Modificación de la ley del suelo

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ha pedido al Congreso de los Diputados alcanzar un acuerdo amplio sobre suelo urbanístico para conseguir que la vivienda deje de ser el "agujero negro" que absorbe todas las mejoras de la economía. En un informe presentado en la Cámara Baja, destaca que 2024 fue un año bueno para la evolución económica y el mercado de trabajo, pero no se trasladó a a una mejora de la prosperidad en la vida de la gente, principalmente la vivienda: "Difícilmente se va a resolver el problema de la vivienda si la legislación permite que por aspectos puramente formales se puedan tumbar procesos enteros de procesos urbanísticos".

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para avanzar en fórmulas administrativas que agilicen la obtención de licencias con el fin de aumentar el parque público residencial y dotar de mayor seguridad jurídica al planeamiento urbanístico. Además, se abordará la normativa de los alquileres turísticos, donde las localidades tienen capacidad de control con sus ordenanzas municipales. Por otro lado, el PNV llevará al Pleno del Congreso una proposición de ley para reformar la Ley del Suelo tras el fracaso del Ejecutivo de llevarla adelante.

El PNV llevará al Pleno del Congreso de la semana que viene una proposición de ley para reformar la Ley del Suelo, una iniciativa que pactó con el PSOE, tras el fracaso del Ministerio de Vivienda de llevarla en solitario, y que tiene como objetivo dar mayor seguridad jurídica a los planes urbanísticos y blindar los proyectos de urbanización con la limitación de los efectos que puedan tener las denuncias recibidas por errores subsanables.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha lamentado que el PP vaya a contracorriente y contra el consenso mayoritario a la hora de registrar en el Senado su propia reforma de la Ley del Suelo. Al respecto, la ministra ha recordado que ya existe un texto "riguroso y excelente" en el Congreso de los Diputados que se puede mejorar durante la tramitación en la Cámara Baja. Sin embargo, los dos partidos mayoritarios chocan en los enfoques de la liberalización del suelo público, el carácter de la vivienda de protección oficial o mantener las medidas para limitar la subida de los precios de los alquileres.

Se le acumula el trabajo al Ministerio de Vivienda. La ministra Isabel Rodríguez cuenta con varios frentes abiertos entre la reforma de la Ley del Suelo, el fin de la ‘golden visa’ o la regulación de los alquileres de temporada y pisos compartidos, además de compartir con la cartera de Turismo las medidas frente al impacto del alquiler turístico en el mercado de la vivienda, a dos semanas de que el periodo de sesiones en el Parlamento cierre por vacaciones. Mientras, avanzan los acuerdos con CCAA y ayuntamientos para levantar o rehabilitar casas, donde la fecha límite es finales de 2026.

El PSOE y el PNV han registrado de manera conjunta una proposición de ley en el Congreso para reformar la Ley del Suelo que el Gobierno intentó modificar con un proyecto, pero que no llegó a presentar ante la Cámara Baja por la falta de apoyos parlamentarios de sus socios. Para no tener que empezar todo el procedimiento de anteproyecto y órganos consultivos que exigiría impulsar otra vez la norma desde el Consejo de Ministros, el PSOE ha optado por llegar a un acuerdo con el PNV para presentar esta proposición de ley con ligeros cambios frente al proyecto original, pero añade dar mayor potestad a lo que dispongan las normativas autonómicas.

La falta de apoyos ha provocado que el Ejecutivo finalmente no lleve la reforma de la Ley del Suelo al Pleno del Congreso. Su debate estaba previsto en la sesión de este 23 de mayo, pero la negativa de Sumar, en la coalición de Gobierno, y de otros socios de investidura como Podemos, ERC o Junts, que ya mostraron su desacuerdo con el proyecto de ley y su intención de votar en contra, ha motivado que el Ministerio de Vivienda haya retirado la normativa del orden del día en el último momento y haya decidido posponer su tramitación. El objetivo de la reforma es dar mayor seguridad jurídica y evitar que errores subsanables eviten la paralización de todo un plan urbanístico. 

El Pleno del Congreso acogerá la próxima semana el primer examen parlamentario de la reforma de la Ley del Suelo, una cita en la que tres de los aliados habituales del Gobierno de coalición, Esquerra, Junts y Podemos, se oponen a su tramitación y piden la devolución del proyecto de ley. Sin embargo, el sector inmobiliario ve con buenos ojos esta reforma que pretende dar seguridad jurídica y evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables puedan conllevar la nulidad total de un plan urbanístico.

La reforma propuesta por el Gobierno para modificar la Ley del Suelo va destinada a intentar dar más seguridad jurídica y transparencia en materia de urbanismo y evitar que haya errores subsanables que puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Sin embargo, el despacho de abogados Méndez Lit, especializado en el derecho inmobiliario y urbanismo, asegura que el texto establece un "particular régimen de nulidad y anulabilidad de los instrumentos urbanísticos y sus actos", ya que estarán sujetos a vicios formales y solo se declararán en casos concretos.

El Consejo de Ministros ha aprobado el texto para la modificación de la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana, con la que se pretende "dar seguridad jurídica" y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables" puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Ahora, el texto aprobado se enviará para su debate y tramitación al Congreso de los Diputados. El presidente de APCEspaña, Juan Antonio Gómez-Pintado, ofrece las claves de esta nueva norma: la ampliación de los años en el registro de la propiedad de la carga registral, que estaba limitada a 7 años o la limitación de la acción pública.

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana para remitir el texto a las Cortes Generales y que inicie su tramitación parlamentaria, después de que decayera en la anterior legislatura por la convocatoria de las elecciones de julio. El objetivo del texto, según el Gobierno, es "dar seguridad jurídica" y evitar que haya errores subsanables que puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Los promotores y la federación de municipios (FEMP) han valorado positivamente la modificación, mientras Podemos y PP ya han mostrado su rechazo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado durante unas jornadas de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) que llevará la modificación del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana al Consejo de Ministros del próximo 26 de marzo para su aprobación, cumpliendo así el calendario previsto. El texto, cuya tramitación decayó en la pasada legislatura, busca dar "seguridad a los planes urbanísticos y evitar esos errores que siendo subsanables estaban paralizando los desarrollos", según Rodríguez.

El pasado 13 de diciembre de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley para la modificación del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Lo que se pretende con este anteproyecto es evitar, entre otras cosas, la paralización del planeamiento territorial de numerosos municipios por defectos menores que son fácilmente subsanables. El objetivo del Gobierno es que entre en vigor a finales de este año, aunque aún queda pendiente su aprobación como proyecto de ley y toda su tramitación parlamentaria.

Por primera vez en muchos años la construcción de vivienda protegida en Vizcaya superó a la vivienda libre en 2010.