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Baleares pagará menos de 400 euros al mes por cada piso vacío expropiado a grandes tenedores

Destinará 1,8 millones por el uso de 56 viviendas de bancos y sociedades durante siete años

Gtres
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Autor: Redacción

La Consejería de Movilidad y Territorio del Gobierno de Baleares ha iniciado los trámites para formalizar la expropiación temporal de 56 viviendas que se encuentran vacías, y que son propiedad de grandes tenedores. La Ley de Vivienda de Baleares, aprobada en 2018, permite esta figura de la expropiación temporal para destinarlo alquiler social, para aquellas familias más necesitadas y que no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la renta del alquiler.

Para poder realizar este embargo temporal, la vivienda debe ser propiedad de un gran tenedor, aquella persona física o jurídica que disponga de 10 o más viviendas. Además, el inmueble debe encontrarse deshabitado sin una causa justificable durante dos años o más. La normativa autonómica obliga a estos propietarios a inscribir las viviendas vacías en el registro de Grandes Tenedores de la Consejería de Movilidad y Vivienda.

De ellas, 27 están situadas en Mallorca, en los municipios de Palma (11), Inca (11), Llucmajor (2), Manacor (2) y Calvià (1). Otras 23, en la isla de Menorca, ubicadas en las poblaciones de Ciutadella (17) y Mahón (6). Finalmente, solo seis están en Ibiza, con una en la capital, dos en Santa Eulària des Riu (2) y tres en Sant Antoni. Si todos los trámites siguen adelante se ofrecerán a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

Según ha adelantado el consejero de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, los servicios de inspección autonómicos han detectado alrededor de 6.000 inmuebles propiedad de grandes fondos en las islas, de los cuales actualmente se encuentran vacíos alrededor de 700.

Para formalizar esta expropiación, la administración autonómica debe pagar un justiprecio de forma íntegra y por adelantado por los siete (7) años máximos de cesión del inmueble. Por estas 56 viviendas, el Govern balear tiene previsto abonar 1,8 millones de euros. Es decir, pagará por cada vivienda una media de 4.600 euros al año, por lo que la renta rondará los 382 euros al mes. Este precio supone una rebaja del 40% respecto a los precios de mercado en Baleares.

Para los pisos de Mallorca, la media del precio que el Govern pagará unos 926.000 euros en compensación, alrededor de unos 408 euros/mes. Por los de Menorca, pagará un total de total de 649.000 euros, lo que deja un alquiler medio de 336 euros mensuales. Finalmente, en Ibiza indemnizará con 266.000 euros, lo que supone el alquile más alto, con unos 530 euros mensuales de renta.

A este inicio de procedimiento cabe presentar alegaciones por parte de los grandes tenedores, o de recurso ante los tribunales, que solo paralizaría la operación en caso de aplicar medidas cautelares.

Paralelamente a estas expropiaciones, el consejero de Vivienda ha añadido que el gobierno balear tiene también la capacidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto en las operaciones de compraventa entre grandes propietarios. Por este medio pretenden adquirir otras 40 viviendas para destinarlas a alquiler social. Y ha avanzado que ya se encuentran en proceso ocho viviendas ubicadas en Palma, Manacor y Mercadal.

Desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) “esta medida supone un ataque al Derecho a la propiedad privada consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española. Esta expropiación es contraria a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar un mercado de alquiler profesional en España, homologable al de otros países europeos. Además, vulnera la confianza que reclaman los inversores para hacer crecer la oferta de vivienda en alquiler y erosiona la imagen de nuestro país como destino de inversión”.

Para Asval “este tipo de medidas generan mucho ruido pero que no son efectivas, provocan siempre una reducción de la oferta de vivienda disponible debido a la inseguridad jurídica que generan. Esto a medio-largo plazo perjudica al acceso a un hogar a las familias vulnerables, el colectivo al que en teoría se quiere proteger”.

E insisten en que este tipo de medidas no resuelven el problema de fondo, que es la falta de vivienda pública en España. “Para su desarrollo se necesitan medidas consensuadas con los operadores, no normas que generen más inseguridad y conflictos en los tribunales”.