pisos turísticos

El vehículo de inversión, que ultima su debut en el mercado de valores, prevé invertir 100 millones de euros en activos hasta principios de 2028. Actualmente está analizando 546 inmuebles susceptibles de compra en 11 ciudades de la Península Ibérica, entre las que se encuentran Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Menorca, Granada, Bilbao, Valencia y Lisboa. Estas potenciales operaciones seguirían a la adquisición de un edificio situado en el centro de Madrid a Impar Capital la pasada primavera, con la que la socimi estrenó su cartera.

El número de viviendas turísticas que se anunciaban en plataformas digitales en mayo de 2026 se redujo en 40.836 unidades frente al mismo mes de hace un año, lo que supone una caída del 10,7% anual, una de las más altas desde que el INE realizar esta estadística experimental.En mayo de este año se c

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado por finalizado el recurso presentado contra el proceso de consulta pública previa de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, aprobada por el Parlamento de Canarias el 12 de noviembre de 2025 y en vigor desde el 13 de

La presidenta de Alianza por el Turismo, Carmen Ayala, ha defendido en la Asamblea Regional que la futura ley de bienes de interés turístico debe servir para combatir la oferta irregular, obligando a incluir el número de registro turístico en las comunicaciones comerciales de alojamientos, incluidas

El teniente de alcalde de Territorio de Badalona (Barcelona), Daniel Gracia, anunció la prohibición de los pisos turísticos este mismo 2026. El alcalde Xavier García Albiol defendió entonces el modelo de Barcelona por su practicidad.

El equipo jurídico del Ayuntamiento de Valencia estudiará la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que ha anulado parte de la moratoria que aprobó el pleno del Consistorio en mayo de 2024 y que paraliza la concesión de licencias para apartamentos turísticos en la ciudad. Fuentes municipales subrayan que el fallo "avala" la medida y la considera justificada y que solo señala una "discrepancia técnica de alcance interpretativo, no de fondo".

El acuerdo entre el Consell de Mallorca y Airbnb ha permitido retirar más de 8.000 anuncios de viviendas turísticas ilegales desde su puesta en marcha.Así lo ha subrayado el presidente insular, Llorenç Galmés, en la presentación de la Plataforma Inteligente de Destino (PID) este 10 de abril en Palma

El nuevo decreto que regula los apartamentos y viviendas de uso turístico (VUT) en la Comunidad de Madrid cuenta los días para su entrada en vigor. El texto estará plenamente operativo desde el próximo 26 de abril, tras su publicación en el boletín regional; y supone un punto de inflexión esta actividad. Según afirma el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, los requisitos y restricciones para este tipo de alojamientos que incluye la normativa "ponen fin al conflicto permanente entre propietarios y vecinos", al corregir "los vacíos que estaban alimentando conflictos diarios en los edificios residenciales”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado siete sentencias entre enero y febrero en las que recuerdan al Ayuntamiento de la ciudad que no se puede multar a alguien por incumplir una condición administrativa cuando lo que tipifica la ley como infracción grave es algo completamente distinto. El Consistorio lleva años imponiendo sanciones de 30.001 euros a propietarios y operadores de viviendas turísticas que comparten portal con el resto de vecinos, pese a que sí son compatibles con el planeamiento de la ciudad, tal y como nos explica el abogado Juan Ramón Méndez Martos.

El Govern ha defendido la prohibición de otorgar nuevas licencias turísticas en viviendas plurifamiliares, ante la advertencia y oposición de la Comisión Europea a esta medida. "Ni un paso atrás y veremos si se proponen sanciones", ha subrayado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en los pasillos del Parlament tras ser preguntado por la cuestión. A su entender, la prohibición de nuevas plazas turísticas en plurifamiliares es una medida "correcta" ya que, responde a la falta de vivienda en el archipiélago y a la necesidad de evitar la convivencia de turistas y residentes en un mismo edificio.

Las limitaciones a las viviendas de uso turístico están en el foco de todas las Administraciones. El interés político por poner coto a estos pisos vacacionales se debe, principalmente, a echarles la culpa de la falta de oferta habitacional, que está provocando una grave crisis de vivienda en España. El potencial turístico de nuestro país es innegable y se ha consolidado como el gran motor de la economía nacional, por lo que, en el caso de que estos apartamentos vacacionales lleguen a prohibirse definitivamente, ¿tendría el sector hotelero capacidad suficiente para dar respuesta a esta demanda? Vamos a comprobarlo.

Podemos ha registrado una reforma legal en el Congreso con la que propone una moratoria en la concesión de nuevas licencias de vivienda turística por cinco años en ciudades de más de 200.000 habitantes. La reforma de la formación morada se plasma en una enmienda registrada a la proposición de ley de EH Bildu sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos. En la misma propuesta, Podemos ha incluido otra enmienda para que en las zonas tensionadas, los pisos turísticos no puedan superar el 2% del parque total de viviendas.

El teniente de alcalde de Territorio de Badalona (Barcelona), Daniel Gracia, ha afirmado que la ciudad prohibirá los pisos turísticos este mismo 2026, medida que el gobierno municipal llevará a aprobación antes de la sesión de mayo.Lo ha anunciado en el pleno de marzo, durante el debate de una moció

El PSOE ha registrado una serie de enmiendas en el Congreso para tratar de rebajar la proposición de ley de Bildu que se tramita en la Cámara Baja para prohibir a las plataformas digitales publicitar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con un número de licencia o registro. Entre las enmiendas destaca eliminar el artículo 25 de la normativa, que propone impulsar una unidad especializada para la inspección y control de las viviendas de uso turístico. También se opone a que el Ministerio de Vivienda o de Consumo establezcan en el plazo de tres meses un régimen sancionador que multe a las empresas por las malas praxis estipuladas en la proposición.

La Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un análisis sobre el impacto de la proliferación de los pisos turísticos, así como las diferentes medidas que están tomando los gobiernos a la hora de regularlos. Tras analizar más de 400 estudios internacionales, asegura que este tipo de arrendamientos tienen tanto efectos positivos como negativos y que las políticas más eficaces son aquellas que "diferencian entre tipologías de vivienda, zonas geográficas y perfiles de oferentes, en lugar de aplicar prohibiciones generales”. Por tanto, recomienda un marco regulatorio flexible y adaptado a cada mercado local.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha puesto coto a la subida de cuotas a los pisos turísticos acordada por una comunidad de propietarios cuando la actividad ya se venía desarrollando antes de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de marzo de 2019 (Real Decreto-ley 7/2019), en relación con la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que introdujo cambios significativos para la regulación de este tipo de alojamientos turísticos. Recordemos que la modificación normativa permitía que la comunidad aprobara un incremento de hasta un 20% de la cuota de gastos comunes para aquellos propietarios que dedicasen su vivienda a la actividad turística por el uso intensivo de elementos comunes. Pero sin efectos retroactivos.

El director de Consumidores y Usuarios del Colegio de Registradores, Ángel Salvador Chacón, ha asegurado que han encontrado algunas viviendas protegidas que se explotaban como pisos turísticos entre las más de 80.000 licencias denegadas, que ya han sido expulsadas del mercado. Según los registradores, se han otorgado alrededor de 420.000 números de registros. Y ahora, los propietarios deberán aportar información sobre cuántas personas se han hospedado en la casa, durante cuánto tiempo y el beneficio económico. A día de hoy, ya han recibido la información de 100.000 inmuebles vacacionales, aunque el plazo finaliza el próximo 2 de marzo.

De los tres graves problemas que tenemos en la piel de toro, vivienda, pensiones y deuda pública, el primero es probablemente el que es más recurrente en prensa, televisión y todo tipo de tertulianos. El economista Miguel Córdoba hace una recopilación en este artículo de algunos datos para dar una opinión lo más objetiva posible sobre lo que está pasando en España. Se construye poca vivienda nueva al no haber suelo disponible suficiente; en las grandes ciudades hay cada vez menos casas vacías, y hay un aumento de la población, con lo que el déficit entre oferta y demanda cada vez es mayor.

El malestar en el mundo económico e inmobiliario va a más por las lecturas que hace Isabel Rodríguez, ministra de vivienda, de las estadísticas oficiales para mantener el relato de sus políticas. El último ejemplo es el freno a los pisos turísticos, que ha sido el blanco de duras críticas en las últimas horas tras conocerse el cambio de la referencia temporal de la serie estadística. Economistas y expertos inmobiliarios denuncian que la modificación sobre las viviendas de uso turístico (VUT) ha pasado de utilizar los meses febrero y agosto a centrarse en mayo y noviembre. Tal modificación no solo deja fuera el pico de la temporada turística, sino que además impide hacer comparativas superiores a 12 meses. Y no es un caso aislado: en los últimos meses hay casos relacionados con las VPO o el control de los alquileres.

Cae con fuerza el número de viviendas turísticas activas en España. Según el INE, en noviembre de 2025 había 329.764 pisos vacacionales en todo el país, un 12,4% menos que un año antes (376.463) y el nivel más bajo desde febrero de 2023. El Ministerio de Vivienda achaca el descenso a la entrada en vigor del registro único de alquileres de corta duración y a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que permite a las comunidades de propietarios vetar los pisos turísticos.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado una sanción de 30.001 euros impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a una vivienda de uso turístico que carecía de acceso independiente, al apreciar una incorrecta tipificación jurídica de la infracción. Según el tribunal, el Gobierno local sancionó a los propietarios a partir de un artículo de la ley de suelo autonómica, con la que el Consistorio se excedió y violó el principio de tipicidad, por lo que la multa queda anulada. La sentencia no es firme y el Ayuntamiento puede recurrirla ante el Tribunal Supremo.

El Consejo de Gobierno de Asturias ha dado luz verde este 2 de febrero a la aprobación del decreto que regula las viviendas vacacionales y de uso turístico., una norma que tiene un triple objetivo: aumentar la calidad de la oferta, facilitar la convivencia entre visitantes y población y combatir prácticas ilegales. El texto entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y trae novedades para publicitar las viviendas turísticas, así como estándares precisos de calidad y seguridad. Además, se establece la posibilidad de suspender las licencias por incumplimiento.

El número de pernoctaciones que se reservaron en viviendas turísticas de corta estancia en la Unión Europea a través de Airbnb, Booking.com, Expedia Group y Tripadvisor están creciendo con fuerza.Según los datos de Eurostat, alcanzaron las 398,1 millones en verano de 2025, un 8,7% más interanual y h

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el convenio que firmaron el Ayuntamiento de la capital catalana, el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación, el Colegio de Administradores de Fincas y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona con el objetivo de fomentar la prohibición de pisos turísticos en las comunidades de propietarios de la ciudad a través de subvenciones. Según Apartur, la estrategia vulnera principios de seguridad jurídica y afecta a una actividad económica legal, por lo que pide su nulidad.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma 'online' de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por publicar más de 65.000 anuncios de alojamientos sin licencia. El fallo incluye rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos. La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo.