pisos turísticos

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado subir el IBI un 150% a los titulares de cuatro o más licencias de pisos turísticos. El consistorio ha cifrado en 6.000 casos, un 60% del total de licencias, en los que se aplicará dicho incremento, y en 1.200, un 11% del total, los casos en los que se aplicará una subida del 100%, al disponer de dos a tres licencias de pisos turísticos. El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha sostenido que esta medida servirá para "endurecer y desincentivar" esta práctica en la ciudad hasta que entre en vigor la eliminación definitiva de licencias en 2028.

El Gobierno ha vuelto a publicar apenas una semana después de sacar el anterior decreto, que fue tumbado en la Cámara Baja, hace unos días, un amplio paquete en materia fiscal en el Real Decreto-ley de vivienda del 6 octubre, que incluye bonificaciones en el IRPF tanto para propietarios como para inquilinos de un alquiler habitual. Pero, además, se aplican subidas del impuesto del IBI sobre las viviendas vacías y pisos turísticos, la aplicación del IVA al negocio del alquiler turístico, o la modificación de las rentas inmobiliarias en el IRPF, junto a otras exenciones por rehabilitación o venta de viviendas a entes públicos y el cambio de régimen de las socimis.

Entre la batería de medidas incluidas en el decreto de vivienda de este 30 de septiembre, se establece un paquete en materia fiscal que incluye subidas del impuesto del IBI sobre las viviendas vacías y segundas residencias, aplicación del IVA para los pisos turísticos y reducciones por rehabilitación de pisos para alquiler, además de bonificaciones en el IRPF tanto para propietarios como para inquilinos de viviendas de alquiler habitual. La mayoría de ellas solo funcionarán si la vivienda se encuentra en una zona de mercado tensionado.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (PP), ha anunciado durante el debate sobre el estado de la ciudad la puesta en marcha de varias medidas en vivienda. La más destacada es la iniciativa 'Programa de Defensa del Vecino', que incluye ayudas económicas a las comunidades de propietarios para que creen o modifiquen sus estatutos e impidan que se abran pisos turísticos en su edificio, así como orientación y asistencia jurídica para quienes inicien acciones penales. También ha adelantado que impulsará la construcción de más viviendas, una bajada del IBI del 20% y más deducciones fiscales para las familias.

Ocho de cada diez españoles creen que la proliferación de viviendas turísticas aumenta los precios del alquiler y dificulta el acceso a la vivienda de uso habitual y no turístico, según un reciente informe publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En concreto, el estudio 'Turismo y Gastronomía', realizado este verano, señala que el 79,3% de la población está "muy de acuerdo" o "de acuerdo" con esa afirmación. A su vez, un 76,7% de personas encuestadas aseguran que las viviendas turísticas "generan, con frecuencia, conflictos vecinales y de convivencia entre los turistas y los residentes locales".

La Comisión Europea ha presentado el borrador de 'Affordable Housing Act', un nuevo Plan de Vivienda Asequible que, entre otras medidas, dotará a los ayuntamientos de las herramientas necesarias para limitar el alquiler turístico y la compra de segundas residencias en zonas con alta presión habitacional, siempre que quede demostrada su necesidad proporcional y temporal. Además, dicha normal excluye los topes a los precios del alquiler y obliga a los Estados miembros a presentar medidas para incrementen la oferta de viviendas. El Ejecutivo Comunitario deberá presentar el documento para su aprobación en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo.

El vehículo de inversión, que ultima su debut en el mercado de valores, prevé invertir 100 millones de euros en activos hasta principios de 2028. Actualmente está analizando 546 inmuebles susceptibles de compra en 11 ciudades de la Península Ibérica, entre las que se encuentran Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Menorca, Granada, Bilbao, Valencia y Lisboa. Estas potenciales operaciones seguirían a la adquisición de un edificio situado en el centro de Madrid a Impar Capital la pasada primavera, con la que la socimi estrenó su cartera.

