El Govern balear acaba de iniciar el proceso de expropiación temporal de 56 viviendas propiedad de grandes tenedores, entre sociedades inmobiliarias y bancos, con el objetivo de destinarlas al alquiler social. Por estos pisos que se encuentran vacíos, según el registro autonómico, el Ejecutivo pagará un total de 1,8 millones de euros por su uso durante siete años.
La Comunidad Valenciana ha aprobado la Ley de Función Social de la Vivienda que permite expropiar el uso de aquellas viviendas que estén vacías y en manos de bancos y grandes tenedores para ponerlas en alquiler. El objetivo es movilizar las casas vacías y para ello se creará un registro.
El boletín oficial de la junta de Andalucía (boja) ha publicado el primer trámite de expropiación forzosa a la banca del uso de una vivienda ubicada en Huelva, en el marco del decreto ley sobre la función social de la vivienda aprobado el pasado mes de abril.
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