Durante la pasada legislatura, el Ejecutivo central pagó 1.595 millones de euros en expropiaciones para la construcción de obras públicas. Sin embargo, el proceso de compensación al propietario sigue alargándose ‘sine die’ por los trámites: desde la oferta de la administración, el paso por los tribunales si hay conflicto hasta el pago correspondiente al afectado pueden pasar años.
La agilidad y rapidez de los procesos de expropiación de terrenos para la construcción de obras públicas brilla por su ausencia. Las distintas normativas para organizar estas expropiaciones, como la reforma de la Ley del Suelo o las directrices de las comunidades autónomas no han resuelto los litigios y la lentitud con la que los propietarios reciben la contraprestación del Estado por ceder sus terrenos para obras públicas.
La filosofía de la ley era que el terreno debía valorarse según su situación en el momento de la expropiación y no por la expectativa de aquello que iba a construirse sobre él. Es decir, si era rústico debía pagarse a precio de rural y no de forma diferente si sobre él se preveía construir una autopista o un hospital.
Sin embargo, esta apreciación ha sufrido la reprobación de varios tribunales que han seguido estableciendo justiprecios por encima de los cálculos estimados por la Administración, lo que alargar aún más el proceso. "Los procesos cada vez se dilatan más en el tiempo por la complicada burocracia a la que deben hacer frente y la falta de recursos que alegan las administraciones para no pagar”, afirman varios abogados.
La expropiación de terrenos es uno de los apartados que se incluyen en los presupuestos de las obras. Por poner un ejemplo, la ampliación del aeropuerto madrileño Barajas-Adolfo Suárez tuvo 2.000 millones de presupuesto solo para expropiaciones, sobrepasando las expectativas iniciales.
Entre 2012 y 2015, el Ministerio de Fomento abonó 1.595 millones de euros por la expropiación de carreteras. Pero aún le quedan por pagar otros 250 millones. En algunos casos, se tarda hasta diez años en el pago de las indemnizaciones.
“En 2012 Hacienda aprobó una norma que obligaba a todas las administraciones a reservar, mediante una retención de crédito, el dinero que calcularan que gastarían en expropiaciones”, concretan los abogados expertos en expropiaciones.
El Constitucional recuerda que la expropiación de viviendas es competencia exclusiva del Estado
El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado por sentencia el decreto ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda aprobado por la Junta de Andalucía. El tribunal ha estimado de forma parcial el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2013 al considerar competencia exclusiva del Estado la expropiación de determinadas viviendas vacías.
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Baraka presenta una demanda contra el traspaso de terrenos entre Adif y BBVA en la 'Operación Chamartín'
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Asprima: "España destina a vivienda solo un 0,5% de los Presupuestos pese a recaudar el 18% de los impuestos"
El director general de Asprima, Jorge Ginés, ha denunciado durante unas jornadas inmobiliarias la enorme presión fiscal que sufre el mercado de la vivienda en España y la poca inversión que recibe a cambio. Afirma que el sector aporta el 18% del total de los impuestos recaudados en 2024, es decir, 52.200 millones de euros, lo que supone el 3,5% del PIB; y, sin embargo, solo se destina a políticas de vivienda el 0,5% de los Presupuestos Generales del Estado, apenas 2.300 millones en el últi
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