El número de viviendas turísticas que se anunciaban en plataformas digitales en mayo de 2026 se redujo en 40.836 unidades frente al mismo mes de hace un año, lo que supone una caída del 10,7% anual, una de las más altas desde que el INE realizar esta estadística experimental.En mayo de este año se c

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado por finalizado el recurso presentado contra el proceso de consulta pública previa de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, aprobada por el Parlamento de Canarias el 12 de noviembre de 2025 y en vigor desde el 13 de

La presidenta de Alianza por el Turismo, Carmen Ayala, ha defendido en la Asamblea Regional que la futura ley de bienes de interés turístico debe servir para combatir la oferta irregular, obligando a incluir el número de registro turístico en las comunicaciones comerciales de alojamientos, incluidas

El teniente de alcalde de Territorio de Badalona (Barcelona), Daniel Gracia, anunció la prohibición de los pisos turísticos este mismo 2026. El alcalde Xavier García Albiol defendió entonces el modelo de Barcelona por su practicidad.

El equipo jurídico del Ayuntamiento de Valencia estudiará la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que ha anulado parte de la moratoria que aprobó el pleno del Consistorio en mayo de 2024 y que paraliza la concesión de licencias para apartamentos turísticos en la ciudad. Fuentes municipales subrayan que el fallo "avala" la medida y la considera justificada y que solo señala una "discrepancia técnica de alcance interpretativo, no de fondo".

El acuerdo entre el Consell de Mallorca y Airbnb ha permitido retirar más de 8.000 anuncios de viviendas turísticas ilegales desde su puesta en marcha.Así lo ha subrayado el presidente insular, Llorenç Galmés, en la presentación de la Plataforma Inteligente de Destino (PID) este 10 de abril en Palma

El nuevo decreto que regula los apartamentos y viviendas de uso turístico (VUT) en la Comunidad de Madrid cuenta los días para su entrada en vigor. El texto estará plenamente operativo desde el próximo 26 de abril, tras su publicación en el boletín regional; y supone un punto de inflexión esta actividad. Según afirma el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, los requisitos y restricciones para este tipo de alojamientos que incluye la normativa "ponen fin al conflicto permanente entre propietarios y vecinos", al corregir "los vacíos que estaban alimentando conflictos diarios en los edificios residenciales”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado siete sentencias entre enero y febrero en las que recuerdan al Ayuntamiento de la ciudad que no se puede multar a alguien por incumplir una condición administrativa cuando lo que tipifica la ley como infracción grave es algo completamente distinto. El Consistorio lleva años imponiendo sanciones de 30.001 euros a propietarios y operadores de viviendas turísticas que comparten portal con el resto de vecinos, pese a que sí son compatibles con el planeamiento de la ciudad, tal y como nos explica el abogado Juan Ramón Méndez Martos.

El Govern ha defendido la prohibición de otorgar nuevas licencias turísticas en viviendas plurifamiliares, ante la advertencia y oposición de la Comisión Europea a esta medida. "Ni un paso atrás y veremos si se proponen sanciones", ha subrayado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en los pasillos del Parlament tras ser preguntado por la cuestión. A su entender, la prohibición de nuevas plazas turísticas en plurifamiliares es una medida "correcta" ya que, responde a la falta de vivienda en el archipiélago y a la necesidad de evitar la convivencia de turistas y residentes en un mismo edificio.

Las limitaciones a las viviendas de uso turístico están en el foco de todas las Administraciones. El interés político por poner coto a estos pisos vacacionales se debe, principalmente, a echarles la culpa de la falta de oferta habitacional, que está provocando una grave crisis de vivienda en España. El potencial turístico de nuestro país es innegable y se ha consolidado como el gran motor de la economía nacional, por lo que, en el caso de que estos apartamentos vacacionales lleguen a prohibirse definitivamente, ¿tendría el sector hotelero capacidad suficiente para dar respuesta a esta demanda? Vamos a comprobarlo.

Podemos ha registrado una reforma legal en el Congreso con la que propone una moratoria en la concesión de nuevas licencias de vivienda turística por cinco años en ciudades de más de 200.000 habitantes. La reforma de la formación morada se plasma en una enmienda registrada a la proposición de ley de EH Bildu sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos. En la misma propuesta, Podemos ha incluido otra enmienda para que en las zonas tensionadas, los pisos turísticos no puedan superar el 2% del parque total de viviendas.

