Bruselas ha presentado el borrador del nuevo Plan de Vivienda Asequible, un reglamento impulsado por la Comisión Europea y catalogado como ‘Affordable Housing Act’, que nace con el objetivo de poner solución a la crisis habitacional que viven las naciones del continente europeo.
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La meta de este nuevo marco normativo, que todavía deberá ser aprobado por el Parlamento, es dotar a las administraciones regionales y locales de cada nación de la autonomía suficiente que les permita tomar medidas y aplicar restricciones en esta materia si el acceso a la vivienda se convierte en una problemática, tal y como ya ocurre en nuestro país.
En esta línea, la Comisión cataloga la escasez de vivienda para uso residencial permanente como una problemática que afecta de manera directa al tejido económico y social de los países miembros, por lo que ve justificada las limitaciones al alquiler turísticos, de corta estancia y a la compra de segunda residencia, en función de la ubicación y la situación habitacional de dicho lugar.
- El reglamento habilita dos tipos de medidas
- Los tres criterios para declarar una zona bajo presión residencial
- Posibilidad de restringir la compra de segundas viviendas
- Obligatorio: presentar medidas que aumenten la oferta
- Isabel Rodríguez celebra la "influencia" del Gobierno español
- Airbnb: "La Ley creará incertidumbre jurídica y no aportará oferta al alquiler
- Asval recuerda que intervención sobre la demanda no resuelven las causas estructurales de la escasez
El reglamento habilita dos tipos de medidas
La Comisión Europea prevé dotar a los ayuntamientos de la autonomía suficiente para implantar restricciones al acceso o la prestación de servicios de alojamiento de corta duración en inmuebles no destinados a vivienda habitual.
También aplicará restricciones a la adquisición o el uso de suelo, si este no se destina a vivienda habitual y se encuentra en un lugar con una alta presión habitacional.
Sin embargo, la norma excluye expresamente del ámbito de aplicación el alquiler de la residencia habitual del propietario, al entender que esta actividad no retira vivienda del mercado. También ha quedado fuera del reglamento los topes al alquiler y las ayudas a la demanda, al entender que el problema se ha de solventar mediante el incremento de oferta.
Los tres criterios para declarar una zona bajo presión residencial
La normativa incluye un término catalogado como ‘Area under housing stress’ (Zona bajo presión habitacional), que es el requisito previo para que cualquier medida restrictiva pueda adoptarse.
Para definir una localidad con este término, se ha de cumplir tres criterios acumulativos que deben cumplirse simultáneamente:
- El ratio precio de la vivienda y salario de la zona debe ser igual o superior a ocho. Esto significa que una familia necesita ocho años de su sueldo íntegro para comprar una vivienda en la zona. A partir de ahí, la ley considera que el mercado está bajo presión.
- Dicho ratio debe haber aumentado durante los diez años anteriores.
- Además, esta zona debe disponer de unos datos poblacionales que superen en gran medida a la oferta de vivienda.
El alcance territorial de la zona declarada ‘bajo estrés’ puede abarcar desde barrios o municipios hasta áreas metropolitanas o zonas de atracción turística, pero debe limitarse estrictamente a lo necesario para proteger la asequibilidad.
Posibilidad de restringir la compra de segundas viviendas
El reglamento también permite que, si fuera necesario, las administraciones podrán instaurar restricciones a la adquisición o uso de vivienda no habitual. Ahora bien, exigen demostrar que no existen medidas menos restrictivas igualmente eficaces.
“Deben considerar medidas menos restrictivas que las prohibiciones absolutas”, indica el borrador.
Las medidas deben además estar delimitadas territorialmente a la zona declarada bajo presión, estar calibradas a las formas de actividad de alquiler de corta duración que, por su uso, son más susceptibles de reducir la oferta residencial, y revisarse al menos cada cinco años para comprobar que los criterios que las justifican siguen cumpliéndose, por lo que, si una autoridad constata que ya no se dan las condiciones necesarias, deberá retirar la medida de manera inmediata.
Obligatorio: presentar medidas que aumenten la oferta
El texto es explícito en que las restricciones por sí solas no pueden resolver el problema estructural de la vivienda: “No pueden abordar por sí solas las causas estructurales de la escasez de vivienda a largo plazo”.
Por ello, el reglamento obliga a aquellas autoridades que adopten restricciones a acompañarlas de medidas para aumentar la oferta de vivienda, en especial de vivienda social y asequible.
