecto original que presentó el Gobierno, con la salvedad de que ahora los instrumentos de ordenación territorial y urbanística tienen que regirse "en los términos que dispongan las normativas autonómicas". Asimismo, la nueva redacción dice que estos instrumentos podrán ser modificados o sustituidos en los términos en los que dispongan las normativas autonómicas.
Este punto puede atraer el apoyo de Junts o ERC, pero a priori seguirá sin gustar, al menos, a Sumar y Podemos, pues estas formaciones consideraban que el texto abría las puertas al "pelotazo urbanístico" al limitarse el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación urbanística, cuestión que sigue presente en el texto.
Lo que establece la Ley es un listado de los defectos formales que sí pueden determinar la nulidad del instrumento de ordenación territorial y urbanística, con el objeto de poner coto a los "chantajistas" que se aprovechan de la normativa vigente para presentar reclamaciones ante planificaciones urbanísticas que después acaban retirando tras llegar a un acuerdo económico.
El departamento liderado por Isabel Rodríguez aseguraba que con la ley actual se han producido "claros abusos" en el ejercicio de estas reclamaciones, sobre todo en las grandes ciudades. Así, el objetivo de la reforma es dar seguridad jurídica a la planificación urbanística y evitar que fallos formales subsanables puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
PSOE y PNV reconocen la naturaleza técnico-jurídica de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y se recoge un listado de los defectos formales que sí pueden determinar la nulidad del instrumento.
La Asociación de Promotores y Constructores de España, APCEspaña, valoró positivamente el texto inicial del Gobierno. Actualmente, hay casi un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos, un dato revelador si se tiene en cuenta que, en términos de población, en estos municipios afectados se concentra una población de casi 4 millones de personas. Por ello, consideran que la reforma de la Ley de Suelo supondría "un avance importante paso para garantizar la seguridad jurídica en el urbanismo".
Se especifican las formas de nulidad total o parcial
En concreto, se podrá declarar la nulidad por vicios formales o de procedimiento de los instrumentos de ordenación cuando la aprobación definitiva la haga un órgano "manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio" o por el desconocimiento "total y absoluto" de los procedimientos legales.
También se podrá declarar la nulidad cuando se omitan los trámites de evaluación ambiental, de información pública y participación y de participación de otros órganos u organismos públicos en relación con los informes preceptivos. A esto se añade la falta de memoria o del documento equivalente demande la legislación de ordenación territorial y urbanística o la insuficiencia notoria de la misma.
El resto de defectos o vicios no incluidos en el listado no supondrían la nulidad absoluta del instrumento urbanístico, por lo que se podrían subsanar a posteriori.
Eso sí, la reforma plantea que se pueda declarar la nulidad parcial de los instrumentos de ordenación cuando esta se pueda individualizar a un ámbito territorial u otras determinaciones concretas. A su vez, se limita que la nulidad de un instrumento implique la nulidad de todo el planeamiento de desarrollo, lo que se conoce como nulidad en cascada.
El PP ya ha registrado su propia Ley del Suelo en el Senado
Por su parte, el PP también ha lanzado una ofensiva legislativa en cuanto a la Ley del Suelo. Los de Alberto Núñez Feijóo registraron en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una reforma de la norma para agilizar la tramitación de proyectos urbanísticos.
En concreto, el texto incluye el silencio positivo para que la falta de emisión de informes sectoriales o de licencias en los plazos correspondientes no paralicen un proceso de urbanismo. El texto de los 'populares' también derogaba las zonas tensionadas y el índice de precios de referencia de los alquileres establecidos en la Ley de Vivienda.
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