persona jurídica

Ha entrado en vigor el Decreto Ley 2/2025 que obliga a las empresas que sean grandes tenedoras de vivienda a notificar a la Agencia de Vivienda de Cataluña dicha condición de cara a su futura inscripción en el Registro de personas grandes tenedoras de viviendas. El objetivo de esta normativa es identificar las viviendas que son susceptibles de movilización por parte de las administraciones públicas. Además, esta normativa amplía el derecho de tanteo y retracto de la Administración en toda transmisión de vivienda de empresas grandes tenedoras.

La compraventa de viviendas entre personas jurídicas se encuentra en el 6% de total de operaciones registradas desde 2007, lo que supone casi 406.300 transacciones, según la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE). El último dato disponible de enero de 2022 supera las 3.000 firmas en un solo mes, mientras que en 2021 se cerraron más de 31.600 ventas entre empresas. El récord sigue en más de 40.000 unidades de 2013, en lo peor de la crisis económica.

Algunas regulaciones autonómicas permiten a sus ejecutivos la posibilidad de inhabilitar o la expropiación forzosa de viviendas, muy similares a lo que acaba de hacer el Gobierno de Baleares con 56 pisos de grandes propietarios. Regiones como País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias o Navarra contemplan la aplicación de medidas para movilizar la vivienda vacía, y que el sector tacha de ataque a la propiedad privada.

De las más de 516.000 viviendas vendidas en 2018 (11,3% interanual más), apenas un 12,2% de ellas las adquirieron empresas u otras entidades. Pese a que para el mercado español supone un regreso a la normalidad, los Registradores también reflejan que “la rigidez legislativa y la poca claridad en las reglas del juego del sector impide un incremento del peso de las personas jurídicas para el mercado del alquiler de casas”.