Ley de suelo

La Comunidad de Madrid da luz verde a su profunda reforma de sus normas urbanísticas con la aprobación este miércoles del proyecto de ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región (LIDER), una norma con la que el Consejo de Gobierno espera reducir los plazos urbanísticos de 12 a 4 años y facilitar la construcción de vivienda. La norma simplifica la clasificación del suelo, refuerza la autonomía municipal y permite remodelar barrios sin coste para los vecinos. Pasará ahora a la Asamblea regional para su tramitación parlamentaria.

El CEO de la gestora LandCo, Alberto Quemada, ha advertido que “con las reglas actuales del suelo es casi imposible hacer más de 100.000 viviendas al año”, una afirmación que choca el elevado déficit de vivienda que sufre nietro país: 750.000 unidades, según el Banco de España. Quemada ha reclamado un pacto de Estado para una nueva Ley del Suelo que reduzca el poder de comunidades y ayuntamientos en esta materia, ya que, si no hacemos nada, el problema de la vivienda aumentará durante los próximos cincos años”.

El pleno del Parlament balear ha aprobado con la mayoría de PP y Vox la Ley de obtención de suelo que declara a Baleares en situación de emergencia habitacional y prevé el desarrollo de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) en las llamadas áreas de transición (reservas de suelo rústico) de la ciudad de Palma y en municipios de más de 20.000 habitantes, así como en suelo urbano o urbanizable en los de más de 10.000 habitantes. Además, han pactado ampliar las legalizaciones en terrenos rústicos de la Sierra de Tramuntana. La oposición prepara un recurso ante el Tribunal Constitucional por deficiencias en la tramitación.

Los consejeros de Vivienda de las regiones gobernadas por el PP comparecerán este lunes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas para exponer su un modelo de vivienda y plantear soluciones a un problema acrecentado por las políticas erróneas que ha planteado el Ejecutivo central, según alegan. Los populares exigen l a tramitación de la Ley para Desarrollo Urbano y la Vivienda, que lleva medidas para favorecer la creación de suelo y la agilización administrativa, aprobada en el Senado, pero que se encuentra atascada en la Mesa del Congreso de los Diputados.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para avanzar en fórmulas administrativas que agilicen la obtención de licencias con el fin de aumentar el parque público residencial y dotar de mayor seguridad jurídica al planeamiento urbanístico. Además, se abordará la normativa de los alquileres turísticos, donde las localidades tienen capacidad de control con sus ordenanzas municipales. Por otro lado, el PNV llevará al Pleno del Congreso una proposición de ley para reformar la Ley del Suelo tras el fracaso del Ejecutivo de llevarla adelante.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en que España necesita un nuevo modelo de política de vivienda, para lo que el Gobierno está trabajando en la nueva empresa pública de vivienda, que servirá para blindar la oferta pública de manera permanente para asegurar precios asequibles, sobre todo en alquiler. Rodríguez ha recordado que esta empresa será el resultado de fortificar y dar más funciones a Sepes, y que sus primeras viviendas serán las más de 430 unidades que se proyectan en el antiguo cuartel de ingenieros en Valencia. La ministra ha insistido en recuperar el proyecto de la reforma de la Ley del Suelo para crear seguridad jurídica en el sector.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado en el Senado que la nueva empresa pública de vivienda va a garantizar que se construyan más casas con fondos públicos a precios asequibles y que siempre serán protegidas. El PP en la Cámara Alta ha criticado al Gobierno por haber agravado la crisis de la vivienda en España y de haber enfrentado a propietarios con inquilinos con la aprobación de la Ley de Vivienda. Mientras Rodríguez achaca a los populares su escasa lucha contra el fraude de los pisos turísticos ilegales y el escaso interés por llevar adelante la reforma de la Ley del Suelo.

La asociación española de gestores públicos de Vivienda y Suelo (AVS) ha pedido en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados el establecimiento de un régimen jurídico específico para las viviendas públicas. El presidente de la AVS, José María López Cerezo, ha anunciado que presentarán una serie de iniciativas legislativas para la modificación de códigos y leyes para facilitar la promoción pública de vivienda, así como la promoción privada de viviendas asequibles, para lo que ha pedido el apoyo de los grupos políticos.

El Partido Socialista ha publicado los objetivos y metas que presentará en el 41º Congreso Federal del PSOE que se celebrará a finales del noviembre. En materia de vivienda se desgrana alcanzar para 2030 un parque público de vivienda que supere el 6% del total, rehabilitar 1,5 millones de viviendas antes de que termine la década y eliminar todas las viviendas turísticas ilegales. Además de impulsar la actual Ley de Vivienda, dando potestad a los ayuntamientos para declarar zonas residenciales tensionadas. En materia fiscal, quiere impulsar un impuesto progresivo a partir de la tercera vivienda, desgravaciones por rehabilitar o sacar vivienda vacía al mercado de alquiler.

