Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso proponiendo que las viviendas amenazadas con desahucio pasen a formar parte del parque público de viviendas para ofrecerlas en régimen de alquiler, así como "explorar la posibilidad" de expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión. Son dos propuestas que el grupo plurinacional ha incorporado a su proposición no de ley relativa al parque público de vivienda y que se debatirá en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana de la Cámara Baja. Otra de las cuestiones que plantea es derogar las socimis y prohibir la compra de viviendas a empresas y fondos.
El SPD de Berlín, que gobierna en coalición en la capital, ha votado a favor de la iniciativa conocida como "Expropiar Deutsche Wohnen & Co" en un congreso regional, que pretende regular la expropiación de viviendas a las cuatro grandes inmobiliarias de la ciudad. En total, se pretende nacionalizar 240.000 pisos para detener el aumento de las rentas y ofrecer alquileres asequibles. La decisión ha supuesto un terremoto para el sector en la capital alemana que tendrá que esperar a la primavera de 2023 para conocer el resultado del estudio de viabilidad encargado a la Comisión de Expropiación.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha ratificado una ley que aprobó la semana pasada la Rada Suprema, el Parlamento del país, para confiscar los bienes y las propiedades de Rusia o de ciudadanos rusos en territorio ucraniano, en plena escalada del conflicto con Rusia.
Los berlineses han votado a favor de la iniciativa popular, no vinculante, que aspira a que se regule la expropiación de viviendas a las cuatro grandes inmobiliarias de la ciudad, que tienen más de 3.000 pisos en arrendamiento en su cartera. En total, se pide al gobierno de la ciudad-estado de Berlín comprar cerca de 240.000 apartamentos, con pueden alcanzar un precio de 13.700 millones de euros, para detener el aumento de las rentas y ofrecer alquileres asequibles.
El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido la expropiación temporal de viviendas de grandes tenedores en Baleares. “Es una cuestión claramente legal y se hace dentro del marco legal, no hay nada que objetar”, ha explica el socialista.
Algunas regulaciones autonómicas permiten a sus ejecutivos la posibilidad de inhabilitar o la expropiación forzosa de viviendas, muy similares a lo que acaba de hacer el Gobierno de Baleares con 56 pisos de grandes propietarios. Regiones como País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias o Navarra contemplan la aplicación de medidas para movilizar la vivienda vacía, y que el sector tacha de ataque a la propiedad privada.
El Govern balear acaba de iniciar el proceso de expropiación temporal de 56 viviendas propiedad de grandes tenedores, entre sociedades inmobiliarias y bancos, con el objetivo de destinarlas al alquiler social. Por estos pisos que se encuentran vacíos, según el registro autonómico, el Ejecutivo pagará un total de 1,8 millones de euros por su uso durante siete años.
El Ayuntamiento de Barcelona amenaza a cerca de 200 propietarios de pisos con la expropiación si no los ponen en alquiler antes de un mes. El consistorio ha lanzado esta advertencia a los grandes tenedores de viviendas (Sareb es el propietario de la mitad de estos pisos) que las han mantenido vacías durante más de dos años.
La expropiación forzosa está regulada por ley, y permite a la Administración privar a particulares y entidades de sus bienes y derechos por razones de utilidad pública o interés social, aunque debe de indemnizarles por ello. Repasamos cómo funciona el proceso, quiénes participan, qué plazos maneja la normativa y qué se puede hacer ante un procedimiento de este tipo.
Lorena Cabrerizo, incluida en las listas de Unidas Podemos IU Madrid a la Asamblea, ha propuesto como solución a la crisis de vivienda la expropiación sin indemnización de hasta 200.000 pisos vacíos en manos de bancos y fondos de inversión. Sostiene que es una propuesta a analizar y que sería necesario pensar en un marco normativo que hiciera posible esta alternativa.
El Consistorio pone en marcha el proceso de expropiación de un edificio situado en el histórico barrio madrileño de Lavapiés, por las extremas deficiencias en su conservación por parte de su propietario, actualmente una entidad bancaria. El edificio cuenta con un local comercial, dos almacenes y 43 viviendas, de las que solo dos están habitadas por inquilinos de la tercera edad.
La Generalitat de Cataluña ha aprobado un decreto ley que incluye la posibilidad de expropiar pisos de bancos o grandes tenedores que lleven más de dos años vacíos. El decreto materializa también la permanencia de las calificaciones de los futuros pisos sociales o la exclusiva realización de vivienda protegida de alquiler por parte de la administración.
El Tribunal Constitucional ha respaldado la ley de vivienda vasca, respaldando la capacidad del Gobierno regional y los ayuntamientos para expropiar de forma forzosa las casas que lleven desocupadas más de dos años sin una causa justificada y estén situadas en zonas donde hay una demanda elevada de vivienda social. La Administración podrá ponerlas a disposición del mercado de alquiler social.
Durante la pasada legislatura, el Ejecutivo central pagó 1.595 millones de euros en expropiaciones para la construcción de obras públicas.
Edificios, granjas, molinos, maquinaria, arte… Miles de compañías estadounidenses –desde Coca Cola a Exxon– siguen reclamando al gobierno de Castro la devolución de sus propiedades. Se calcula que a precios de entonces, todos esos activos valían 1.800 millones de dólares.
El ministro de economía y competitividad, Luis de guindos, ha asegurado que el decreto ley aprobado por la junta de Andalucía, que permitirá la expropiación de viviendas de bancos e inmobiliarias, restringirá el acceso a financiación.
La comisión europea (ce) estudia el impacto que podría acarrear el decreto ley aprobado la semana pasada por la junta de Andalucía, en que el se contemplan la expropiación temporal de pisos de bancos para desahuciados.
Las entidades financieras e inmobiliarias con viviendas deshabitadas tendrán un plazo de 30 días para remitir a la junta de Andalucía información sobre estos inmuebles.
El ayuntamiento valenciano de alzira comenzará a expropiar 48 casas propiedad de bancos y que se encuentran en el barrio de l'alquerieta.
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