Se le acumula el trabajo al Ministerio de Vivienda. La ministra Isabel Rodríguez cuenta con varios frentes abiertos entre la reforma de la Ley del Suelo, el fin de la ‘golden visa’ o la regulación de los alquileres de temporada y pisos compartidos, además de compartir con la cartera de Turismo las medidas frente al impacto del alquiler turístico en el mercado de la vivienda. Mientras, avanzan los acuerdos con CCAA y ayuntamientos para levantar o rehabilitar casas, donde la fecha límite es finales de 2026.
El Ministerio de Vivienda lleva menos de un año en marcha y cuenta con mucho trabajo por delante. A la Ley de Vivienda, que acaba de cumplir hace poco un año de vigencia, y la promesa de levantar 184.000 viviendas de alquiler social y asequible para aumentar el parque público estatal, se le han unido nuevas iniciativas en distintas fases que al Ejecutivo les está costando sacar adelante.
Se reanuda la reforma de la Ley del Suelo con la proposición junto a PNV
La reforma de la Ley del Suelo ha sido la primera en sufrir la minoría del Gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados, donde ni PSOE, ni Sumar juntos alcanzan la mayoría necesaria para sacar adelante sus propias medias en solitario. Les toca negociar con partidos de todo sentido político como PNV, EH Bildu, Podemos, BNG, Coalición Canaria, ERC o Junts, que son lo que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.
De hecho, al ver que no contaba con los apoyos necesarios, el Ministerio de Vivienda reculó y frenó la tramitación de la reforma del Texto Refundido de la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana, ante la negativa de Sumar, en la propia coalición de Gobierno, y de otros socios de investidura como Podemos, ERC o Junts.
Ahora, espera salvar el ‘match ball’ de la reforma de la Ley del Suelo con el acuerdo al que ha llegado con el PNV para avanzar con esta normativa tan importante para el sector inmobiliario en el Congreso, cuando apenas quedan dos semana de periodo de sesiones parlamentarias antes de las vacaciones de verano en el Congreso.
La derogación de las 'golden visa' no encuentra donde enmarcarse
Otro de los puntos ‘calientes’ que tiene en marcha el Gobierno es derogación de las conocidas como ‘golden visa’, la concesión de los permisos de residencia a extranjeros no comunitarios que invirtieran más de 500.000 euros en vivienda. Una medida que adelantó el presidente Pedro Sánchez el pasado mes de abril, y que el propio Consejo de Ministros del 9 de abril anunció que iba a iniciar los trámites.
La concesión de estos permisos de residencia se inició en 2013 durante el Gobierno del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, y 11 años después pretende suprimir que el actual Ejecutivo para acabar con la "especulación inmobiliaria", tal y como afirmó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Desde 2013 hasta 2023 se han concedido 14.576 visados por la compra de viviendas de más de 500.000 euros. En los últimos años, repuntó la expedición de ‘golden visa’ con 2.017 visados en 2022 y 3.270 en 2023 debido, sobre todo, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, además de un incremento de las operaciones de ciudadanos de EEUU, China y Rusia, que siguen estando a la cabeza entre los ciudadanos extranjeros no comunitarios que adquieren este tipo de visado. Junto a ellos, también aparecen ucranianos, iraníes, venezolanos y mexicanos.
En su punto más álgido, en 2023, con esos más de 3.200 visados, el peso de la compra de estas viviendas con ‘golden visa’ significó el 0,56% del total de operaciones y el 3,75% de las casas que compraron los ciudadanos extranjeros, ya fueras residentes o no.
La propia ministra de Vivienda ha afirmado en varias ocasiones que están estudiando diferentes fórmulas para concretar la eliminación de estos permisos, por lo que aún no hay nada cerrado. Hace una semanas, el Periódico de España publicó que el Ministerio de Vivienda buscaba cómo encajar la eliminación de las ‘golden visa’ a través de alguna enmienda en alguna de las leyes actualmente en tramitación parlamentaria, tras el freno a la modificación de la Ley del Suelo, donde parece que iba a ser incluida durante su tramitación parlamentaria.
Regulación de los pisos turísticos
Mientras tanto, en los otros frentes, la regulación de los pisos turísticos avanza, pero lentamente. En mayor medida, porque es una actividad que tienen que regular las CCAA y los ayuntamientos. La última información ha sido por parte del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que ha asegurado que el Gobierno está ultimando la plataforma digital que permitirá a las comunidades autónomas detectar las viviendas turísticas que no cuenten con autorización para regular mejor el mercado, que ya avanzó la ministra de Vivienda.
Esta plataforma permitirá a las CCAA controlar y detectar aquellas viviendas turísticas que no cuenten con las autorizaciones correspondientes y así poder aplicar sus regímenes disciplinarios a este tipo de alquiler. Cada vivienda contará con número de registro obligatorio para poder publicarse en las plataformas de comercialización y será complementario a los números de registro que actualmente tienen las comunidades autónomas.
Los expertos debaten sobre la regulación del alquiler de temporada y compartir piso
Mientras tanto, la regulación de los alquileres de temporada y los alquileres por habitaciones se encuentran todavía en fase de preparación. El Ministerio de Vivienda cuenta con un grupo de expertos que está estudiando qué medidas tomar ante estos arrendamientos que están creciendo en los principales mercados, para huir de la regulación de los alquileres tradicionales, que ya están intervenidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Vivienda.
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