El teniente de alcalde de Territorio de Badalona (Barcelona), Daniel Gracia, ha afirmado que la ciudad prohibirá los pisos turísticos este mismo 2026, medida que el gobierno municipal llevará a aprobación antes de la sesión de mayo.Lo ha anunciado en el pleno de marzo, durante el debate de una moció

El PSOE ha registrado una serie de enmiendas en el Congreso para tratar de rebajar la proposición de ley de Bildu que se tramita en la Cámara Baja para prohibir a las plataformas digitales publicitar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con un número de licencia o registro. Entre las enmiendas destaca eliminar el artículo 25 de la normativa, que propone impulsar una unidad especializada para la inspección y control de las viviendas de uso turístico. También se opone a que el Ministerio de Vivienda o de Consumo establezcan en el plazo de tres meses un régimen sancionador que multe a las empresas por las malas praxis estipuladas en la proposición.

La Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un análisis sobre el impacto de la proliferación de los pisos turísticos, así como las diferentes medidas que están tomando los gobiernos a la hora de regularlos. Tras analizar más de 400 estudios internacionales, asegura que este tipo de arrendamientos tienen tanto efectos positivos como negativos y que las políticas más eficaces son aquellas que "diferencian entre tipologías de vivienda, zonas geográficas y perfiles de oferentes, en lugar de aplicar prohibiciones generales”. Por tanto, recomienda un marco regulatorio flexible y adaptado a cada mercado local.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha puesto coto a la subida de cuotas a los pisos turísticos acordada por una comunidad de propietarios cuando la actividad ya se venía desarrollando antes de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de marzo de 2019 (Real Decreto-ley 7/2019), en relación con la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que introdujo cambios significativos para la regulación de este tipo de alojamientos turísticos. Recordemos que la modificación normativa permitía que la comunidad aprobara un incremento de hasta un 20% de la cuota de gastos comunes para aquellos propietarios que dedicasen su vivienda a la actividad turística por el uso intensivo de elementos comunes. Pero sin efectos retroactivos.

El director de Consumidores y Usuarios del Colegio de Registradores, Ángel Salvador Chacón, ha asegurado que han encontrado algunas viviendas protegidas que se explotaban como pisos turísticos entre las más de 80.000 licencias denegadas, que ya han sido expulsadas del mercado. Según los registradores, se han otorgado alrededor de 420.000 números de registros. Y ahora, los propietarios deberán aportar información sobre cuántas personas se han hospedado en la casa, durante cuánto tiempo y el beneficio económico. A día de hoy, ya han recibido la información de 100.000 inmuebles vacacionales, aunque el plazo finaliza el próximo 2 de marzo.

De los tres graves problemas que tenemos en la piel de toro, vivienda, pensiones y deuda pública, el primero es probablemente el que es más recurrente en prensa, televisión y todo tipo de tertulianos. El economista Miguel Córdoba hace una recopilación en este artículo de algunos datos para dar una opinión lo más objetiva posible sobre lo que está pasando en España. Se construye poca vivienda nueva al no haber suelo disponible suficiente; en las grandes ciudades hay cada vez menos casas vacías, y hay un aumento de la población, con lo que el déficit entre oferta y demanda cada vez es mayor.

El malestar en el mundo económico e inmobiliario va a más por las lecturas que hace Isabel Rodríguez, ministra de vivienda, de las estadísticas oficiales para mantener el relato de sus políticas. El último ejemplo es el freno a los pisos turísticos, que ha sido el blanco de duras críticas en las últimas horas tras conocerse el cambio de la referencia temporal de la serie estadística. Economistas y expertos inmobiliarios denuncian que la modificación sobre las viviendas de uso turístico (VUT) ha pasado de utilizar los meses febrero y agosto a centrarse en mayo y noviembre. Tal modificación no solo deja fuera el pico de la temporada turística, sino que además impide hacer comparativas superiores a 12 meses. Y no es un caso aislado: en los últimos meses hay casos relacionados con las VPO o el control de los alquileres.