El Gobierno no lleva finalmente la Ley del Suelo al Congreso por falta de apoyos

La falta de apoyos para su tramitación parlamentaria ha provocado que el Ejecutivo finalmente no lleve la reforma de la Ley del Suelo al Pleno del Congreso. Su debate estaba previsto en la sesión de este 23 de mayo, pero la negativa de Sumar, en la coalición de Gobierno, y de otros socios de investidura como Podemos, ERC o Junts, que ya mostraron su desacuerdo con el proyecto de ley y su intención de votar en contra, ha motivado que el Ministerio de Vivienda haya retirado la normativa del orden del día en el último momento y haya decidido posponer su tramitación. El objetivo de la reforma es dar mayor seguridad jurídica y evitar que errores subsanables eviten la paralización de todo un plan urbanístico.

Con esta decisión, se pospone la tramitación de la reforma del Texto Refundido de la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana. Un cambio en una norma tan importante para el sector inmobiliario que se viene planteando desde hace años, ya desde el Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha lamentado, poco después de que el Gobierno solicitara la retirada del orden del día del pleno del Congreso del proyecto de ley de reforma de la Ley del Suelo, "que el PP haya dejado a un lado su posición de partido de Estado para poner una zancadilla al Gobierno", con su decisión de no apoyar la tramitación de la reforma de la Ley del Suelo, aunque ha dicho que confía en "retomar la negociación" con los populares tras las elecciones europeas del 9 de junio.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Rodríguez ha atribuido al actual período electoral la falta de apoyo del PP a una reforma promovida por ayuntamientos y comunidades en los que gobierna, y respaldada unánimemente por el sector inmobiliario. "El nerviosismo electoral sobrepasa el interés general y es una pena", ha dicho la ministra, tras explicar que ha puesto a disposición de los grupos parlamentarios el texto de su proyecto de ley para que, cuando pase el "furor electoral", sirva de base para negociar un reforma "necesaria que demandan alcaldes de todos los colores".

El Ministerio defendía que una gran mayoría de CCAA y ayuntamientos gobernados por el PP pedían este cambio en la Ley de Suelo, que fue refrendado por la Federación Española de Municipios y Provincias con una carta firmada por a Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía o la Junta de Castilla y León.

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que su partido había pedido al PSOE negociar la reforma y ha considerado "sorprendente que el Gobierno la haya retirado, en declaraciones a EFE a las puerta del Congreso. "Hemos pedido negociar, tenemos una propuesta. La reforma que ha planteado el Ministerio de Vivienda nos parece poco ambiciosa y queríamos hablar y negociar".

Sémper ha añadido que el "Gobierno tiene un problema con el Gobierno" y lamenta que el presidente Pedro Sánchez no negocie y ni siquiera hable dentro de su propio Gobierno".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, considera que la reforma de la Ley del Suelo, "es especulativa y no protege el territorio", ha afirmado a través de un mensaje publicado en su cuenta de 'X'. "Evitar la nulidad de planes urbanísticos genera inseguridad jurídica y efectos perjudiciales para el interés público. Avancemos en una política de vivienda verde que cuide nuestras ciudades", ha remarcado la vicepresidenta.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, "nos alegramos muchísimo, es ya la tercera vez que Podemos logra parar una reforma que tiene el nombre propio de Operación Chamartín", ha dicho Belarra en los pasillos del Congreso también a la Agencia EFE, poco después de que el Gobierno anunciara la retirada del proyecto del orden del día del pleno, al no contar con los votos suficientes para su tramitación.

La exministra ha sostenido que Podemos ya paró este proyecto de ley "dos veces en el Gobierno" y se ha mostrado convencida de que esta normativa busca "legalizar y blindar urbanizaciones ilegales". A su juicio, la reforma que plantea el PSOE "hubiera hecho imposible, en el caso de hotel Algarrobico, que la ciudadanía se organizara para parar un proyecto urbanístico insoportable".

Asimismo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho "que es dramático que el Gobierno no sea capaz de negociar leyes y ha advertido de que confiar en que el PP podría ayudarles a sacarla adelante es una temeridad".

El propio Rufián y los portavoces de Junts y EH Bildu han coincidido en criticar al Ejecutivo ante la capacidad de diálogo y negociación con los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.

El sector, sin embargo, lleva esperando años por una modificación de la Ley de Suelo, que vuelve a aplazarse 'sine die'. Son muchas las voces inmobiliarias que han insistido en la necesidad de que la reforma salga adelante. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha señalado que “el sector lleva muchos años reclamando, con una necesidad imperiosa, una ley de suelo que dé seguridad jurídica al urbanismo español, y que, además, atañe a uno de los principales problemas que tenemos como sociedad: la falta de acceso a la vivienda”.  

