
El gobierno balear de la socialista Francina Armengol ha abierto el debate sobre la expropiación de vivienda por parte de las administraciones autonómicas justificadas como una emergencia habitacional. En el caso de Baleares, se puede realizar sobre inmuebles vacíos durante dos años de forma continuada, o seis meses temporalmente, propiedad de grandes tenedores, es decir personas físicas o jurídicas con más de 10 viviendas a su nombre.
El Govern balear ha iniciado los trámites para expropiar el uso de 56 viviendas vacías de grandes tenedores para dedicarlas al alquiler asequible durante siete años. Por esta operación establece un justiprecio de 1,8 millones de euros, que si se hacen los cálculos supone un precio muy inferior al precio de mercado de alquiler en sus zonas. Ante esta medida, cabe recurso por parte de los afectados.
Otras comunidades también reflejan en su legislación autonómicas medidas similares a la de Baleares. La expropiación forzosa también la contemplan País Vasco y Navarra en el caso de viviendas vacías de grandes tenedores, aunque con plazos diferentes para establecer qué es una casa deshabitada. Dos años en caso de Euskadi, y seis meses para Navarra.
Por su parte, la Comunidad Valenciana permite la expropiación forzosa del usufructo de viviendas en el caso de iniciarse una ejecución hipotecaria por un plazo máximo de tres años, siempre que el procedimiento de desahucio lo inste algún banco, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
Otras regiones como Cataluña o Canarias contemplan la inhabilitación de viviendas vacías de grandes tenedores con sanciones de 9.000 euros a las graves de hasta 900.000 euros. Aragón está estudiando si aplicar o no esta fórmula en su futura ley regional de vivienda.
A nivel estatal, el Gobierno de Pedro Sánchez no parece que esté estudiando esta línea de regulación en la futura Ley de Vivienda que actualmente están negociando los socios de Gobierno, entre PSOE y Podemos. Lo que si parece que se está planteando es limitar los precios de las rentas en zonas tensionadas, movilizar la vivienda vacía con un incremento de los impuestos sobre las que estén deshabitadas o sacar a alquiler social parte de parque de pisos que poseen los grandes tenedores.
Para la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) este tipo de medidas “suponen un ataque al Derecho a la propiedad privada. La expropiación es contraria a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar un mercado de alquiler profesional en España. Además, vulnera la confianza que reclaman los inversores para hacer crecer la oferta de vivienda en alquiler y erosiona la imagen de nuestro país como destino de inversión. Lo que provocan es una reducción de la oferta de vivienda disponible y perjudica el acceso a un hogar a las familias vulnerables, el colectivo al que en teoría se quiere proteger”.
2 Comentarios:
Lo que deberían hacer los equipos gobierno de estas comunidades, es promover vivienda pública. Al introducir vivienda en el mercado, y tal vez haber exceso de vivienda, el precio de esta automáticamente se auto regulará. Pero parece que es más fácil la expropiación, y el dinero dedicado a la vivienda emplearlo en chiringuitos.
Medida anticonstitucional 100% que sólo servirá para que esos gobiernos autonómicos se queden con dinero entre las uñas.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta