
El SPD de Berlín, que gobierna en coalición en la capital, ha votado a favor de la iniciativa conocida como "Expropiar Deutsche Wohnen & Co" en un congreso regional, que pretende regular la expropiación de viviendas a las cuatro grandes inmobiliarias de la ciudad. En total, se pretende nacionalizar 240.000 pisos para detener el aumento de las rentas y ofrecer alquileres asequibles. La decisión ha supuesto un terremoto para el sector en la capital alemana que tendrá que esperar a la primavera de 2023 para conocer el resultado del estudio de viabilidad encargado a la Comisión de Expropiación.
Importante giro a la izquierda del partido socialdemócrata del SPD en la ciudad de Berlín, que gobierna en coalición con Los Verdes y La Izquierda. Una decisión de las bases del partido, que parece que ha pillado por sorpresa a la alcaldesa y líder del SPD en la región, Franziska Giffey.
Con este voto a favor de continuar con la iniciativa "Expropiar Deutsche Wohnen & Co" se pretende agilizar la puesta en marcha de la expropiación de viviendas a grandes tenedores como Deutsche Wohnen, Vonobia, Pears Group o Heimstaden, importantes actores en un mercado residencial de alquiler de propietarios de grandes paquetes de viviendas, a diferencia de España.
El siguiente paso será la creación de Comisión de Expropiación que estudiará la viabilidad de nacionalizar unos 240.000 apartamentos, que podrían alcanzar un precio de 13.700 millones de euros, del que se conocerán sus resultados en la próxima primavera de 2023.
Varapalo para la alcaldesa Giffey que hace apenas unos días defendía que “Berlín está siendo observado muy de cerca en toda Alemania e internacionalmente, por lo que debemos enviar el mensaje correcto: el derecho a la propiedad está aquí garantizado y estamos trabajando juntos para resolver los problemas de la ciudad”.
De hecho, su proyecto 'Alianza por la vivienda', que ha tratado de unir a las grandes corporaciones de viviendas, asociaciones de inquilinos y a la administración ha entrado en una profunda crisis. Ni la Asociación de Inquilinos de Berlín, ni el Comité Central de Bienes Raíces (ZIA), organización de la industria inmobiliaria, han firmado los acuerdos para Viviendas Nuevas y Viviendas Asequibles, que se tenían que firmar solo días después de la votación del congreso regional del SPD.
El objetivo de las medidas acordadas trataba de acelerar significativamente la construcción de viviendas en la capital, en vista de la escasez de viviendas y frenar los aumentos adicionales de alquileres. Antes de esta crisis, se había acordado una limitación en el aumento de las rentas del alquiler para aquellos hogares con bajos ingresos y un certificado de derecho a la vivienda si el aumento ha producido que los costes en vivienda excedieran del 30% de los ingresos.
Pero durante las negociaciones, la industria también había rechazado la obligación de los propietarios de asignar el 30% de los apartamentos a hogares con derecho a un certificado de derecho a la vivienda (WBS) cuando se vuelven a arrendar. Esto permitiría a los inquilinos a mudarse a viviendas sociales.
También había fracasado el desarrollo cooperativo de terrenos edificables de Berlín, que prevé que uno de cada dos pisos de nueva construcción se otorgue a hogares con ingresos medios o bajos. La industria se había comprometido con el objetivo de construir alrededor de 200.000 viviendas nuevas para 2030.
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