El PSOE en el Congreso de los Diputados ha retirado su firma de la proposición de ley presentada el pasado junio junto al PNV para reformar la Ley del Suelo. El texto mantiene prácticamente la misma redacción que la norma original que finalmente no llegó al Parlamento y añade un blindaje hacia las competencias autonómicas. Los nacionalistas vascos se quedan solos en la defensa de la normativa, que no cuenta con el apoyo de la izquierda (Sumar, Podemos, EH Bildu), ni los nacionalistas catalanes, ni el PP ni VOX. Los socialistas exigen a los populares responsabilidad por una medida que afirman favorecerá a Ayuntamientos y CCAA.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín, ha cerrado la ronda de reuniones con interlocutores del sector inmobiliario, las comunidades y los municipios para concretar la alternativa del PP a la actual de Ley de Vivienda. El partido, con mayoría absoluta en el Senado, presentará el próximo mes de septiembre en la Cámara Alta su Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, con medidas destinadas a incrementar la oferta, a incentivar la construcción y rehabilitación de viviendas, acabar con las zonas de mercado tensionado, con el índice de precios de los alquileres y terminar con la inquiokupación".

El PSOE y el PNV han registrado de manera conjunta una proposición de ley en el Congreso para reformar la Ley del Suelo que el Gobierno intentó modificar con un proyecto, pero que no llegó a presentar ante la Cámara Baja por la falta de apoyos parlamentarios de sus socios. Para no tener que empezar todo el procedimiento de anteproyecto y órganos consultivos que exigiría impulsar otra vez la norma desde el Consejo de Ministros, el PSOE ha optado por llegar a un acuerdo con el PNV para presentar esta proposición de ley con ligeros cambios frente al proyecto original, pero añade dar mayor potestad a lo que dispongan las normativas autonómicas.

La senadora Paloma Martín (PP) ha anunciado que su formación política llevará al Senado su propia propuesta para reformar la Ley del Suelo, después de que el Gobierno pidiera retirar la suya del Pleno del Congreso la semana pasada ante la falta de apoyo. El texto que planteará el PP exigirá la aplicación del principio de eficiencia para la emisión de informes, limitará la nulidad por trámites formales para evitar anulaciones desproporcionadas y restringirá la impugnación de instrumentos y actos por intereses espurios. También quiere incluir la supresión de algunas medidas de la Ley de Vivienda, como la derogación del control de precios, zonas tensionadas y la tolerancia con la 'okupación'.

El PP ha registrado una solicitud de comparecencia en el Congreso para que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explique en comisión los motivos que llevaron al Gobierno a retirar la tramitación de la Ley del Suelo de la tramitación parlamentaria el pasado jueves 23. La normativa se enfrentaba a tres enmiendas a la totalidad de Podemos, ERC y Junts, y a la que Sumar también se oponía. A pesar de la falta de apoyos de los aliados habituales del Gobierno, la ministra de Vivienda ha culpado al PP de la retirada de la ley.

La falta de apoyos ha provocado que el Ejecutivo finalmente no lleve la reforma de la Ley del Suelo al Pleno del Congreso. Su debate estaba previsto en la sesión de este 23 de mayo, pero la negativa de Sumar, en la coalición de Gobierno, y de otros socios de investidura como Podemos, ERC o Junts, que ya mostraron su desacuerdo con el proyecto de ley y su intención de votar en contra, ha motivado que el Ministerio de Vivienda haya retirado la normativa del orden del día en el último momento y haya decidido posponer su tramitación. El objetivo de la reforma es dar mayor seguridad jurídica y evitar que errores subsanables eviten la paralización de todo un plan urbanístico. 

La reforma propuesta por el Gobierno para modificar la Ley del Suelo va destinada a intentar dar más seguridad jurídica y transparencia en materia de urbanismo y evitar que haya errores subsanables que puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Sin embargo, el despacho de abogados Méndez Lit, especializado en el derecho inmobiliario y urbanismo, asegura que el texto establece un "particular régimen de nulidad y anulabilidad de los instrumentos urbanísticos y sus actos", ya que estarán sujetos a vicios formales y solo se declararán en casos concretos.

La secretaria de Acción Institucional de Podemos y coportavoz del partido, María Teresa Pérez, ha avisado de que su formación se opondrá en el Congreso a la reforma de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana que prepara el Ministerio de Vivienda que encabeza Isabel Rodríguez, al considerar que es "prácticamente la misma" que ya intentó aprobar el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018.

Durante la pasada legislatura, el Ejecutivo central pagó 1.595 millones de euros en expropiaciones para la construcción de obras públicas.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado en su práctica totalidad la Ley de Suelo de 2007, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El pp ha introducido una enmienda al proyecto de ley de reforma de la administración local en el senado con la que se permite a los ayuntamientos reducir su deuda a través del suelo público.

El Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular, que contó con el apoyo de PNV y CiU, y que incluye una enmienda pidiendo la desaparición del Ministerio de Vivienda.