Isabel Rodríguez celebra la "influencia" del Gobierno español
Una vez presentado el contenido de este proyecto de reglamento comunitario, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha celebrado que la norma está "muy influenciada por la política que ha llevado a cabo el Gobierno de España".
En declaraciones a los medios de comunicación desde la sede de Casa 47, la dirigente socialista ha justificado este argumento alegando que lo que en España se ha llamado zona de mercado tensionado se aborda en el documento de la Comisión como áreas bajo tensión residencial.
Además, la ministra ha puesto de relieve que se incluye otra de las cuestiones que ha estado abordando su Departamento, como es el de los pisos turísticos "que están deteriorando la convivencia en las ciudades y que están impidiendo el acceso a la vivienda de las familias y los jóvenes que la precisan".
"En este sentido, se dice claramente que ha de priorizarse el uso residencial", ha destacado la ministra para hacer una valoración del nuevo Plan de Vivienda Asequible.
Airbnb: "La Ley creará incertidumbre jurídica y no aportará oferta al alquiler
La plataforma Airbnb, especializada en alquileres de corta estancia y turísticos, ha advertido por su parte que la propuesta de Ley de Vivienda Asequible impulsada por la Comisión Europea no sumará "ni una sola vivienda al mercado de alquiler de larga duración y generará incertidumbre regulatoria para los anfitriones en las ciudades del continente".
La Comisión Europea ha dejado claro que las intervenciones para restringir la actividad del alquiler de corta duración deben ser políticas "proporcionadas", adaptadas caso por caso, limitadas en el tiempo y justificadas con datos que demuestren un impacto adverso en el mercado local, recalcando que la norma no supone un aval a prohibiciones o restricciones generalizadas. Donde también se incluyen restricciones a la compraventa de segundas residencias en zonas tensionadas.
A través de un comunicado, Airbnb comparte el objetivo de Bruselas de hacer la vivienda más asequible, pero reclama "salvaguardias reales" que eviten medidas arbitrarias. La compañía solicita a los colegisladores de la UE que se diferencie con claridad entre los grandes operadores comerciales y los ciudadanos particulares que alquilan su vivienda habitual o segunda residencia de forma ocasional.
"Tal como está redactada, la ley desaconseja medidas desproporcionadas como las prohibiciones locales, pero sin salvaguardias claras, los anfitriones quedarán directamente expuestos a restricciones arbitrarias", asegura la compañía.
La plataforma urge a establecer un proceso transparente de revisión de un sector que genera un impacto de 149.000 millones de euros en la UE. Y pide que las normativas actualmente en vigor se examinen bajo el estándar de "proporcionalidad" de la nueva ley y que las Administraciones notifiquen con carácter previo a la Comisión Europea cualquier nueva restricción junto con su correspondiente evaluación de impacto basada en datos.
El alquiler de corta duración representa el 1,2% del parque inmobiliario europeo y sostiene que el origen de la crisis radica en el déficit de edificación y la existencia de viviendas desocupadas (alrededor de 1 de cada 5 inmuebles en la UE está vacío).
Asval recuerda que intervención sobre la demanda no resuelven las causas estructurales de la escasez
La Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval) ha advertido que el parecido entre el término europeo 'áreas bajo tensión de vivienda' y el español 'zonas de mercado residencial tensionado' es una "coincidencia es solo nominal". También han recalcado que a declaración de un área bajo tensión es "únicamente el presupuesto para adoptar restricciones sobre usos no residenciales de la vivienda, y exige un nivel de acreditación muy superior al de la norma española".
En esta línea, la Asociación recuerda que la intervención sobre la demanda es, en la concepción europea, una "medida de último recurso". La propuesta afirma que las restricciones no resuelven las causas estructurales de la escasez y deben acompañarse de medidas de oferta.
Por último, Asval recuerda que "la asequibilidad se recupera ampliando la oferta con seguridad jurídica y colaboración público-privada, no limitando los precios".
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2 Comentarios:
También hubo un 'Affordaplane', un avión barato, y muchos, muchos 'Peoples' car', hay casas prefabricadas a precios asequibles, no sé qué costará la parcela, los trámites y el trabajo de albañilería, pero parece que tienen pocos clientes.
¿A quien en su sano juicio se le ocurriría tener un gobierno encima de otro? Sobretodo uno que no es elegido por nadie.
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