Gómez-Pintado ha apuntado que “analizada la ley por los profesionales que componen las comisiones de vivienda y urbanismo de APCEspaña, entendemos que la ley cumple los requisitos para dar esa seguridad jurídica que se necesita. Seguiremos insistiendo desde la asociación en que necesitamos un pacto para que esta ley se apruebe”.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado por su parte que la Ley del Suelo es "necesaria" y ha indicado que puede ser "oportuno" que pasen las elecciones europeas, que se celebrarán el próximo 9 de junio, para hablar de ello con "más sosiego".

Para el presidente de la CEOE "es hora de que en el país se empiece a hablar de lo que nos une y no hablar de lo que nos separa", por lo que le ha pedido a los dos grandes partidos (PSOE y PP) que se sienten a hablar, para ver cómo "de forma conjunta" pueden presentar la ley. "Yo creo que los grandes acuerdos, que en este momento echamos de menos, son la clave precisamente para que temas de Estado, temas de bien común, sean positivos y buenos para todos", ha añadido.

Y el  que el Consejo de Ministros retomó los cambios en la normativa y aprobó el pasado 26 de marzo el Anteproyecto de Ley para la modificación del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana con el objetivo de adaptar la normativa urbanística a los principios de la Agenda Urbana Española, para su tramitación en las Cortes Generales, “con el fin de dar seguridad jurídica y evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística”.

Fuentes cercanas al Ministerio de Vivienda destacaron que los planes urbanísticos son una herramienta imprescindible para el desarrollo de pueblos y ciudades con criterios de sostenibilidad, enfocados hacía políticas de vivienda social y asequible, y que actualmente muchos de los PGOU están obsoletos y paralizados ante el miedo de los ayuntamientos a encontrarse con su plan paralizado en tribunales por un mero defecto de forma. 

Y es que hasta ahora, cualquier procedimiento formal incorrecto realizado por un Consistorio anula el plan en su totalidad, y una sentencia en contra de un defecto de forma produce una nulidad en cascada de todos los procedimientos administrativos realizados, y toca empezar de cero.

Por tanto, esta modificación de la Ley de Suelo trata de mantener vivos los planes urbanísticos, y que se puedan subsanar los trámites de procedimiento en paralelo a su desarrollo, sin dejar a un lado el derecho de denuncia a las irregularidades que se puedan observar en un planeamiento de ordenación territorial y urbanística.

Qué cambios introducía la Ley del Suelo: limitar la nulidad de los planes y la organización de los recursos

El principal objetivo de la reforma que se tiene que votar en el Congreso es evitar la paralización de la planificación territorial de una ciudad por defectos menores que se pueden subsanar. Se establece un marco regulatorio para garantizar la seguridad jurídica de los planeamientos.

Es por ello que establece una separación entre la nulidad del Plan General, que supone que si hay un defecto total en ese PGOU pueda ser anulado completamente, y la nulidad parcial, que se trate de un defecto de forma de alguno de los procedimientos que se puede subsanar en un plazo de tiempo que se establece en un año.

En caso de que el organismo público encargado de esa modificación no cumpliera con este plazo de un año, podría solicitar una prórroga de seis meses adicionales. Cumplido ese plazo y si no estuviera subsanado el procedimiento anulado, se anularía el PGOU por completo.

Otras de las reformas que se quieren modificar del texto son los instrumentos para poder recurrir los planes urbanísticos. Con la modificación, las reclamaciones estarán estructuradas en recursos directos ante el Plan General de Ordenación Urbana; reclamaciones por la acción pública urbanística, a la que podrán acudir entidades y organizaciones sociales que tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo sobre las actuaciones del PGOU.

Otra de las posibilidades de reclamación es la acción popular en materia medioambiental, que no se modifica, y mantiene la capacidad de las organizaciones de protección del medio ambiente de recurrir ante los tribunales.

También pueden recurrir por defectos formales, aquellas personas físicas o jurídicas que tengan interés general en el procedimiento. Fuentes del MIVAU destacan que es aquí donde se quiere acabar con el chantaje a la acción pública, que solo interponen pleitos para atrasar o anular los planes con fines espurios y abusivos.

Mientras, se mantienen los recursos indirectos, por el que se dan cuatro años de plazo para salvaguardar el interés general, y los recursos de actos individualizados.

Otra de las modificaciones en el nuevo texto de la Ley del Suelo es el significado del silencio administrativo. Por lo general, un silencio administrativo suele tener carácter negativo. Pero en los casos en los que el planeamiento incluya viviendas públicas, el resultado de una falta de respuesta por parte de la Administración competente en un plazo de seis meses será positivo.

Actualmente, hay más de un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos, o de otros que aún están esperando un resolución judicial. Entre todos ellos están Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Toledo, Vigo, Gijón, Cartagena, Zamora, etc.

Para aquellas resoluciones judiciales que aún no son firmes se va a establecer un régimen transitorio, por el que puedan contar con el plazo descrito anteriormente para subsanar el error.